Inmigración, violencia y delincuencia: lo que dicen las evidencias
En las dos entregas anteriores examiné las estimaciones de población e inmigración haitiana utilizadas por Andy Dauhajre y el paralelismo que establece entre la inmigración haitiana en República Dominicana y la africana y musulmana en Europa. En esta tercera y última entrega abordaré otro de sus planteamientos: la relación que atribuye a las diferencias culturales y educativas de los inmigrantes con el incremento de la violencia, la delincuencia y el eventual deterioro de las sociedades receptoras.
La seguridad ciudadana constituye una preocupación legítima. Ninguna política migratoria puede desentenderse del cumplimiento de las leyes ni de la prevención del delito. Pero reconocer estas obligaciones del Estado es distinto de sostener que los inmigrantes procedentes de países con menor desarrollo educativo o económico representan, por sus características culturales, una amenaza particular para la convivencia.
En su artículo del 26 de octubre, Dauhajre describe a inmigrantes africanos llegados a Europa como portadores de hábitos, valores y creencias religiosas diferentes de los predominantes en las sociedades receptoras. Les atribuye deficiencias educativas, escasa disposición hacia la disciplina y participación en episodios de violencia y destrucción de bienes públicos y privados. A partir de esa descripción, advierte sobre el riesgo de deterioro institucional y económico de las sociedades europeas.
Conviene precisar que Dauhajre no sostiene que todos los inmigrantes sean delincuentes ni que la inmigración haitiana tenga actualmente un efecto económico negativo sobre República Dominicana. Reconoce expresamente su contribución económica neta positiva. Su argumento constituye, más bien, una advertencia sobre las consecuencias que podrían derivarse de las diferencias culturales y de determinadas políticas migratorias. La cuestión es si las evidencias disponibles sustentan esa advertencia.
De los disturbios a la criminalidad
Los disturbios ocurridos recientemente en ciudades europeas como Francia, Madrid y Barcelona son acontecimientos reales que requieren investigación y, cuando corresponda, sanciones. Sin embargo, no constituyen por sí solos una demostración de que la inmigración incremente la criminalidad. Para establecer esa relación sería necesario conocer quiénes participaron en los hechos, sus características sociales, las circunstancias que los desencadenaron y la evolución de las tasas de delincuencia en las sociedades receptoras.
No es lo mismo un inmigrante recién llegado que una persona nacida en Francia o Bélgica cuyos padres o abuelos emigraron desde África. Tampoco son equivalentes las categorías de inmigrante, extranjero, musulmán y descendiente de inmigrantes. Confundirlas puede conducir a atribuir a la inmigración contemporánea acontecimientos protagonizados por ciudadanos europeos nacidos y socializados en esos países.
Existe, además, una diferencia entre la participación de individuos pertenecientes a determinados grupos en hechos delictivos y el efecto de los flujos migratorios sobre la criminalidad total. Una eventual sobrerrepresentación en las estadísticas policiales no demuestra que el crecimiento de la población inmigrante provoque un aumento de las tasas de delincuencia.
Estas distinciones estás ausentes en la argumentación de Dauhajre. Los acontecimientos violentos que describe no vienen acompañados de estadísticas comparativas que permitan determinar si la inmigración elevó las tasas de delitos y, menos aún, si ese supuesto incremento responde a diferencias culturales.
¿Qué muestran las investigaciones?
La relación entre inmigración y delincuencia ha sido examinada durante décadas en Europa y Estados Unidos. Los resultados no respaldan la afirmación general de que una mayor presencia de inmigrantes produce necesariamente un aumento de la criminalidad. En un estudio publicado en 2021 en el Journal of International Migration and Integration, Francis Boateng, Daniel Pryce y Joselyne Chenane analizaron información de 21 países europeos. Examinaron la asociación entre distintas medidas de presencia inmigrante y tres categorías de delitos violentos, sin encontrar relaciones estadísticamente significativas. La importancia de este resultado reside en su alcance comparativo. En lugar de seleccionar ciudades donde ocurrieron disturbios o episodios particularmente graves, los investigadores examinaron sistemáticamente la información de numerosos países.
