La fundación neerlandesa Justicia para los Jugadores interpuso el 4 de agosto una acción legal contra la FIFA, la primera que se desprende del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado octubre, que determinó que algunas reglas de transferencias pueden estar reñidas con derechos que consagra el bloque de los 27. Estas son las claves de la demanda y las consecuencias que podrían derivarse en caso de una victoria legal.
Cuando llegó al Real Madrid en el mercado de invierno de 2009, a Lassana Diarra le fue asignada para el torneo doméstico la camiseta 6 de Mahamadou Diarra, lesionado en ese momento. Para evitar confusiones, sobre el dorsal se leía ‘Lass’, su apócope.
Dieciséis años después, el francés se ha ganado un nombre propio en el fútbol, pero no por una acción dentro del campo, sino por una decisión judicial que se produjo seis años después de su retiro, y cuya aplicación podría cambiar las regulaciones del mercado de pases europeo como lo hizo en 1995 Jean-Marc Bosman.
La fundación neerlandesa Justicia para los Jugadores introdujo este 4 de agosto ante el tribunal de distrito de Midden-Nederland una demanda colectiva contra la FIFA y otras cinco federaciones nacionales (Alemania, Países Bajos, Francia, Dinamarca y Bélgica), la primera que se basa en la decisión sobre el caso Diarra.
La acción se ejecuta en representación de un grupo de futbolistas que se sienten perjudicados por el Reglamento del Estatuto de Transferencias de Jugadores (RETJ), que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró contrario a las leyes sobre competencia y libertad de movimiento en el bloque.
La sentencia de la máxima corte europea, emitida en octubre de 2024 como respuesta a 10 años de lucha legal de Diarra, amenaza la estructura de un mercado de pases que mueve cada año 10.000 millones de dólares, y que es en gran medida la base del negocio del fútbol.
De momento, la demanda representa solo a un pequeño grupo, pero Justicia para los Jugadores ha habilitado un enlace en su página web para que otros se sumen a la acción, invitando a hombres y mujeres que se han desempeñado en ligas de la Unión Europea y Gran Bretaña desde 2002 hasta la actualidad.
De acuerdo con la fundación, unos 100.000 futbolistas han sufrido perjuicios económicos derivados del Estatuto de Transferencias, ganando "en promedio aproximadamente 8% menos de lo que habrían ganado si las reglas no hubieran sido tan restrictivas", y podrían ser elegibles para una compensación en caso de que la nueva demanda prospere.
"El sistema pasado e incluso actual favorece indebidamente a la FIFA, que tiene demasiado poder unilateral. En cualquier otra profesión, las personas pueden cambiar de trabajo voluntariamente", denunció Lucia Melcherts, presidenta de la fundación, que basa sus estimaciones en un estudio de la consultora Compass Lexecon.
Las claves del caso Diarra
Lassana Diarra comenzó su lucha en 2014, cuando se negó a entrenar con el Lokomotiv ruso, en rechazo por una reducción de salario. El club rescindió su contrato, alegando incumplimiento por parte del jugador.
Tanto la FIFA en primera instancia como el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) luego del recurso de Diarra, coincidieron en que la terminación había tenido una "causa justa", con lo que el jugador estaba obligado a pagar una indemnización de 10,5 millones de dólares al Lokomotiv, con el que le restaban tres años de contrato al momento del conflicto.
Ese pago debía hacerse de forma conjunta con el Charleroi belga, club con el que pretendía fichar. Es lo que se conoce como la cláusula de rescisión, una especie de compensación que reciben los equipos cuando el jugador se marcha antes del término de su contrato.
Como consecuencia de esa obligación, que no estaba en capacidad de honrar, Charleroi retiró su oferta, y por el impago al Lokomotiv, la Federación Belga retuvo el certificado de transferencia internacional, popularmente conocido como “pase”, lo que dejó a Diarra desactivado en el mercado.
Luego de cumplir una suspensión de 15 meses, el mediocampista defensivo continuó su lucha, y elevó su queja al TJUE, argumentando que las normas de la FIFA le habían impedido fichar por un nuevo club.
En 2024, la máxima instancia judicial europea consideró que algunas normas del Estatuto de Transferencias de la FIFA incumplían las leyes que consagran la libre competencia y la libertad de movimiento para trabajadores en el bloque.
Ya la FIFA ha hecho algunas adaptaciones provisionales, para ajustarse al dictamen del tribunal que funciona como poder judicial de la Unión Europea.
Estas modificaciones estuvieron vigentes durante el mercado de invierno de este año, e introducen nuevos métodos de cálculo para las indemnizaciones a los clubes y una prohibición de fichajes durante dos ventanas de transferencia, si se demuestra que el equipo indujo de alguna forma al jugador al incumplimiento de contrato.
