El Centro de Estudios de Género (CEG) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) expresó su preocupación por la decisión emitida por un tribunal de Puerto Plata en el caso del pelotero Wander Franco, al considerar que, pese a haberse establecido su culpabilidad y responsabilidad en hechos penalmente reprochables, se le otorgó un perdón judicial que lo exime del cumplimiento de una pena.
La coordinadora del CEG, Desiree del Rosario, sostuvo que el caso trasciende el ámbito deportivo y mediático, y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado dominicano para proteger a niñas y adolescentes cuando intervienen factores como poder, fama, recursos económicos y desigualdad.
“El caso de Wander Franco coloca nuevamente al país frente a una pregunta dolorosa: ¿qué protección real ofrece el Estado dominicano a las niñas y adolescentes cuando la violencia sexual se cruza con poder, dinero, fama y desigualdad? La respuesta que deja esta decisión no puede ser más preocupante”, afirmó.
Cuestionan aplicación del perdón judicial
Del Rosario reconoció que el perdón judicial está contemplado en el ordenamiento jurídico dominicano, pero enfatizó que su aplicación debe analizarse tomando en cuenta la naturaleza del delito, la edad de la víctima, la relación de poder existente entre las partes y las consecuencias sociales de una decisión de esa magnitud.
A su juicio, la combinación entre una declaración de culpabilidad y la ausencia de una sanción efectiva convierte el caso en un tema de especial gravedad desde la perspectiva de los derechos humanos, la equidad de género y la protección integral de la niñez.
La académica señaló además que las decisiones judiciales no solo resuelven expedientes particulares, sino que también generan mensajes hacia la sociedad.
“Cuando el sistema penal reconoce abuso sexual y psicológico contra una adolescente y, aun así, decide no imponer una consecuencia proporcional al adulto responsable, el mensaje que se instala es profundamente peligroso: que la violencia contra las niñas puede ser reconocida, pero también perdonada”, sostuvo.
Señalan presencia de misoginia judicial
La especialista también criticó expresiones atribuidas al magistrado José Ramón Núñez, presidente del tribunal, al considerar que reflejan estereotipos de género incompatibles con una justicia enfocada en la protección de derechos.
Según explicó, frases como “mujeres fáciles de consecuencias difíciles”, reportadas por medios de comunicación, desplazan el foco de atención desde la protección de una adolescente hacia cuestionamientos morales sobre las mujeres.
Del Rosario advirtió que la misoginia judicial no siempre se manifiesta mediante la negación explícita de derechos, sino también a través del lenguaje utilizado, las categorías jurídicas empleadas y la forma en que se interpretan los hechos.
“Una justicia sin perspectiva de género termina interpretando la violencia desde los ojos del agresor. Una justicia sin enfoque de niñez termina exigiendo a las adolescentes niveles imposibles de claridad, pureza o resistencia. Una justicia sin conciencia de poder termina llamando ‘relación’ a lo que debe nombrarse como abuso”, expresó.
Piden mayor participación de Conani
La coordinadora del CEG consideró que la protección de niñas y adolescentes no recae exclusivamente sobre el sistema judicial, sino también sobre el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), entidad responsable de garantizar la protección integral de los derechos de la niñez en el país.
En ese sentido, sostuvo que Conani debe actuar y pronunciarse ante situaciones donde los derechos de adolescentes hayan sido vulnerados.
Finalmente, Del Rosario afirmó que cuando la justicia reconoce un abuso y posteriormente exime de sanción al responsable, el Estado transmite una señal de abandono hacia las víctimas.
“Debe ser nombrado, cuestionado y corregido. Porque la vida, la dignidad y los derechos de una adolescente valen más que cualquier carrera, cualquier apellido y cualquier poder”, concluyó.
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