Muy tarde Espaillat se dio cuenta de que la política de conciliación que trató de implementar para atraer a los partidarios de Buenaventura Báez e Ignacio María González fue totalmente errada, ya que perdió el apoyo de los sectores más firmemente abanderados del liberalismo radical por el que él había abogado antes y durante gran parte de su Gobierno, como lo era el General Gregorio Luperón, José Gabriel García, Mariano Antonio Cestero y el general Luis Felipe Dujarric, quienes renunciaron de sus cargos ministeriales. El 5 de octubre de 1876, el presidente Ulises Francisco Espaillat se vio obligado a tomar la infausta decisión de asilarse en el Consulado de Francia, ya que los sectores a quienes le dio cabida fueron los mismos que le hicieron la guerra sin cuartel para derrocarle del Gobierno.
El caudillismo fue una de las rémoras más negativa que dejó la colonia en el territorio dominicano, luego de más de tres siglos de dominación autocrática de la corona española y la transferencia de poder a los gobernadores y demás representantes peninsulares. Este fenómeno logró su personificación más clara en el brigadier criollo Juan Sánchez Ramírez, quien asumió el liderazgo de la Guerra de la Reconquista y fue el primer gobernador de la colonia española de Santo Domingo durante el denominado período de la España Boba en la historia de la República Dominicana.
3-Causas del derrocamiento del gobierno de Espaillat
Las causas que contribuyeron al derrocamiento del presidente Ulises Francisco Espaillat fueron múltiples, ya que enfrentó de manera responsable una forma de hacer política que estaba muy enraizada en la médula de los actores políticos de la primera y segunda república y que tenía sus antecedentes en el dilatado periodo colonial que vivió la isla de Santo Domingo, como lo era el caudillismo político y militar.
Ese proceso devino en la compra de voluntades y en la creación de lealtades que impedirían la puesta en práctica de un modelo de gobierno basado en la democracia, el libre juego de las ideas, la selección de los actores más capaces para el ejercicio de la cosa pública, la transparencia y el sentido ético en el manejo de los fondos del Estado.
Esta perspectiva caudillista se entronizó en el Estado, cuando los trinitarios, auspiciadores del proceso independentista con Juan Pablo Duarte a la cabeza, fueron expulsados del poder y las riendas del Estado quedaron el mano del hatero Pedro Santana, quien procedió a manejar los destinos del país como si fuera la finca particular que tenía en el Seibo, El Prado. Esto le llevó a crear un ejército de peones y allegados que les garantizaron absoluta fidelidad, así como la aceptación de todos los desmanes cometidos contra los verdaderos patriotas y defensores de la República Dominicana, tanto a nivel civil como militar.
El caudillismo se perpetúa cuando emerge al escenario político un personaje que tuvo en su haber varios atributos de los cuales carecía el general Pedro Santana, como fue una gran formación académica adquirida en Francia y un liderazgo en amplios sectores de la vida económica y política del país y del exterior. Esto, unido a su experiencia militar y congresional, les permitieron a Buenaventura Báez hacerle contrapeso al caudillo del Este, enfrentarlo y desplazarlo del poder, al tiempo que le sustituyó en el panorama político nacional, tras su muerte.
Cuando Ulises Francisco Espaillat asume el poder en abril de 1876, el caudillismo tradicional estaba en crisis, pero no estaba aún en estado agónico, puesto que tenían una presencia estelar en el escenario político dominicano figuras como Buenaventura Báez, José María Cabral, Pedro Antonio Pimentel, Ignacio María González y Gregorio Luperón, entre otros, quienes habían emergido con fuerza tras el triunfo de la Guerra de la Restauración frente a España y tras los intentos infructuosos de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos.
Uno de los escollos más fuertes que encontró Espaillat al asumir la Presidencia para instituir una gestión gubernamental totalmente democrática, transparente y rodeada de un gran sentido ético, fue la resistencia de los sustentadores del modelo caudillista a que nos tenían acostumbrados los políticos tradicionales dominicanos.
La primera disposición que emanó del ciudadano Espaillat en esa dirección fue la integración de un Gabinete Presidencial con personas sumamente capaces y procedentes de los litorales académicos, sociales y políticos, algunos muy conocidos y otros menos conocidos, para lo cual no tomó en cuenta su orientación política e ideológica, pero sí su trayectoria personal, profesional y su actitud de servicio público incuestionable.
La designación que encontró más resistencia de parte de los caudillos tradicionales fue la del general Gregorio Luperón como ministro de Guerra y Marina, por el rol determinante que había asumido tanto en la Guerra de la Restauración como en la organización de la resistencia armada contra los gobiernos entreguistas, represivos y corruptos de José María Cabral, Buenaventura Báez e Ignacio María González.
El día 23 de enero del año 1876, teniendo como marco el gobierno de Ignacio María González, el general Gregorio Luperón fue objeto de un atentado criminal en su ciudad natal de la costa atlántica de Puerto Plata, del cual se salvó milagrosamente. En esa ocasión, un grupo de importantes ciudadanos de la ciudad de Santiago de los Caballeros, encabezados por Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Máximo Grullón y Manuel de Jesús Peña y Reynoso, protestaron contra esa acción criminal. A partir de entonces en la Ciudad Corazón surgió un movimiento en apoyo a Luperón, con lo cual se dio inicio a la denominada Evolución de Enero, contra el gobierno corrupto y asesino del general Ignacio María González.
El gobierno de Ignacio María González fue acusado de corrupto en 1876 y se vio obligado a renunciar por la presión popular
Así lo reveló el escritor Peña y Reynoso, cuando expresó claramente que el gobierno que encabezó Ulises Francisco Espaillat a partir del 29 de abril de 1876 fue una consecuencia directa del movimiento político-social que se gestó en enero de ese mismo año:
La nueva administración es una consecuencia de la evolución de enero, etapa gloriosa de la marcha política que el país emprendiera el veinticinco de noviembre; y la evolución de enero implica tres luminosas y fecundas enseñanzas.[1]
La primera enseñanza de que hablaba Peña y Reynoso en comunicación dirigida a los gobernadores de las provincias y de los distritos, en su condición de ministro de lo Interior y Policía del Gobierno de Espaillat, es la que se esboza a continuación:
La primera de estas enseñanzas es que no debe crearse ningún Gobierno sino por medio de las elecciones. Y esta enseñanza es luminosa y fecunda, a causa de que imprime en la conciencia del pueblo que ‘todo Gobierno impuesto por la fuerza es un mal inmenso; porque todo su tiempo y recursos los emplea en sostenerse también por la fuerza; porque una parte de los ciudadanos empuña las armas para sostenerlo, y la otra parte para derrocarlo; porque mientras todo el país se hunde en la guerra civil, en las persecuciones, en los rencores, en la miseria y aún en el desprecio de los otros países, el Gobierno impuesto por la fuerza aprovecha y disfruta los sacrificios de todos’.
No obte usted pues, señor Gobernador, que todas las agrupaciones prácticas del país comiencen cuando quieran la campaña electoral de esa provincia, no obste usted que empleen en esa campaña todos los elementos legales: la asociación particular, la tribuna, la prensa…
De este modo, señor Gobernador, tendrá usted pleno derecho, tendrá usted conciencia poderosa y tranquila para perseguir inexorablemente a todos los conspiradores por el establecimiento de un Gobierno impuesto por la fuerza, y el pueblo, esa perenne víctima de semejante atentados contra la dignidad nacional, sentirá bullir en su conciencia la indignación más profunda cuando se pretenda inferirle de nuevo tamaño ultraje, pugnando por imponerle de nuevo un amo; y volverá y combatirá infatigable por su libertad y decoro…[2]
En estas palabras de Peña y Reynoso se pone en evidencia claramente que el modelo de gobierno que introdujeron Ulises Francisco Espaillat y sus ministros era totalmente democrático y transparente, de cara al pueblo, a la opinión pública y a la prensa honesta e independiente. Un gobierno verdaderamente diferente al que se puso en práctica en la República Dominicana desde la consumación de la independencia nacional hasta ese momento, ya que la mayor parte de ellos había asumido poder o se mantuvo en él por la fuerza, obviando las elecciones como el medio más democrático y efectivo para que el pueblo ejerza su verdadera soberanía, tal como lo había concebido el pensador ilustrado Juan Jacobo Rousseau y consignó en su Proyecto de Ley Fundamental el patricio Juan Pablo Duarte.
Al referirse a la segunda enseñanza que se derivó de ese fecundo movimiento político de enero de 1876, Peña y Reynoso recupera los conceptos de representación, soberanía, conciencia y voluntad nacional:
La segunda de estas enseñanzas es que no debe sostenerse ningún Gobierno sino por medio de la opinión pública y, esta enseñanza es así mismo fecunda y luminosa porque ella imprime en la conciencia del pueblo que el Gobierno no es otra cosa que la representación, que la suma de la soberanía, de la conciencia, de la voluntad nacional, y que no debe, que no puede proceder sino conforme a esa soberanía, conforme a esa conciencia, conforme a esa voluntad.
