Las autoridades de El Salvador arrestaron a Ruth Eleonora López, abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, bajo acusaciones de peculado presuntamente cometido durante una etapa previa en el servicio público. La organización ha sido una de las voces más críticas del estado de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele y ha denunciado presuntos actos de corrupción en la cúpula gubernamental.
A las once de la noche del domingo 18 de mayo, la Policía salvadoreña se presentó en la casa de la abogada Ruth Eleonora López. Tocaron la puerta con el pretexto de que su vehículo había estado involucrado en un accidente de tránsito y pidieron ver los documentos. Ruth y su esposo, Louis Benavides, salieron en pijamas con la carpeta en la mano, convencidos de que era un malentendido. No lo era. No buscaban papeles. Venían por ella.
Según el relato de su esposo, una vez identificada por los policías, le notificaron que tenían una orden de arresto en su contra. La Fiscalía General de El Salvador la acusa de presunto peculado o malversación de fondos públicos durante su paso por el Tribunal Supremo Electoral y durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén. En el mismo caso también está implicado su antiguo jefe, Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, detenido en febrero y acusado de enriquecimiento ilícito.
El arresto causó conmoción porque Ruth López, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo según BBC, se ha consolidado como una de las voces más incómodas del gobierno salvadoreño. Es la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una ONG dedicada a la defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica.
Bajo su liderazgo, Cristosal ha publicado más de 15 investigaciones con múltiples denuncias ante distintas instancias del Estado por presunta corrupción. Promovieron denuncias penales por presuntas irregularidades en la Chivo Wallet, la billetera digital lanzada por el gobierno para operaciones con criptomonedas, otra sobre malversación de fondos durante la pandemia y denunciaron el uso del software espía Pegasus contra periodistas, activistas y defensores.
Recientemente Ruth participó en la recolección de firmas que varias organizaciones sociales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley que reabre la explotación de oro en el país, una medida promovida por el presidente Nayib Bukele como motor económico. “Estoy convencida de que Nayib Bukele sí perseguía a Ruth”, declaró su madre, Eleonora Alfaro, en entrevista con CNN.
“La detención de Ruth no es un caso aislado. Forma parte de un patrón sistémico de represión, criminalización y estigmatización contra quienes defienden los derechos humanos en el país”, afirmó en un comunicado Cristosal.
Pero la Fiscalía salvadoreña sostiene que López sustrajo fondos de las “arcas del Estado” como mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su gestión como Magistrado y en su período como presidente del TSE.
“Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa en los hechos que se le imputan”, comunicó la Fiscalía tras su detención.
La Fiscalía salvadoreña informó que Chicas, quien se autodenomina “preso político”, deberá reintegrar al Estado más de 200.000 dólares junto con su familia, tras no poder justificar presuntas irregularidades en su patrimonio, informó la Fiscalía en un mensaje publicado en X el 13 de febrero, después de su captura.
“Es un régimen que usa la violencia, tortura, mata, reprime”: director de Cristosal
La organización humanitaria Cristosal denunció que la defensora ha sido víctima de violaciones al "debido proceso y a las garantías judiciales", tras permanecer detenida durante 72 horas sin ser presentada ante un tribunal.
"Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado cargos contra Ruth, ni la ha presentado ante un juez, a pesar de que es acusada de un delito común, lo que representa una vulneración al debido proceso y a las garantías judiciales establecidas en el marco legal vigente", anunció Cristosal.
Desde Ciudad de México, Noah Bullock, director de Cristosal, denunció que “la detención de Ruth tiene las mismas características que han sufrido miles de salvadoreños en los últimos 3 años”.
“Una vez detenidos se les quita el derecho al debido proceso, acceso a su familia, a sus defensores. En los centros penales están sometidos a torturas sistemáticas: la negación intencional de acceso a comida, a medicina, a ropa. El hacinamiento en sí genera condiciones higiénicas que ha cobrado la vida de más de 380 personas y eso es solo lo que hemos podido verificar como investigadores”, agregó.
La Fiscalía reportó la detención de la abogada durante la madrugada del lunes pasado y, hasta hoy, no ha ofrecido más detalles sobre el caso. La abogada sufre de hipertensión arterial crónica y requiere acceso inmediato a medicación especial, según sus colegas.
Consultado sobre las garantías legales para la defensora, Bullock dijo a France 24: “No quiero especular. Exigimos que las instancias judiciales respeten el debido proceso y el derecho de las personas. Pero nos genera una gran duda porque hemos visto que desde el golpe a la Corte Constitucional en el 2022 y luego la depuración de casi un tercio de los jueces de los tribunales inferiores, las cortes han sido incapaces de intervenir y defender derechos de las personas en procesos penales”.
