El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dispuso el pasado 2 de abril aranceles de un 10 por ciento para los productos que se importan desde la República Dominicana y un conjunto de países del mundo. Numerosos países recibieron imposición de aranceles mayores. A Vietnam se le impuso un 46%, que sumado a los ya existentes se eleva al 97%, a China un 36%, y a la Unión Europea un 20%. A Nicaragua un 36%, Bangladesh 74%, Myanmar 88%, entre otras asignaciones, que más bien parecen medalaganarias.
Estados Unidos esperaba que tan pronto se hiciera ese anuncio los gobiernos afectados harían fila para negociar directa e individualmente con su gobierno. No es lo mismo negociar con un bloque de países, que de manera directa, bilateral. La estrategia de negociación del presidente Donald Trump no le ha funcionado como esperaban él y su equipo.
Lo que ha ocurrido es que los países afectados han comenzado a tomar medidas, fuera de cualquier diálogo con los Estados Unidos, para proteger su capacidad exportadora y al mismo tiempo asegurar sus mercados. Lo hasta que hasta hace poco parecía improbable, ha ocurrido por efecto de la política económica de Washington: Japón, Corea y China, se han puesto de acuerdo para aumentar sus negocios y su capacidad de intercambio. Canadá está tomando medidas para acercarse más a la Unión Europea. Vietnam ha sido el único país que ha anunciado la eliminación de las barreras arancelarias con los Estados Unidos.
Los mercados mundiales han sido impactados por la guerra arancelaria iniciada por el gobierno de norteamericano. En particular las grandes empresas tecnológicas, comenzando con Tesla, han perdido miles de millones de dólares en su valor en el mercado bursátil. La incertidumbre es lo que está normando en este momento el mercado global financiero. Es una política económica que va más allá de los aranceles, es una real guerra comercial.
Los funcionarios que impulsan estas medidas con el presidente Donald Trump han salido a ofrecer explicaciones, y a tratar de calmar las aguas, justificando que la incertidumbre es momentánea, y que muy pronto se comenzarán a ver buenos resultados. Hay muchas dudas, sin embargo, comenzando por la lógica de la asignación de tasas arancelarias sin ninguna justificación, que parte del criterio de que los aranceles ahora son recíprocos, y utiliza una metodología para establecer la reciprocidad que resulta errónea. A la República Dominicana le impusieron el 10 por ciento, como a muchos otros países, pero nuestro intercambio comercial con Estados Unidos es deficitario, sobre los 4,000 millones de dólares anuales, por mucho favorable al imperio.
En los Estados Unidos el temor a la recesión pronta y profunda es cada vez más extenso. Las viviendas serán más costosas, porque utilizan materiales importados en gran parte de Canadá y México, que son parte de los agredidos por Donald Trump. Los automóviles serán también más costosos para el público, y retornar la industria automovilística a Estados Unidos será un proceso de alto costo y riesgo y largo período.
Trump ha puesto en marcha una política de eliminación de puestos de trabajo en el gobierno, y de paso ha puesto a correr una política migratoria de persecución y deportación masiva, además de que tiene en carpeta establecer impuestos a las remesas y al turismo norteamericano hacia cualquier país del mundo. Peter Navarro, funcionario de alto perfil, es quien analiza y recomienda estas medidas. Trump tiene oído abierto para Navarro.
El gobierno de la República Dominicana aún no tiene conclusiones sobre los efectos de las medidas que está adoptando Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Aparte de que no se tiene aún una idea sobre cómo el 10 por ciento de aranceles va a impactar la economía local ni se tienen escenarios sobre las remesas, y su potencial reducción, ni sobre los efectos que tendrían futuras decisiones sobre el turismo. A todas luces el gobierno norteamericano piensa hacer más grande a los Estados Unidos encerrando su economía y a sus ciudadanos, y limitando seriamente el comercio con el exterior.
Como todavía se desconocen las nuevas decisiones que el gobierno de los Estados Unidos pudiera anunciar, y que afectarían a nuestro país y a los países de la región, habría que comenzar a organizar un equipo especializado de economistas, estudiosos, incluyendo sociólogos y mercadologos, que analicen las posibles decisiones a las que nos veríamos obligados, como consecuencia de los riesgos que tienen las decisiones de Estados Unidos, conocidas ya y las que aún faltan por darse a conocer.
Es cierto que tenemos el riesgo de la profundización de la crisis haitiana, por el avance de las bandas violentas, pero también es cierto que contamos con recursos para proteger la frontera y evitar que las bandas intenten cruzar hacia territorio dominicano. Es poco probable que lo hagan, porque saben que aquí tendrán respuestas contundentes. Los que sí tratarán de cruzar son los desamparados, las víctimas de las bandas, los que carecen de cualquier recurso de autoprotección, o de atención, que habría que derivarlos hacia los organismos internacionales, que intervienen en los casos de grandes calamidades, como la que está padeciendo Haití.
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