Los ecuatorianos regresan a las urnas el 13 de abril para elegir a su próximo presidente o presidenta. El futuro gobernante enfrentará distintos desafíos urgentes, entre ellos, combatir la inseguridad, resolver una crisis energética en pausa y reactivar una economía estancada, todo en medio de un convulso contexto político. Luisa González, candidata del correísmo, y Daniel Noboa, actual presidente, se disputan voto a voto las riendas del país.
Ecuador decidirá este domingo 13 de abril entre dos propuestas de país que intentan resolver la crisis a varias bandas que atraviesa el país latinoamericano.
A la izquierda, la abogada y exasambleísta Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, partido político liderado por el expresidente Rafael Correa, y que hoy busca la revancha tras perder en las elecciones anticipadas de 2023.
Para esta segunda vuelta alcanzó un acuerdo con el partido del movimiento indígena para recibir su apoyo. Pero tendrá un respaldo fragmentado porque algunos líderes indígenas anunciaron que no seguirán esa línea.
A la derecha, el empresario e hijo de una de las familias más ricas de Ecuador, Daniel Noboa, el actual mandatario que asumió el poder hace 14 meses para terminar el periodo del expresidente Guillermo Lasso, que aplicó la muerte cruzada en 2023. Hoy, busca gobernar un período completo de cuatro años.
Al cierre de sus campañas electorales, los candidatos centraron su atención en una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos: la seguridad. Los votantes exigen acciones para enfrentar la creciente violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico.
A este problema se suma la crisis energética que, según expertos, aún causa incertidumbre por la falta de soluciones a largo plazo. Aunque ya no hay cortes de luz, en 2024 se reportaron apagones de hasta 14 horas por día. Esto golpeó la ya delicada situación económica.
Este es el Ecuador que recibirá el próximo presidente o presidenta.
Una espiral de violencia sin freno
Robos, secuestros extorsivos y masacres por disputas territoriales marcan el día a día en el país más violento de América Latina. Esto, pese a estar en medio de una militarización y con una declaración de un “conflicto interno armado” por parte del presidente Daniel Noboa, a través de un decreto el 9 de enero de 2023, cuando nombró a 22 organizaciones criminales como “terroristas”.
El Gobierno aprobó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% para utilizar este excedente, según el presidente, en el combate contra la delincuencia.
Sin embargo, los dos primeros meses de 2025 llegan a los mismos niveles de violencia que el 2023, que fue, hasta ese momento, el año más violento en la historia del país. Ecuador pasó rápidamente de ser un territorio pacífico a encabezar los titulares por los altos niveles de criminalidad.
A inicios de año, el país andino superó por tercer mes consecutivo los 700 homicidios. A febrero de 2025, registró 736 muertes violentas, lo que representa un aumento del 90% en comparación con el mismo mes de 2024. Es decir, en promedio, existe un homicidio cada hora.
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La espiral de violencia no solo persiste, sino que se intensifica. Entre enero y febrero las autoridades confirman un total de 1.529 homicidios. Cifra que supera a las 892 muertes que se registraron esos mismos meses el año anterior. E incluso rebosa los registrados en enero y febrero de 2023 (1.039 crímenes).
A ello se suma el secuestro extorsivo, un delito que ha aumentado en los últimos años al ser una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales. Ahora ya no solo apunta a perfiles de alto poder adquisitivo sino que impacta a los ciudadanos de clase media.
En las ciudades se aplican también las “vacunas”, una forma de extorsión de las bandas para exigir dinero a locales comerciales, restaurantes e incluso a colegios a cambio de seguridad.
Datos de la Fiscalía General del Estado dan cuenta del incremento de este delito, cuando en 2020 apenas se reportaron 166 casos confirmados de extorsiones, mientras que en 2024 esta cifra alcanzó los 1.876 casos.
Los Derechos Humanos en el contexto de la militarización
Organizaciones de Derechos Humanos han cuestionado la utilidad de los continuos estados de excepción y militarización (más de una docena de decretos en 14 meses), que incluso, dijeron, han tenido efectos contrarios. Las denuncias por abusos de la fuerza, desapariciones forzadas y muertes extrajudiciales también han incrementado.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) informó que se registraron 16 casos de desapariciones forzadas en el contexto de la militarización, que suman 27 personas víctimas de desapariciones forzadas. 9 de ellas son menores de edad.
El caso más reciente, y que la Justicia investiga como una desaparición forzada, es el de los cuatro niños de las Malvinas, en Guayaquil, que fueron desaparecidos y posteriormente asesinados, tras una operativo militar.
En un pronunciamiento conjunto de una docena de organizaciones sociales y de Derechos Humanos alertaron del perfilamiento y la criminalización racial por parte de las Fuerzas Armadas.
“Niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana”, dice el comunicado.
Una economía estancada, el otro frente
La inseguridad ha sido uno de los problemas que incide en el estancamiento económico que tuvo Ecuador en 2024. Al cierre del año anterior, según el analista económico Andrés Rodríguez, en declaraciones para France 24, hubo un decrecimiento de la tasa del PIB que provocó una recesión económica.
El experto apunta que el último trimestre (septiembre, octubre y noviembre) de 2024 fueron los meses más drásticos para el país por temas de seguridad y la crisis energética que generó apagones de hasta 14 horas a nivel nacional, golpeando a grandes industrias, pequeños locales comerciales y a los trabajadores provocada por una de las peores sequías en la historia.
Según el Banco Mundial, Ecuador decreció en -0,7%. Para 2025, aunque organismos internacionales y el Banco Central del Ecuador prevén que el país tendrá una recuperación del 1,5% al 2%, las cifras están en rojo.
El medio ecuatoriano 'Primicias' informó que Ecuador tuvo un déficit de 726 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, el tercero más alto en la última década para un primer trimestre.
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Además, los ecuatorianos no llegan a fin de mes con una canasta básica que a marzo de este año alcanzó el costo de 800 dólares, mientras que el salario básico se ubica en 470 dólares. En Ecuador apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo adecuado, que significa que recibe, al menos, un salario básico.
En la nación latinoamericana se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 91,43 dólares mensuales y pobre extremo si percibe menos de 51,53 dólares. El Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) informó que a diciembre de 2024, 5,2 millones de personas se encuentran en pobreza, que representa un incremento en comparación de 2023, cuando eran 4,8 millones de personas en esta condición.
Con respecto a la pobreza extrema, cerca de 2,4 millones de personas se ubican en esta categoría, que también registra un incremento respecto a 2023, cuando hubo 1,8 millones de personas.
Para Rodríguez, el principal componente que genera el crecimiento del PIB es el consumo de los hogares, que abarcó un 65% en 2024, pero que para este año tiene una tendencia decreciente. "Esto tiene una relación directa con la situación del empleo, debido a que se ha incrementado el empleo no adecuado (informal), frente al empleo adecuado", asegura.
Al hablar de ventas, dice, el comercio, la manufactura y construcción, que abarcan entre un 55% y 60% a nivel país, han tenido un comportamiento decreciente en 2024, incluso hasta enero de este año.
"Si las empresas están cayendo en ventas, es un reflejo que los hogares y las personas no reaccionan al consumo", aclara el analista, al mencionar que esta reducción del consumo tiene una relación directa con el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que dispuso el presidente Noboa para combatir la seguridad.
Otro indicador en rojo es el riesgo país, que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un país. Con los resultados de la primera vuelta, que fue en febrero, se pasó de 900 puntos a cerca de 1.200. “Comparándolos con países de la región, Colombia está en cerca de 360 puntos y Perú en cerca de 160. Lo que da cuenta que Ecuador es de mucha inestabilidad”, aseveró.
Aunque varios gobiernos han prometido incrementar la inversión extranjera directa, esta cifra cayó en 2024 a su nivel más bajo en más de una década.
El Banco Central del Ecuador publicó recientemente las últimas cifras sobre cuánto ingresó por este rubro. En 2024, fueron 232 millones de dólares, una reducción de más del 50% respecto al 2023, cuando hubo 475 millones de dólares en inversión extranjera directa.
Andrés Rodríguez cree que para reactivar la economía, necesariamente hay que incentivar el consumo y ese es el reto más grande que tiene el Ecuador y el próximo Gobierno. Aumentar o al menos sostener la inversión para la creación de nuevas plazas de trabajo.
¿Vuelve el fantasma de la muerte cruzada?
Andrea Grijalva, analista política ecuatoriana, lo dice claro: “El escenario político para el próximo Gobierno es complejo”.
Ecuador lleva dos elecciones en menos de 20 meses, tras una muerte cruzada, que significó el final anticipado del mandato del expresidente Guillermo Lasso y la convocatoria a elecciones anticipadas, de las que surgió Daniel Noboa ganador en 2023. A ello, se suma un Legislativo entrampado por enfrentamientos entre los partidos políticos. Sumado a la crisis que atraviesa la institucionalidad.
Grijalva, en declaraciones para France 24, propuso mirar la crisis política desde una perspectiva multimodal. Aparte de la relación Legislativo-Ejecutivo, incluye un peso importante a la legitimidad que dará la ciudadanía al próximo Gobierno, el respaldo u oposición de colectivos sociales, así como la frágil institucionalidad.
En la primera vuelta, los ecuatorianos eligieron a los 151 asambleístas que estarán en el cargo hasta 2029. El partido oficialista ADN y la Revolución Ciudadana (RC) son las dos fuerzas políticas con más asambleístas, aunque ninguna logra la mayoría absoluta de 76 votos.
