El sector de zonas francas de República Dominicana llega a este momento con indicadores positivos, aunque bajo nuevas presiones externas. En el primer trimestre de 2026, la manufactura bajo este régimen especial creció 7.8 %, convirtiéndose en el principal motor de la expansión económica del país, que cerró ese período con un alza de 4.1 % respecto al mismo trimestre de 2025, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Solo en marzo, las exportaciones de zonas francas sumaron US$ 841.2 millones, un crecimiento del 8 % frente al año anterior. En los primeros tres meses de 2026, el sector acumuló US$ 2,085.1 millones exportados —US$ 539.9 millones en enero y US$ 704.1 millones en febrero—, con una tasa de crecimiento anual de 4.6 % y productos con destino a 132 países.
Sin embargo, ese dinamismo convive con una realidad que el sector privado y el Gobierno no pueden ignorar: la política arancelaria de la administración Trump.
El golpe de los aranceles: US$ 440 millones retenidos
Desde abril de 2025, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos estuvieron sujetas a una tasa arancelaria del 10 % impuesta por la administración Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). El resultado: el sector exportador dominicano pagó US$ 440.4 millones en aranceles durante ese período.
Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos anuló posteriormente esa orden y el Gobierno estadounidense inició el proceso de reembolso de hasta US$ 166,000 millones recaudados de forma ilegal, la incertidumbre persiste. Trump advirtió públicamente a las empresas que no reclamaran los reembolsos, lo que coloca a los exportadores dominicanos ante una disyuntiva de alto riesgo político y financiero.
La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) advirtió que el cambio en el mecanismo arancelario aplicado por Washington ha reducido el margen para negociaciones bilaterales específicas con República Dominicana. Según la entidad, el paso de medidas sustentadas en poderes de emergencia hacia instrumentos comerciales de carácter más general obliga ahora a una reconfiguración de la estrategia comercial dominicana.
La concentración del destino exportador agrava la vulnerabilidad: de los US$ 2,085.1 millones exportados en el primer trimestre de 2026, US$ 1,532.1 millones —el 73.5 %— tuvieron como destino Estados Unidos. Le siguen Puerto Rico con US$ 88.9 millones, Países Bajos con US$ 68.4 millones, Haití con US$ 54.5 millones y China con US$ 53.9 millones.
Qué empresas y sectores están en mayor riesgo
Según las estadísticas más recientes del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), al cierre de 2024 operaban 843 empresas distribuidas en 93 parques industriales a lo largo de 28 provincias del país, con una inversión acumulada de US$ 7,735.72 millones. De ese total, 651 empresas operan dentro de parques, 119 son zonas francas especiales y 73 son zonas francas de servicios.
A febrero de 2026, el sector ya registraba 858 empresas activas en 95 parques, con 196,709 empleos directos y exportaciones acumuladas de US$ 1,243.9 millones en los primeros dos meses del año.
Por tipo de actividad económica, los sectores con mayor presencia y, por tanto, con mayor exposición al riesgo arancelario son:
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Servicios | 203 |
| Tabaco y sus derivados | 160 |
| Manufactura textil | 98 |
| Productos agroindustriales | 57 |
| Comercializadoras | 50 |
| Productos médicos y farmacéuticos | 40 |
| Productos eléctricos y electrónicos | 30 |
| Reciclaje y clasificación | 30 |
| Cartón, impresos y papelería | 29 |
| Calzados y sus componentes | 24 |
Los sectores con mayor exposición directa al mercado estadounidense son:
Tabaco y cigarros (160 empresas): rubro tradicional con mercado concentrado en Estados Unidos, altamente sensible a cualquier encarecimiento de costos de exportación.
Manufactura textil (98 empresas): sector intensivo en mano de obra, con décadas de presencia en el país y márgenes estrechos que hacen insostenible cualquier arancel adicional.
Dispositivos médicos y farmacéuticos (40 empresas): uno de los rubros de mayor valor agregado y crecimiento sostenido, altamente dependiente del acceso preferencial al mercado estadounidense.
