Hacer cumplir ley de migración, pero sin afectar los derechos humanos ni el prestigio de República Dominicana

El 6 de abril pasado, el presidente Luis Abinader anunció la adopción de 15 medidas para controlar la migración irregular de haitianos en la República Dominicana.

Dijo que con esas medidas respondía a la preocupación de sectores que se manifiestan preocupados por la creciente entrada irregular en nuestro territorio de haitianos que huyen del desorden y la violencia en Haití, ante la ausencia de autoridades y ante la desatención e irresponsabilidad de la comunidad internacional.

Entre las medidas anunciadas el presidente decidió la suspensión de los servicios médicos en los centros de salud de la República Dominicana, a los nacionales haitianos sin la debida documentación que los avale como residentes legales. Esa medida entraría en vigencia este 21 de abril en todo el territorio nacional. Para materializar esa disposición, los hospitales públicos estarían supervisados por militares y policías al servicio de la Dirección de Migración.

El presidente dio un discurso explicando su postura, y aduciendo que los dominicanos no serían afectados por la ausencia de servicios, debido a la presión que representan los nacionales haitianos. El anuncio del presidente decía más o menos lo siguiente, de acuerdo con el portal de la presidencia de la República:

El mandatario expresó que los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. "No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos".

Informó que, para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, dispuso como onceava medida  establecer un protocolo, que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obligue al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria; además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados.

En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, precisó, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. "Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo”.

La disposición ha comenzado a aplicarse. Un diario, de los que más presión hace al gobierno en favor de la deportación de haitianos, dio a conocer en la mañana de este lunes cómo una mujer, a punto de dar a luz, habiendo roto fuente, era conducida a un automóvil de la Dirección Nacional de Migración para ser deportada. Una hermana de la embarazada denunciaba el trato dado en un centro de salud estatal, que expulsaba, en vez de brindar servicio, a la mujer.

Las quejas se han expresado de inmediato. Juan Miguel Pérez, sociólogo y académico, se quejaba por la disposición de entregar a un militar de migración la decisión de a quién se puede atender y a quien no en un centro de salud.

"Y yo me pregunto: ¿Qué harán ante eso la UASD -su facultad de Medicina-, y el CMD? Yo creo, amigos, que ha llegado la hora de hablar de lo abominable”, escribió en una carta el intelectual.

“Mañana lunes 21 de abril, el Estado dominicano se dispone entregar a militares el control de decidir a quién se atiende o no en los hospitales públicos dominicanos. Esa medida, violatoria de todo lo humano, no tiene precedentes en la historia, y tristemente entrará en los anales de la infamia”, escribió al rector de la UASD y al presidente del Colegio Médico Dominicano.

César Pérez, sociólogo y académico, también emitió una declaración condenado la medida del presidente y del gobierno, y poniendo en evidencia que el trato dato a las embarazadas carece de antecedentes.

Se refiere a un video divulgado sobre la mujer a ser deportada, luego de haber sido sacada de un centro de salud:

“La prensa recoge un vídeo de una mujer de origen haitiano que es mujer afectada por la referida medida, que no puede ser más ignominioso. Muestra cómo es conducida hacia un autobús para ser deportada a pesar de presentar síntomas de parto inminente: líquido amniótico y sangre, según cuenta su hermana”.

Para el sociólogo y profesor universitario, la decisión es contraria a la democracia y a la condición humana:

“Más que una violación a derechos humanos universalmente reconocidos o una violación a la ley migratoria dominicana, constituye una de las páginas más infame y grosera de violación al derecho a la vida y a la dignidad humana. Uno de los actos más infame que como sociedad o nación se pueda cometer. Una de las páginas más ominosas en la historia de las infamias que se cometen en el mundo en nombre de la ley o por la defensa de un país”.

Y se pregunta sobre las consideraciones que se hicieron al momento de poner en marcha una decisión como la que ha entrado en vigencia este lunes:

“Habría que preguntarse: ¿se estableció la inminencia del parto de esa señora? ¿corría o no peligro tanto ella como la criatura que llevaba en su vientre? ¿Se pensó en lo que significa el drama vivido por ella como uno de los más espantosos actos de violencia contra la mujer? ¿Puede una ley ser más importante que la vida de un ser humano? ¿Se estableció si esa señora o su compañero es de ese grupo de indocumentados nacidos en el país antes del 2010 y que de un plumazo de quien hoy dirige la comisión para regular la migración (Milton Ray Guevara) desconoció, declarándolos apátridas? ¿Calibraron las autoridades responsables de esta medida #11 que hechos como ese u otros casos aún más abominables podrían ocurrir?"

El gobierno del presidente Luis Abinader tiene la autoridad para tomar medidas de protección del territorio, regular la migración y tomar decisiones para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, sin embargo todo cuanto haga debe hacerlo en el marco del respeto a los derechos humanos, en el marco del respeto a la dignidad de las personas, y muy especialmente si hay un nacimiento en marcha, debe procederse con éste, sin arriesgar la vida de la madre y de su criatura.

De acuerdo con César Pérez, el gobierno todavía tiene tiempo para rectificar. “Todavía tenemos tiempo para rectificar, para enfrentar un problema cuya única forma de resolver es a través del diálogo y del más estricto respeto a los derechos humanos”.

Estas violaciones a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas, podrían ser utilizados por los enemigos de la República Dominicana para atacar los valores de nuestro sistema democrático, para afectar la fluencia de turistas, y para atacarnos en los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, en algunos de los cuales estamos postulando candidatos dominicanos.