El Concejo de Regidores del ayuntamiento del municipio San Felipe de Puerto Plata aprobó, el 26 de diciembre de 2025, un presupuesto general de RD$765,817,163 para el ejercicio fiscal de 2026. Pero el reporte financiero generado el 12 de octubre pasado presenta un presupuesto vigente de RD$969.15 millones, superior en aproximadamente RD$203.33 millones al monto originalmente aprobado.
Es una suma importante, suficiente para asumir compromisos con el desarrollo urbano, mejorar los servicios municipales y responder a necesidades que durante años han afectado los numerosos barrios y comunidades.
Sin embargo, el tamaño de ese presupuesto contrasta con las deficiencias que registra el Ayuntamiento en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), cuya evaluación plantea interrogantes sobre la capacidad en el cabildo para planificar, gestionar y convertir los recursos públicos en resultados satisfactorios para la población.
¿Qué está haciendo el Ayuntamiento con el dinero?
La distribución publicada por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) identifica que las principales áreas a las que se destinan los recursos son: RD$255.4 millones para servicios públicos municipales, RD$245.8 millones para actividades centrales y administración, RD$104.7 millones para desarrollo social y participación comunitaria, RD$93.5 millones para proyectos municipales y RD$28.4 millones para regulación, espacios públicos y medio ambiente.
Esta distribución merece especial atención ya que la administración central absorbe una cantidad (RD$245.8 millones) que obliga a exigir eficiencia, organización institucional y resultados proporcionales al gasto. No cuestionamos la necesidad de mantener la estructura administrativa sino que su funcionamiento no se traduce en una mejor prestación de servicios y mayor capacidad de respuesta.
Por otra parte, la clasificación por objeto del gasto contempla RD$147.8 millones para obras. En una ciudad que necesita mejorar calles, drenajes, aceras, contenes, parques, mercados, el matadero municipal y espacios públicos, corresponde conocer cuáles proyectos se han venido ejecutando, dónde y qué beneficios producen. Los ciudadanos deben comprobar qué se ha cumplido porque, además, el Gobierno Central también ha venido realizando obras.
La evaluación del SISMAP: una señal de alarma
El perfil institucional del Ayuntamiento de Puerto Plata registra un promedio general de 40 % en el SISMAP Municipal. La puntuación correspondiente a servicios municipales es de apenas 2%. En planificación, el Consejo de Desarrollo Municipal registra 0%, el Plan de Desarrollo Municipal 20% y la regulación y ordenamiento territorial 30%.
En compras y contrataciones aparecen resultados igualmente preocupantes: el indicador de publicación del presupuesto de compras registra 0%, la asignación de recursos a mipymes y mujeres obtiene 0%, y los indicadores de gestión de procesos y administración de contratos también aparecen sin puntuación.
En materia de transparencia, la publicidad de los actos del gobierno local registra 0%, mientras que la estandarización de los portales institucionales y los procesos de rendición de cuentas alcanzan 45%.
Estos resultados no son apreciaciones personales ni cuestionamientos políticos. Son indicadores publicados por el propio sistema oficial de seguimiento de los gobiernos municipales. También es importante precisar que las puntuaciones reflejan el cumplimiento y las evidencias acreditadas para cada indicador; no significan necesariamente que no se realicen actividades o que no se presten servicios. Pero cuando tantos componentes presentan resultados deficientes, la administración tiene la obligación de explicar las causas y demostrar qué está haciendo para corregirlas.
Altamira demuestra que se puede administrar mejor
La comparación con otros ayuntamientos permite dimensionar el rezago. En la actualización del ranking general publicada por el SISMAP el 27 de octubre pasado, Santiago de los Caballeros aparece con 87.80%, Altamira con 87.73% y Villa González con 86.60%. Otros municipios, como Baní, Moca y San Francisco de Macorís, también superan el 84%.
Altamira merece una mención especial porque pertenece a la misma provincia de Puerto Plata y ha conseguido resultados administrativos que contrastan con las deficiencias registradas por el Ayuntamiento cabecera. La diferencia no puede explicarse en que sea un municipio más pequeño o con menos disponibilidad de recursos; también intervienen la planificación, la organización institucional, la disciplina administrativa y la voluntad de cumplir las obligaciones que corresponden a un gobierno local.
¿Y esos ingresos adicionales?
Los registros del tercer trimestre de 2026 incorporados al SISMAP ofrecen otro elemento para cuestionar, por los RD$ 203.33 millones que en el reporte financiero del 12 de octubre se agregan al monto originalmente aprobado. De ese presupuesto vigente, el gasto devengado entre enero y septiembre ascendía a RD$506.57 millones, equivalente al 52.3%.
Esta información debe interpretarse correctamente: el presupuesto vigente incorpora modificaciones posteriores a la aprobación inicial, y el gasto devengado representa obligaciones reconocidas, no necesariamente dinero ya pagado.
Aun con esa precisión, las cifras justifican preguntar cuáles modificaciones elevaron el presupuesto, qué ingresos adicionales las respaldan, cuáles partidas recibieron mayores asignaciones y qué porcentaje de los proyectos de inversión se encontraba ejecutado al cierre de septiembre. La ciudadanía debe conocer no solamente cuánto se ha gastado, sino qué recibió a cambio la ciudad.
La población necesita explicaciones
El Ayuntamiento tiene responsabilidades que inciden directamente en la cotidianidad de sus habitantes. La limpieza urbana, recogida de residuos, mantenimiento de calles, drenaje pluvial, recuperación de espacios públicos, organización del tránsito y la regulación del crecimiento urbano no pueden quedar relegados a promesas o intervenciones ocasionales.
La administración municipal debe presentar un programa de corrección de las deficiencias señaladas por el SISMAP, con metas, plazos y responsables. Debe explicar públicamente la ejecución de los recursos, identificar las obras presupuestadas y rendir cuentas sobre los compromisos asumidos.
Los regidores tienen, asimismo, la obligación de ejercer una fiscalización efectiva. Su responsabilidad no termina con aprobar el presupuesto; incluye vigilar su ejecución y exigir que cada peso se utilice conforme a lo establecido. Las organizaciones comunitarias, empresariales y profesionales tampoco deberían permanecer al margen. El seguimiento de la gestión municipal es un derecho ciudadano y una responsabilidad compartida.
Los 765 (¿o los 969.1?) millones de pesos aprobados para 2026 representan una responsabilidad y la población tiene derecho a exigir que ese dinero se traduzca en bienestar, desarrollo y soluciones concretas.
La verdadera medida de una administración municipal, más que cuánto dinero recibe o cuántos proyectos anuncia, radica en su capacidad para administrar con transparencia, cumplir sus obligaciones y mejorar la vida de la gente. Puerto Plata necesita un Ayuntamiento que esté a la altura de la ciudad y de sus ciudadanos. Los resultados del SISMAP y la ejecución presupuestaria demuestran que todavía hay mucho que corregir.
Y, para concluir, una pregunta al margen: ¿por qué la mayoría de nuestras autoridades edilicias, electas y nombradas, aún no ha cumplido con las declaraciones juradas de sus patrimonios?
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