El asesinato de Esmeralda Moronta a pocos metros de la fiscalía donde acababa de denunciar a su agresor se convirtió en el símbolo más brutal de lo que el movimiento feminista dominicano lleva años advirtiendo: el sistema no protege, recibe. Ocho días después de ese crimen, más de 80 organizaciones, activistas, académicas y ciudadanas de distintos sectores firmaron una carta abierta que exige al Estado dominicano asumir la crisis de feminicidios como una emergencia nacional, con presupuesto, metas y rendición de cuentas.
Un sistema que falla antes del disparo
La carta, titulada "¡Ni una menos! La vida de las mujeres exige Estado, justicia y educación para la igualdad", fue presentada este 21 de mayo por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres. Su punto de partida no es una estadística abstracta: es un patrón.
Esmeralda Moronta de los Santos, repostera de 36 años, había denunciado que su expareja la rastreaba con GPS. Salió sola de la Unidad de Atención a la Violencia de Género. La esperaba afuera. La mató en la calle Puerto Rico, en Alma Rosa I. Acento documentó quién era Esmeralda: una madre, una emprendedora, una mujer que hizo todo lo que el sistema le pidió que hiciera.
Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, fue asesinada por su pareja, sargento de la Policía Nacional, cuando tenía las maletas hechas para irse. Nikaury Alicia Heredia Taveras llevaba más de un año denunciando a su expareja, también agente policial; recibió un disparo el 21 de marzo y murió cincuenta días después. Diana Elena Evangelista tenía 18 años. Indhira Carolina Beltré fue asesinada dentro de su propia casa.
"El feminicidio no nace de la nada. Es la última expresión de una cadena de abusos que muchas veces comenzó mucho antes", señala el documento. "Cuando una mujer es asesinada, casi nunca estamos ante un hecho inesperado. Estamos ante el desenlace extremo de una violencia que fue anunciándose."
Tres conteos, una misma tragedia
La magnitud del problema se mide, según quién mire: 22 feminicidios según la Procuraduría General de la República, 27 según el Ministerio de la Mujer, 32 según el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial. Tres instituciones, tres cifras distintas para el mismo período. Esa fragmentación estadística es, en sí misma, parte del diagnóstico.
El Ministerio Público reportó más de 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales solo en el primer trimestre. De los 22 feminicidios registrados en ese período, apenas tres víctimas habían denunciado previamente. El dato no habla de mujeres que no denuncian: habla de mujeres que saben que denunciar no las protege.
Los feminicidios crecieron un 36,4% en lo que va de 2026, según datos citados por la propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien reconoció públicamente que el sistema institucional presenta fallas en la prevención.
Lo que exigen: ocho medidas concretas
Las organizaciones firmantes no presentan solo un diagnóstico. Plantean un pliego de exigencias dirigido a cada poder del Estado:
Al Poder Ejecutivo
Declaratoria de Emergencia Nacional por Feminicidios y Violencia de Género, con un plan integral que incluya presupuesto suficiente, metas públicas y coordinación interinstitucional obligatoria.
Al Congreso Nacional
Aprobación inmediata de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que lleva años estancada en comisiones. Según reportes recientes, los 13 proyectos legislativos presentados en octubre de 2025 bajo la campaña "Déjala Ir" ya vencieron sus plazos reglamentarios sin ser aprobados. "Cada sesión que pasa sin aprobarla es una decisión política, no una omisión", advierte la carta.
A la Policía Nacional y la Procuraduría
- Auditoría independiente, con participación del movimiento feminista, familias de víctimas y observatorios sociales— del funcionamiento de ambas instituciones en su respuesta a la violencia de género.
- Mecanismos efectivos de localización, persecución y procesamiento de agresores. "Las mujeres no son las que tienen que esconderse".
- Desarme y separación del servicio activo de todo agente policial o militar con denuncias documentadas de violencia de género.
Al Ministerio de Educación
Integración de la educación para la igualdad en el currículo escolar desde primaria, en la formación docente y en los materiales educativos.
Al Ministerio de la Mujer y los ayuntamientos
Presupuesto adecuado y sostenido para casas de acogida en todo el territorio, programas de autonomía económica para mujeres en situación de violencia, y activación real de las Oficinas Municipales de Género.
Reparación para la niñez huérfana
Reparación integral del Estado para hijas e hijos que quedan en la orfandad a causa de feminicidios.
"El agresor sigue libre, con su vida intacta"
Uno de los argumentos más contundentes de la carta apunta a una contradicción estructural: el sistema le exige a la mujer en peligro que sea ella quien se esconda, que abandone su trabajo, su barrio, la escuela de sus hijos, su red de apoyo. Mientras tanto, el agresor permanece libre.
"El mismo sistema que es incapaz de localizar a un hombre acusado durante cuatro años, que no logra dar con su dirección, que no encuentra dónde usa su cédula, dónde mueve su tarjeta de crédito, dónde trabaja, es el que le exige a una mujer en peligro que sea ella la que se esconda", señala el documento.
La carta también interpela a la sociedad: a los entornos que callan, a los liderazgos religiosos que predican aguantar, a los amigos del agresor que celebran sus celos como amor, a quienes en redes sociales explican que la víctima "se lo buscó".
Las mujeres no mueren solo a manos del que jala el gatillo. Mueren también en el silencio de todo un entorno que sostuvo al agresor durante años."
Cómo sumarse
La Coalición habilitó la plataforma feminicidios.do para que cualquier persona u organización pueda adherirse públicamente a la carta. La recolección de firmas continúa abierta con el objetivo de ampliar la presión ciudadana sobre las autoridades.
"Cada firma es una forma de decir que la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como una tragedia inevitable", expresó la Coalición. "Es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad."
Por Esmeralda. Por Yessika. Por Nikaury. Por Diana. Por Indhira. Por todas. ¡Ni una menos!
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