El Ministerio de Hacienda y Economía presentó este jueves "un paquete de medidas tributarias" que el Gobierno pretende someter al Congreso Nacional entre el lunes y el martes de la próxima semana. La reunión, presidida por el ministro Magín Díaz, contó con la participación del liderazgo de comunicación, un día después de que se reuniera con representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Lo primero que aclaró Díaz fue el nombre: esto no es una reforma fiscal. El ministro fue enfático en señalar que se trata de un conjunto de medidas de ajuste, y que la reforma fiscal propiamente dicha es una tarea pendiente para otro momento. "En algún momento se tendrá que hacer", admitió.
Una recaudación acotada, con muchas exclusiones
El paquete aspira a generar ingresos adicionales de entre RD$ 40,000 y 50,000 millones, una cifra que resulta llamativamente modesta si se considera todo lo que el proyecto no toca:
- Sin cambios al ITBIS: ni la tasa ni la base imponible serán modificadas.
- Sin tocar los impuestos selectivos: combustibles, vehículos, alcoholes, cigarrillos, seguros y telecomunicaciones quedan fuera del ajuste.
- Sin modificar las tasas del IPI ni el mínimo exento.
- El aumento del ISR no afectará a las MiPymes, que quedan blindadas de ese incremento.
- Sin nuevos impuestos a los intereses ni a los dividendos.
- Sin gravar las plataformas digitales: el presidente Luis Abinader consideró que "estas son las medidas razonables por ahora", según explicó el propio Díaz.
- Además, el proyecto contempla la eliminación o reducción de algunos impuestos existentes.
Menos de la mitad de la propuesta Jochi Vicente
Para dimensionar la escala de lo que se propone, basta una comparación: la propuesta que en su momento elaboró el exministro de Hacienda, José Manuel "Jochi" Vicente ascendía a RD$ 122,486.6 millones. El paquete actual representa, en el mejor de los casos, apenas el 40% de aquella cifra. En otras palabras, menos de la mitad.
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Esa diferencia no es menor. Refleja una decisión política de ir con paso corto en un terreno que ya quemó al Gobierno en dos ocasiones anteriores, cuando intentos previos de modernización fiscal naufragaron ante el rechazo del sector empresarial, organizaciones sociales y sectores políticos que los calificaron de excesivos.
La indexación: el punto que toca al 85% de los asalariados
Uno de los elementos más sensibles del proyecto es la indexación de los tramos del ISR para personas físicas asalariadas. Desde 2017, esos tramos están congelados por ley, lo que significa que la inflación acumulada ha ido empujando a más trabajadores hacia franjas impositivas más altas sin que sus ingresos reales hayan mejorado. Según los datos del Gobierno, el 85% de los asalariados del país se vería alcanzado por esta medida de ajuste.
El camino al Congreso
Con el sector privado ya consultado —al menos formalmente—, el Ejecutivo tiene previsto enviar el proyecto al Poder Legislativo en los próximos días. La velocidad del proceso sugiere que el Gobierno confía en contar con los votos necesarios, aunque el debate parlamentario podría abrir nuevas presiones desde los sectores que hoy quedaron fuera de la mesa.
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Ahora bien, podrá una recaudación de entre RD$ 40,000 y 50,000 millones ser suficiente para atender las necesidades fiscales del Estado en un contexto de creciente incertidumbre económica internacional, o "este paquete acotado" no es más que el anticipo de la reforma mayor que el propio Díaz reconoció que, tarde o temprano, tendrá que llegar.
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