Colombia quedó por fuera de la lista de colaboradores de Washington contra el narcotráfico por primera vez en casi tres décadas. Pero la descertificación condicionada no impactará la ayuda recibida por el país, aclararon autoridades estadounidenses. Sin embargo, la designación envía un llamado de atención a Bogotá por parte de Donald Trump para extremar las medidas contra el narco en un momento de alta tensión en el Caribe.
Lo avisó Gustavo Petro y lo confirmó el Departamento de Estado de EE. UU. “El presidente de Estados Unidos ha determinado que el Gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas”.
Con estas palabras, Washington comunicó que, por primera vez desde 1997, el país latinoamericano queda excluido de los Gobiernos colaboradores de la primera potencia en su política antidrogas.
Estados Unidos emite anualmente una certificación a una veintena de países productores y distribuidores de droga, de la cual depende la entrega de millones de dólares en ayudas para combatir esta problemática.
Pero en este caso, la descertificación condicionada no implicará el cierre del grifo del erario estadounidense hacia Colombia, ya que Trump “ha emitido una exención para que la cooperación crítica, incluyendo en antinarcóticos, continúe”, detalla el comunicado del Departamento de Estado, por lo que la maniobra de EE.UU. se interpreta como un golpe más simbólico que práctico.
Esta exención, puntualizó el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, se ha producido por “intereses nacionales” de la unión americana.
En consecuencia, zanjó McNamara en una entrevista transmitida este martes por las redes sociales de la Embajada de EE. UU., “todo el flujo de apoyo, asistencia y colaboración va a continuar. Como era ayer, va a ser hoy y será mañana, sin interrupciones”. Y agregó:
“Mi país está comprometido con una estrecha cooperación con Colombia”.
Y no es una ayuda pírrica. La Oficina en Washington para América Latina (WOLA) calcula que Colombia recibió más de 400 millones en ayudas del Gobierno estadounidense en 2024.
“Una decisión política”
La ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Yolanda Villavicencio, aseguró que la descertificación es “una decisión política y sesgada” de la Casa Blanca.
La medida con la que la Administración Trump ha excluido a Colombia de sus colaboradores coincide en un momento de reiteradas críticas del presidente colombiano contra el despliegue naval estadounidense en aguas del mar Caribe bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
La relación entre Petro y Trump ha encallado en varias ocasiones durante el periodo que han confluido ambos al mando de sus naciones.
En enero de 2025 hubo acusaciones cruzadas por un vuelo de colombianos deportados desde Estados Unidos. Petro acusó entonces a EE. UU. de tratar como “delincuentes” a los connacionales y se negó a recibir los vuelos, antes de que el líder de la Casa Blanca amenazara con aumentar los aranceles del 25% al 50%.
Seis meses después, Washington llamó a consultas a su encargado de negocios en Bogotá y Colombia respondió llamando a su embajador en EE.UU., Daniel García Peña.
El choque no trascendió, las relaciones siguieron fluyendo por medio de la diplomacia, pero ese primer desencuentro sirvió para que ambos líderes se 'midieran el aceite' desde la retórica, con una que otra crítica en medio.
Una historia de colaboración bilateral
La última vez que Colombia salió de la lista de colaboradores en la lucha contra el narcotráfico fue en 1996 y 1997, cuando el entonces presidente, Ernesto Samper, fue acusado de financiar su campaña con dinero del Cartel de Cali, un escándalo que marcó su paso por el poder.
Entre medias solo han sido descertificados Bolivia y Venezuela, cuyas relaciones con Washington han sido antagónicas, mientras que con Colombia la cooperación ha sido estrecha.
En 2017, durante su primer mandato, Donald Trump amagó con descertificar a Colombia, en ese momento gobernada Juan Manuel Santos. Pero el presidente estadounidense, más permeable entonces a las opiniones de sus asesores, desestimó la propuesta por consejo de altos diplomáticos.
Uno de ellos, William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que meses después de esa pugna definió la idea de descertificar a Colombia como “un error fundamental, contraproducente, falso y muy estúpido”, además de “una ofensa para cientos de colombianos que han dado su vida”.
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La primera estrategia formalizada entre Colombia y Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico se firmó en el año 2000 bajo el denominado Plan Colombia. Se mantuvo por 15 años, durante los cuales fluyeron de norte a sur 10.000 millones de dólares en ayudas.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, el acuerdo de cooperación se renovó bajo la Administración de Barack Obama, en esa ocasión con el nombre de Paz Colombia.
La estrategia quitaba el foco de la fumigación aérea y el entrenamiento militar para ponerlo en el desarrollo rural y la implementación del acuerdo con la guerrilla desmovilizada. EE. UU. redujo entonces la inversión en 200 millones de dólares anuales.
Los fondos estadounidenses para los programas de paz y reintegración en Colombia —así como otros proyectos ecológicos y para el desarrollo— se ha reducido abruptamente tras el regreso de Trump al poder, quien a través del recorte de fondos para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha dejado en mínimos el presupuesto para la cooperación con otros países.
Giro de tuerca en la política antidroga
La llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño supuso un golpe de timón en la política antidrogas de Colombia: menos fumigaciones aéreas con glifosato y menos erradicación forzada de cultivos ilícitos para priorizar la sustitución voluntaria de las plantaciones, de tal forma que las familias que han dependido del ingreso de la hoja de coca pudieran contar con una alternativa económica viable para dejar de sembrar la materia prima de la droga.
La estrategia gubernamental, nombrada Sembrando Vida, contempla compensaciones económicas, asistencia técnica y proyectos productivos a familias que quieran sustituir los sembradíos cocaleros.
Paralelamente, unas 1.764 toneladas de cocaína han sido incautadas por las autoridades colombianas desde que Petro llegó al poder en agosto de 2022 —y hasta noviembre de 2024—, según cifras del Gobierno, que evidencian un número récord de operaciones.
No obstante, Naciones Unidas reveló en junio de este año que la producción de cocaína en Colombia creció también a niveles récord: un 34% durante 2023, el primer año del Gobierno de Petro.
El informe de la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc) revela que Colombia permanece como el principal productor mundial de hoja de coca, con 253.000 hectáreas sembradas, el 67% de los cultivos en todo el mundo.
Así, la producción potencial de cocaína se ha multiplicado por seis en la última década: de 442 toneladas en 2014 a 2.664 en 2024.
La Embajada de EE. UU. en Bogotá recalcó el lunes 15 de septiembre el aumento "a niveles históricos" de los cultivos de coca, lo que le atribuye a un "desacertado liderazgo de Petro".
Por su parte, el gobernante colombiano, que ha pregonado por años el fracaso de la guerra contra las drogas de EE.UU., acusó a la sede diplomática de mentir, al afirmar que "el crecimiento cultivos de coca se presentó en el Gobierno de (Iván) Duque", su antecesor.
“Nuestra llamada a acción al Gobierno actual en Colombia es principalmente, reducir de manera rápida los cultivos ilícitos de coca”, subrayó este martes 16 de septiembre John McNamara.
El reintegro de Colombia a la lista de colaboradores de Washington dependerá, en gran parte, del eco que pueda tener la medida en el actual Gobierno e incluso más allá: en la Administración que sea elegida por los colombianos en las elecciones de 2026, que dependiendo de su enfoque, deberá maniobrar la relación con su primer aliado comercial.
Con EFE y medios locales
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