Productos eléctricos y electrónicos (30 empresas): segmento en expansión que compite directamente con proveedores asiáticos y mexicanos.
La ventaja competitiva de las zonas francas dominicanas frente a México y Asia — proximidad geográfica y acceso preferencial bajo el DR-CAFTA— podría erosionarse si los aranceles se consolidan como política permanente.
El origen del capital: una vulnerabilidad adicional
El perfil de los inversionistas que operan en las zonas francas dominicanas añade otra dimensión al análisis. De las 843 empresas registradas al cierre de 2024, 343 son de capital dominicano (40.7 %), pero 253 son de origen estadounidense (30.0 %). Le siguen Canadá con 25 empresas (3.0 %), Alemania y España con 18 cada una (2.1 %), Puerto Rico con 16 (1.9 %), y Corea del Sur y Suiza con 13 cada una (1.5 %).
Que casi un tercio de las empresas del sector sea de capital estadounidense es, al mismo tiempo, un argumento a favor del país en las negociaciones con Washington y una señal de alerta: si la política arancelaria de Trump hace inviable operar desde República Dominicana, esas empresas tienen la capacidad de reubicar sus operaciones.
Los empleos que dependen del modelo
El régimen de zonas francas sostiene directamente 196,709 empleos formales —cifra registrada a febrero de 2026—, con una concentración significativa en provincias como Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana y el Gran Santo Domingo. Se trata, en su mayoría, de empleos industriales con cobertura de seguridad social, en un mercado laboral donde el empleo formal sigue siendo un bien escaso.
El sector opera bajo administración mayoritariamente privada: el 49 % de las empresas está en parques de gestión privada, el 22 % en zonas francas especiales y de servicios, el 14 % en parques públicos y el 9 % restante en esquemas mixtos.
Actores clave del sector, entre ellos José Manuel Torres de Adozona, Johannes Kelner del CNZFE, Héctor Garrido de Nigua Free Zone y Bela Szabó Padilla de Zona Franca Las Américas, coincidieron recientemente en que hay condiciones favorables para seguir creciendo, pero advirtieron que no es momento de conformarse. El próximo salto del sector, señalaron, dependerá de más valor agregado, formación de talento y una agenda común entre el Gobierno y el sector privado.
Qué negocia el Gobierno en Washington
El Gobierno dominicano, en coordinación con el sector privado, ha sostenido esfuerzos de diálogo con autoridades estadounidenses. Sin embargo, el cambio de enfoque de la administración Trump —que pasó de medidas de emergencia a instrumentos arancelarios de carácter más general— ha reconfigurado el terreno de negociación.
La República Dominicana no es un actor directo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero tampoco es un espectador neutral. Como señaló el economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, cada cadena de suministro que se rompe y se reensambla en otro lugar del mundo impacta en la economía dominicana de formas que apenas comienzan a comprenderse con claridad.
El país cerró 2025 con exportaciones de zonas francas por US$ 8,604.6 millones, una base sólida que el Gobierno utiliza como argumento en Washington para defender el acceso preferencial. La estrategia apunta a tres frentes: mantener el diálogo bilateral, posicionar al país como destino de nearshoring para empresas que buscan salir de Asia, y elevar el valor agregado de las exportaciones para reducir la dependencia de sectores más vulnerables a la competencia de precios.
El dilema del gasto tributario
El régimen de zonas francas también implica un elevado costo fiscal para el Estado dominicano, un aspecto que vuelve a cobrar relevancia en medio de la incertidumbre comercial internacional.
Estimaciones basadas en los informes oficiales de gasto tributario indican que el Estado dejaría de percibir más de RD$ 314,494 millones entre 2018 y 2026 por concepto de exenciones otorgadas al sector bajo la Ley 8-90 sobre Zonas Francas.
El esquema concede amplias exenciones de impuesto sobre la renta, aranceles de importación, ITBIS y otros tributos a las empresas acogidas al régimen especial, con incentivos que pueden extenderse hasta 20 años según la ubicación y características de la operación.
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