No obte usted, pue, señor Gobernador, el libre examen de los actos del Gobierno, de los actos de usted, de los actos de todos sus subalternos, no obste usted que la tribuna, y la prensa dejen llegar a ese despacho, dejen llegara este Ministerio, dejen llegar al Gobierno la manifestación libre de todas las necesidades de todas las aspiraciones del pueblo, propenda usted a que se constituya cada día mayor número de asociaciones particulares y a que aquellas que no tengan el medio civilizador de la prensa le dirija, y dirijan a este Ministerio, manifestaciones periódicas de la naturaleza indicada.
De este modo, señor Gobernador, en vez de las sombras de la opresión, tendrá ese despacho, tendrá este Ministerio, y tendrá el Gobierno la luz de la libertad; de este modo en vez de sordo murmullo, precursor de la revolución armada, escuchará usted, escuchará este Ministerio, y escuchará el Gobierno la clara voz de la discusión adelantadora, de este modo verá usted, verá este Ministerio, y verá el Gobierno levantarse los puntos negros que amenacen la serenidad pública…[3]
En esta segunda enseñanza se deja ver claramente que el Gobierno debe estar abierto al escrutinio de la opinión pública, ya que ese proceso pone al desnudo que el Gobierno no es más que la representación del pueblo, el cual eleva su conciencia en la misma medida en que ejerce su soberanía y lleva a cabo el libre examen de los actos del Poder Ejecutivo, al hacer llegar de forma directa, a través de sus asociaciones cívicas y vía la prensa sus necesidades y aspiraciones más sentidas, como la forma más efectiva de ejercicio de la libertad y el medio más idóneo para desactivar cualquier intento de sublevación armada.
Por último, destaca el rol fundamental que le está reservada a la prensa sensata y honrada en el fomento de un ejercicio gubernamental responsable, donde se promueva la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ley frente a cualquier asomo de tiranía:
Tal vez, señor Gobernador, la vehemencia de nuestro carácter nacional y la necesidad de convencerse de que son efectivamente libres, provoque en nuestros periodistas a excederse en la discusión de los intereses públicos. En tales casos el Gobierno de que formo parte se propone mirar con elevado desdén tales excesos, y aprovechar con patriótica docilidad las enseñanzas que entrañen. Pero el Gobierno de que formo parte hará más todavía, verá con liberal satisfacción que igual propósito presida en todas sus dependencias. No son las persecuciones, sino la prensa imparcial y honrada y la opinión pública ilustrada por ella los medios de combatir la prensa parcial y malintencionada. El ejercicio de la libertad inspira gradualmente decoro, y los adelantos de nuestra prensa en este sentido lo prueban incontestablemente; y de seguro que no está lejos el día en que todos nuestros periodistas miren la verdad como un objeto sagrado que no deben profanar ni la doblez ni la invectiva.
Esto no obstante no es el ánimo del Gobierno exigir que sus dependencias y las particulares renuncien a la vindicta de sus agravios. Contra esos agravios existe la imparcialidad de la ley, y ‘la ley es más fuerte que todos los tiranos…[4]
Con esa forma de gobierno se intentó derrotar para siempre el imperio de la fuerza y la tiranía, para colocar en su lugar la imparcialidad y el imperio de la ley, condenando para siempre todo tipo de exceso y fomentando el ejercicio responsable del libre juego de las ideas, bajo la premisa de que el ejercicio de la libertad genera gradualmente procesos de decoro y dignidad en los seres humanos y en las instituciones.
Como se puede colegir de lo antes dicho, los caudillos militares y civiles de las diferentes regiones del país no podían estar identificados ni siquiera mínimamente con esta nueva forma de hacer política y de ejercer el poder que había arribado al Palacio Nacional de la República Dominicana a partir del 29 de abril de 1876, razón por la cual veían como algo sumamente necesario derrocar este Gobierno para volver al ejercicio de las viejas prácticas que sí generaban adhesiones clientelares, privilegios, gratificaciones, dádivas y prebendas.
Una de las acciones que más escozor generó en los sectores adversos al Gobierno que encabezó el ciudadano Ulises Francisco Espaillat fue su firme voluntad de combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública, fuese en el Gobierno central o en las instituciones descentralizadas de las provincias, distritos o comunes. En ese orden tradujo a la acción de la justicia a los administradores de hacienda de Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y Monte Cristi, por el mal manejo de los fondos bajo su responsabilidad.
De igual manera, mantuvo una postura de total defensa de la soberanía nacional frente a aquellas empresas transnacionales que buscaban explotar nuestras riquezas nacionales, sin hacer los aportes correspondientes al fisco de la República Dominicana. Esto motivó en ocasiones que los sectores antinacionales que enfrentaron a Espaillat se aliaran con esas compañías para lograr su derrocamiento del Gobierno.
4-Incidencia de las insurrecciones armadas en el derrocamiento del Gobierno de Ulises Francisco Espaillat
El 29 de abril de 1876 asumió como presidente de la República el ciudadano Ulises Francisco Espaillat, pero ya a finales del mes de mayo de ese año los sectores adversos al Gobierno comenzaron a excitar al pueblo con propagandas subversivas y acciones conspirativas, los mismos que habían abandonado el poder con Ignacio María González a la cabeza, acusados de actos de corrupción, de prácticas autoritarias y de llevar a cabo atentados criminales contra varios líderes liberales del país.
El 27 de mayo de 1876 el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Ulises Francisco Espaillat, Manuel de Jesús Galván, envió una comunicación al ministro de Relaciones Exteriores de Haití, L. Ethéart, donde le ponía en sobre aviso sobre las acciones subversivas que algunos personajes planeaban desde el territorio haitiano hacia la República Dominicana:
No. 200
Al Sr. ministro de Relaciones Exteriores de Haití.
Puerto Príncipe
Santo Domingo, 27 de mayo de 1876.
El Gobierno, de cuya orden tengo el honor de dirigirme a Ud., ha recibido reiterados informes de que varios ciudadanos dominicanos residentes en el Cabo Haitiano se ocupan activa y eficazmente en promover levantamientos contra el orden de cosas vigente en la República Dominicana, y en producir perturbaciones por aquella frontera encaminadas a derrocar la actual administración y sustituirla con Báez, o cualquier otro gobernante que sirva a los intereses antipatrióticos que aquel representa.
Muy posible es que, en los momentos actuales, y a los agentes de mi Gobierno estén en posesión de pruebas concluyentes de esos trabajos desleales y disociadores; pero, entretanto, los hechos comienzan a demostrar el fundamento de nuestras convicciones, y la certeza de los avisos recibidos. Ya todas nuestras poblaciones del N. O. se sienten conmovidas por las falsas propagandas de los perturbadores y el rebelde Gabino Crespo da motivos para serias alarmas, alentadas por sus amigos del Cabo, y fortalecido con sus socorros de pertrechos y dinero, de modo que el Gobierno ve casi comprometida la paz pública, la mayor de sus aspiraciones, a despecho de la política amplia y generosa de la nueva administración. Esta tiene la seguridad de vencer a los rebeldes contando con el apoyo inequívoco que le presta todo el país, pero no puede ver sin dolor un trastorno, que sólo proporcionará efusión de sangre y el dispendio estéril de la fortuna pública.[5]
Como se observa en esta comunicación, resalta el nombre de uno de los principales conspiradores contra el Gobierno de Ulises Francisco Espaillat, general Gabino Crespo, un antiguo baecista que hacía causa común con la idea de que el general Ignacio María González retornara al poder. En Cabo Haitiano hizo su aparición por el renunciante Encargado de Negocios de la República Dominicana en Haití, el historiador eclesiástico Carlos Nouel, gestionando pertrechos militares y dinero para darle sustento a las acciones conspirativas que en términos propagandísticos se desplegaban por todas las poblaciones de la Línea Noroeste, como Sabaneta, Guayubín y Dajabón este grupo, con apoyo de sus amigos y relacionados en el vecino país.
A menos de un mes de que Espaillat asumiera el Gobierno, su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel de Jesús Galván, ya estaba comunicándose con las autoridades haitianas para solicitar su colaboración efectiva para mantener la paz en el territorio dominicano y así evitar más derramamiento de sangre y el despilfarro infecundo del tesoro público. Galván continúa exponiendo las razones de su comunicación al cónsul haitiano en los siguientes términos:
Mi Gobierno no admite ni un solo instante la suposición de que los hombres que hoy gobiernan a la República de Haití, los que representan la causa de la libertad y de la civilización en medio de ese pueblo heroico y desgraciado, como el dominicano, puedan infringir los deberes de humanidad y vecindad tolerando abusos perjudiciales a la paz del uno, y a los buenas relaciones de ambos países, y menos cuando acaban de recibir pruebas de nuestra lealtad, con la inmediata internación de los refugiados haitianos generales Laconne e Hilaire Rabel, y no tratándose de emigrados forzosos que pugnen por abrirse las puertas de la Patria, pues mi Gobierno a nadie ha expatriado antes bien convida con el indulto a todos los proscritos por las administraciones anteriores, no puede suponer la tolerancia de esos abusos, tan pronto como obraran en conocimiento del Gobierno de Haití, cuando ella no respondería ni a la compasión, ni a ningún otro sentimiento digno de respeto.
