De un lado de la mesa, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, el hombre que dirigió la operación Resolución Absoluta, que terminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para ser llevados ante un tribunal de Nueva York.

Del otro Gustavo González López, su par venezolano, señalado por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU como posible responsable de violaciones de Derechos Humanos, durante años de violenta represión para mantener a Maduro en el poder.

Pero ante esa mesa en Miraflores no hubo contradicciones. Los dos firmaron frente a la presidenta interina Delcy Rodríguez lo que Hegseth calificó como una alianza “natural e histórica”, que incluirá entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y otros puntos de cooperación.

Precisamente el tipo de programas que suspendió en 2005 el fallecido presidente Hugo Chávez, considerado el padre de la llamada Revolución Bolivariana, de cuyas filas surgieron tanto Maduro como Delcy Rodríguez.

De la coerción militar a la institucionalización de la influencia

Hegseth, el funcionario de más alto rango que ha visitado el país suramericano desde la extracción de Maduro, celebró el hecho de poder trabajar juntos “contra narcoterroristas y empresas criminales”, pero también en el desarrollo de las “increíbles capacidades de recursos que tiene su país” para “desbloquear juntos la prosperidad, la paz y la estabilidad de Venezuela”.


Rodríguez saludó el acuerdo como la posibilidad de hacer frente a “amenazas comunes” y no respondió preguntas, luego de un encuentro que había estado rodeado de un intenso secretismo.

Hegseth sí lo hizo poco después durante una comparecencia ante los medios en la embajada estadounidense en Caracas, en la que anunció un “proceso de reconstrucción de las fuerzas armadas”, reclamó que los ciudadanos dejaran de llamarse “panamericanos, bolivarianos o grancolombianos” (en alusión a la retórica revolucionaria) para asumirse como “orgullosamente venezolanos” y celebró que el país hubiera dejado de ser la "amenaza regional más agresiva” para “convertirse en un socio de seguridad colaborador”.

Luego diría también que el acuerdo petrolero entre los dos países hacía que la situación (de bloqueo por parte de Irán) en “el estrecho de Ormuz sea un factor irrelevante para la industria occidental" y que traería “dominio energético en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos para las próximas décadas”.

Fabiana Garantón, analista en Ciencias Políticas, abogada y defensora de Derechos Humanos, cree que la visita de Hegseth representa “la institucionalización de una relación de poder profundamente asimétrica que se estableció después de la intervención militar estadounidense”.

“Hay un elemento simbólico que no podemos pasar por alto: Hegseth es el responsable político del aparato militar que ejecutó la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y que dirigió las controvertidas operaciones militares conocidas como ataques cinéticos”, recordó Garantón en conversación con France 24.

“Es decir, el responsable del poder que ejerció la coerción militar sobre Venezuela es quien llega ahora a negociar la cooperación con las Fuerzas Armadas del país”, agregó la experta. “Eso tiene una enorme carga política. Estamos pasando de la coerción militar a la institucionalización de mecanismos de influencia sobre el aparato de seguridad y de defensa del Estado venezolano”.

Para la analista, Caracas ha quedado reducida a un “margen de autonomía para tomar decisiones estratégicas que está condicionado por Washington”.

Pero según Garantón, sellar este acuerdo no solo implica renuncias para Caracas, sino que podría incluir un replanteamiento de objetivos para la Casa Blanca en su estrategia de tres fases (estabilización, recuperación y transición) para Venezuela.

“Estamos ante una recomposición del sistema de poder venezolano y la pregunta fundamental es si Estados Unidos está utilizando su influencia para crear las condiciones de una verdadera democratización, si está construyendo un nuevo esquema de gobernabilidad que garantice los intereses energéticos, militares y geopolíticos no solo de los estadounidenses, sino también de los venezolanos. La preocupación ahora es que Venezuela pase de un autoritarismo con pretensiones de autonomía geopolítica a un sistema de gobernabilidad condicionado desde el exterior, sin que los venezolanos hayan recuperado plenamente su soberanía”.

