La degradación de valores que en el mundo contemporáneo se experimenta, constituye una preocupación ascendente entre los líderes de las naciones, sean políticos, religiosos, educativos, sociales o sean meros individuos que transitan en medio de estos difíciles tiempos. Este deterioro guarda una íntima relación con el aumento de la violencia social, la cual se alimenta de la falta de respeto por las normas, la empatía casi cesante y la desconfianza social que todo ello genera, poniéndonos a todos en una especie de estado de alerta constante.
No se trata de una situación atribuible a gobierno alguno, se trata más bien de una pandemia que nos afecta a todos, un mal de rápida propagación que encuentra su nicho en los medios de comunicación masiva, ordinarios o los de nueva generación; todos amplios carriles que facilitan el tránsito de lo malo para llegar y ocupar el lugar de lo bueno.
Los gobiernos, incluyendo el nuestro, se esfuerzan por ajustar los controles de las actividades que puedan cooperar la problemática actual, tarea cuyas dificultades congénitas sólo podrán vencer si todos apuntamos en una misma y adecuada dirección.
Paralelo a lo expuesto, la prensa ha dado seguimiento e informado a la nación sobre un proyecto de ley tendente a modificar la norma que rige, entre otras cosas, el porte y tenencia de armas de fuego por los particulares, tema de interés general pues los que llevan esas armas son los mismos ciudadanos que habitan en los dos párrafos que anteceden, el ajuste del control parece ser lo que se debe apoyar. Sin embargo, el proyecto publicitado apunta a una dirección opuesta a la que pretende el Poder Legislativo.
Por alguna razón no explicada en ninguno de los documentos adjuntos a dicho proyecto de ley, los senadores, salvo algunos que se opusieron, han concluido su parecer respecto de este tema asumiendo que el control de las armas de fuego debe “alivianarse”, que realmente es odioso someterse al escrutinio anual que significa la renovación de las licencias de armas y eso puede dejarse para después.
Conviene recordar que la renovación de una licencia no es la simple impresión de un carnet, se trata de un examen que cada año se realiza sobre el estado psicológico del armado, verificar si aún supera el antidoping además de revisar su conducta para verificar que no haya incurrido en ninguna de las actividades que la ley sanciona con la cancelación del permiso. Ninguno de estos exámenes son ociosos, debieran incluso ser más rigurosos como parte de la política de seguridad social.
El espacio de tiempo que el mismo legislador, hace menos de una década, entendió básico y necesario para controlar las armas y sus propietarios, no vino consecuencia de un accidente o algún invento ajeno a la realidad; el mismo fue tomado del espíritu de legislaciones y compromisos extranjeros, así como de los estudios que sobre el tema se habían realizado quedando de manifiesto que, en nuestra sociedad, el control anual debía regir a fin de que el Estado tuviera el control de las armas y brindar la seguridad que ello permite.
Un estudio de la Facultad de Medicina de Tufts University, publicado el 1 de agosto del pasado año, en la revista JAMA Network Open, titulado “Un análisis sugiere que los permisos de armas pueden ser más efectivos que las verificaciones de antecedentes por sí solas para reducir los homicidios con armas de fuego”, dirigido por el Dr. Michael Siegel, profesor de salud pública y medicina comunitaria en la Facultad de Medicina, explica desde varias perspectiva la necesidad de la licencia regulada en materia de armas de fuego, pero no como un ritual sino como una vía de control que supera otros registros oficiales.
Agrega que “La ventaja de los permisos estatales es que sus bases de datos criminales se mantienen actualizadas de manera más constante y es más probable que registren delitos de menor nivel, como agresión doméstica o conducir bajo los efectos del alcohol, en comparación con las bases de datos federales utilizadas para las verificaciones de antecedentes universales, que dependen de los estados para rastrear estos datos”; es decir, expertos sobre la materia concentran sus estudios sobre la eficacia de la licencia observándola, siempre, no como un trámite burocrático sino como un acto de control eficiente y permanente del arma y su propietario.
Conviene, entonces, hacer un esfuerzo para evaluar el proyecto aprobado en el Senado, el rigor que para ello se observó, así como la dinámica que se genera en la producción de una ley, en este caso para mejorar una anterior, compleja tarea si se pretende obtener un producto útil, justo y necesario.