Con estas consideraciones a la vista, y siendo urgente una medida que ponga término al riesgo que puede correr la reciprocidad fe, y buena inteligencia entre los dos Gobiernos, el que tengo la honra de representar en este momento, anticipándose a las instrucciones ya comunicadas sobre el particular. Al Encargado de Negocios de la República Dominicana en Port-au-Prince ha acordado dirigirse confidencialmente de V. E. invocando el cumplimiento del artículo 33 del tratado vigente sobre las dos naciones y aplicable al caso presente en lo que respecta a los emigrados dominicanos que gratuitamente hostilizan a la Administración actual, suscitándole perturbaciones y rebeliones que de ellas reciben aliento y alimento, como sucede con la de Crespo y sus compañeros, en los campos de Sabaneta, Guayubín y Dajabón.[6]
No conforme con solicitar apoyo al Gobierno haitiano para desactivar los focos de insurrección que desde el vecino país se estaba fraguando contra la estabilidad del Gobierno dominicano, Galván le dice a su homólogo haitiano, L. Ethéart, que no acepta ni siquiera por un momento que quienes dirigían la nación haitiana pudieran prestarse a usar su territorio para perturbar la paz en un país amigo que ha dado las muestras más fehacientes de probidad indiscutible al recibir a sus refugiados, los generales Laconne e Hilaire Rabel y llevarlo a lugares interiores de la República Dominicana, distantes de la zona fronteriza.
Asimismo, le recuerda al jefe de la diplomacia haitiana que en el Gobierno dominicano no habían exiliados en ese momento, sino muy por el contrario, que personas de anteriores gestiones gubernamentales que habían sido expulsadas por razones políticas, fueron recientemente indultadas o amnistiadas, ya que sus portaestandartes fundamentales eran la tolerancia, la democracia y la libertad. Estos son los términos en que se dirige Galván a su homólogo Ethéart:
Identificados hoy los dos Gobiernos en principios y aspiraciones, el dominicano, aparte del derecho que le dan las estipulaciones solemnes cuyo cumplimiento invoca, tiene la fundada esperanza de hallar en el de V. E. toda la cooperación que puede prestarle, para extirpar las causas de desorden y disgustos en el territorio fronterizo, internando a los agitadores en puntos donde no puedan entretener la comunicación activa con los rebeldes en armas, y cerrando a estos su frontera hasta privarles de los socorros que del país haitiano pudieran obtener, lo que se conseguirá en instrucciones severas de las autoridades subalternas de aquella línea.
Mi Gobierno no puede designar al de V. E. expresamente los individuos que están dedicados a la obra culpable de promover y fomentar trastornos en nuestro territorio; pero el Agente Consular de la República en Cabo Haitiano, Sr. M. de J. Ricardo, puede suministrar a la autoridad local datos y noticias suficientes a apreciar la verdad y justificar la medida precautoria que exige la cordial inteligencia reinante entre ambos países. Que el Gobierno de Haití se digne oír sus informes, que pueden conducir a una indagación útil y concluyente.
Así lo espera S. E. el presidente Espaillat, y el gabinete de que formo parte, contando con los buenos oficios del Gobierno Haitiano, al que puedo ofrecer la seguridad de que en todo tiempo hallará en esta administración sentimientos de fraternal reciprocidad.
Aprovecho la ocasión para ofrecer a V. E. SSA.
MANUEL DE J. GALVÁN.[7]
Galván solicitó la cooperación del gobierno haitiano para llevar a cabo la eliminación de las causas de la anarquía reinante en la zona fronteriza, procediendo a mover a los revoltosos a puntos interiores que dificultara la comunicación con los insurrectos que operaban en territorio dominicano y cerrándoles la frontera para evitar el trasiego de armas y municiones.
Muy a pesar de haber identificado al general Gabino Crespo como el jefe de los rebeldes en la República Dominicana, el Gobierno de Espaillat no se aventuró a señalar el nombre de los cómplices que en Haití se prestaban a servirle de contraparte, que como hemos indicado estaban encabezados por Carlos Nouel. No obstante, le indicó que el Agente Consular Dominicano en Cabo Haitiano le podía suministrar los datos y las noticias necesarias que les permitirían tomar las medidas precautorias que conducirían a una investigación útil e incuestionable.
Cinco días después Galván volvió a escribirle al jefe de la diplomacia haitiana, donde le señaló la absoluta indiferencia de su gobierno en Juana Méndez y el Cabo ante las denuncias reiteradas de las autoridades dominicanas de la línea fronteriza, en torno a las acciones turbulentas y hostiles de que fraguaban los enemigos del Gobierno dominicano, siendo provistos de pertrechos y provisiones de guerra. Así se expresó el Canciller de la República Dominicana:
No. 209
Al ministro de Relaciones Exteriores de Haití
Santo Domingo, 1 de junio de 1876.
Los partes reiterados de las autoridades dominicanas en la línea del N. O., denuncian la absoluta indiferencia con que las autoridades haitianas de Juana Méndez Ouanaminthe y el Cabo miran las maniobras perturbadoras y hostiles de los enemigos del Gbo. Dominicano permitiendo que escandalosamente sean provistos los rebeldes armados que inquietan nuestras poblaciones de pertrechos de guerras y provisiones de aquella procedencia.
Tan abierta infracción del Art. 33 del Tratado de paz entre ambas Repúblicas, y tan culpable olvido por parte de aquellos delegados del Gobierno de V. E. de todos los miramientos y deberes que les imponen la vecindad y las convenciones solemnemente estipuladas, con gravísimo perjuicio de nuestros intereses pudieran comprometer las relaciones entre los dos países que mi Gobierno desea mantener bajo el pie de la más franca cordialidad, y esta consideración me obliga a dirigir a V. E. la presente nota con carácter de urgencia, para expresar al P. E. de la República de Haití que el Gobierno Dominicano se promete que con la mayor eficacia se corten de raíz los criminales abusos que toleran las referidas autoridades delegadas del Cabo y Juana Méndez, relevándolas de los puestos que tan mal sirven y sustituyéndolas con jefes capaces de comprender la importancia de la paz para ambos pueblos, y de emplear los medios más adecuados para mantenerla.[8]
Como se habrá visto, el gobierno dominicano le reclamó al haitiano que procediera a cumplir lo estipulado en el artículo 33 del Tratado de Paz entre la República Dominicana y la República de Haití, ya que las atenciones y obligaciones que les estaban reservadas a ambas naciones fueron quebrantadas por el vecino país de occidente, ya que toleró la presencia de sectores enemigos en la zona limítrofe entre ambas naciones.
Pero en lugar de lamentarse, Galván le indicó al Gobierno haitiano que para cortar de raíz las acciones abusivas de las autoridades locales del Cabo y Juana Méndez, era necesario relevarlas de sus puestos y sustituirlas por otras que fueran capaces de entender la importancia de lograr la paz para los pueblos de ambas partes de la isla y procuraran los medios más adecuados para mantenerla.
Atento a los acontecimientos que se sucedían en diferentes puntos del país, instigados por los generales epígonos del ex presidente Ignacio María González, los generales Gabino Crespo, Juan Gómez y Juan Isidro Ortea, el presidente Ulises Francisco Espaillat envió un mensaje a la Cámara Legislativa en que le pedía utilizar las facultades que le otorgaba el inciso 20 del artículo 38 de la Constitución vigente en ese momento para vigorizar la acción del Poder Ejecutivo en circunstancias en que peligraba la tranquilidad pública. El Decreto No. 1553 que emitió la Cámara Legislativa, el 14 de julio de 1876, expresaba lo siguiente:
Dios, Patria y Libertad. –
República Dominicana. –
La Cámara Legislativa. Visto el Mensaje del ciudadano presidente de la República, fecha 14 de Julio corriente, exponiendo: que la rebelión acaudillada por los cabecillas Crespo y Gómez en las comarcas del N. 0. va tomando incremento de día en día. Considerando que el Gobierno actual se ha hecho digno, con su política liberal y honrada, de la confianza de la Representación Nacional; y que es deber de ésta vigorizar la acción del Poder en circunstancias en que peligra la tranquilidad pública. En uso de las facultades que le concede el artículo 62 de la Constitución, declarada la urgencia,
DECRETA:
Art. 1º Se autoriza al Poder Ejecutivo para que use de las facultades que la Constitución concede a esta Cámara en el inciso 20 del artículo 38.
Art. 2o. Queda asimismo el Poder Ejecutivo autorizado a hacer los gastos consecuentes a la movilización de fuerzas, y los demás que sean necesarios para el restablecimiento del orden.
