Viajo con frecuencia a Puerto Rico y, en esas conversaciones, he escuchado que hoy algunos puertorriqueños creen que la República Dominicana les lleva la delantera. Siempre les respondo que quizás no valoran lo que tienen. Su estructura urbana e institucional todavía ofrece niveles de organización que nosotros aún no alcanzamos. Pero también les digo que muchos conocen la imagen que proyectamos hacia afuera, no la realidad que se vive dentro de nuestras fronteras.

En la República Dominicana conviven, en la práctica, dos repúblicas que avanzan a velocidades distintas.

La primera es la que exhibimos al mundo: los complejos turísticos, las inversiones inmobiliarias, las torres, los hoteles y las cifras de crecimiento. Esa República existe y ha generado empleos e inversiones. El problema comienza cuando confundimos esa parte con la totalidad del país.

La segunda es menos visible: la de los barrios, los municipios y las comunidades del interior. Es la República de las calles deterioradas, de los drenajes pluviales insuficientes, de la falta de alcantarillado sanitario, de la basura acumulada y del transporte desorganizado, donde los servicios públicos siguen siendo una aspiración y no una garantía.

La diferencia no es solo de apariencia. Refleja desigualdades territoriales, institucionales y sociales que siguen en nuestro modelo de desarrollo. Celebramos el crecimiento económico como si fuera desarrollo integral, y no lo es. El progreso también se mide por la calidad de los servicios públicos, la organización de las ciudades, la capacidad de las instituciones y las oportunidades de cada ciudadano viva donde viva.

Los problemas de infraestructura son los menos visibles y los más determinantes. Las lluvias se convierten en inundaciones porque nuestras redes pluviales no alcanzan. Las aguas residuales llegan a nuestros ríos y cañadas sin un tratamiento suficiente. Una ciudad puede tener grandes torres y modernas plazas, pero si carece de redes sanitarias y de sistemas pluviales eficientes, su desarrollo está incompleto. Además, seguimos sustituyendo áreas verdes por cemento, lo que reduce la capacidad del territorio para absorber el agua de lluvia.

El turismo tampoco debe ser una isla de prosperidad. Podemos reconocer el éxito de nuestros hoteles y, al mismo tiempo, exigir que las comunidades cercanas tengan servicios básicos. Lo mismo ocurre con el crecimiento inmobiliario: ningún proyecto debería adelantarse a la capacidad de agua, drenaje, saneamiento y movilidad. Cuando eso sucede, la ciudadanía termina pagando el costo de una planificación insuficiente.

Tampoco podemos atribuir todo esto a los gobiernos. La debilidad de la planificación territorial, la falta de continuidad de las políticas públicas y la poca consecuencia ante las infracciones contribuyen al problema. Pero la responsabilidad también está en nuestras conductas. Exigimos calles limpias, pero no siempre respetamos el espacio público. Demandamos organización, pero somos los primeros en incumplir las reglas que la hacen posible. Una sociedad no puede vivir mejor si no desarrolla una cultura de respeto a lo colectivo.

La comparación con Puerto Rico no sirve para decir quién es mejor, sino para identificar lo que aún debemos resolver. Quizás el error está en mirar demasiado los indicadores que nos favorecen y muy poco las realidades que todavía nos avergüenzan. Una nación no se mide por la imagen que proyecta a los visitantes, sino por las condiciones en que viven sus ciudadanos.

El reto es que el progreso deje de concentrarse en determinados sectores y llegue a los pueblos del interior, a los barrios y a los municipios, y que nuestras grandes ciudades cuenten con drenaje, saneamiento, espacios verdes y gestión adecuada de residuos.

Quizás entonces podamos hablar de una sola República Dominicana: una nación que no solo crece, sino que se organiza; que no solo atrae inversiones, sino que transforma la vida de su gente. Porque el verdadero desarrollo no está en lo que mostramos al mundo, sino en la calidad de vida que ofrecemos a quienes vivimos en este país.

Juan Francisco Puello Herrera

Abogado

Juan Francisco Puello Herrera es abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1972, donde fue Decano de la Facultad de Derecho, profesor de Derecho Civil y director de los Consultorios Jurídicos. Cuenta con una vasta experiencia de más de 52 años de ejercicio profesional, representando a empresas nacionales e internacionales en numerosos negocios transaccionales y litigios, principalmente sobre asuntos civiles, comerciales, laborales e inmobiliarios, así como en el manejo de acuerdos, negociación y conciliación, notaría y derecho societario. Es considerado un referente nacional en derecho corporativo, resolución alternativa de conflictos y derecho deportivo. Realizó la Maestría en Ciencias Religiosas (1991-1995) en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Post Grado en Especialización en Derecho Constitucional de la República Dominicana (2010) y Maestría en Derecho Constitucional Público (2011-2012) en la Universidad Castilla-La Mancha; Diplomado en Derecho Procesal Penal y Constitucional en la Universidad de San José Costa Rica (2007) y Diplomado en Arbitraje Comercial Internacional (2009) en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es Doctor en Derecho (PhD) por la Universidad Externado de Colombia en convenio con la PUCMM. Fue profesor de Derecho Comercial de la Universidad APEC y UNIBE. Actualmente labora para la PUCMM, donde imparte Sociedades Comerciales en la Maestría de Negocios Corporativos y Resolución Alternativa de Conflictos a nivel de licenciatura. Desde 2007 hasta 2015 fue coordinador de la Maestría en Negocios Corporativos en la PUCMM, y desde 2015 hasta 2021 fue miembro del Comité de Ciencias Jurídicas de Postgrado. Es miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura y Comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC). Es un reputado Árbitro y Mediador del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD). Ha recibido reconocimientos como la Medalla de Honor al Mérito de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo por su contribución al desarrollo y fortalecimiento del Arbitraje Comercial Internacional y Comercial en la República Dominicana, el reconocimiento de la Universidad APEC por su contribución a la formación profesional, y la Medalla al Mérito de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (octubre, 2013). Es autor de diversos libros y de más de un centenar de artículos de interés jurídico. Es miembro de número de la Academia de Ciencias y del Colegio de Abogados de la República Dominicana, así como del Colegio Dominicano de Notarios.

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