La marcha del HOYO DE FRIUSA en la provincia La Altagracia se convirtió en un acontecimiento histórico para la República Dominicana, donde una multitud protestó en medio de las denuncias de que el lugar era inaccesible para las autoridades, por la resistencia de sus habitantes, en su mayoría, ciudadanos haitianos indocumentados. Ese evento sacó al desnudo la política de improvisación y la falta de controles en materia migratoria que ha reinado en el país posterior al último gobierno del Dr. Joaquín Balaguer en 1996.
La nueva ley de migración No. 285-04 fue promulgada el 15 de agosto del 2004, exactamente el último día del mandato del presidente Hipólito Mejía y horas antes de la toma de posesión del presidente Leonel Fernández. El modo y fecha en que se produce es una clara manifestación de evadir la marca de ser responsable de la reforma migratoria, tanto así, que la ley ordena en su artículo 153 la elaboración de un reglamento en un plazo de seis meses, sin embargo, el decreto se firmó en el 2011, siete años después, como muestra del temor del gobierno de asumir esta responsabilidad, producto de las presiones de sectores nacionales y organismos internacionales.
La incertidumbre sobre el tema migratorio se agudiza en los gobiernos del presidente Danilo Medina, quien se ve compelido a aceptar la imposición de un traumático Plan de Regularización, a pesar de los discursos en eventos internacionales, como fue el pronunciado en la “II Cumbre de la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños (CELAC,)” donde le reclamó a la comunidad internacional respetar los límites de la soberanía dominicana, como un desahogo ante la incapacidad de controlar a sectores locales que maniobran junto a grupos de la comunidad internacional.
El actual presidente Luis Abinader, recibe un país con una ley y un reglamento de migración sin funcionalidad efectiva, bajo una presión nacional e internacional envalentonada. Apenas a meses de su gobierno, el 7 de julio de 2021, se produce el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, situación que agudiza la crisis en ese territorio, al punto de encontrarse en medio, sino de una guerra civil, por lo menos del control casi total del territorio en manos de bandas armadas.
Los efectos de la falta de control e implementación de una política migratoria, encadenada a poderosos intereses ha generado graves consecuencias en los diferentes sectores sociales, como lo es, en el área laboral. Las confrontaciones en este tema radican, por un lado, en enarbolar la bandera de la importancia del sector extranjero como soporte en puntos claves, como la construcción, la agricultura, servicios domésticos entre otros; y por otro lado, la tesis de que se ha conformado un foco de competencia desleal, precarización del empleo y violación a la proporcionalidad de la ley, mano de obra dominicana 80% vs 20% extranjera.
Desde la óptica económica, que también se convierte en un tema de carácter social, es la sobrecarga del presupuesto de salud, con el problema de las parturientas, donde se ha reportado que en algunos centros los partos de extranjeras duplican a las dominicanas y el promedio nacional anda por el 35%, sumado a las atenciones privilegiadas en los hospitales de ciudadanos indocumentados, ha creado una percepción negativa sobre la migración, bajo la campaña de que los centros de salud están ocupados por extranjeros. La misma percepción se produce en el sistema escolar, donde la queja de dominicanos se manifiesta en el sentido de que los niños dominicanos no encuentran cupos, en razón de que a los extranjeros no se le exigen los requisitos que a los dominicanos.
Estos temas, sumados a hechos de sangre atribuidos a ciudadanos haitianos, más la ocupación masiva del territorio dominicano por los haitianos, el ingrediente de la campaña de que ya hay lugares donde las autoridades dominicanas no pueden entrar y la queja de una poderosa mafia que actúa sin controles en el tráfico y trata de personas desde Haití a República Dominicana, ha provocado que el esfuerzo gubernamental no se perciba con la fuerza de su discurso, como es el plan del gobierno sobre las deportaciones, a pesar de que, su ejecución representa la mayor cantidad deportaciones masivas en la historia del país, y de que se ha destinado el mayor presupuesto de la historia en proteger la frontera, así como el gasto militar sin precedentes y un despliegue de recursos y medios tecnológicos, más la cuantiosa inversión en la construcción de la verja perimetral que ha controlado principalmente los robos y en menor medida los pasos clandestinos de personas del vecino país.
A pesar de los esfuerzos del actual gobierno en desarrollar una campaña internacional por sanear la imagen país y reclamar a la comunidad internacional el apoyo necesario para restablecer el estado de derecho en Haití, así como el interés por implementar una política visiblemente efectiva sobre migración, control fronterizo y deportaciones, su propósito no había logrado tener el impacto esperado en la sociedad, toda vez que la población se limitaba a quejarse sin empoderamiento. Sin embargo, la marcha logró producir la conexión entre la frustración y el sentir de la población y las iniciativas del gobierno por frenar la problemática de manera aislada.
La marcha de Friusa, contrario a sus críticos, es la gran oportunidad que ha tenido el gobierno para dinamizar el pacto de nación, de finales de octubre de 2023. Luego de intensas convocatorias a todos los sectores sociales, políticos, económicos y académicos del país, el presidente logra la firma del Pacto Nacional ante la crisis de Haití, con sus cuatro ejes fundamentales: 1) Política de Relaciones Exteriores, 2) Política Migratoria, 3) Política Fronteriza y 4) Política Económica, con el respaldo de 28 partidos y agrupaciones políticas, con la excepción de los Partidos la Fuerza del Pueblo, Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano.
Ese histórico evento le concede las herramientas al gobierno para tomar las decisiones, en esta ocasión, con el consenso de todos los sectores políticos, incluyendo a los inasistentes, en razón de que nadie quiere dejar de subirse a la patana que ha empujado el pueblo dominicano a una sola voz. Ahora se requiere frialdad, inteligencia emocional y madurez.
En esta ocasión se deben tomar las medidas más apropiadas en favor del pueblo dominicano, estimular y elevar el empleo en zonas y áreas abandonadas por el trabajador dominicano, implementar un real régimen de consecuencias a los consuetudinarios violadores de las leyes, establecer un cordón de seguridad y protección a los extranjeros que han adquirido derechos en nuestro territorio. Proceder en favor de los intereses nacionales sin abusar de los derechos adquiridos por extranjeros.
Hemos sido reiterativo con el eslogan de que, “no hay solución dominicana al problema haitiano”, pero en la realidad, hemos venido cargando con el doble desorden: por un lado, la desastrosa crisis de Haití que repercute con la estampida de sus ciudadanos huyendo del hambre y la muerte bajo la indiferencia de esos organismos internacionales que nos condenan cobardemente y la burla de sectores dominicanos que conforman la mafia del tráfico de indocumentados sin un ejemplarizante régimen de consecuencias.
Es hora de asumir con objetividad y sin pasiones el tema de los extranjeros que habitan la isla, es momento de determinar cuáles se quedan y bajo cuáles parámetros lo ajustamos a la ley en función de sus labores y nuestras necesidades y cuáles debe retornar a su tierra.
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