Art. 3o. Del uso que hiciere de estas facultades dará cuenta a esta Cámara en la forma constitucional.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara Legislativa, en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los 14 días del mes de Julio de 1876, año 33 de la Independencia y 13 de la Restauración. —El presidente, Apolinar de Castro. —El secretario, Isaías Franco. Ejecútese, comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su puntual cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo a 15 de Julio de 1876, año 33 de la Independencia y 13 de la Restauración. — Ulises F. Espaillat. — Refrendado: El ministro de Relaciones Exteriores, encargado de los Despachos de lo Interior y Policía, Manuel de J. Galván.[9].
El Gobierno de Espaillat estaba claro de dónde venía la conspiración encaminada a derribarlo, razón por la cual acudió al articulado de la Constitución que le otorgaba poderes especiales para combatir a quienes, pretendiendo desconocer la soberanía popular expresada en las urnas, se habían levantado en armas en la Línea Noroeste, intentando desconocer con dicho movimiento insurreccionar un Gobierno legítima y constitucionalmente establecido, que acaudillaban los generales Gabino Crespo y Juan Gómez, pero instigado por el ex gobernador de Puerto Plata, general Juan Isidro Ortea.
Al día siguiente, el 15 de julio de 1876, el presidente Ulises Francisco Espaillat, mediante el decreto No. 1554, anunció el Estado de Sitio en todo el Cibao, especialmente en la Línea Noroeste, Santiago, La Vega y Puerto Plata, para controlar las crecientes perturbaciones a la paz social provocadas por las conspiraciones de los sublevados, capitaneadas por los generales Gabino Crespo y Juan Gómez. El Decreto del Poder Ejecutivo expresaba lo siguiente:
Dios, Patria y Libertad. –
República Dominicana. —
Ulises F. Espaillat, presidente de la República.
En atención a las circunstancias alarmantes en que se hallan las poblaciones del Cibao, por consecuencia de la creciente perturbación de la línea fronteriza del N. 0., provincia de Santiago. Vista la necesidad de evitar que la rebelión, capitaneada por los cabecillas Crespo y Gómez, cunda el territorio de la provincia de la Vega y el distrito de Puerto Plata, que hasta el presente se han mantenido en paz, si bien amagados en su reposo por las laboriosas maquinaciones de los revoltosos. Considerando que el Gobierno debe vigorizar la acción de las autoridades públicas, a fin de poner definitivamente término a esa perturbación sanguinaria y ruinosa para los intereses generales. En uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido, ven go en decretar y
DECRETO:
Art. 1o. Las provincias de Santiago y la Vega, y el distrito de Puerto Plata, quedan declarados en estado de sitio, y suspendidas en el territorio que comprenden sus respectivas demarcaciones, las garantías que determina el inciso 20, artículo 38 de la Constitución.
Art. 2o. Los Gobernadores de las dos provincias y del distrito mencionados obrarán, como delegados del Poder Ejecutivo, usando, en mira de conservar y restablecer el orden público, de las facultades con que, por efecto de la suspensión de las referidas garantías, se amplía temporalmente su autoridad; y darán cuenta de sus actos.
Art. 3. Los jefes militares, de cualquier graduación que fueren, en operaciones activas, ejercerán sus atribuciones extraordinarias, a reserva, asimismo, de dar cuenta de sus actos.
Art. 4. Los administradores y subdelegados de hacienda levantarán y proveerán los fondos y abastecimiento que se les requiera por autoridad competente, proveyéndose de los resguardos necesarios para justificar legalmente.
Dado en la Residencia del Ejecutivo a los 15 días del mes de Julio de 1876, año 33 de la Independencia y 13 de la Restauración. — Ulises F. Espaillat. — Refrendado: El ministro de Relaciones Exteriores, encargado de los Despachos de lo Interior y Policía, Manuel de J. Galván.[10]
Es importante destacar que en el año 1876 en el Cibao solo existían dos provincias, que eran Santiago y La Vega, así como dos distritos marítimos, que eran Puerto Plata y Samaná, que a su vez fueron divididos en comunes y cantones. Las provincias y los distritos marítimos tenían igual jerarquía, con la única diferencia de que estaban situados en la costa del Océano Atlántico. Esto significa que el Estado de Sitio que decretó el gobierno de Ulises Francisco Espaillat incluía a las dos provincias y a uno de los dos distritos marítimos existentes, así como a las diferentes demarcaciones que lo integraban en sus condiciones de comunes y cantones.
Los representantes del Poder Ejecutivo en las provincias de Santiago y La Vega, así como en el distrito marítimo de Puerto Plata, eran los responsables de conservar y restablecer el orden público. En tal virtud, por efecto de la suspensión de las garantías constitucionales, se produjo una ampliación temporal de sus facultades, pero estaban en el deber de dar cuenta de sus actos. Asimismo, los jefes militares de las diferentes graduaciones o rangos ejercerían atribuciones extraordinarias en las acciones operativas que les estaban reservadas, teniendo que dar cuenta de sus actos.
De su lado, los administradores y subdelegados de hacienda debían hacer los levantamientos de necesidades pertinentes para proveer los fondos y realizar los abastecimientos requeridos por las autoridades competentes, siempre proveyéndose de los resguardos necesarios para hacer las justificaciones legales correspondientes.
El 21 de julio de 1876, mediante el Decreto No. 1556, el presidente Espaillat procedió a suspender todas las garantías constitucionales que otorgaba el artículo 38, inciso 20, de la Constitución de la República Dominicana, en virtud de la generalización del conflicto a otros lugares del territorio nacional, en los siguientes términos:
Núm. 1556.—DECRETO del P. E. suspendiendo en todo el territorio de la República, las garantías de que trata el artículo 38, inciso 20, de la Constitución.
Dios, Patria y Libertad. -República Dominicana. —Ulises F. Espaillat, presidente de la República.
Considerando: que los sucesos posteriores a la transitoria ocupación de Guayubín por una partida de rebeldes denotan claramente la existencia de un plan combinado con extensas ramificaciones para trastornar el orden legal.
Que, en tales circunstancias, es deber del Gobierno no consentir que turbadores de la sociedad abusen de las libertades públicas, con el fin de destruirlas conculcando la ley.
Que las propagandas subversivas, anticipándose a los hechos que van desenvolviéndose en el Cibao, comprueban la premeditación y connivencia con los rebeldes en armas. Por estas consideraciones, y en uso de las facultades de que me hallo investido con arreglo al artículo 62 de la Constitución, vengo en decretar y DECRETO:
Art. único. Las garantías mencionadas en el artículo 38, inciso 20 de la Constitución, quedan suspendidas en todo el territorio de la República.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo a los 21 días del mes de Julio de 1876, año 33 de la Independencia y 13 de la Restauración. —Ulises F. Espaillat. – Refrendado: El ministro de Relaciones Exteriores, encargado de los Despachos de lo Interior y Policía, Manuel de J. Galván. – Refrendado: El ministro de Justicia e Instrucción Pública, encargado de la Cartera de Guerra y Marina, José G. García.[11]
Ante el avance de las fuerzas enemigas en las inmediaciones de la ciudad de Santo Domingo, el Gobierno de Ulises Francisco Espaillat declaró el 3 de agosto de 1876 el estado de sitio en la Capital de la República Dominicana, con el apoyo de la Cámara Legislativa:
Núm. 1561. -LEY declarando en estado de sitio la Capital de la República.
Dios, Patria y Libertad. –
República Dominicana. –
La Cámara Legislativa, a propuesta del Poder Ejecutivo, declarada la urgencia. —En uso de las facultades que le concede el artículo 38, inciso 20 de la Constitución del Estado, ha dado la siguiente ley declarando en estado de sitio la Capital de la República.
Art. 1o. Se declara en estado de sitio la ciudad Capital de la República y suspensas las garantías consignadas en el primero y segundo incisos del artículo 13, y los artículos 22, 24 y 25 de la Constitución.
Art. 2o. Se autoriza al Poder Ejecutivo a reglamentar lo conveniente para la ejecución de esta ley.
Dada en la sala de sesiones de la Cámara Legislativa, en la ciudad de San to Domingo, Capital de la República, a 2 de agosto de 1876, año 33 de la Independencia y 13 de la Restauración. -El presidente, Apolinar de Castro. — EI secretario, Isaías Franco. Ejecútese, comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio de la República para su cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo a los 3 días del mes de agosto de 1876, año 33 de la Independencia y 13 de la Restauración. —Ulises F. Espaillat. – Refrendado: El ministro de lo Interior y Policía, Eliseo Grullón. Refrendado: El ministro de Relaciones Exteriores, M. de J. Galván. — Refrendado: El ministro de Justicia e Instrucción Pública, encargado de la Cartera de Guerra y Marina, José G. García. – Refrendado: El ministro de Hacienda y Comercio, M. A. Cestero.[12]
El día 5 de agosto de 1876 la insurrección se había extendido hacia varios pueblos del Sur, iniciando por Azua, instigado por su gobernador baecista, general Valentín Pérez, para luego abrazar a El Maniel (Ocoa) y a Baní. Así lo recoge el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Manuel de Jesús Galván, en carta enviada a su homólogo haitiano, donde al tiempo que le informaba de la situación, solicitaba su apoyo en armas y dinero a las autoridades de la vecina nación para combatir a las fuerzas que les adversaban:
No. 315
Al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití
Santo Domingo, 5 de agosto de 1876.