El oficialismo tendría 66 legisladores y el correísmo 67. Por lo que tendrán que negociar con los otros 18 legisladores (ocho del movimiento indígena, cuatro del Partido Social Cristiano y seis independientes).
“Será un escenario tenso por la polarización tan marcada y para cualquiera que llegue a la Presidencia será complejo avanzar en su agenda legislativa”, explica Grijalva.
Por ahora, el correísmo ha logrado el apoyo de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), para esta segunda vuelta. Pero el respaldo está fragmentado entre las bases del movimiento indígena, pues varios líderes de otras comunidades han expresado su apoyo a Noboa.
En 2021, Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales. Al año de Gobierno, acusó a la Asamblea, de mayoría opositora y liderada por el correísmo, de bloquear su plan de trabajo.
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La pelea Legislativo-Ejecutivo derivó en un juicio político en contra del entonces presidente Lasso, que no concluyó porque un día antes de su votación, decidió aplicar la muerte cruzada. Un recurso en la Constitución del Ecuador para disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas.
Ahora, el fantasma de la aplicación de este procedimiento ronda entre la clase política porque también puede ser utilizada por el Parlamento ecuatoriano y destituir al Presidente, dentro de los tres primeros años y, nuevamente convocar a elecciones.
Frágil institucionalidad
La delicada institucionalidad se deriva de los escándalos y pugnas internas que han impedido el desarrollo normal de las funciones de entidades clave.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una de ellas. Su función es designar autoridades de control (Contraloría, Procuraduría), también jueces, incluídos de la función electoral y sus vocales (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral). Así como a la fiscal general y otros funcionarios.
Sin embargo, no han podido completar los concursos de designación para la renovación de varias autoridades que están prorrogadas, incluidos los vocales del CNE y la Fiscal General.
Grijalva incluye la relación entre Ejecutivo y gobiernos locales como otro punto a tomar en cuenta con el próximo Gobierno y recuerda que en las últimas elecciones seccionales el correísmo se consolidó como la principal fuerza política, ganando provincias y ciudades principales.
“La polarización que actualmente vive el país deteriora el diálogo, el ejercicio democrático. Además, estos movimientos personalistas (ADN y RC) se han enfocado en el choque y enfrentamiento, pero está lejos de ser un intercambio de propuestas”
El experto considera que se podría repetir la historia con un "entrampamiento" entre ambos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) con el bloqueo de las propuestas del otro.
“Lo que afecta directamente a lo económico, social y bienestar de la ciudadanía. Las pugnas políticas provocan una inestabilidad que se refleja en el riesgo país y en la baja productividad de leyes por parte de la Asamblea y de políticas públicas por parte de la Presidencia, debido a que dirigen sus fuerzas a resolver o provocar a sus adversarios”, sentencia Grijalva.
El ganador de esta segunda vuelta electoral también marcará la política exterior, que ha sido criticada durante el corto Gobierno de Noboa, tras la irrupción a la embajada de México en Quito y su acercamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Con respecto a sus relaciones en la región, en una entrevista con 'The New Yorker' comentó su perspectiva sobre varios mandatarios: “(Gustavo) Petro es un esnob de izquierdas; (Javier) Milei no ha logrado nada; (Nayib) Bukele es arrogante”.
Por su parte, Luisa González ha demostrado su cercanía con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay y reconoce el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los otros retos de Ecuador
La salud es otro de los desafíos urgentes que el próximo presidente o presidenta deberá enfrentar, principalmente la escasez de insumos y medicamentos en los hospitales públicos, así como el acceso oportuno a atención médica.
Recuperación de infraestructura, pagos a tiempo a clínicas que tienen convenio como dializadoras para evitar la suspensión de servicios.
Mejores condiciones para el personal médico y, sobre todo, garantizar su seguridad. A inicios de marzo, un grupo armado ingresó a un Hospital en la ciudad de Ambato, en la sierra ecuatoriana, para liberar a un preso. El ataque dejó dos muertos y varios heridos.
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Las casas de salud han tenido que activar continuamente el código plata, un protocolo de acción cuando reportan ataques armados, sobre todo en los centros de la costa ecuatoriana.
En cuanto a la educación, la deserción escolar es la principal preocupación. Para el periodo 2023-2024 hubo cerca de 73.000 estudiantes que abandonaron las aulas. Lo que representa una reducción en comparación con el periodo 2021-2022, en el que hubo una deserción de 90.000 estudiantes.
Esto se da en un contexto en el que las bandas criminales han incrementado el reclutamiento de niños y adolescentes en las zonas más conflictivas en un país que pide rumbo.
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