Cada tres años el país repite un rito: sale el informe de resultados de PISA, la prensa titula con el puesto en la tabla, la oposición habla de vergüenza nacional y el gobierno de turno busca en los anexos algún número que suba. En 2025 el comunicado oficial encontró "avances" en ciencias y en equidad. Lo de la equidad merece una pausa: la distancia entre estudiantes ricos y pobres es menor aquí que en otros países porque casi todos están pegados al piso. Presentar eso como logro es una manera de fabricar consenso. Nadie miente. Se elige qué decir.

El rito tiene, sin embargo, un problema más hondo que el maquillaje, y es que nadie pregunta qué es PISA. La prueba no la diseña una academia de pedagogos ni la Unesco. La administra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un club de economías ricas cuyo mandato es promover el crecimiento y el comercio. Su marco conceptual es la teoría del capital humano: la escuela vale por las destrezas que agrega a la futura fuerza de trabajo, y esas destrezas pueden compararse entre países igual que se compara la productividad.

Mi objeción no es técnica. Tiene que ver con lo que PISA encarna, y va por tres lados.

El primero es el propósito. Me reconozco en una tradición que va de Humboldt a Dewey y a Bertrand Russell, para la cual educar consiste en crear las condiciones en que una persona despliega capacidades que ya trae. La Ilustración lo dijo con una imagen: enseñar se parece menos a llenar una vasija que a tender un hilo por el que el estudiante avanza a su manera. Una prueba estandarizada mide cuánta agua hay en la vasija. Puede hacerlo con un rigor admirable, y PISA lo hace, pero carece de instrumentos para saber si ese muchacho se atreve a contradecir a su profesor, si sabe ponerse de acuerdo con otros, si distingue un argumento de una orden. De esas cosas depende la clase de república que se tiene.

El segundo es el poder. Cuando un organismo sin mandato democrático define qué es una buena educación para unos 90 países y economías, y los gobiernos ajustan sus currículos para subir en su tabla, se ha cedido soberanía sin que nadie lo vote. En 2014, más de 80 académicos de varios países se lo reprocharon por carta abierta al director del programa: PISA estrecha lo que la escuela enseña, premia el arreglo de corto plazo y empuja a los sistemas a parecerse entre sí. La advertencia tiene nombre técnico, la ley de Campbell: todo indicador numérico usado para repartir premios y castigos termina corrompido, y corrompe de paso la actividad que pretendía medir.

El tercero es lo que la tabla deja fuera de cuadro. PISA evalúa a jóvenes de 15 años que siguen en la escuela y han llegado al menos a séptimo grado. Los que desertaron no existen para la prueba, y tampoco los que a esa edad siguen en sexto. La muestra dominicana de 2025 representa a unos 127,900 muchachos; los ausentes son aquellos a quienes el sistema les falló primero. Además, el puntaje de un país habla tanto de sus casas como de sus escuelas: de si hay libros, comida, silencio para estudiar y adultos que no lleguen exhaustos.

¿Habría que retirarse de PISA, entonces? Creo que no. Sería tirar el termómetro porque marca fiebre. Un muchacho que a los 15 años no entiende un párrafo no es libre en ningún sentido que valga la pena, porque la lectura es la primera condición de la autonomía antes que un requisito del mercado. PISA sirve para saber que estamos por debajo del piso. El error sería creer que el piso es el techo. Un país puede escalar 50 puntos entrenando a sus adolescentes para responder ítems y seguir formando lo que Freire llamaba depositarios de un saber ajeno. Para la República Dominicana el riesgo es doble: hoy fracasa en lo elemental y, cuando reaccione, es probable que lo haga convirtiendo la prueba en el fin.

Lo primero es cambiar la pregunta

Un presidente que quiera refundar la educación dominicana tiene que empezar por una decisión que no cuesta dinero y que ninguno ha tomado: decir para qué es la escuela. Hasta ahora la respuesta implícita ha sido tener a los muchachos en un lugar seguro, capacitarlos para el mercado laboral, entregarles un título e incrementar el PIB. Los documentos curriculares hablan de competencias y de pensamiento crítico desde hace años, pero un currículo es papel, y lo que gobierna el aula es lo que el sistema premia: cubrir el programa, llenar registros, pasar de curso.

La respuesta que propongo es la de Dewey y cabe en una línea: la escuela existe para formar personas capaces de gobernarse a sí mismas y de gobernar juntas. El empleo viene después y viene mejor, porque quien sabe pensar aprende un oficio, y quien solo aprendió un oficio queda a merced del próximo cambio tecnológico. Según PISA 2025, la mitad de los estudiantes dominicanos de 15 años ya usa asistentes de inteligencia artificial cada semana. Una escuela dedicada a que el alumno repita información compite hoy contra una máquina que repite mejor. Le queda un solo terreno donde no tiene rival, que es enseñar a preguntar, a dudar, a crear y a convivir.

Ese propósito debe quedar escrito en una ley orgánica, que la Constitución obliga a aprobar con dos tercios, y con metas a 12 años para que sobreviva a tres gobiernos. El Plan Decenal de 1992 y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa de 2014 se diluyeron por la misma causa: cada administración llegó con su plan y con su gente.

Queda por resolver cómo sabrá ese gobierno si avanza. Propongo seguir en PISA y cambiarle el lugar. Que sea un espejo externo cada tres años, útil y parcial, y que el país se guíe por un tablero propio y más ancho: cuántos niños leen a los ocho años, cuántos jóvenes terminan la secundaria, cuánto tiempo de clase se usa en enseñar, qué producen los estudiantes cuando se les pide crear algo, cómo se sienten en la escuela. Las evaluaciones nacionales deberían ser muestrales y sin consecuencias individuales para alumnos ni maestros. Orientan al sistema, y dejan de servir en cuanto se usan para clasificar personas.

En el MIT se cuenta la anécdota de un profesor de física a quien un estudiante preguntó qué temas cubriría el curso. Respondió que no importaba lo que cubrieran, que importaba lo que descubrieran. Una política de evaluación decente se diseña para proteger esa respuesta.

José M. Santana

Economista e investigador.

Jose M. Santana Investigador Asociado del Profesor Noam Chomsky de MIT. @JoseMSantana10

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