Un movimiento revolucionario ha cundido en todo el territorio de esta República y la ciudad de Azua ha salido de la obediencia del legítimo Gobierno, haciendo que imiten su ejemplo las comunes de Baní y el Maniel. Enérgicos esfuerzos hacen el Gobierno por restablecer el orden, y lo va consiguiendo plenamente en el Cibao, donde los rivales han sido batidos en varios encuentros, y se pronuncia una reacción favorable a los buenos principios, pero la dirección de Azua, si faltan al Gobierno los recursos para contenerla y reprimirla, hará estériles sus esfuerzos y sacrificios y entregará el país a la anarquía. Nos falta armamento y nos falta dinero para salvar el orden y la paz pública, en que está igualmente interesada la paz con Haití, que el actual Gobierno Dominicano desea conservar y consolidar, por la identidad de principios y aspiraciones que prometen un próspero porvenir a los dos Estados vecinos y hermanos, asegurando el recíproco respeto de su independencia nacional.
En nombre de ese elevado interés, Sr. ministro, mi Gobierno se dirige al de V. E. reclamando su auxilio pronto y eficaz. Necesitamos mil o dos mil buenas carabinas, y una suma de dinero con que hacer frente a los crecidos gastos de esta compañía. Sea en el concepto que fuere, mi Gobierno espera que el de V. E. proveerá prontamente a esta apremiante necesidad de armas y dinero, como una cuenta especial que se arreglará entre ambos Estados fuera de las condiciones ordinarias del Tratado existente entre ellos, y tan pronto como la insurrección esté completamente vencida. El Gral. Rafael Abreu va a Jacmel como comisionado de este Gobierno con objeto de solicitar personalmente los recursos que nos hacen falta. Lo recomiendo en nombre de mi Gobierno a la benevolencia del Gobierno Haitiano, y esperando pronta y satisfactoria contestación de V. E.
MANUEL DE J. GALVÁN.[13]
En este texto se pone de manifiesto la preocupación del Gobierno de Espaillat por el brote insurreccionar que intentaba arropar a toda la Republica Dominicana, que en la región Sur comenzó por Azua y se extendió hacia otros lugares como Baní y El Maniel (actualmente San José de Ocoa). También refiere el ministro Galván que, aunque el Gobierno había realizado esfuerzos ingentes por restituir el orden, lo cual había logrado con excelentes resultados en el Cibao hasta el momento, pero si no contaba con los recursos necesarios para contenerla y reprimirla, estos serían infructuosos y el país caería en manos de la anarquía, la ilegalidad y el desconcierto. En ese orden, procedió a solicitar el apoyo del Gobierno haitiano en armas y dinero para salvaguardar el orden, la paz pública, la identidad de principios y aspiraciones en pos de asegurar un porvenir próspero para los dos Estados que integran la Isla de Santo Domingo y así asegurar la soberanía nacional de ambas.
De la retórica general, el Gobierno dominicano pasó a la solicitud concreta de apoyo de parte de la vecina República de Haití con mil o dos mil buenas carabinas y una suma de dinero considerable para poder enfrentar con éxito los grandes gastos de esta empresa, que estimó como una cuenta especial que se arreglará por fuera del Tratado de Paz entre la República Dominicana y la República de Haití, tan pronto como se lograra sofocar completamente la insurrección, para lo cual designó como enviado especial a la ciudad de Jacmel al general Rafael Abreu.
En sendas comunicaciones de los días 7 y 8 de agosto de 1876, el Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel de Jesús Galván, en notas enviadas al Cónsul de Italia en Santo Domingo le aclaró que el general Ignacio María González, hecho prisionero personalmente por el general Luis Felipe Dujarric, comandante de la plaza de armas de Santo Domingo, no llegó a asilarse en esa legación diplomática, pues aunque intentó zafársele a la autoridad cuando pasaban por el frente de la misma, no logró su objetivo. Veamos exactamente los términos de la nota diplomática, en que se acusa abiertamente a González de ser el impulsor de la insurrección que se desarrollaba en diferentes puntos del país:
No. 320
Al Cónsul de Italia
Santo Domingo, 7 de agosto de 1876.
He recogido informes verbales para poder contestar la atenta comunicación de V. S. fecha de ayer, No. 309, relativa a la prisión del ciudadano dominicano Sr. Ignacio González Lavastida.
El comandante de Armas de Esta plaza, Sr. Dujarric, por un acto de caballerosidad y por miramientos privados, no quiso confiar a agentes subalternos la prisión del Sr. González, y prefirió intimarle personalmente el arresto, y conducirle por sí mismo la fortaleza. Al pasar frente a la casa consular, el preso intento escaparse, pero el Gral. Dujarric pudo asirle a tiempo, y aunque en el ímpetu del primer movimiento logró llegar hasta el pie de la escalera, no pudo escapar a la autoridad, ni se puede sostener que llegara a constituirse bajo la protección del Consulado.
Hay por consiguiente notable diferencia entre el caso del Sr. González y el que cita V. S. como ocurrido en 1868, que tengo entendido fue el del Sr. A. Deetjen. Este ciudadano logró escapar efectivamente a la escolta que lo conducía, y se constituyó en asilo. Ya disfrutaba de él; instalado con el consentimiento del Cónsul, cuando la autoridad local fue al Consulado y, con manifiesta violación del derecho, extrajo al refugiado y lo redujo a prisión. No así el Sr. González que ni por un momento dejó de hallarse en poder de la autoridad que lo conducía preso. La diferencia es esencial, y hace sumamente dudosa por lo menos, la situación en que debe ser considerado el preso con relación al derecho invocado. Por lo mismo que se trata de una práctica humanitaria, consentida solo por la costumbre mi Gobierno desea mantenerla dentro de límites precisos y determinados y, sobre todo, sin detrimento ni desprestigio de sus autoridades delegadas, obrando en el círculo legal. El caso que V. S. reclama se complica además con circunstancias políticas que afectan gravemente la seguridad del Estado, hallándose mi Gobierno en posesión de documentos que prueban la mucha parte tomada por el preso en promover la insurrección que actualmente abrasa casi toda la República.
Saludo a V. S., Sr. Cónsul, con la más distinguida consideración.
MANUEL DE J. GALVÁN.[14]
Como se puede observar, la legación consular de Italia en el país estaba invocando el derecho de asilo en favor del general Ignacio María González, cuando este se encontraba en abierta acción conspirativa contra un gobierno electo mayoritariamente por el pueblo y constituido conforme a la Constitución y las leyes de la República Dominicana. No obstante, para evitar un conflicto diplomático con el rey de Italia, el gobierno de Espaillat prefirió buscar una postura conciliatoria, al otorgarle un pasaporte para viajar al extranjero y montarlo en el vapor que llegaría al país el 8 de agosto, lo cual se recoge en la siguiente nota diplomática:
No. 322
Al Sr. Cónsul de Italia
Santo Domingo, 8 de agosto de 1876.
Contesto la atenta nota de V. S. fecha de ayer, en la que ofrece participar a su Gobierno las observaciones que tuve el honor de dirigirle a V. S. en nombre del gabinete a que pertenezco, tocante a la expulsión del país de los asilados políticos; e insiste V. S. en considerar con este carácter al Sr. Ignacio González Lavastida.
Mi Gobierno, por el mero hecho de ser dudoso el caso del mencionado ciudadano, y complaciéndose en dar a V. S. una prueba así de la consideración personal que V. S. merece como del sincero deseo de alejar en menoscabo de la propia dignidad, toda causa de desagrado o disidencia con el Gobierno de S. M. el Rey de Italia, aunque no reconoce que el Sr. González Lavastida llegara a estar asilado, se aviene al término conciliatorio de renunciar al procedimiento criminal a que debería someterse dicho ciudadano, y consiente en que se le expida su pasaporte para el extranjero, a fin de que pueda aprovechar el vapor que ha de llegar en este día, según lo pide V. S. en el final de su despacho. Reitero a V. S., Sr. Cónsul, las seguridades de distinguido aprecio con que tengo el honor de ser su más Atto. y S.S.
MANUEL DE J. GALVÁN.[15]
Está claro que el gobierno de Espaillat prefirió negociar la entrega de Ignacio María González al Consulado de Italia en calidad de asilado político, en lugar de procesarlo y hacerlo pagar por los hechos que estaban produciendo en diferentes puntos del territorio dominicano con su anuencia e impulso deliberado, a través de sus adláteres Gabino Crespo, Juan Gómez, Juan Isidro Ortea, Juan Nuezit, Juan de Jesús Salcedo y con la colaboración entusiasta de su amigo Carlos Nouel, quien obtuvo apoyo económico y armas de parte de los gobiernos locales de Cabo Haitiano y Juana Méndez.
Entre las múltiples notas diplomáticas escritas por el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel de Jesús Galván, se procede a destacar aquella del 26 de agosto de 1876, dirigida a los cónsules dominicanos en Mayagüez, Puerto Rico y Santhomas, en que da un panorama general de la situación de la insurrección en las diferentes regiones del territorio de la República Dominicana:
No. 338
A los Cónsules dominicanos en Mayagüez, Puerto Rico y Santhomas
Santo Domingo, 26 de agosto de 1876.
