Migrantes de Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, junto con organizaciones humanitarias, demandaron a la Administración Trump por eliminar los programas de 'parole humanitario', que les permitió vivir legalmente en EE. UU. La demanda, una de las primeras contra las políticas migratorias del nuevo Gobierno, busca proteger a más de 530.000 personas. Washington advirtió que el beneficio expirará el 24 de abril.
Un giro esperado. A finales de febrero de este año, un grupo de ciudadanos y migrantes en Estados Unidos presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump por la eliminación de un mecanismo legal utilizado durante décadas para permitir la entrada temporal de personas provenientes de países en conflicto o con crisis políticas.
Ocho migrantes de Afganistán, Ucrania, Venezuela, Cuba y Nicaragua, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, lideran la demanda contra la eliminación de tres programas clave. Entre ellos, Unidos por Ucrania, que permitió la llegada de 200.000 ucranianos afectados por la guerra; el Proceso de permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), conocido como 'parole humanitario', que facilitó la entrada de más de 531.000 personas; y la Operación Allies Welcome, que brindó refugio a 75.000 afganos tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.
Además, la demanda incluye a tres ciudadanos estadounidenses que patrocinaron a migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Argumentan que la cancelación de estos programas impacta no solo a los beneficiarios, sino también a comunidades enteras dentro de EE. UU.
El 'parole', implementado bajo la Administración de Joe Biden, buscaba dar vías legales a miles de migrantes que intentan llegar hacia Estados Unidos y que no cumplen los requisitos para obtener una visa o ser admitidos formalmente en el país.
El "parole humanitario" ha permitido a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Para acceder al programa, tenían que tener el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el país.
Pero desde su llegada al poder, Trump endureció las políticas migratorias, cerrando rutas legales y cumpliendo su promesa de campaña de aumentar las deportaciones de quienes se encuentran en el país sin permiso.
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El salvavidas del 'parole'
“El 'parole' humanitario ha sido un salvavidas en un sistema que de otro modo sería casi imposible para quienes buscan reunirse de forma segura con sus seres queridos o familiares en Estados Unidos”, declaró en un comunicado Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First.
Entre los demandantes hay migrantes que ingresaron legalmente antes de que el Gobierno pusiera fin a estos programas, bajo el argumento de que se estaba haciendo un “uso generalizado y abusivo” de la medida. La Administración de Trump también detuvo la tramitación de solicitudes de asilo, visas y otras vías que podrían haberles permitido extender su estadía.
“No podemos permitir que la Administración Trump nos quite una de las últimas vías viables para la seguridad en este país; una que ha demostrado ser mutuamente beneficiosa para los patrocinadores, los beneficiarios y sus comunidades”, agregó Hughes.
Por temor a represalias, ninguno de los demandantes ha sido identificado con su nombre real. Entre ellos están Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana; Alejandro Doe, quien huyó de Nicaragua tras la detención y tortura de su padre; y Omar Doe, un afgano que trabajó durante más de 18 años luchó con el Ejército estadounidense en su país natal.
La demanda señala que Alejandro, Armando, Ana y Carlos huyeron de Nicaragua tras la tortura de un familiar a manos del Estado y la posterior persecución política.
El documento narra el caso de Alejandro Doe, un nicaragüense que ahora reside en Gainesville, Georgia. Según cita, escapó de Nicaragua después de que su padre fuera secuestrado y torturado por el Gobierno. Ingresó a EE. UU. en julio de 2024 con el apoyo de un primo, ciudadano estadounidense, que actuó como su patrocinador.
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"Estos individuos confiaron en que el Gobierno de EE. UU. les brindaría protección. Esperaron pacientemente una vía legal, pero ahora se les ha negado injustamente esa oportunidad", señala la demanda.
En entrevista con France 24, el abogado venezolano Jacinto Vazquez reiteró:
“los que vinieron por este programa de 'parole humanitario' son de países donde las personas huyen, no porque quieren, no porque desean conocer Estados Unidos, sino porque en sus países se presenta una crisis humanitaria, una crisis política o de guerra, como Ucrania”.
La decisión de poner fin a las protecciones temporales para estos migrantes ha generado escasa respuesta entre los republicanos. Solo tres congresistas cubanoestadounidenses de Florida han expresado preocupación, pidiendo que los afectados no sean deportados.
Una de ellas, la representante María Salazar, de Miami, fue más allá y respaldó un proyecto de ley junto a unos 200 legisladores demócratas. La propuesta busca otorgar residencia permanente legal a quienes se verían afectados por la medida.
“Su estatus legal dentro de los Estados Unidos está en riesgo porque no podría renovar el permiso de trabajo para continuar su vida cotidiana aquí”, agregó el abogado Vazquez.
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Juez considera “todos los elementos del caso”
El lunes 24 de marzo se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, la audiencia preliminar de la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Adela de la Torre, subdirectora de Justice Action Center, organización que respalda la demanda, se mostró optimista tras la audiencia. Según explicó, la jueza federal Indira Talwani escuchó los argumentos de ambas partes y formuló algunas preguntas.
“La jueza está considerando todos los elementos del caso”, afirmó en un video publicado en redes sociales. De la Torre señaló que en los próximos días se conocerá si el tribunal concederá una protección temporal a los afectados.
