La organización Amnistía Internacional instó al gobierno de República Dominicana a garantizar el derecho a defender derechos humanos sin discriminación, especialmente para quienes luchan contra lo que define como "racismo estructural".
La entidad expresó preocupación por el incremento de amenazas contra personas defensoras de los derechos de migrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y afrodescendientes.
Según Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, las autoridades deben actuar ante estos ataques para evitar que deriven en violencia y el silenciamiento de la sociedad civil.
Amnistía Internacional denunció la persistencia de políticas migratorias racistas, incluidas expulsiones colectivas y perfilamiento racial contra personas negras.
La organización pidió a las autoridades abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes que criminalicen a la población migrante haitiana y a quienes defienden sus derechos.
El contexto de ataques y falta de garantías restringe el acceso a la justicia para las víctimas de racismo, según el informe de Amnistía Internacional.
Las denuncias incluyen agresiones digitales como el doxing, amenazas en redes sociales y ataques cibernéticos contra organizaciones defensoras de derechos humanos.
Casos recientes revelan que organizaciones como MOTSCHA y Participación Ciudadana fueron objeto de ataques, mientras se incrementan discursos xenofóbicos en el debate público.
Amnistía Internacional cuestionó restricciones a la libertad de expresión, como la interrupción policial de un acto público el 8 de marzo debido a prejuicios raciales.
Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional para El Caribe, advirtió que la inacción del gobierno sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión en el país.
La organización instó al presidente Luis Abinader a tomar medidas concretas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y evitar la normalización de estas violaciones.
Amnistía Internacional documentó denuncias presentadas ante la Procuraduría General y la Policía Nacional, las cuales no estarían siendo investigadas con la debida diligencia.
Compartir esta nota