Los ajustes pretendidos deberán se de aplicación práctica pero dentro del complemento de la seguridad debida por el Estado, tomando en cuenta el territorio que regula, el propósito de la ley y el nivel de su cumplimiento, advirtiendo que la alta tasa de incumplimiento de una norma que regule aspectos de seguridad nacional, sugiere que la modificación provea mecanismos para variar la conducta de los ciudadanos y generar el respeto y compromiso que debe asumirse frente a la norma y la autoridad misma.
¿Cuál es el propósito del proyecto de ley aprobado por el Senado? Bueno, basado en las publicaciones de notas de prensa, las declaraciones de miembros de una comisión del Senado dedicada al análisis del proyecto, las afirmaciones de un pasado consultor jurídico del Ministerio de Interior y Policía y, obviamente, lo vertido en algunas explicaciones dadas en la pieza a examinar, el propósito del mismo pareciera ser el aumento de la vigencia de la licencia de armas de un año a dos; así como agregar o reforzar temas sustanciales relacionados con la emisión de estos permisos, los cuales seguro están vacantes en la norma actual que requiere su renovación.
Sumemos ahora lo relatado en el “estudio” realizado por la comisión del Senado así como las motivaciones contenidas en el proyecto. Veámoslo separados.
.- Resumen de prensa: “La iniciativa establece que las facilidades para portar armas de fuego se incrementan, por lo cual aumenta el riesgo de acciones que afectan a la sociedad, haciendo necesario reforzar los requerimientos para la obtención de una licencia de porte de armas y eficientizar los mecanismos que avalen la condición psicológica para acceder a las mismas…El proyecto tiene el objetivo de garantizar que todo individuo goce de un ambiente seguro, de convivencia pacífica, además, de establecer medidas para prevenir la violencia, delincuencia y criminalidad en las instituciones públicas y en los principales establecimientos privados”. Advertimos que la situación denunciada es contraria a la verdad y que, además, no es más que ujn juego de palabras pues el proyecto no toca nada al respecto.
.- Declaración de prensa que debemos aislar: “Esta es una queja que me habían planteado tanto nacional como internacionalmente, porque había una presión de que cada año tenían que venir a renovar con esta modificación se soluciona”, por lo el senador “Pidió a la Cámara de Diputados acoger este proyecto positivamente y sancionarlo lo antes posible”. Advertencia otra vez: La población que así se queja no existe, pura y simplemente. Además, olvida el legislador que la parte “internacional” de la queja, dominicanos en el extranjero, no tienen licencia de armas de fuego, la ley exige su permanencia en el país. Esos tampoco existen ni sufren de estrés.
.- Informe de la Comisión.- El denominado “Análisis Legislativo Iniciativa: 00432-2025-PLO-SE”, después de estudiar la pieza y analizar su contenido, expuso a modo de resumen:
“Esta iniciativa se fundamenta en que la vigencia actual de las licencias es demasiado corta, obligando a los ciudadanos a realizar renovaciones frecuentes, lo que genera costos y carga administrativa innecesaria…En la modificación sugerida por el artículo 14 del proyecto de ley, se detallan los requisitos para la emisión de licencias…. se establece que la prueba antidopaje y de alcoholismo se realizará cada dos años en lugar de anualmente… se introduce la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil y la verificación bianual…. Para las personas jurídicas, se refuerza el control de antecedentes penales de los empleados, se establece un plazo de 30 días para reportar cambios de personal…“se amplía la vigencia de las licencias de un año a dos años …reduce la necesidad de trámites constantes. Adicionalmente, se refuerza el uso de tecnologías biométricas y de balística forense para identificar y registrar las armas, lo que permite un mayor control de su uso”;
Salvo la apreciación de la extensión del plazo que les agita, el resto del relato colocado como novedad legislativa que viene a suplir una deficiencia legal, es también totalmente contrario a la verdad. Basta leer la tabla comparativa expuesta al final del estudio, donde se colocan y comparan lo contenido en el proyecto con lo ya existente en la ley 631, y podrán leer que los mismos encargados de la revisión le anuncian que sólo lo subrayado en la tabla es nuevo, donde podrán apreciar que toda la novedad se resume a once palabras y treinta y cinco letras: “El cual…cada dos años…cada dos años…de dos años…” y ya.
