Hay momentos en que las instituciones se definen por la valentía de enfrentar sus propias sombras, no por sus victorias externas. El arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), capturado en flagrante delito el pasado viernes 27 de marzo tras recibir US$10,000 en una entrega controlada, es uno de esos momentos. Y la forma en que la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, condujo la operación merece no solo reconocimiento, sino un respaldo firme de la ciudadanía.
No fue un acto improvisado. No fue un gesto mediático. Fue un procedimiento planificado con rigor institucional: antes de ejecutar el operativo, la procuradora solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, garantizando desde el primer paso la legalidad y transparencia del proceso. Esa decisión, que podría parecer un detalle técnico, es en realidad la columna vertebral de lo que diferencia una persecución legítima de una cacería arbitraria.
Seamos honestos: en la historia reciente de la República Dominicana —y de América Latina — lo más cómodo ante la corrupción interna ha sido siempre el silencio. Trasladar al funcionario, jubilarlo anticipadamente, dejarlo renunciar en la penumbra. Barrer bajo la alfombra. Yeni Berenice Reynoso eligió el camino opuesto: dirigir personalmente la investigación, autorizar la entrega controlada y, una vez consumado el delito, proceder al arresto con todas las garantías procesales.
La corrupción se combate con instituciones fuertes, con liderazgos valientes y con una ciudadanía que no se canse de exigir. Este caso debe ser un punto de inflexión, no un episodio más que se diluya en el olvido.
Valdez Alcántara no era un fiscal menor. Según las informaciones publicadas, estuvo vinculado a casos de alto perfil como el de Senasa y el operativo de Los Tres Brazos. Eso hace su caída más dolorosa, pero también más necesaria. Además, habría trabajado en el caso Calamar, uno de los mayores procesos de corrupción en República Dominicana, donde el Ministerio Público acusa a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina de haber desviado más de RD$41 mil millones mediante pagos irregulares, sobornos y maniobras administrativas. Los principales señalados son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes habrían liderado la estructura.
Uno de los temores legítimos que surgió tras el arresto fue si la conducta de Valdez Alcántara podría contaminar los expedientes en los que participó. La respuesta de la fiscal Mirna Ortiz, directora de la Pepca, fue categórica y tranquilizadora: se trata de una actuación individual y los casos que lleva la Pepca no están en riesgo.
Esa afirmación no es un simple ejercicio de relaciones públicas. Es un mensaje institucional de enorme importancia. Significa que la Pepca tiene la estructura, los controles y la solidez probatoria para que la traición de un individuo no derrumbe el trabajo colectivo. Significa que los casos de corrupción administrativa —incluidos los más emblemáticos— seguirán su curso. Y significa, sobre todo, que la institución no se paraliza ante sus propias crisis, sino que las enfrenta y las supera.
El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva contra Valdez Alcántara, una medida proporcional a la gravedad de los hechos. La audiencia ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el marco de la jurisdicción privilegiada que corresponde a los fiscales, será la próxima prueba de fuego. Pero el mensaje ya está enviado: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la aplican.
Apenas días antes de este operativo, la propia procuradora Reynoso había declarado en un foro público que "la corrupción es un grave acto que lesiona los derechos humanos y el desarrollo de la sociedad". No fueron palabras vacías. El caso Valdez Alcántara demuestra que detrás de ese discurso hay una voluntad real de acción, incluso cuando el costo político y mediático es alto.
Desde este espacio editorial, nos sumamos al clamor ciudadano por transparencia y justicia. Respaldamos la decisión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso de actuar con firmeza y sin contemplaciones contra la corrupción dentro de su propia institución. No es fácil. No es popular entre los círculos de poder. Pero es exactamente lo que la República Dominicana necesita.
La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni cosmética. No puede limitarse a perseguir a los funcionarios de administraciones pasadas mientras se protege a los propios. La credibilidad del Ministerio Público —y del sistema de justicia en su conjunto— depende de su capacidad de aplicar la misma vara a todos, sin importar el color de la toga.
Yeni Berenice Reynoso ha demostrado, con hechos y no solo con palabras, que entiende esa responsabilidad. La fiscal Mirna Ortiz ha ratificado que la Pepca es más fuerte que las debilidades individuales de quienes la integran. Ahora le corresponde al Poder Judicial hacer su parte, y a la sociedad dominicana mantenerse vigilante.
La corrupción se combate con instituciones fuertes, con liderazgos valientes y con una ciudadanía que no se canse de exigir. Este caso debe ser un punto de inflexión, no un episodio más que se diluya en el olvido.
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