Asentamiento AC-01 fue para producir, no para urbanizar las tierras arroceras

Cuando el Instituto Agrario Dominicano (IAD) hace un asentamiento, en un proyecto agrícola de promoción de la producción agropecuaria, dona los terrenos con un propósito. Los receptores del donativo no pueden cambiar el objetivo de las tierras recibidas. Las tierras son donadas para producir productos de la agricultura. Para hacer la donación el Estado procura la firma de un documento, que da derecho a la propiedad, en donde queda claro que el propósito del asentamiento es la producción agrícola.

Decimos esto porque en el caso de los terrenos de la Estación Experimental Arrocera de Bonao, el IAD hizo el asentamiento AC-01. Los supuestos campesinos que fueron asentados tenían prohibido cambiar el objetivo de producir agricultura. Al cambiar ese objetivo y destinar las tierras a urbanizarlas para instalar talleres, granceras, tiendas de combustibles y artesanías o edificios de apartamentos, se pierde el derecho que le ha sido otorgado por el Instituto Agrario Dominicano.

Es lo que ha ocurrido con los campesinos o supuestos campesinos que recibieron tierras arroceras productivas, en las mejores condiciones, en Bonao, al lado de la Estación Experimental Arrocera de Juma, en Bonao.

La decisión del Estado debe ser buscar los datos, el expediente, del asentamiento AC-01 y dar marcha atrás por incumplimiento de los beneficiarios, y devolver las tierras que aún sobreviven a la depredación y hacer pagar los daños ocasionados a los que dañaron los terrenos para hacer depósitos de materiales de los ríos.

Es lo que corresponde. Es lo que debe hacer cualquier funcionario responsable. Quienes cometieron pillaje tienen que pagar por lo que hicieron.

La impunidad de la acción fue de tal vileza que ninguno de los beneficiarios procuró pedir autorización para cambiar el objetivo de producir agricultura en las tierras recibidas. Le cambiaron el propósito y urbanizaron los terrenos sin procurar autorización. Suponían que ya eran dueños y no debían rendir cuentas a nada por el crimen. El dueño de una propiedad hace con ella lo que desea, pero en este caso se trata de unas tierras donadas por el Estado con un propósito.

Un lector nos ha recordado, sobre un caso parecido, un ejemplo de un manejo adecuado de una donación del Estado. La Conferencia del Episcopado Dominicano recibió en donación un amplio solar para instalar el Seminario Santo Tomás de Aquino. Allí, además del seminario, se instaló la Casa San Pablo y sobró terreno en la esquina Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt. La Iglesia decidió vender los terrenos a los que luego desarrollaron un centro comercial conocido como DownTown. Para cambiar el propósito de la donación, la Iglesia debió procurar la autorización del Estado y parece que así se hizo.

Igual pasaría con los terrenos del asentamiento AC-01 en Bonao. Los que entregaron los terrenos lo hicieron conociendo que el propósito era cambiar el uso de las tierras agrícolas por terrenos urbanos frente a la autopista Duarte. Con eso multiplicaban sus fortunas. Ahora corresponde investigar ese fraude, deshacerlo y someter a la justicia a los que lo cometieron.

Aunque la depredación sigue en esta administración, el fraude se originó en el pasado gobierno, y es allí donde debe comenzar la investigación. Es necesario que el Ministerio Público actúe. Y si está imposibilitado de hacerlo por el cúmulo de trabajo, que los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura comiencen por evitar que sigan sembrando de cemento las tierras de la producción arrocera más rica de la República Dominicana.