Los gritos pertenecen a feligreses de una iglesia evangélica que el domingo 6 de abril llegaron al barrio Mata Mosquito, en la municipalidad de Verón-Punta Cana, en República Dominicana, para llevar alimentos y agua a migrantes haitianos en condición irregular.
Algunos de estos migrantes, cuenta uno de los pastores que estuvo en el lugar y que habló con BBC Mundo con la condición de que no publiquemos su nombre, estaban escondidos en "los montes" circundantes, incluso con menores, por miedo a las autoridades dominicanas.
Y es que el gobierno del presidente Luis Abinader endureció recientemente sus políticas contra la migración irregular, iniciadas en 2020, cuando el mandatario tomó posesión de su cargo.
El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, afirmó a BBC mundo que el Estado dominicano "tiene un plan para expandir" las redadas y detenciones a "todo el territorio nacional".
Abinader, además, promulgó el mismo 6 de abril nuevas medidas para desincentivar los cruces fronterizos desde Haití, como acelerar la construcción de la verja inteligente en la frontera.
Desde que comenzó abril hasta este lunes 12, su administración asegura haber deportado a 14.874 nacionales haitianos, de acuerdo con un comunicado de prensa.
En varios videos publicados en redes sociales se ve cómo Mata Mosquito, un barrio pobre en el que viven muchos trabajadores del sector de la construcción y de servicios turísticos, se convirtió en el escenario de las más recientes redadas del ejército, la policía y la Dirección General de Migración dominicanos.
Las imágenes muestran a militares corriendo por caminos sin asfaltar y entre casas de madera, con armas largas y camionetas, persiguiendo a personas que presumen son de ascendencia haitiana.
Los operativos también se realizaron en el barrio Hoyo de Friusa, ubicado a 10 minutos en auto de Mata Mosquito, a 15 minutos de la turística playa de Bávaro y a 25 del sector de hoteles de Punta Cana.
En ambos lugares, desde donde se han repatriado a 2.474 migrantes en lo que va de mes, reside una enorme cantidad de ciudadanos haitianos. Por esta razón, dice Lee Ballester, el 5 de abril las autoridades situaron cerca una unidad militar como parte de su estrategia de control migratorio.
"En Friusa y Mata Mosquito hemos encontrado un asentamiento importante de inmigrantes irregulares", comenta.
Y agrega que, aunque las operaciones en el área se reforzaron recientemente, han estado sucediendo en la zona desde el pasado año.
En ese lugar han detenido a cerca de 9.000 personas.

Retornos espontáneos
Además de llevar suministros, el pastor que conversó con BBC Mundo llegó hasta Mata Mosquito para coordinar el traslado de haitianos de regreso a su país.
Dice que, ante la presión de las autoridades y la falta de una política pública para su regulación, están abandonando República Dominicana de forma voluntaria.
Según Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, se desconoce la cantidad de lo que ella llama "retornos espontáneos" (personas que regresan a Haití por la presión de las autoridades).
También dice que cualquier cifra sobre deportaciones que ofrezca el gobierno es cuestionable, porque solo contabilizan el "número de eventos". Es decir, podrían deportar más de una vez a una persona que regresa a República Dominicana.
Para la investigadora graduada de la Universidad de Oxford y que reside en República Dominicana, las acciones del gobierno responden a la presión de grupos de extrema derecha que han realizado protestas contra la comunidad haitiana.
El pasado 30 de marzo, la Antigua Orden Dominicana, una organización ultranacionalista, realizó una marcha precisamente en la zona de Hoyo de Friusa y Mata Mosquito en contra de los migrantes.
El evento terminó en un conflicto con la Policía, cuando los que asistieron a la manifestación intentaron desviarse de la ruta para entrar a Mata Mosquito.
"La gente ultra ha desistido de una segunda marcha porque piensan que estas medidas que tomó el presidente son suficientes", dice Bridget.
La experta afirma que "el gobierno trata de convertir [al Hoyo de Friusa y Mata Mosquito] en un punto caliente", que será militarizado, con la intención de "no seguir trayendo más atención a la zona".
Las empresas de la región, señala, podrían verse afectadas por más manifestaciones.
"El Hoyo de Friusa fue, en realidad, una comunidad creada hace 40 años por empresarios extranjeros que, como no conseguían dominicanos para trabajar en la construcción, llevaron ahí a haitianos que sacaron de los bateyes [comunidades cañeras]", continúa Wooding.
"Al presidente le conviene bajar las aguas, pero para eso ha impulsado medidas draconianas", sostiene.

Refuerza la política antimigratoria
Para el presidente Abinader, las medidas de su gobierno protegen la seguridad nacional.
Los sucesos de Mata Mosquito y Hoyo de Frisura ocurren al mismo tiempo que el mandatario anunció 15 nuevas medidas para reforzar las restricciones migratorias que ya están en vigor.
"Esto enviará un mensaje claro e innegociable: las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye a Haití no cruzará a la República Dominicana", manifestó durante una alocución.
Entre sus nuevas políticas, el mandatario ordenó acelerar la construcción de una verja fronteriza con Haití que recorrerá parte de los más de 390 kilómetros de frontera entre ambos países.
Desde 2022, solo se han construido 54 kilómetros y se espera que se liciten otros 13 próximamente.
Abinader también anunció la incorporación de 1.500 soldados adicionales que se suman a los más de 9.500 que ya prestan servicios en la frontera, así como 750 nuevos agentes migratorios.
Una de las regulaciones que más preocupa a los expertos en derechos humanos, como Wooding, es la que hace que se pida a los pacientes que lleguen a los hospitales públicos una identificación, una carta de trabajo y prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados.
Las mujeres de ascendencia haitiana embarazadas se verán particularmente afectadas por la nueva política, dice Wooding.
Para Abinader, es la comunidad internacional la que debe encargarse de la situación en Haití, un país que, desde julio de 2021, cuando asesinaron a su presidente, vive asediado por bandas criminales que han tomado el control de sus zonas más importantes, incluyendo el 90% de su capital, Puerto Príncipe.
La crisis desbordó la migración hacia República Dominicama, donde viven más de medio millón de haitianos.
"A la comunidad internacional le decimos: cumplan con su deber. Haití necesita ayuda, porque la República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece", insistió el mandatario.

La "dominicanización"
Según el pastor que conversó con BBC Mundo, no es tan sencilla la idea de que República Dominicana se desvincule de la crisis haitiana.
Los haitianos, dice, cumplen un rol fundamental para la economía del país. En la municipalidad de Verón-Punta Cana, son la mano de obra que mueve, por ejemplo, el sector de la construcción.
"Les pido que les den documentos a los trabajadores. Tienen que buscar una manera de hacerlo, ya sea que los dueños de las compañías se encarguen de regularizar a su personal. Sería una buena forma de saber qué cantidad de personas haitianas hay en el territorio", indicó.
Ante esto, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester asegura que el gobierno impulsa lo que llamó una "dominicanización" de algunos sectores productivos.
"Cuando hablamos de dominicanización, nos referimos al trabajo, de manera que los dominicanos vuelvan al campo, al sector agropecuario, y a la modernización de los aparatos productivos, con nueva tecnología y mecanización tanto de la construcción como de la agricultura, para así reducir la demanda de la mano de obra irregular", explicó.
Los empresarios también tendrán acceso a créditos con tasas preferenciales para que realicen mejoras en sus operaciones, agregó el vicealmirante.
En Mata Mosquito y el Hoyo de Friusa, cuenta el pastor, los dominicanos y haitianos "han vivido en paz durante años".
A su entender, ni las operaciones contra la migración irregular ni las nuevas medidas eran necesarias.
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