Una revisión más amplia fue publicada en 2024 por Olivier Marie y Paolo Pinotti en el Journal of Economic Perspectives, bajo el título Immigration and Crime: An International Perspective. Los autores reconocen que, en diversos países receptores, los inmigrantes aparecen sobrerrepresentados entre los infractores registrados, particularmente cuando se trata de poblaciones jóvenes, predominantemente masculinas y con menor escolaridad. Sin embargo, esa sobrerrepresentación no implica que los flujos migratorios eleven significativamente las tasas locales de criminalidad. Los estudios que examinan sus efectos sobre los territorios receptores encuentran, en general, resultados nulos o de magnitud limitada.
Los autores destacan, además, que la obtención de un estatus migratorio regular puede reducir la participación de los inmigrantes en actividades delictivas. Este hallazgo tiene especial importancia porque muestra que las condiciones institucionales y las oportunidades de incorporación económica pueden modificar los comportamientos observados, lo que resulta difícil de conciliar con explicaciones basadas exclusivamente en características culturales de origen.
Otro estudio de 2026, basado en información de 33 países europeos durante el período 2008-2023, tampoco encontró una asociación estructural estadísticamente significativa entre inmigración y criminalidad, incluso al considerar los grandes movimientos de refugiados de 2015 y los desplazamientos relacionados con la guerra de Ucrania.
Los resultados de estos estudios no significan que la inmigración jamás pueda generar problemas de seguridad. Las investigaciones muestran diferencias entre países, períodos y tipos de delitos. Lo que cuestionan es la existencia de una relación general y automática entre inmigración y delincuencia.
La experiencia estadounidense
El destacado sociólogo Hein de Haas, cuya obra How Migration Really Works comenté en la entrega anterior, también examina el extendido supuesto de que los inmigrantes constituyen una amenaza particular para la seguridad. Una evidencia ilustrativa procede de Texas, donde los registros administrativos permiten distinguir entre personas nacidas en Estados Unidos, inmigrantes con residencia legal e inmigrantes indocumentados. Otros autores como Michael Light, Jingying He y Jason Robey analizaron los arrestos por delitos graves registrados entre 2012 y 2018. Encontraron que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos presentaban una tasa de arrestos por delitos violentos superior al doble de la observada entre inmigrantes indocumentados. En los delitos contra la propiedad, la diferencia superaba cuatro veces la tasa correspondiente a estos últimos.
No pretendo trasladar estos resultados a Francia, España o República Dominicana. Las condiciones migratorias y los contextos institucionales son diferentes. Su importancia consiste en demostrar que la asociación entre inmigración irregular y mayor criminalidad, frecuentemente presentada como evidente, no se verifica de manera general.
Debe recordarse, asimismo, que los arrestos no equivalen necesariamente a delitos cometidos. Las estadísticas policiales dependen de las denuncias, las prácticas de vigilancia y detención y las decisiones del sistema judicial.
El capital humano no mide la propensión a delinquir
Dauhajre utiliza el Índice de Capital Humano Ampliado del Banco Mundial para comparar las sociedades europeas con los países de procedencia de sus inmigrantes. Este indicador resulta útil para describir diferencias en salud, educación y capacidades productivas, pero no fue diseñado para medir la propensión individual o colectiva a cometer delitos.
Una sociedad puede registrar bajos niveles de escolaridad y productividad sin que sus habitantes sean menos respetuosos de las normas. Del mismo modo, una población con elevada formación educativa no está exenta de corrupción, violencia o delincuencia. El problema aparece cuando las diferencias de capital humano se interpretan como expresión de una jerarquía cultural y esta, posteriormente, se utiliza para explicar comportamientos violentos. Esa relación no queda demostrada mediante la comparación de indicadores educativos.
