En béisbol, cuando el score está muy cerrado y se agotan las entradas finales, los mánayer de los equipos enfrentados desarrollan una guerra de tácticas orientadas a reducir al mínimo el margen de error para ganar el juego.
Suelen cambiar los pícheres conforme a las características de cada bateador en la entrada, a ratos sin importar que sea una estrella (zurdo, derecho, jonronero, de choque, bateador de recta, de curvas, buen o mal corredor). Lo mismo hace el adversario: cambia bateadores de acuerdo al tipo de pícher. Todo sucede en cuestión de minutos.
En baloncesto es igual. Cuando el juego está en los minutos finales con ventaja mínima, los dirigentes cambian jugadores y mandan a mover la bola hasta agotar el tiempo para evitar sorpresas amargas de última hora.
En uno y otro deporte, los dirigentes no suelen obedecer a prejuicios, sino a la necesidad de ganar-ganar.
El presidente Luis Abinader tendría que emular tales acciones deportivas si quiere salir airoso de su gestión en el palacio de la Moisés García, de Gascue, el 16 de agosto de 2028. Mover fichas para no dar tiempo a que le terminen de dañar el “juego” parece el único camino de sobrevivencia.
Los lodos de hoy son un filón del bombardeo sistemático al seguro de salud público desde la trinchera de los indolentes, los inhumanos, los corruptos internos y externos. Un crimen imperdonable que no se paga ni con cárcel.
Tras anunciar que no se repostulará y, vía Congreso, apretar más los candados constitucionales que se lo impiden, el mandatario tiene un solo camino: movilizar los actores del Gobierno cuantas veces sea necesario, sin importar nombres y relaciones primarias, con el objetivo de dejarle poca cancha a insaciables que crecen como yerba mala, sobre todo cuando asoma la soledad del poder y la posibilidad de emitir decretos quedará en otras manos.
Una debilidad que sufrieron las gestiones presidenciales de Leonel Fernández y Danilo Medina fue la permanencia de algunos funcionarios señalados de manera recurrente por su sordera ante las observaciones sobre su manejo institucional poco transparente, buena vida, actitudes arrogantes y la articulación de equipos de “bocinas mediáticas” que les endiosaran. Al final, fue una de las causas del rechazo en las urnas.
Un fraude siniestro
El destape del desfalco al estatal Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuyo eslogan fundacional es “Nuestra ganancia es tu salud”, representa una señal contundente, no la única, de que a LA no le bastaría su comunicado al país en el cual reitera su compromiso con la transparencia, rechazo a la corrupción administrativa y frase lapidaria “tengo amigos, no cómplices”.
Otros funcionarios muestran comportamientos que, al menos, deben mover a sospecha y a un seguimiento cercano. El coro de opinantes que los sustenta es una cortina que sirve al ocultamiento de sus acciones impropias de un servidor público real.
Los presidentes nuestros deberían tomar en cuenta que no muchas personas aman lo público. Abundan quienes lo odian, se asquean de él, lo consideran ineficiente e ineficaz y postulan su achicamiento hasta lo mínimo; mas, se incrustan en su cuerpo, como rémoras, porque lo descubren como fuente ideal para el enriquecimiento ilícito rápido con unas consecuencias legales que se pueden solventar vía abogados y una negociación con el MP para devolver parte de lo robado.
Tales personas están convencidas de que en negocios con el Estado no hay pérdida, aunque tarde en los pagos. Se gana comoquiera, y mucho, aunque sea chapucería el servicio prestado, si no pantalla para disimular el robo.
Ese tipo de gente no quiere ni cerca los técnicos que cumplen con las normas de calidad. Los considera retranca. Por eso, los quita de su camino, o los arrincona, atados de manos. Para sus fines, solo funcionan las cortes de adulones.
El Senasa nació el 9 de mayo de 2001 con la promulgación de la Ley 87 de 2001 (Sistema Dominicano de Seguridad Social), para administrar los riesgos de salud de empleados públicos y personas empobrecidas. Actualmente, oferta los seguros Contributivo (los complementarios y Larimar) y Subsidiado.
