Ejecuciones extrajudiciales

La Policía Nacional es un cuerpo civil al servicio de la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de las personas, asegurar la propiedad privada, auxiliar al Ministerio Público en sus actividades de persecución del delito, y prevenir actos reñidos con la ley.

Desde su creación en 1936, la Policía Nacional se utilizó como un cuerpo paramilitar, de protección de la política estatal y de persecución política contra los adversarios del gobierno, así como un grupo paramilitar al servicio de intereses de oficiales, generales y funcionarios de gran influencia.

Fue la tradición en la dictadura de Trujillo, y en todo ese período, y luego en la democracia, la Policía Nacional se forjó la idea de que era un grupo militar, con rangos y disciplina de obediencia, y con los beneficios de las Fuerzas Armadas Dominicanas, hoy Ministerio de Defensa.

En los 12 años de Balaguer la Policía Nacional fue utilizada como un grupo de persecución política, como un organismo de represión y espionaje contra los adversarios del gobierno, especialmente los del movimiento de izquierda.

Nadie duda que la Policía Nacional, siempre uniformada de gris o de negro, tenía aspiraciones y ambiciones de ganarse la simpatía del gobernante de turno por la eficacia en la persecución de los adversarios del gobierno y no en asegurar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

El país tiene más de 30 años reclamando una reforma de la Policía Nacional. Se hicieron cambios protocolares, como la designación de un director de la Policía, en vez de un jefe de la Policía. El uniforme fue cambiado, y se escribieron manuales para entrenar con eficacia a los agentes policiales en las labores que les corresponden.

También se crearon varias escuelas de formación de los aspirantes a entrar en la Policía Nacional. Se recibió ayudar exterior para la formación de investigadores en crímenes y delitos, y se ha demostrado que eso ha sido eficiente y un avance importante.

Sin embargo, la Policía ha tenido jefes y directores que han creído en el concepto de “mano dura”. Vale decir, que piensan que la PN es eficiente si saca del medio a los que delinquen. Y se fue convirtiendo en común la valoración de los responsables de dirigir la policía por la reducción de los delitos cometidos o por las bajas de delincuentes en “intercambios de disparos”. Claro, era un eufemismo llamar de ese modo a las ejecuciones extrajudiciales. La Policía Nacional identifica delincuentes, determina quiénes son reincidentes en actividades delictivas, y determina quiénes deben morir y quiénes no entran en esa lista tenebrosa.

Muchas personas simpatizan con esa forma de actuar de la Policía Nacional. Están convencidas de que para reducir la delincuencia hay que asesinar a los delincuentes o presuntos delincuentes. La Policía Nacional, sin embargo, es la responsable de proteger la vida de los ciudadanos, de reducir al mínimo el peligro. No es la que debe dictar sentencia de muerte, como si se tratara de un tribunal en un país donde es posible aplicar la pena de muerte.

La Constitución dominicana es muy clara. El Artículo 37, sobre el Derecho a la vida, dice así: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

Por tanto, la Policía Nacional viola la Constitución de la República y toda la legislación existente cuando decide aplicar sus métodos y poner fin a la delincuencia asesinando a presuntos violadores de la ley. Los tribunales de justicia son los que dictaminan, con juicios, pruebas, derechos de defensa, la prisión por delitos. Jamás la pena de muerte.

El presidente de la República ha encabezado cada lunes, con escasas excepciones, las reuniones de los lunes con la Policía Nacional, sus departamentos, el Ministerio Público, Ministerio de Interior y Policía y otros departamentos, para analizar las políticas de hacer frente al delito.

Allí no se ha tomado la decisión, por ilegal e inconstitucional, de aplicar la mano dura. Esa política daría pie a venganzas, acusaciones falsas, abusos de poder y a una violación del derecho a la vida aplicado a gente marginada, sin educación y pobre y muy pobre. Esa es otra de las razones por las que esa política es nefasta. Es selectiva.

El dato es contundente y retrata una realidad grosera: entre el 1 de septiembre y el 13 de octubre se reportaron 75 personas “fallecidas” en intervenciones policiales. Es decir, se trata de ejecuciones extrajudiciales. Los agentes de la Policía Nacional deben parar esa matanza, y claro eso sería posible con la clara orientación de sus superiores.