San Cristóbal, la más importante y poblada común de las inmediatas a la Capital, ha sido recobrada por los partidarios del Gobierno el día 21, con gran entusiasmo de aquellos moradores, que están decididos a combatir enérgicamente por el orden.
Este suceso ha colocado en situación muy comprometida las fuerzas que manda el faccioso Marcos Cabral, que se adelantaron hasta San Jerónimo, a poco más de una legua de la Capital contando sin duda con que otros pueblos se sublevaran en su favor.
Hoy se hallan con la ciudad en perfecto estado de defensa al frente, San Cristóbal ha retaguardia, y nuestras fuerzas acudiendo de todas partes para caerles encima, y darles el golpe decisivo, cuyo resultado no es dudoso que será la ruina completa de los rebeldes.
En Azua mismo donde se inició este movimiento del Sur, hay serios síntomas de reacción favorable al Gobierno, y aquella población está energizada del lado de San Juan por fuerzas al mando del veterano general José María Cabral. En el Cibao, el valiente y honrado Gral. Eugenio Miches ha conseguido pacificarlo todo, después de haber castigado rudamente a los revoltosos en los encuentros del Puñal y Tamboril, matándoles a su jefe principal, el turbulento cuanto audaz Gral. Juan de Jesús Salcedo. Todo lo que comunico a Ud. para su conocimiento y satisfacción.
Saludo &.
MANUEL DE J. GALVÁN[16]
Quien lea esta nota diplomática que daba cuenta de los logros obtenidos en San Cristóbal, Azua y el Cibao frente a los insurrectos, podría pensar que el Gobierno de Ulises Francisco Espaillat terminó derrotando a sus enemigos, pero la realidad fue totalmente diferente. Las contradicciones que había al interior del Gabinete de Espaillat contribuyeron a que los triunfos parciales que se obtenían frente a los insurgentes se convirtieran en reveses cada vez más grandes por las deserciones paulatinas que se fueron dando en el Gobierno.
El primero en renunciar del Gabinete fue el ministro de Guerra y Marina, General Gregorio Luperón, por el asedio de que fue objeto por sectores contrarios a su visión liberal y por las contradicciones que tenía con la política económica que aplicó desde el Ministerio de Hacienda y Comercio, Mariano A. Cestero, en perjuicio de los comerciantes de Puerto Plata. Asimismo, por su desacuerdo con el ministro de lo Interior y Policía, Manuel de Jesús Peña y Reynoso, con la dirección que impuso a los asuntos gubernamentales en Santiago de los Caballeros y el manejo de los procedimientos administrativos para el mando de las tropas. No obstante, desde su trinchera del honor en Puerto Plata y con el apoyo de los jóvenes liberales de esa ciudad atlántica se dedicó a combatir a los caudillos que se sublevaron contra el Gobierno del presidente Espaillat en el Cibao.
El 14 de agosto de 1876 se produjo la renuncia de José Gabriel García, quien mantenía la postura más radical dentro del Gabinete ante los caudillos insurrectos y quien, al producirse la renuncia de Luperón, además de dirigir el Ministerio de Instrucción y Justicia, asumió la dirección del Ministerio de Guerra y Marina, pero se decepcionó totalmente cuando vio que el presidente Espaillat asumió la vía de la conciliación con los sectores conservadores que representaban los partidarios de los ex presidentes Ignacio María González y Buenaventura Báez, como su política de Estado. Ahora bien, lo que aceleró su renuncia de ambas posiciones ministeriales fue la designación de los baecistas Valentín Pérez como gobernador de Azua, el mismo que días después iniciaría la insurrección en esa ciudad, y a José Caminero como gobernador de Santo Domingo, quien apoya la sublevación. Al producirse la renuncia del historiador García, Espaillat designó al general Jacinto Peynado como su ministro de Guerra y Marina, quien luego colaboraría con el gobernante Ignacio María González.
Luego se precipitó la renuncia de Mariano Antonio Cestero del Ministerio de Hacienda y Comercio, quien tenía la misma posición radical de García, siendo sustituido por el ex ministro de Ignacio María González, Juan Bautista Zafra, quien, al producirse la renuncia de Espaillat, asumió funciones en el Gobierno que le sustituyó.
También se produjo la renuncia del general Luis Felipe Dujarric, comandante de la plaza de armas de Santo Domingo, quien al igual que Luperón, García y Cestero tenía una firme posición política liberal. Dujarric había influido fuertemente en evitar que el gobernador de Santo Domingo, José Caminero, se sublevara contra el Gobierno de Espaillat. En esas circunstancias y a pesar de que la insurrección estaba siendo frenada por la acción demoledora del general Eugenio Miches, el 5 de octubre de 1876 el general Pedro Valverde y Lara, quien se encontraba asilado en el Consulado de Francia, dirigió una proclama con la colaboración traidora de varios funcionarios de la administración de Espaillat. En esa trama conspirativa colaboraron el ministro de Hacienda y Comercio, Juan Bautista Zafra, y el Gobernador de la provincia de Santo Domingo, José Caminero, quienes formaron parte de la Junta Superior Gubernativa que le entregaría el poder al expresidente Ignacio María González el 11 de noviembre de 1876. Este posteriormente los nombraría miembros del Consejo de Estado, en premio por su traición a un presidente noble y bien intencionado como Espaillat.
[1] Peña y Reynoso, Manuel de Jesús. Escritos selectos. Andrés Blanco Díaz (Editor). Santo Domingo: Archivo General de la Nación/Banco de Reservas, 2006, p. 188.
[2] Ibidem, pp. 188-189.
[3] Ibidem, p. 189.
[4] Ibidem, p. 189.
[5] Galván, Manuel de Jesús. Textos reunidos 4. Ministerios y misiones diplomáticas. Andrés Blanco Díaz (Editor). Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2008, pp. 149-150.
[6] Ibidem, pp. 150-151.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem, p. 154.
[9] Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos & Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, Volúmenes 7-9. Santo Domingo: Imprenta de los Hermanos García, 1884, pp. 81-82.
[10] Ibidem, p. 82.
[11] Ibidem, pp. 83-84.
[12] Ibidem, p. 86.
[13] Galván, Manuel de Jesús. Textos reunidos 4. Ministerios y misiones diplomáticas. Andrés Blanco Díaz (Editor). Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2008, p. 198.
[14] Ibidem, pp. 202-203.
[15] Ibidem, pp. 203-204.
[16] Ibidem, pp. 210-211.
El general Eugenio Miches fue el militar que combatió de forma invicta a todos los conspiradores del Gobierno de Espaillat
Muy tarde Espaillat se dio cuenta de que la política de conciliación que trató de implementar para atraer a los partidarios de Buenaventura Báez e Ignacio María González fue totalmente errada, ya que perdió a los sectores más firmemente abanderados del liberalismo radical por el que él había abogado antes y durante gran parte de su Gobierno, como lo era el General Gregorio Luperón, José Gabriel García, Mariano Antonio Cestero y el general Luis Felipe Dujarric. El 5 de octubre de 1876, el presidente Ulises Francisco Espaillat se vio obligado a tomar la infausta decisión de asilarse en el Consulado de Francia, ya que los sectores a quienes le dio cabida fueron los mismos que le hicieron la guerra sin cuartel para derrocarle del Gobierno.
Conclusiones
El ciudadano Ulises Francisco Espaillat asumió la presidencia de la República el 29 de abril de 1876 en medio de un elevado nivel de legitimidad social y política, al recibir en las elecciones celebradas el 24 de marzo una votación ascendente a 24 mil 329 votos de un total de 26 mil 410 votos válidos, lo que representó el 92% de las votaciones generales, además de contar con el respaldo irrestricto de los diferentes sectores sociales organizados, de la alta jerarquía de la iglesia católica y del Partido Azul, liderado por el general Gregorio Luperón.
Luperón, quien fue el segundo candidato más votado al obtener un total de 559 votos, en un escrito publicado el 2 de marzo de 1876 expresó públicamente que, aunque su nombre había sido propuesto como candidato a la Presidencia de la República, su “voto reflexivo y meditado, es y será para ULISES F. ESPAILLAT.”[1]
Espaillat reconoció que las condiciones en que asumía el poder eran en extremo difíciles y que tenía la certeza de que toda la Nación rechazaría el pavor de la guerra, al tiempo que gemía por el estéril desperdicio de sus potencias, puesto que la acción turbulenta se iba disipando y a la par los principios iban conquistando espacio. A su entender no estaba lejos el tiempo en que el pueblo dominicano, tan vilipendiado, maltratado, mal aconsejado y dirigido, llegara a rendir tributo a la razón y culto a la ecuanimidad.
Espaillat manifestó a todos sus conciudadanos que del mismo modo que él estaba haciendo un gran sacrificio al aceptar tan alto compromiso como dominicano y como ser humano, le solicitaba a todo el pueblo dominicano que hicieran igual esfuerzo, ya fuese aportando mediante el trabajo que contribuye al desarrollo material, a través del progreso incesante de la nación o por otros medios igualmente útiles.