Pese a su importante misión social de protección a los desposeídos, ha sufrido ataques sostenidos directos e indirectos por parte de actores privados en connivencia con funcionarios para sonsacarle su cartera de afiliados y, al mismo tiempo, desmotivar a empleados públicos para que se afilien a él.
De poco o nada ha valido la sentencia definitiva TC/0573/18 del Tribunal Constitucional que ratifica el derecho del seguro estatal a afiliar a todos los empleados públicos, como establece la Ley 87-01.
En 2028, el TC tumbó una decisión del Tribunal Superior Administrativo a favor de seis ARS privadas que habían solicitado declarar inconstitucional el traspaso al seguro estatal de todos los empleados de instituciones centralizadas y descentralizadas (Humano, La Colonial, Meta Salud, La Monumental, Futuro y Renacer).
Comprensible que la privada Asociación Dominicana de Riesgos de Salud (Adars), alegando libre competencia de mercado y libre elección, pretenda desde 2012 la masa de afiliados que puede pagar y no el duro hueso de los subsidiados, los más propensos a enfermarse, los “hijos Machepa”, la gran mayoría. Equivaldría a “peras al olmo”, perder el tiempo.
Lo grave es que esas entidades hallen eco en titulares de instituciones estatales. Les despejan el camino para que logren sus objetivos.
En un acto de extrema deslealtad al Estado que les paga, funcionarios facilitan la inscripción del personal bajo su mando en ARS privadas, tanto que hasta las convocan para impartir charlas de motivación, lo cual no hacen con el estatal, en abierto desafío a la ley y a la sentencia del TC.
Megafraude contra saludo colectiva
El Ministerio Público acaba de solicitar al juez una coerción de 18 meses contra diez personas de la estructura arrestadas en la primera fase del proceso, entre ellas, funcionarios y empresarios, incluido el exdirector ejecutivo Santiago Hazim, por considerar que han defraudado al Senasa con al menos 15 mil millones de pesos en diferentes operaciones, aunque opositores estiman que la defraudación rondaría los 43 mil millones.
Yeni Berenice Reynoso, procuradora general, ha considerado indignante la actuación del entramado y ha informado que la investigación sigue abierta e incluye centros de salud, médicos y otros profesionales del sector.
Una debilidad que sufrieron las gestiones presidenciales de Leonel Fernández y Danilo Medina fue la permanencia de algunos funcionarios señalados de manera recurrente por su sordera ante las observaciones sobre su manejo institucional poco transparente, buena vida, actitudes arrogantes y la articulación de equipos de “bocinas mediáticas” que les endiosaran
Las malas prácticas con el erario, que —según el MP— comenzaron en el mismo 2020, fueron precedidas por un desmonte de técnicos que garantizaban la calidad, credibilidad, competencia y el posicionamiento institucional del Senasa, para dar paso a personas sin las competencias ni conciencia sobre sus roles, o con buen know-how, pero sin la solvencia ética imprescindible para garantizar servicios de salud desde el Estado.
A la par se desarrollaba una agresiva campaña de comunicación masiva muy cargada hacia la exaltación de las virtudes gerenciales y morales superiores del director ejecutivo, no sobre los procesos de cualificación de sus servicios institucionales.
El desdibujamiento de la comunicación institucional y la comunicación gubernamental con la proyección personal del funcionario, en vez de la institución, muy común en el Estado, no solo desangra el erario o dinero que aportan los contribuyentes, sino que representa una apuesta azarosa por ganar una imagen pública que solo crea una burbuja de éxito y siempre termina en frustración.
Los lodos de hoy son un filón del bombardeo sistemático al seguro de salud público desde la trinchera de los indolentes, los inhumanos, los corruptos internos y externos. Un crimen imperdonable que no se paga ni con cárcel.
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