Pero el DHS advirtió que quienes estén bajo el 'parole' o protegidos por este programa, pero no tengan una base legal para permanecer en EE.UU. “deben partir” antes de que expire su permiso. “El 'parole' es, por naturaleza, temporal y no constituye una vía para obtener un estatus migratorio”, señaló la agencia.
El abogado Vazquez reiteró que “no todas las personas que han entrado a este país son criminales. No todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. No todos los centroamericanos son personas que pertenecen a maras o a grupos que van contra los derechos de las personas”.
La medida, que ha generado inquietud entre la comunidad migrante, fue anunciada en un documento oficial del DHS y entrará en vigor el 24 de abril, 30 días después de su publicación oficial.
“Estamos profundamente preocupados por la terminación de estos increíbles programas que realmente mantienen unidas a nuestras familias, que permiten a los patrocinadores con sede en Estados Unidos acoger a personas que huyen de situaciones peligrosas en el extranjero”, afirmó Karen Tumlin, fundadora y directora de la ONG Justice Action Center.
La demanda nombra como acusados al presidente de EE. UU., Donald Trump; a Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional; a Caleb Vitello, director interino de ICE; a Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y a Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
“Ella (jueza) indicó que podría decidir rápidamente sobre nuestra solicitud de emergencia para el alivio, algo que se llama una orden de restricción temporal. Sabremos cuando ella decida, y sin duda le actualizaremos aquí. Estaremos de vuelta en Boston para otra audiencia ante este juez el 7 de abril”, agregó en redes sociales Tumlin.
Los demandantes critican que, mientras el Gobierno eliminó estos programas de 'libertad' migratoria, argumentando su ilegalidad, también bloqueó el acceso a otros mecanismos de alivio migratorio que el Congreso había garantizado.
Además, acusan al Departamento de Seguridad Nacional de endurecer las medidas para acelerar la deportación de quienes se beneficiaban de estos permisos. La demanda, presentada el 28 de febrero, cuenta con el respaldo legal de Justice Action Center y Human Rights First.
Trump ha defendido su plan de deportación masiva alegando razones de seguridad nacional, control de fronteras y protección para los ciudadanos estadounidenses. Desde su campaña electoral, ha asegurado que llevará a cabo "la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos."
“No hay ninguna razón lógica para que la Administración quiera eliminar los permisos humanitarios cuando han demostrado ser tan exitosos una y otra vez. Mis beneficiarios y yo cumplimos con todas las normas establecidas por el Gobierno estadounidense, incluyendo un riguroso proceso de solicitud y verificación. Ahora, el Gobierno nos está dando la espalda y cambiando las normas”, declaró el demandante Kyle Varner, de Washington.
“Revocar estos procesos de permisos humanitarios perjudicará enormemente las economías locales y aumentará la grave escasez de mano de obra, especialmente en comunidades como la mía, que han acogido a beneficiarios”, agregó.
El abogado Vazquez agrega que “hay varios estados que también se están sumando. Sucedió con la demanda del TPS, (Estatus de Protección Temporal) y hay más de 15 estados que se han sumado a estas demandas, entonces van en progreso”.
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TPS y otras demandas en curso
Un juez federal decidirá si tiene la autoridad para abordar un caso que afecta a cientos de miles de venezolanos que podrían perder sus protecciones contra la deportación en menos de dos semanas.
La Administración Trump anuló una extensión de otro beneficio migratorio, el Estatus de Protección Temporal (TPS), para los venezolanos, que había sido otorgado por el entonces jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, días antes de la toma de posesión de Trump. Si la revocación permanece, aproximadamente 350.000 venezolanos perderían su capacidad para trabajar y serían deportables a partir del 2 de abril.
La demanda, presentada en San Francisco por siete ciudadanos venezolanos, sostiene que la decisión de Trump es ilegal y motivada por intereses políticos y sesgo racial. Junto con la Alianza Nacional del TPS, exigen el restablecimiento de la extensión del TPS para los venezolanos afectados.
El juez federal Edward M. Chen, quien supervisa el caso, bloqueó previamente el intento de Trump de eliminar el TPS para migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán en 2018, aunque su fallo fue revocado en apelaciones dos años después.
La autoridad de libertad o 'parole' fue establecida en 1952 y ha sido utilizada tanto por presidentes republicanos como demócratas para admitir a personas que no pueden acceder a las rutas de migración tradicionales, ya sea por restricciones de tiempo o porque su país de origen no tiene relaciones diplomáticas con EE.UU.
A través de este mecanismo, los migrantes eran admitidos por "razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo". Mientras permanecen en el país, se les permite trabajar mientras buscan una forma legal de quedarse.
Por ejemplo, en 2014, el Gobierno de Barack Obama implementó el Programa de Menores Centroamericanos (CAM) como una respuesta a la crisis de niños y adolescentes migrantes no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Este programa permitía a padres o tutores legales residentes en EE. UU. solicitar que sus familiares menores de 21 años y otros familiares elegibles de estos países fueran considerados para asilo o, en su defecto, para un permiso humanitario temporal.
Guerline Jozef, directora ejecutiva y fundadora de la organización demandante Haitian Bridge Alliance, afirmó que “parece que el caos y la crueldad son el punto clave, y que esto tiene consecuencias reales y devastadoras para quienes intentan huir legalmente de la persecución o reunirse con sus familias en Estados Unidos”.
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Con AP
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