La composición demográfica merece especial atención. Los inmigrantes suelen concentrarse en edades jóvenes y, en determinados flujos laborales, presentan una elevada proporción masculina. Como la participación en algunos delitos es mayor entre hombres jóvenes, las comparaciones que no consideran esas características pueden atribuir a la condición migratoria diferencias relacionadas parcialmente con la edad y el sexo.
Tampoco sería correcto explicar toda diferencia por la pobreza o la exclusión social. La delincuencia responde a múltiples factores, cuya importancia varía según las circunstancias. Precisamente por esa complejidad, atribuirla a la cultura de origen exige evidencias que no pueden sustituirse por referencias generales a la educación, la religión o las costumbres.
¿Qué podemos afirmar sobre República Dominicana?
La experiencia europea y estadounidense ofrece elementos para examinar el razonamiento de Dauhajre, pero no sustituye la investigación de lo que ocurre en República Dominicana. La inmigración haitiana presenta características propias, relacionadas con una larga historia de vínculos laborales, territoriales y familiares entre ambos países. Para determinar si incrementa la violencia o la delincuencia necesitaríamos estadísticas que identifiquen adecuadamente la condición migratoria de las personas involucradas, distingan los distintos tipos de delitos y permitan calcular tasas con denominadores comparables. Una noticia sobre un delito cometido por un ciudadano haitiano no permite estimar la criminalidad de la población haitiana residente. Tampoco la acumulación de casos difundidos por los medios demuestra que esa población presente una mayor propensión delictiva.
En las evidencias examinadas para esta réplica no disponemos de una serie estadística dominicana suficientemente desagregada y comparable que permita establecer un efecto causal de la inmigración haitiana sobre la criminalidad. Sería improcedente, por consiguiente, afirmar que ese efecto es positivo, negativo o inexistente. La ausencia de evidencia concluyente no autoriza a presumir una amenaza, pero tampoco a declarar demostrado que no existe ningún efecto.
Hay, sin embargo, un aspecto en el que podemos coincidir con Dauhajre: República Dominicana necesita una política migratoria institucional, con reglas claras, capacidad de registro, procedimientos administrativos eficaces y cumplimiento de las leyes. El Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia, independientemente de la nacionalidad de sus autores. También debe enfrentar las situaciones de irregularidad migratoria, explotación laboral y vulnerabilidad que pueden generar conflictos sociales.
Dauhajre invoca a Hobbes y Weber para recordar la responsabilidad estatal de preservar el orden. La referencia es pertinente, pero el monopolio estatal de la violencia legítima no establece una relación causal entre inmigración y criminalidad. Es un principio de organización del Estado aplicable a todos sus habitantes.
A modo de conclusión
A lo largo de estas tres entregas he examinado las cifras demográficas utilizadas por Andy Dauhajre, las analogías históricas y culturales en las que fundamenta sus advertencias y, finalmente, la relación que establece entre inmigración y deterioro de la seguridad. Mi discrepancia no reside en negar los desafíos que plantea la inmigración haitiana ni en cuestionar la necesidad de una política migratoria eficaz. Reside en la manera de fundamentar determinadas conclusiones.
Las magnitudes demográficas requieren procedimientos estadísticos verificables; las comparaciones culturales necesitan distinguir los factores que explican las diferencias entre poblaciones; y las afirmaciones sobre violencia y delincuencia deben contrastarse con indicadores apropiados.
La evidencia internacional examinada no respalda la tesis de que la llegada de inmigrantes con menor escolaridad o procedentes de sociedades culturalmente diferentes conduzca, por esa razón, a mayores niveles de delincuencia. Tampoco permite trasladar automáticamente esos resultados al caso dominicano.
Una política migratoria responsable no tiene que escoger entre el cumplimiento de la ley y el rigor científico. Necesita ambos. Y una discusión pública sobre la inmigración haitiana debe distinguir siempre lo que sabemos, lo que podemos estimar razonablemente y aquello que todavía no hemos demostrado.
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