El presidente Espaillat asumió el poder con una alforja llena de proyectos muy promisorios para el futuro de la República Dominicana, los cuales implementó inmediatamente y muchos de ellos lograron importantes avances en tan sólo cinco meses y siete días. Las principales decisiones y acciones desplegadas por el Gobierno del ciudadano presidente Ulises Francisco Espaillat estaban encaminadas a fortalecer el sistema de justicia en la República Dominicana, combatir de forma decidida la corrupción administrativa dentro del gobierno central y los gobiernos locales, dar seguridad a las viudas, huérfanos y militares imposibilitados físicamente que lo dieron todo por defensa de la Patria, ofrecer garantías constitucionales a todos los ciudadanos para que denunciaran cualquier atropello o medidas arbitrarias que adoptasen el presidente, los ministros y los gobernadores.
Espaillat se planteó darles las garantías que fueran necesarias a los diferentes partidos políticos en su actuación legal y constitucional, se planteó concederles iguales garantías a los ciudadanos pacíficos, sin importar a qué partido perteneciera, siempre que todo sea resuelto en los tribunales con arreglo a una sana justicia y sin prejuicios. Asimismo, era adepto que no se desacate la ley y tampoco se incurriese en concederle garantías a determinados malhechores que, amparados en algún partido político en el poder o fuera de él, procedieran a indultarles y liberarles de sus responsabilidades, en caso de conspiraciones, rebeliones y levantamientos armados.
Igualmente, Espaillat calificó de lamentable la situación que encontró en la Hacienda Pública y exigió que no solo se realizara una cobranza de las rentas de una forma sumamente escrupulosa, sino que también hubiese una gran moderación en el gasto, ya fuese disminuyendo aquellos que no fueran imprescindibles y suprimiendo otros que se consideraran superfluos, como único medio para recuperar el crédito público.
Al referirse a los servicios públicos básicos, Espaillat indicó que, como resultado de la guerra fratricida que la Nación había vivido por décadas, los caudillos políticos y militares habían empobrecido a la República Dominicana, razón por la cual tenía una gran deuda pendiente con la instrucción o la educación pública. En ese orden, manifestó que el país debía remunerar generosamente los servicios que sus hijos le habían prestado en ocasiones solemnes, atendiendo la más imperiosa necesidad que puede contribuir a acrecentar la vida moral de los pueblos, la instrucción pública.
Espaillat también procedió a garantizar el libre debate de las ideas u opiniones a través de la prensa, abolir la primacía de los generales-caudillos en los asuntos públicos, hacer efectivo un plan de paz con base en la honradez, institucionalizar los organismos de seguridad del Estado dominicano y eliminar las prebendas que se pactaban con los políticos y los caudillos militares; establecer un régimen de austeridad para reducir los gastos del Estado y ejecutar un plan de emergencia basado en la disminución de los sueldos de los empleados y funcionarios públicos.
De igual manera, Espaillat se planteó fomentar el agro, la ganadería, la industria y la explotación minera responsable; sanear las finanzas y saldar la deuda pública interna y externa para que el país recuperara su soberanía nacional plena; ampliar las relaciones con los demás países del mundo, resolver los conflictos y litis con aquellas compañías nacionales y extranjeras que estaban operando en el territorio dominicano y no dejaban los beneficios correspondientes al país, al tiempo de fomentar de manera sostenida los valores patrios a lo largo y ancho del territorio de la República Dominicana.
Cuando Espaillat asumió la Presidencia de la República, el caudillismo tradicional estaba en crisis, pero no estaba aún en estado agónico, puesto que figuras como Buenaventura Báez, José María Cabral, Pedro Antonio Pimentel, Ignacio María González y Gregorio Luperón, entre otros, tenían una presencia estelar en el escenario político dominicano. La mayoría de ellos habían emergido con fuerza tras el triunfo de la Guerra de la Restauración frente a España y tras los intentos infructuosos de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos. Uno de los escollos más fuertes que encontró Espaillat al asumir la Presidencia para instituir una gestión gubernamental totalmente democrática, transparente y rodeada de un gran sentido ético, fue la resistencia de los políticos tradicionales dominicanos a abandonar del modelo caudillista.
La primera disposición que emanó del ciudadano Espaillat en esa dirección fue la integración de un Gabinete Presidencial con personas sumamente capaces y procedentes de los litorales académicos, sociales y políticos, algunos muy conocidos y otros menos conocidos, para lo cual no tomó en cuenta como factor fundamental su orientación política e ideológica, pero sí su trayectoria personal, profesional y su actitud de servicio en favor del pueblo dominicano. El Gabinete Ministerial estaba integrado por Manuel de Jesús Peña y Reinoso, en su rol de ministro de lo Interior y Policía; Manuel de Jesús Galván, ministro de Relaciones Exteriores; José Gabriel García, ministro de Justicia e Instrucción Pública; Mariano A. Cestero, ministro de Hacienda y Comercio; así como por el general Gregorio Luperón en su calidad de ministro de Guerra y Marina.
La designación que encontró más resistencia de parte de los caudillos tradicionales fue la del general Gregorio Luperón como ministro de Guerra y Marina, por el rol determinante que había asumido tanto en la Guerra de la Restauración como en la organización de la resistencia armada contra los gobiernos entreguistas, represivos y corruptos de José María Cabral, Buenaventura Báez e Ignacio María González. Este último, cuando fue presidente entre 1874 y 1876 había instruido al Gobernador de Puerto Plata, general Francisco Ortea, para que asesinara al general Gregorio Luperón, hecho que contribuyó a que diferentes sectores del Cibao y el país solicitaran a la renuncia de González como presidente de la República a inicios del año 1876.
Con menos de un mes en el poder, sus opositores comenzaron a agitar la tea de la discordia y se lanzaron a gestionar fondos en el vecino país de Haití para desestabilizar el Gobierno electo democrática y soberanamente por el pueblo dominicano. En una comunicación del 27 de mayo el Gobierno de Espaillat prevenía al Canciller de Haití en torno a los aprestos conspirativos que se estaban llevando a cabo desde su territorio, señalándose como principal cabecilla de esa acción al general Gabino Crespo, un antiguo baecista que hacía causa común con la idea de que el general Ignacio María González retornara al poder. El ex Encargado de Negocios de la República Dominicana en Haití, Carlos Nouel, hizo su aparición por Cabo Haitiano gestionando pertrechos militares y dinero para darle sustento a las acciones conspirativas que en términos propagandísticos desplegaba Crespo por todas las poblaciones de la Línea Noroeste, como Sabaneta, Guayubín y Dajabón, recibiendo el apoyo de sus amigos y relacionados en el vecino país.
Atento a los acontecimientos que se sucedían en diferentes puntos del país, instigados por los generales epígonos del ex presidente Ignacio María González, los generales Gabino Crespo, Juan Gómez y Juan Isidro Ortea, el ciudadano presidente Ulises Francisco Espaillat envió un mensaje a la Cámara Legislativa en que le pedía hacer uso de las facultades que le otorgaba el inciso 20 del artículo 38 de la Constitución vigente para vigorizar la acción del Poder Ejecutivo en circunstancias en que peligraba la tranquilidad pública. Esta acción se llevó a cabo mediante el Decreto No. 1553 que emitió la Cámara Legislativa, el 14 de julio de 1876.
El Gobierno de Espaillat estaba claro de dónde venía la conspiración encaminada a derribarlo, razón por la cual acudió al articulado de la Constitución que le otorgaba poderes especiales para combatir a quienes, pretendiendo desconocer la soberanía popular expresada en las urnas, se habían levantado en armas en la Línea Noroeste, intentando desconocer con dicho movimiento insurreccionar un Gobierno legítima y constitucionalmente establecido, que acaudillaban los generales Gabino Crespo y Juan Gómez, pero apoyado por el ex gobernador de Puerto Plata, general Francisco Ortea, y su hermano, Juan Isidro Ortea.
El 15 de julio de 1876, el presidente Ulises Francisco Espaillat, mediante el decreto No. 1554, anunció el Estado de Sitio en todo el Cibao, especialmente en la Línea Noroeste, Santiago, La Vega y Puerto Plata, para controlar las crecientes perturbaciones de la paz social provocadas por las conspiraciones de los sublevados, capitaneadas por los generales Gabino Crespo y Juan Gómez.
El 21 de julio de 1876, mediante el Decreto No. 1556, el presidente Espaillat procedió a suspender todas las garantías constitucionales que otorgaba el artículo 38, inciso 20, de la Constitución Dominicana, en virtud de que el conflicto se había generalizado a otros lugares del territorio nacional. Ante el avance de las fuerzas enemigas en las inmediaciones de la ciudad de Santo Domingo, el Gobierno de Ulises Francisco Espaillat declaró el estado de sitio en la Capital de la República Dominicana, el 3 de agosto de 1876, con el apoyo irrestricto de la Cámara Legislativa.