La decisión del TDUE promete tener implicaciones mucho más profundas que esas, y la demanda presentada por Justicia para los Jugadores tiene un importante punto a favor: cuenta con la asesoría de Jean-Louis Dupont, el abogado que llevó adelante otro proceso que cambió para siempre al fútbol, el que derivó en la llamada Ley Bosman.
Los cabos sueltos de la Ley Bosman
Paradójicamente, el Estatuto de Transferencias se redactó en respuesta a la entrada en vigencia de la Ley Bosman, el resultado de un emblemático dictamen de derecho comunitario que permitió a los jugadores negociar ellos mismos sus contratos y abolió los límites de extranjeros.
Antes de la demanda de Jean-Marc Bosman contra el Lieja, la Federación de Fútbol de Bélgica y la UEFA, los clubes tenían potestad para discutir los traspasos incluso cuando los contratos ya se habían vencido.
Bosman y Dupont lograron que el TJUE declarara ilegal la solicitud de indemnizaciones por transferencia, por considerar que era una forma de coartar la libre contratación y que estaba reñida con los mandatos de la Unión Europea en materia laboral y comercial.
Además, al consagrar la libre circulación por las ligas del bloque, el veredicto terminó con la regla de la época de solo tres extranjeros por club. Los comunitarios quedaban exentos de cualquier restricción y se facilitó la importación de jóvenes talentos sudamericanos, africanos y de Europa oriental.
Esa sentencia es la base del fútbol como lo conocemos hoy en día, que puede tener en cancha a un Real Madrid sin un solo jugador español o a un AC Milan sin ningún italiano en acción.
Los artículos del Estatuto de Transferencias objetados en la demanda de Justicia para los Jugadores, fueron redactados en 2001 precisamente a fin de ofrecer un marco legal para la aplicación de las previsiones de la Ley Bosman.
El artículo 17 hace corresponsables al nuevo club y al jugador del pago de una compensación al antiguo equipo, si el cambio se produce durante la vigencia del contrato, pero la fundación cree que los criterios para definir el monto son “ilegales y desproporcionados”.
“Las reglas de la FIFA hacen que moverse entre clubes sea mucho más difícil y menos frecuente de lo que podría ser de otra manera. El poder de la FIFA ha afectado negativamente su poder de negociación”, asegura la fundación en su portal oficial.
No se espera una decisión inmediata en torno a la demanda de Justicia para los Jugadores, y el proceso podría extenderse por unos tres o cuatro años, pero sus efectos pueden ser revolucionarios.
El sindicato FIFPro en su capítulo europeo celebra que esta acción protege “a las generaciones pasadas, actuales y futuras de los procesos de toma de decisión unilaterales y arbitrarios que socavan o dañan los derechos fundamentales de los trabajadores y la competencia leal”.
Redefiniendo el panorama
El exfutbolista y abogado Udo Onwere considera que un resultado favorable a la demanda colectiva hará que "la estabilidad contractual se equilibre con la economía del jugador", como le dijo al portal de la ‘BBC’.
Efectivamente, analistas creen que una consecuencia de un triunfo en este litigio podría ser que los jugadores ganarían el derecho a rescindir ellos mismos sus contratos, sin verse obligados a compensar al club.
También hay quienes temen que esa facultad se convierta en un factor de desequilibrio en un ecosistema en el que se estima que más del 60% de los ingresos de los clubes se destinan al pago de salarios de futbolistas.
Eso sin contar impactos aún más directos y obvios, como el pago de indemnizaciones que los demandantes recibirán en caso de una victoria en tribunales. Los costos podrían crear aún mayor presión en clubes deficitarios, dando por descontado que las federaciones les transferirán la obligación, por ser sus acciones el objeto de la demanda.
Las normas del llamado "fair play financiero" también tendrían que ser redefinidas, porque para efectos contables, el valor de mercado de los jugadores es considerado un activo intangible del club.
Los contratos a largo plazo, como los que firmaron Erling Haaland con el Manchester City hasta 2034 o Nico Williams con Athletic Club de Bilbao hasta 2035, dejarían de existir, porque ya no ofrecerían garantías para los equipos si los jugadores tienen la potestad de darlos por terminados unilateralmente.
Para los atletas también habría nuevos desafíos, porque se verían obligados a mantener cierta estabilidad al mismo tiempo que ejercen sus nuevos derechos, si no quieren ser considerados poco confiables y por lo tanto ver perjudicado su atractivo en el mercado.
Muy probablemente, la FIFA y las federaciones afectadas no se arriesgarán a un proceso que podría descalabrar por completo la estructura del fútbol profesional, y buscarán llegar a un acuerdo antes de tener que sentarse en el banquillo.
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