Mucho se ha dicho, desde los estamentos oficiales en nuestro país, que sobre la inseguridad nciudadana en el país lo que existe es una percepción desproporcionada. Que las estadísticas demuestran que estamos en un nivel más bajo con respecto a muchos otros países de Latinoamérica y el Caribe, con respecto a este problema, como se refleja en las cifras oficiales que se publican.
Y esto puede ser cierto, pero hay dos factores importantes que dan pie al sentimiento de inseguridad que pueda tener la ciudadanía: uno es la victimización directa o cercana y otro, la percepción. Sin embargo, ambos son importantes en términos de lo que conforma el imaginario popular y de las respuestas que el Estado implemente.
Cuando hablamos de percepción de inseguridad nos referimos a la apreciación que construye el ciudadano sobre el riesgo de ser víctima de la violencia o la delincuencia, independientemente de que esa apreciación coincida exactamente con los niveles que muestran las estadísticas. Esa percepción se forma a partir de experiencias personales y cercanas, de las informaciones recibidas y del entorno social en que se desenvuelve. Y muy importante: la confianza que se tenga en las fuentes de esas informaciones.
Los sectores del gobierno, los medios y redes de comunicación y el ciudadano en general exponen sus puntos de vista desde sus intereses y percepciones.
La ciudadanía puede desarrollar una percepción colectiva de inseguridad basada muchas veces en elementos anecdóticos y presunciones falsas.
Por ejemplo, se puede publicar que en determinada área turística del país aumentó el crimen en un 100 % en el 2025 con respecto al 2024. Es decir, en 2024 hubo dos homicidios y en 2025 cuatro. Pero cuando se habla de un aumento de un 100 %, la imaginación vuela.
Hace unos años, en una campaña mediática que informaba sobre muertes de turistas en el país, se obviaba que una proporción importante de estas se debía a problemas preexistentes de salud o al uso de sustancias tóxicas y alcohol adulterado, y que el número de fallecimientos se correspondía con los ocurridos en otros años. No era necesariamente un problema ligado a la inseguridad.
Cuando ocurren hechos que afectan la fibra social: crímenes atroces, muy cercanos en el tiempo y realmente crueles, la reacción natural de cualquier sociedad es que aumente la percepción de generalización del crimen y de inseguridad.
Asimismo, muchos “influencers” irresponsables y sectores políticos de oposición al gobierno de turno difunden a través de las redes sociales videos y noticias de hechos ocurridos en otras épocas e incluso en otros países, como si estuvieran ocurriendo en el presente, lo que puede proyectar una imagen diferente de la realidad. Se suma a esto que el manejo de las estadísticas por sectores interesados puede dar una impresión distorsionada de lo que ocurre.
La percepción se ve influenciada también por elementos tales como el tipo de información que recibe la ciudadanía, la frecuencia de ocurrencia de actos violentos, la sumatoria de diversos tipos de violencia, la cercanía del ciudadano a esas ocurrencias, que ahora, por efecto de la comunicación virtual e inmediata, llegan hasta nuestros espacios privados— y la capacidad o incapacidad institucional para responder.
La imposibilidad de usar espacios públicos, el temor de desplazarse a ciertas horas de la noche, la dificultad para obtener ayuda confiable, la incertidumbre sobre cómo reaccionará el otro ante simples incidentes y la impunidad, son efectos directos de un sentimiento de inseguridad social.
Todo esto limita la convivencia y, en fin, la libertad personal. Percepción o victimización, la ciudadanía sufre sus consecuencias, que se reflejan en conductas individuales y colectivas que van desde la somatización emocional hasta el encierro, las medidas extremas de seguridad y la desconfianza, entre otros factores que afectan directamente la calidad de vida. Y eso se puede medir objetivamente.
Hay que informar a la ciudadanía para poder establecer una percepción adecuada a los hechos. Para esto, se debe brindar información relevante, precisa y clara, sin manipulación política ni adulteración para servir a intereses particulares.
Actualmente, la misma Policía Nacional y la Procuraduría General de la República son las que proporcionan informaciones sobre hechos delictivos y muertes, incluso en casos en los que la misma PN está involucrada. Debemos reforzar las labores y el alcance de un observatorio de la violencia.
Un observatorio de la violencia, dirigido técnicamente, puede proveernos información confiable sobre los hechos, así como sobre las medidas tomadas y sus implicaciones para la prevención y la corrección de las situaciones que dieron, y podrían volver a dar pie a esos hechos.
Este observatorio requiere contacto con la sociedad civil para generar perspectivas objetivas sobre lo que realmente pasa y no basarse solamente en los datos reportados. Una información confiable, actualizada, completa, validada y transparente sobre las manifestaciones de la violencia en la comunidad, recolectada también en la comunidad misma y analizada por un comité técnico, ayudaría a informar a la ciudadanía sobre lo que realmente está pasando en el país.
En definitiva, una percepción de inseguridad puede no corresponder exactamente con las estadísticas delictivas y, sin embargo, producir consecuencias sociales objetivamente reales. Por eso, la respuesta pública no debe limitarse a contraponer percepción y realidad, sino procurar que la ciudadanía disponga de información confiable y que las instituciones respondan eficazmente a las condiciones que generan tanto la violencia como el sentimiento de inseguridad.
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