“No es un funcionario cualquiera”

Durante su alocución en la embajada estadounidense, Hegseth ensalzó la intervención del 3 de enero como “la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina”, en la que "los combatientes más destacados y valientes de Estados Unidos resolvieron, en cuestión de horas, un problema que había afectado a este hemisferio durante 27 años".

Pero el acuerdo suscrito este 18 de noviembre en Caracas tuvo como interlocutor a quien formara parte de ese “problema para el hemisferio”. Garantón recuerda que González López, designado por Delcy Rodríguez en lugar de Vladimir Padrino López, no es “un funcionario cualquiera”.

“Fue director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas encontró motivos para considerar que pudo tener responsabilidad individual en graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por funcionarios bajo su autoridad directa, incluyendo tortura y detenciones arbitrarias”.

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Para Garantón, que Hegseth firme con él un acuerdo de cooperación militar podría enviar “un mensaje a víctimas de violaciones de Derechos Humanos y a la comunidad internacional, y es que los antecedentes de posibles responsabilidades por crímenes de lesa humanidad no parecen constituir un obstáculo para que un funcionario sea incorporado a una nueva arquitectura de cooperación militar”.

Mientras en sus declaraciones a la prensa, Hegseth prometía "reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa", González López suscribía un comunicado del Ministerio de la Defensa en el que se refería a los hechos del 3 de enero como “duros y dolorosos” y defendía que el nuevo ámbito de cooperación se desarrollará “con pleno respeto a nuestra soberanía, independencia e integridad territorial”.

Al respecto, la experta advierte: “El acuerdo puede contribuir a consolidar un nuevo esquema de gobernabilidad, dándole a Delcy Rodríguez un respaldo externo, mientras que corremos el riesgo de terminar sustituyendo la exigencia de democratización y justicia por una política de estabilidad y cooperación geopolítica. Esto sería especialmente grave para las víctimas de violaciones de derechos humanos, que la reorganización de las relaciones entre Washington y Caracas termine ofreciendo una nueva legitimidad internacional a quienes todavía deben responder por estas violaciones documentadas”.

¿La puerta de entrada al Escudo de las Américas?

Venezuela no forma parte de la iniciativa de seguridad hemisférica defendida por Trump, el Escudo de las Américas, que acoge a países alineados con la posición geopolítica del magnate republicano.

Sin embargo, en la práctica, ya ha llevado adelante acciones que podrían inscribirse dentro del ámbito de esa alianza, como el bombardeo a posiciones del Tren de Aragua en el sureste del estado Bolívar, una operación militar conjunta en la que fue abatido el líder de esa banda Héctor Rusthenford Guerrero, el ‘Niño Guerrero’.

Garantón apunta que el Escudo de las Américas va “mucho más allá de una alianza contra el narcotráfico” y aunque Venezuela no sea mencionada como un miembro oficial, sí es “una pieza estratégica para ese proyecto por su ubicación geográfica y por la presencia de organizaciones armadas y redes criminales en su territorio. Por lo tanto, el convenio puede estar formalizando una cooperación que ya existía en la práctica, y Venezuela podría convertirse en un socio estratégico de Washington sin necesidad de incorporarse oficialmente”.

Esa perspectiva, que termina alineando los intereses militares con los geopolíticos, entraña, según la experta el riesgo de que “Washington confunda la estabilidad de Delcy Rodríguez con la estabilidad de Venezuela y son dos cosas muy distintas. Un gobierno puede mantenerse estable y al mismo tiempo perpetuar un sistema autoritario. La verdadera estabilidad de un país se construye sobre la legitimidad democrática, sobre instituciones sólidas y la posibilidad real de alternancia de poder”.

Mientras las posiciones de Washington y Caracas lucen cada vez más cómodas en el escenario actual, como lo demostró el encuentro de este miércoles en Miraflores, Garantón advierte que ninguna discusión sobre el futuro de Venezuela “puede ignorar a María Corina Machado ni a la fuerza política ciudadana que ella representa. Su liderazgo y el respaldo popular que ha movilizado son elementos centrales de cualquier solución democrática. La estabilidad no puede negociarse a costa de la legitimidad”.

France24

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