El día 5 de agosto de 1876 la insurrección se había extendido hacia varios pueblos del Sur, iniciando por Azua, bajo la orientación del gobernador baecista, general Valentín Pérez, para luego abrazar a El Maniel (Ocoa) y a Baní. El Gobierno había realizado grandes esfuerzos por restituir el orden, lo cual había logrado con excelentes resultados en el Cibao hasta el momento, pero la situación no pintaba nada bueno.
Al no contar con los recursos necesarios para contenerla y reprimirla, veía que sus esfuerzos serían infructuosos y que el país caería en manos de la anarquía, la ilegalidad y el desconcierto. Por esa razón, procedió a solicitar el apoyo del Gobierno haitiano en armas y dinero para salvaguardar el orden, la paz pública, la identidad de principios y aspiraciones en pos de asegurar un porvenir próspero para los dos Estados que integran la Isla de Santo Domingo y así asegurar la soberanía de ambas naciones.
El Gobierno de Espaillat le solicitó a Haití el apoyo con mil o dos mil carabinas y una suma de dinero considerable para poder enfrentar con éxito los grandes gastos de esta empresa, que estimó como parte una cuenta especial que se arreglaría por fuera del Tratado de Paz entre la República Dominicana y la República de Haití, tan pronto como se lograra sofocar completamente la insurrección en marcha, para lo cual designó como enviado especial a la ciudad de Jacmel al general Rafael Abreu.
En comunicaciones emitidas los días 7 y 8 de agosto de 1876, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel de Jesús Galván, se dirigió al Cónsul de Italia en Santo Domingo, para aclararle que el general Ignacio María González, hecho prisionero personalmente por el general Luis Felipe Dujarric, comandante de la plaza de armas de Santo Domingo, no llegó a asilarse en esa legación diplomática, pues aunque intentó zafársele a la autoridad militar cuando pasaban por el frente de la misma, falló en el logro de su objetivo.
La legación consular de Italia en el país estaba invocando el derecho de asilo en favor del general Ignacio María González, cuando, en realidad, este se encontraba en abierta acción conspirativa contra un gobierno electo mayoritariamente por el pueblo y constituido conforme a la Constitución y las leyes de la República Dominicana. No obstante, para evitar un conflicto diplomático con el rey de Italia, el gobierno de Espaillat prefirió buscar una postura conciliatoria, al otorgarle a González un pasaporte para viajar al extranjero y colocarlo en el vapor que estaba previsto llegar al país el 8 de agosto, quien finalmente tomó la decisión de establecerse en Puerto Rico.
El Gobierno de Espaillat cometió el error de negociar la entrega de Ignacio María González al Consulado de Italia en calidad de asilado político, en lugar de procesarlo y hacerlo pagar por los hechos que se estaban produciendo en diferentes puntos del territorio dominicano con su anuencia e impulso deliberado, a través de sus epígonos Gabino Crespo, Juan Gómez, Juan Isidro Ortea, Juan Nuezit, Juan de Jesús Salcedo y con la colaboración entusiasta de su amigo Carlos Nouel, quien gestionó y obtuvo apoyo económico y armas de parte de los gobiernos locales de Cabo Haitiano y Juana Méndez para esta causa antipatriótica.
El 21 de agosto los partidarios del Gobierno encabezados por el general José Melenciano ya habían recobrado a San Cristóbal, la más importante y poblada común de las ubicadas en las inmediaciones de la Capital, con gran entusiasmo de los moradores, quienes estaban decididos a combatir enérgicamente a los rebeldes para garantizar el orden institucional. Este hecho puso en una situación muy complicada a las fuerzas que comandaba el sedicioso general Marcos Cabral, que se adelantaron hasta la villa de San Jerónimo, a varios kilómetros de la Capital, contando con que otros pueblos se sublevaran en su favor.
En Azua, lugar donde se inició este movimiento del Sur con el general Valentín Pérez a la cabeza, había una reacción favorable al Gobierno, población que sería reforzada desde San Juan de la Maguana por las fuerzas que estaban al mando del veterano general José María Cabral. En el Cibao, el valiente y honrado general Eugenio Miches había conseguido pacificarlo todo, después de haber castigado rudamente a los revoltosos en los encuentros del Puñal y Tamboril, de la provincia de Santiago de los Caballeros, logrando eliminar físicamente a su jefe principal, el turbulento y audaz general Juan de Jesús Salcedo.
Las contradicciones que había al interior del Gabinete de Espaillat contribuyeron a que los triunfos parciales que se obtenían constantemente frente a los insurgentes, se convirtieran en reveses cada vez más grandes por las deserciones paulatinas que se fueron produciendo en su seno, debido a la política conciliatoria que impulsaba el presidente de la República, mal aconsejado por el ministro de Relaciones Exteriores y Justicia e Instrucción Pública, Manuel de Jesús Galván, quien le planteaba al mandatario que incluyera en posiciones claves del Gobierno a sectores vinculados a Ignacio María González y Buenaventura Báez, con el fin de neutralizarlos. Pero, contrario a lo esperado, lo que hicieron fue aprovechar esas posiciones para acelerar la caída del presidente Ulises Francisco Espaillat.
El primero en renunciar del Gabinete fue el ministro de Guerra y Marina, general Gregorio Luperón, por el asedio de que fue objeto por sectores contrarios su visión liberal y por las contradicciones que tenía con la política económica que llevó a cabo desde el Ministerio de Hacienda y Comercio, Mariano A. Cestero, en perjuicio de los comerciantes de Puerto Plata. Asimismo, por estar en desacuerdo con el ministro de lo Interior y Policía, Manuel de Jesús Peña y Reynoso, quien dirigía los asuntos gubernamentales en Santiago de los Caballeros y manejaba los procedimientos administrativos para el mando de las tropas, a su antojo. No obstante, desde su trinchera de Puerto Plata y con el apoyo de los jóvenes liberales se dedicó a combatir a los caudillos que se sublevaron contra el Gobierno del presidente Espaillat en el Cibao.
El 14 de agosto de 1876 se produjo la renuncia de José Gabriel García, quien mantenía la postura más radical en el seno del Gabinete frente a los caudillos insurrectos. Ante la renuncia de Luperón, asumió la dirección del Ministerio de Guerra y Marina, además del Ministerio de Instrucción y Justicia, pero se dio por vencidas al darse cuenta de que el presidente Espaillat asumió como la vía más expedita para combatir a sus enemigos, la conciliación con los sectores partidarios de los expresidentes Ignacio María González y Buenaventura Báez. Ahora bien, lo que aceleró su renuncia de ambas posiciones ministeriales fue la designación de los generales baecistas Valentín Pérez como gobernador de Azua, y José Caminero como gobernador de Santo Domingo, respectivamente, los mismos que días después iniciarían la insurrección en ambas ciudades. En esta ocasión Espaillat designó al general Jacinto Peynado como ministro de Guerra y Marina, quien luego pasaría a colaborar con el gobernante de facto Ignacio María González.
Luego se precipitó la renuncia de Mariano A. Cestero del Ministerio de Hacienda y Comercio, quien tenía la misma posición radical de García, el cual, sustituido por el ex ministro de Ignacio María González, Juan Bautista Zafra, al producirse la renuncia de Espaillat, asumió funciones en el Gobierno de facto que le reemplazó. También se produjo la renuncia del general Luis Felipe Dujarric, comandante de la plaza de armas de Santo Domingo, quien al igual que Luperón, García y Cestero tenía una firme posición política liberal. Este había influido fuertemente en evitar que el gobernador de Santo Domingo, el general José Caminero, se sublevara antes contra el Gobierno de Espaillat.
Cuando la insurrección estaba siendo frenada por la acción demoledora del general Eugenio Miches, el 5 de octubre de 1876 el general Pedro Valverde y Lara, desde su asilo en el Consulado de Francia, dirigió una proclama con la colaboración traidora de varios funcionarios de la administración de Espaillat. En esa trama colaboraron el ministro de Hacienda y Comercio, Juan Bautista Zafra, y el Gobernador de la provincia de Santo Domingo, General José Caminero, quienes formaron parte de la Junta Superior Gubernativa que le entregaría el poder al expresidente Ignacio María González el 11 de noviembre de 1876, quienes luego fueron nombrados miembros del Consejo de Estado de este nuevo Gobierno de facto.
La política de conciliación que trató de implementar el presidente Ulises Francisco Espaillat para atraer a los partidarios de Buenaventura Báez e Ignacio María González fue totalmente errada, ya que con ella alejó a los sectores más firmemente abanderados del liberalismo radical, del cual él mismo era una figura prominente. El 5 de octubre de 1876, el presidente Espaillat se vio obligado a asilarse en el Consulado de Francia, para no caer abatido a mano de aquellos mismos a quienes les había dado apertura en su Gobierno.
[1] Rodríguez Demorizi, Emilio. Papeles de Espaillat. Para la Historia de las Ideas Políticas en Santo Domingo. Santo Domingo: Biblioteca Espaillat, 1963, pp. 85-86.
Compartir esta nota