Detención ocurre en el contexto del régimen de excepción
En 2022 el gobierno de Bukele declaró un régimen de excepción, tras una ola de violencia atribuida a pandillas que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. La medida, aprobada por la Asamblea Legislativa y prorrogada de manera continua, suspendió derechos constitucionales como el acceso a la defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y el límite de detención administrativa, con el argumento de enfrentar el crimen organizado.
“Una medida planteada como medida de seguridad se convierte en una herramienta de represión”, lamentó Bullock. Aunque la Constitución permite su aplicación en situaciones de emergencia, el régimen —concebido como temporal— ha permanecido vigente por más de tres años.
“Hemos presentado más 7,200 solicitudes de habeas corpus, menos del 1% ha sido resuelto. Esa es una investigación de Ruth que nos permite tener ese dato. Tenemos serias preocupaciones de que no exista un sistema de justicia que proteja a la ciudadanía del poder represivo del Estado”, aseguró el director de Cristosal.
Según Amnistía Internacional, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 83.000 personas, amparándose en el régimen de excepción. La organización afirma que ha documentado, mediante entrevistas con miembros de la Policía Nacional Civil, víctimas y sus familiares, organizaciones humanitarias y movimientos de víctimas, que muchas detenciones se realizaron bajo imposiciones de cuotas diarias, acusaciones anónimas y factores discriminatorios como tener tatuajes o residir en comunidades estigmatizadas.
“Es un régimen que usa la violencia, tortura, mata, reprime. Si hemos ganado algo en los últimos días es la claridad de que este régimen autoritario no es algo nuevo, sino la repetición de un modelo de gobierno que conocemos del pasado y las consecuencias de esa forma de gobierno”, criticó el defensor.
“Ella es irrelevante”: oficialistas defienden la medida
Desde el oficialismo, los seguidores del popular presidente centroamericano que alguna vez se autodenominó en redes sociales como “dictador más cool del mundo mundial”, defienden la detención.
“¿Por callarla? Fíjate que Ruth López en 2019, 2021 y 2024 ha sido una acérrima enemiga de este proyecto del presidente y ha sido irrelevante. Hemos subido. Hoy voy a tocar un tema sensible: no soy vocero de nadie, soy un opinólogo. Pero políticamente, ¿ustedes creen que al presidente le conviene que capturen a Ruth López? Porque ella es irrelevante”, aseguró en un programa de debate el analista político y exdiputado Romeo Auerbach.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil calificaron la detención de “arbitraria” y exigieron que se respeten plenamente sus garantías fundamentales. “Denunciamos este hecho como parte de un patrón preocupante de criminalización contra voces críticas e independientes”, se leía en el comunicado en conjunto.
Según el criterio de Auerbach, la detención no le conviene a Bukele, con altos márgenes de popularidad según las encuestas. “Resulta que para el presidente políticamente no es ni bueno que la hayan capturado. Pero vamos a la otra parte y ¿si ha cometido delito, qué corona tiene para que no la capturen? Ni modo, so sorry”, comentó durante el programa.
María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh, aseguró que la captura de López representa “una amenaza más amplia para otras personas defensoras”.
“Estamos viendo como en los últimos años ha habido un vuelco en el régimen salvadoreño donde ha habido una deriva democrática seria, concretada en un régimen de excepción”, aseguró.
Hasta el momento de esta publicación, las oficinas de prensa del gobierno salvadoreño no respondieron solicitudes para comentar sobre el caso. En los últimos días al menos 10 periodistas críticos al gobierno han salido del país, así como los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, miembros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEHC, que se exiliaron tras conocerse que una jueza en El Salvador emitió una orden de captura en su contra, acusándolos de pertenecer a una “agrupación criminal”.
Eugenio Chicas, con quien vinculan a Ruth López, es un crítico del gobierno de Bukele. Incluso demandó al ahora presidente en 2017 por calumnia, luego de que este lo acusara públicamente de haber iniciado una relación con su esposa cuando ella era menor de edad.
Chicas y su pareja negaron los señalamientos ante la justicia. El caso concluyó en marzo de 2019 con una conciliación: Bukele, entonces presidente electo, se vio obligado a pedir disculpas públicas y pagó 50.000 dólares como parte de un acuerdo de responsabilidad civil.
Muchos salvadoreños recuerdan un particular momento televisivo durante la aportación de pruebas del juicio cuando Chicas encaró frente a las cámaras al joven Bukele y lo retó a realizarse un examen anti doping.
“No huya, no sea cobarde. Sométase al examen antidoping. Lo reto como hombre”, sentenció el hoy detenido ex funcionario.
Con AP y medios locales
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