Los depredadores de las tierras productivas y arroceras de Bonao se valieron de un argumento jurídico con apariencia legal para conseguir legalizar su propósito: los terrenos arroceros que bordean la autopista Duarte se convirtieron en parcelas de "productores de arroz de la Reforma Agraria", auspiciada por el Instituto Agrario Dominicano, y se las entregaron a esos parceleros como parte del asentamiento AC-01, y de ese modo dijeron que esas tierras estaban fuera de la Estación Experimental Arrocera, de Juma, en Bonao.
Los "campesinos asentados" procedieron, como se supone previeron los que tomaron la decisión, a vender los terrenos a terceros. Esos terceros compraron “de buena fe” las tierras arroceras, y de ese modo la operación quedó limpia. Ya son tierras privadas y en ellas se puede hacer cualquier cosa, incluyendo instalar plantas granceras para almacenar y procesar materiales sacados de los ríos de Bonao, principalmente los ríos Yuna, Masipedro y Yuboa, para instalar estaciones de venta de combustibles, fábricas de artesanías de barrios, estacionamientos de camiones, residencias y otros negocios menores.
Ese proceso de apropiación de terrenos públicos, del sector agrícola productivo, ocurrió durante varios años. Los que lo inventaron fueron dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Bonao.
Y ¡oh sorpresa!: los principales beneficiarios de los terrenos son funcionarios municipales y representantes en el Congreso Nacional. Nadie lo dice. Se trata de la utilización de testaferros que prestaron sus nombres. Poco a poco los terrenos productivos han ido adquiriendo importancia urbanística, y han ido subiendo de precio por su ubicación frente a la autopista Duarte.
Quienes pasan frente a lo que antes eran fincas arroceras, de las diversas variedades de arroz puestas en manos del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), se dan cuenta de los cambios que han ocurrido allí. Ya no lo hacen en Bonao solamente. En todo el país está ocurriendo lo mismo: las tierras productivas han ido siendo conquistadas por oportunistas, que ven su valor con la urbanización de todo cuanto es posible depredar del campo, en todo el territorio nacional.
La ley de Ordenamiento Territorial, que tiene más de 20 años en el Congreso Nacional, fue obstaculizada por legisladores que sabían lo que estaba ocurriendo y permitieron que se concretara ese hurto. En el año 2004, el entonces ministro de Medio Ambiente, doctor Frank Moya Pons, denunció los obstáculos. Sin embargo, dejó claro que la destrucción de las tierras productivas podría detenerse con sencillas medidas administrativas y no necesariamente con la Ley de Ordenamiento Territorial.
La propuesta de Ordenamiento Territorial todavía está en el Congreso Nacional. No hay que esperar que se apruebe para que el IDIAF, el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente pongan fin a esta práctica.
Lo que se ha notado es que la conversión a cemento de las fincas arroceras se ha acelerado en los casi 20 meses de gobierno del presidente Luis Abinader. El primer mandatario estuvo en la Estación Experimental Arrocera de Bonao, pero nadie le habló del tema. Nadie hizo denuncia. En Bonao es público que ese proceso se produjo, pero no hay forma de que alguien lo ponga en evidencia. Se trató de un complot perpetrado con visos de legalidad.
Mientras tanto, las tierras que antes tenían arroz sembrado y se veían cuando se pasaba por Bonao, ahora cada día tienen más grava y más cemento, y tienen estaciones de combustibles, granceras, fábricas de artesanías, almacenes de vehículos pesados y cementerios de trastos viejos.
Todo ello ocurre mientras el presidente y los funcionarios se preocupan por garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
Una vergüenza.