Desde el final de la pasada semana las redes dan cuenta de que, desde diferentes puntos del país, se están realizando aprestos para participar en lo que se anuncia como una gran marcha nacional para evitar que la zona del Hoyo de Friusa se convierta en "un refugio contra el crimen organizado".

Estos aprestos virtuales son además acompañados de juicios violentos, descalificativos y de llamados al odio que no dejan de lado a hoteleros del Este.

No se entiende muy bien cómo un grupo de ciudadanos, que se definen como patriotas y nacionalistas perteneciente a la Antigua Orden Dominicana (¿orden de qué? ¿de cuándo?), no conforme con la política del gobierno en materia de inmigración haya decidido convocar una manifestación precisamente en el Hoyo de Friusa, donde residen una gran concentración de trabajadores inmigrantes de origen haitiano.

Parece irresponsable y provocador querer realizar una protesta “pacífica” en un lugar que los mismos que hacen el llamado a la manifestación consideran un sector que sufre de una grave crisis de seguridad.

Luce extraño no convocar la manifestación dirigida a las autoridades frente al Ministerio de Interior y Policía o al Ministerio de Trabajo para exponer sus quejas frente a “las traiciones de los gobiernos que han entregado la República Dominicana a los haitianos”.

Resulta igualmente chocante la parafernalia militar con escudos que parecen sacados de series de ciencia ficción que usan los dirigentes de este conglomerado quienes por su

gran mayoría no pertenecen a las Fuerzas Armadas. No lo es menos la elección de uniformes y camisas negras que nos hacen recordar las camisas pardas de los nazis y las negras de los partidarios de Mussolini, grupúsculos antidemocráticos que por medio de la violencia y la mentira desataron el odio y terminaron instalando los regímenes totalitarios que sembraron la muerte en Europa.

¿Se habrán detenido los organizadores de la marcha a pensar cuáles podrían ser las consecuencias para el turismo y, por ende, para la economía nacional, del posible desbordamiento de una manifestación que se anuncia con tintes provocadores?

¿Qué pensará el empresariado de la región acerca de los efectos sociales, políticos y económicos de esa manifestación? ¿Sirven al interés nacional estos “nacionalistas” que no se avergüenzan de organizar manifestaciones en las que enarbolan banderas extranjeras y la efigie del presidente Trump y que no temen poner patas arriba la economía de su país?

Los llamados al odio y a hacer justicia por sus propias manos deberían de ser sancionados por el Estado como está claramente establecido en la ley.

En su último informe Amnistía Internacional señala: “Nos alarma que los discursos racistas han incrementado su presencia en redes y medios, generando un asedio digital que estigmatiza, difama y amenaza a defensores”.

Precisa también que «Las autoridades dominicanas deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones anti-derechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación».

Son esas declaraciones y acciones las que provocan hechos como el que se escenificó el pasado sábado en Uvero Alto. Mientras trabajadores de la construcción de nacionalidad haitiana estaban reclamando el pago por su trabajo,  el maestro de construcción dominicano les cayó a balazos asesinando a un trabajador haitiano provocando una riña donde resultó también herido un ciudadano dominicano.

Elisabeth de Puig

Abogada

Soy dominicana por matrimonio, radicada en Santo Domingo desde el año 1972. Realicé estudios de derecho en Pantheon Assas- Paris1 y he trabajado en organismos internacionales y Relaciones Públicas. Desde hace 16 años me dedicó a la Fundación Abriendo Camino, que trabaja a favor de la niñez desfavorecida de Villas Agrícolas.

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