La necesidad de un protocolo para los delitos por alegada falta de salud mental

Varios casos generan ya una preocupación importante sobre los alegatos de insalud mental para convertir en inimitable a un procesado que ha cometido crimen o agresiones contra otros ciudadanos, sin razón alguna.

El caso más reciente es el de Jean Andrés Pumarol, responsable del crimen contra la señora Ivonne Handal Abugabir, quien se encontraba en su residencia, en Naco, cuando fue atacada a puñaladas por un joven con desequilibrio mental, que también agredió a su padre y a otras personas.

Jean Andrés Pumarol acababa de regresar de un consultorio cuando cometió los hechos criminales. Ahora un tribunal, encabezado por el magistrado Rigoberto Sena, decidió que el joven es inimitable penalmente porque cuando cometió los crímenes padecía de un choque psicótico.

Las reacciones son diversas. Jean Andrés tiene familia, pero Ivonne Handal también la tiene. Tema doloroso y trágico, que marca de por vida a agresores y víctimas y que deja un abierto en la sociedad.

El caso de la médico y miembro del Ejército Nacional, Ana Josefa García Cuello, es también horrible. Ella está acusada de quitarle la vida a su hija de seis años, en Santo Domingo Este. Cumple prisión preventiva por 12 meses en Najayo Mujeres, y sus abogados dicen que padece esquizofrenia paranoide desde hace años. Pero un tribunal decidió prisión preventiva.

El Ministerio Público ha dicho que hace falta un protocolo de atención para los casos penales originados por demencia, en el que se diga con claridad el procedimiento establecido para que los profesionales de la salud mental establezcan la realidad. Hay quienes dicen que luego de cometer un crimen, cualquiera podría hacerse el loco, y frustrar la necesidad y reclamo de justicia.

El Ministerio de Salud Pública, por vía de su departamento de Salud Mental, debe ayudar en la elaboración de este protocolo. También podrían ayudar las sociedades dominicanas de psicología y psiquiatría. Podría ser de ayuda la experiencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), que tiene oficina en la República Dominicana. El Ministerio Público podría tomar la iniciativa, tomando en cuenta la larga lista de casos en que se alega la salud mental como eximente de responsabilidad penal.

La madre de Jean Andrés Pumarol fue clara en su declaración reclamando que su hijo no sea llevado a ninguna prisión, porque ello lo empeoraría, y probablemente no pueda sobrevivir en un ambiente cargado de delitos y personas sancionadas.

Dijo que le preocupa la salud mental de su hijo, que hace un llamado a la comprensión por su condición, y que tiene dolor y pide disculpas por los hechos ocurridos. ¿Es eso suficiente? No lo sabemos.

Nancy Handal de Mejía, hermana de Ivonne -la dama asesinada por Jean Andrés- ha escrito una carta en la que se queja de que la decisión del juez Rigoberto Sena no es justa, ni hace justicia. “Esto no puede llamarse justicia”, escribió.

Y dijo más, lo que justifica que se inicie ya el trabajo que establezca una norma clara, precisa, que ayude las familias de las víctimas y de los victimarios a normalizar y restablecer su dignidad afectada. Veamos una parte de la carta de Nancy:

Mi hermana fue asesinada brutalmente en su propio hogar, un espacio que debía ser seguro. Recibió 36 puñaladas. Su vida fue arrebatada de la forma más cruel imaginable. Como si esto no fuera suficiente, el agresor también acabó con la vida de su perrita e hirió a cinco personas más.

Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una decisión judicial que nos deja sin palabras: un “No ha lugar” que impide que el responsable sea procesado, alegando que actuó bajo un brote psicótico.

Nos preguntamos, con el corazón desgarrado: ¿acaso la vida de mi hermana no tiene valor? ¿Dónde queda la justicia para una mujer buena, que estaba en su hogar, sin hacer daño a nadie? ¿Qué mensaje estamos enviando como sociedad cuando un crimen de esta magnitud no enfrenta las consecuencias que merece?

Entendemos que la salud mental es un tema serio y debe ser tratado con responsabilidad. Pero también creemos firmemente que esto no puede convertirse en un vacío donde la justicia desaparece y las víctimas quedan en el olvido.

Hoy no solo lloramos su pérdida. Hoy exigimos respuestas. Exigimos justicia. Exigimos que este caso no sea silenciado ni olvidado.

No podemos permitir que la violencia más atroz quede sin consecuencias. No podemos aceptar que el dolor de una familia no tenga peso ante la ley.

Por mi hermana, por su memoria, y por todas las víctimas que merecen justicia: no nos vamos a callar.