La llegada del gobierno del presidente Luis Abinader sería el cambio en la depredación de la Estación Experimental Arrocera, de Juma, en Bonao. Eso suponíamos y así lo planteamos varias veces. Pero el cambio de gobierno llegó, fue designado Orlando Jorge Mera como ministro de Medio Ambiente, y no ha ocurrido la acción que debía detener la instalación de cemento sobre tierras productivas, a los ojos de todo el mundo, en la Autopista Duarte.

Ni el Instituto Agrario Dominicano ni el Ministerio de Agricultura, y menos el ministerio de Medio Ambiente se han dado por enterados que los criminales y depredadores siguen convirtiendo las plantaciones de arroz de experimentación, con la que se ha alimentado durante docenas de años el pueblo dominicano, irresponsablemente convertidas en cementerios de vehículos pesados, en granceras, estaciones de combustibles y fábricas de productos artesanales.

Es increíble el crimen que se comete a los ojos del país. Todo el que viaja desde o hacia el Cibao tiene ante sus ojos cómo se han ido apropiando de las fincas en las que se cultivada el arroz que luego se expandía por todo el territorio nacional. Frente a la carretera que conduce a la Falconbridge, por la Autopista Duarte, y entre la vieja y la nueva carretera, el gobierno del presidente Luis Abinader sigue permitiendo la depredación que iniciaron los peledeistas bajo la argucia de que las tierras del arroz fueron distribuidas como parcelas de un asentamiento del Instituto Agrario Dominicano. Claro, los asentados no eran campesinos, sino políticos, relacionados con los dirigentes del PLD en Bonao, y ahora lo siguen haciendo nadie sabe bajo que amparo político o bajo qué sombrilla.

El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido claro en que el país debe establecer una política de seguridad alimentaria, y para ello hay que estimular y garantizar la producción de alimentos. E incluso, el país debe almacenar alimentos o materias primas para producirlos, porque se prevé que el mundo comenzará a padecer de serios déficits de materias primas como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Congreso aprobó una ley de excepción de impuestos para la importación de materias primas para la producción de alimentos.

Si esta es la política ¿Cómo es posible que las tierras más productivas del país estén siendo sembradas de cemento? ¿Cómo se permite a los oportunistas y criminales que sigan parcelando terrenos de una finca experimental de arroz, para echar grabas y piedras y asfalto? ¿Cuál es el argumento? ¿Dónde está la justificación? ¿A quién se le perdió la conciencia y la responsabilidad para evitar que este crimen siga cometiéndose ante los ojos del país?

Si el ministro de Medio Ambiente no tiene fuerza política para evitar este crimen, podría buscar el apoyo del Instituto Agrario Dominicano y del Ministerio de Agricultura. Es un gobierno que hizo la promesa de detener el despilfarro con los recursos públicos. Aunque la distribución de estas tierras tenga un viso de legalidad, hay que decir que es una patraña lo que se ha hecho. Así como se distribuyeron las tierras cercanas a Bahía de las Águilas en Pedernales, como si fuera de reforma agraria, ha ocurrido en Bonao. Son tierras agrícolas y las han distribuido en parcelas a políticos con disfraces de campesinos, quienes las han “vendido” y los terceros las han convertido en tierras hostiles a la agricultura.

Y resulta tan claro, tan evidente, que nadie puede declararse ignorante ante lo que estamos denunciando. Además, hace más de siete años que venimos poniendo énfasis en que este crimen debe detenerse. Ojalá que sea recuperada la conciencia, la ecológica y la de la justicia, y se devuelva a la producción agrícola la tierra robada irracionalmente en la Estación Experimental Arrocera de Juma, en Bonao, para que sigan aportando al desarrollo agropecuario.

¿Seguiremos siendo una voz clamando en el desierto?

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