En las últimas semanas, la sociedad dominicana ha presenciado hechos violentos cometidos por personas que, según informaciones preliminares, actuaron bajo los efectos de un trastorno psiquiátrico o del consumo de sustancias.
Estos episodios han reavivado el debate sobre cómo la justicia debe tratar a quienes delinquen empujados por estas condiciones.
| El Código Penal de la República Dominicana, promulgado en 1884, establece en su artículo 8 (122) que “no es imputable quien al momento de cometer la infracción esté afectado de alguna perturbación psíquica que anula por completo su discernimiento o control de sus actos”. En estos casos, el tribunal no dicta condena, sino que ordena medidas de seguridad. |
De igual manera, el Código Procesal Penal, en su artículo 375, dispone reglas especiales para los procesos en los que se juzgan personas inimputables, garantizando procedimientos cerrados, representación legal obligatoria y la aplicación de medidas sustitutivas en lugar de sanciones ordinarias.
La visión legal: medidas de seguridad en vez de condena
El abogado Robinson Reyes explicó que cuando el imputado es incapaz de responder penalmente el tribunal ordena medidas de seguridad en lugar de condena, como se lo ordena la ley.
El trastorno mental se prueba con la experticia de tres profesionales de la psiquiatría, ordenada por el juez, el Ministerio Público o la defensa, apuntó.
En el caso de la drogodependencia, Reyes sostuvo que la prueba recae en certificaciones de instituciones acreditadas como Hogar Crea, o mediante historiales clínicos y registros hospitalarios.
Sin embargo, advirtió que, más que vacíos legales, lo que existe es una falta de instituciones con recursos y credibilidad que den seguimiento adecuado a estos casos.
La mirada forense: diferenciar patología y consumo
El psicólogo forense y penitenciario Carlos Cano destacó la complejidad de distinguir entre un trastorno mental y los efectos del consumo de sustancias psicoactivas.
Cuando hay un trastorno, el curso es progresivo; en cambio, las sustancias producen síntomas abruptos y limitados al tiempo de acción en el organismo. El análisis debe incluir historia clínica, antecedentes familiares, cronología de los síntomas y pruebas psicológicas rigurosas, explicó.
Cano resaltó que el protocolo ideal exige revisar expedientes médicos, judiciales, escolares y laborales del acusado, además de entrevistas personales y complementarias con su entorno, para luego aplicar pruebas de personalidad y de funcionamiento cognitivo.
Caso emblemático: inimputabilidad en un proceso de corrupción
Uno de los casos más sonoros en los últimos años es el de María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, madre de Genao Torres, quien fue condenada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en 2023 por su participación en la red de corrupción.
El tribunal ordenó como medida de seguridad cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico, además del pago de 20 millones de pesos como indemnización al Estado y el decomiso de un apartamento en el residencial Las Brisas de Guavaberry, en San Pedro de Macorís.
El expediente de Torres Castellanos fue separado del proceso principal luego de ser declarada inimputable, marcando un precedente sobre la aplicación de medidas de seguridad en lugar de condena en el marco de casos de alto impacto social y económico.
Los recursos del sistema penitenciario
De acuerdo con el Informe de la Defensa Pública (2023), unas 503 personas privadas de libertad en el país sufren algún trastorno mental, lo que representa un 11.48 % de la población carcelaria.
En respuesta, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) anunció la creación de pabellones especializados en salud mental dentro de las cárceles.
Hasta ahora, solo cinco de los 44 pabellones proyectados están en funcionamiento, entre estos el de Najayo Hombres (con capacidad para 40 internos) y el de San Pedro de Macorís (48 internos).
La atención en estos espacios es brindada por psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería, con apoyo del Ministerio de Salud Pública y el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi).
Justicia y salud mental: una crisis silenciosa
El Observatorio del Poder Judicial, en ocasión del Día Mundial de la Salud celebrado el 7 de abril, señaló que en República Dominicana uno de los aspectos menos explorados, pero de mayor impacto, es la relación entre los procesos judiciales y la salud mental de los ciudadanos.
De acuerdo con el organismo, el 30% de los dominicanos que atraviesan procesos judiciales presenta síntomas de ansiedad, insomnio o depresión, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta situación revela una crisis silenciosa con profundas implicaciones sociales y sanitarias que se suma a los desafíos estructurales del sistema judicial.
Retos pendientes
Si bien el país ha dado pasos con la creación de pabellones y el trabajo del Instituto. Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (Inacif) en evaluaciones psiquiátricas, Cano advierte que aún falta fortalecer los programas de formación continua para peritos y abrir más centros especializados.
“El estudio del comportamiento humano en contexto judicial es relativamente nuevo en República Dominicana. Se necesita inversión y actualización constante para que podamos ser objetivos y rigurosos en la evaluación de los acusados”, sostuvo.
Un dilema de justicia y salud
El desafío dominicano no radica solo en las leyes, sino en la capacidad institucional de responder a estos casos. Mientras el marco normativo establece mecanismos de inimputabilidad y medidas de seguridad, la falta de recursos, la limitada atención especializada y el impacto psicosocial de los procesos judiciales plantean un panorama que exige políticas públicas más robustas e integrales.
Hoy, las cifras no son solo estadísticas: detrás de cada expediente judicial hay un rostro, una historia y una familia que lidia con la doble condena de la exclusión social y la enfermedad mental.
Propuestas para el futuro
Para enfrentar el dilema entre inimputabilidad y drogodependencia, expertos recomiendan:
- Crear un registro nacional de inimputables que permita dar seguimiento a medidas de seguridad.
- Establecer protocolos interinstitucionales entre Poder Judicial, Ministerio Público, Salud Pública y el sistema penitenciario.
- Invertir en la formación continua de jueces, fiscales y peritos en salud mental y adicciones.
- Abrir más centros especializados en rehabilitación y psiquiatría forense, con estándares internacionales.
La justicia y la salud no pueden seguir caminando por senderos paralelos. El futuro de República Dominicana depende de tender puentes entre ambas, para que los tribunales no solo dicten sentencias, sino que también se conviertan en espacios donde la dignidad humana sea preservada.
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