En estas precarias condiciones el proyecto accede así a la Cámara, siendo prácticamente un copy page de la ley dizque a modificar, para luego ser aprobado dando pie a que desde ese escenario, se lanzara una arenga a la Cámara de Diputados a fin de que aprueben “eso”…con rapidez por la urgencia que demanda tal solución.
Es la crónica de cómo un papel desprovisto de siquiera un motivo legal real, repleto de afirmaciones alejadas de la verdad, despertó una credulidad generalizada en el senado donde fue engullido de inmediato, sin masticar. Ni se molestaron en averiguar el estado de cumplimiento de lo que se pretende extender…es decir, ante un limitado 25% de cumplimiento en la renovación de las licencias, de cara a un irrespeto a la ley y las autoridades, el Senado acogió una fórmula legislativa contraria a todas las existentes en materia de irrespeto a leyes de seguridad pública, y procedió a premiar y felicitar a los que la ley genera a los particulares y las autoridades, contrario a lo sugerido por todos los sistemas legislativos respecto de la inobservancia de normas relacionadas con la seguridad pública, procediendo a premiar a los infractores quienes aumentarán el descontrol de las armas y fomentarán el incumplimiento como una doctrina nacionalmente aceptada.
Hoy día, cuando nuestro país supera a casi toda Latinoamérica en la forma de impartir el servicio señalado, el cual se consuma en un ambiente de extrema comodidad y facilidad de tiempo, exhibiendo la mayor eficacia y transparencia que contratista alguno del Estado haya equiparado alguna vez, se intercambia la seguridad brindada por la inseguridad cómplice de los infractores, mediante una aprobación reprochable que atesta contra el poco oficio que al parecer tienen nuestros legisladores.
Conozco al Senador Victoria Yeb y su familia, sé de su probidad así como la de otros senadores envueltos en esta aprobación; por igual conozco el sistema de delegaciones con que funcionan ante la demanda de trabajo que tienen y que, en esa dinámica, pueden ocurrir errores tan dramáticos como el señalado; por ello asumo sin temor que el equipo no funcionó y que recibieron informaciones definitivamente erradas que les llevaron a tan triste conclusión.
También conozco intentos anteriores para suprimir determinados aspectos del mismo texto legal, los cuales fueron gestados mediante ilegales y alarmantes resoluciones dictadas dentro de un Ministerio, lo cual resaltar la necesidad de una mejor revisión de los actos emanados desde el Poder, en cualquiera de los tres poderes que le sustentan.
Finalmente, dejo una lista sólo con sus títulos, de las observaciones que un experto en el área y que labora igual para varios estados, nos enviara luego de examinar técnicamente el significado del logro del senado. Así lo opinan desde otro lado:
1. Disminuye la supervisión de armas en circulación
2. Facilita la permanencia de armas en manos de personas no aptas
3. Mayor riesgo de tráfico de armas
4. Se contradice con la realidad de violencia en Haití
5. No soluciona la supuesta "burocracia"
6. Aumenta la posibilidad de uso indebido del arma
7. Reduce la actualización de información biométrica y balística
8. Favorece la impunidad
9. Facilita la compra de armas con intenciones delictivas
10. No hay pruebas de que beneficie a la seguridad pública
11. Afecta la efectividad del control estatal
12. No garantiza un mejor uso de los recursos estatales
13. Puede aumentar la cantidad de armas sin renovación
14. Dificulta la trazabilidad de armas robadas o extraviadas
15. Desactualización en los registros de los titulares
16. Puede generar percepción de relajación en el control de armas
17. No se alinea con estándares internacionales
18. No toma en cuenta la crisis fronteriza con Haití
19. Contradice la política de restricción de importación de armas y municiones
20. Falsa justificación de "modernización del Estado"
Conclusión
La justificación de que el período de un año es demasiado corto y que el cambio reducirá la burocracia es insuficiente e irrelevante. El problema no es el tiempo de la licencia, sino la eficiencia del proceso de renovación. En lugar de extender el plazo, el Congreso debería enfocarse en:
✅ Automatizar los trámites de renovación ✅ Implementar controles digitales y biométricos más eficientes ✅ Asegurar que el proceso de renovación sea rápido y accesible ✅ Fortalecer el control en la frontera y la lucha contra el tráfico de armas
Compartir esta nota