En septiembre de 2018, mientras Jair Bolsonaro hacía campaña en Juiz de Fora, una ciudad del interior del sureste de Brasil, un hombre de 40 años se abrió paso entre la multitud y apuñaló al candidato en el estómago.
Imágenes de Bolsonaro doblado de dolor, vistiendo una camiseta con los colores de la selección brasileña, fueron compartidas millones de veces y transmitidas incesantemente por televisión.
El excapitán del ejército sobrevivió, y la conmoción causada por el ataque fortaleció su imagen de candidato -que era considerado un outsider– y lo condujo a la victoria semanas después.
Siete años después, el Tribunal Supremo de Brasil emitió un fallo que parece haber puesto fin a su extraordinario ascenso tras declararlo culpable de planear un golpe militar.
Pero la volatilidad política de Brasil —y el instinto de supervivencia de Bolsonaro— sugieren que será difícil desestimarlo.
Sigue siendo uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas y, con aliados que están presionando por una amnistía, su influencia e incluso la posibilidad de un regreso aún pesan sobre el futuro político del país.
El camino al poder
Debido a su retórica incendiaria Bolsonaro nunca fue tomado en serio por la mayor parte de la clase política brasileña antes de convertirse en presidente.
En julio de 2018, solo tres meses antes de las elecciones, yo era jefe de la oficina de BBC Brasil en São Paulo.
En conversaciones con encuestadores, políticos y líderes empresariales, el consenso era claro: a pesar de liderar la mayoría de las encuestas Bolsonaro no podía ganar.
El argumento era que Bolsonaro carecía de la maquinaria de un partido mayoritario y que, una vez que comenzara la campaña televisiva, su apoyo se desvanecería rápidamente.
Antes de convertirse en presidente y líder de un movimiento de extrema derecha que ahora lleva su nombre, el "bolsonarismo", Jair Bolsonaro pasó tres décadas como congresista ignorado.
Conocido menos por sus logros legislativos que por sus declaraciones incendiarias, construyó su imagen defendiendo la dictadura militar que terminó en 1985.
Exoficial del ejército, dejó las Fuerzas Armadas tras hacer campaña por un aumento salarial militar y ser acusado, y luego absuelto, de planear un atentado con bomba en el marco de las protestas salariales de la década de 1980.
Durante décadas el congresista Bolsonaro tuvo una presencia constante en populares programas de televisión, donde despotricó contra la democracia y elogió el autoritarismo.
En una entrevista de 1999, llegó a afirmar que, de ser elegido presidente, daría un golpe de Estado en su primer día de mandato y "remataría la obra" de la dictadura asesinando a 30.000 personas, empezando por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.
A pesar de sus siete mandatos en el Congreso, Bolsonaro se mantuvo al margen de la clase política brasileña, como un extraño.
Pero en 2018, los brasileños ansiaban un extraño.
El país había soportado cinco años de agitación: protestas masivas en 2013, una profunda recesión, el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la extensa investigación "Lava Jato" (Operación lavado de autos).
Esta investigación implicó a políticos de todo el espectro político, pero afectó con mayor dureza al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula, quienes gobernaron Brasil de 2003 a 2010.
En abril de 2018, Lula —el expresidente inmensamente popular que dejó el cargo con índices de aprobación superiores al 80%— fue encarcelado por cargos de corrupción que posteriormente fueron anulados por el Tribunal Supremo.
Para muchos brasileños, todos los políticos parecían comprometidos, y Bolsonaro supo aprovechar esta oportunidad.
Principalmente a través de las redes sociales, logró reunir una amplia coalición: brasileños de clase media y media-baja frustrados con el PT y la sensación de corrupción generalizada; una comunidad evangélica conservadora que ya representaba a más del 26% de la población; elementos de la policía y el ejército; militantes de extrema derecha; sectores empresariales insatisfechos con la economía; y, probablemente lo más importante, millones de brasileños comunes que simplemente creían que era hora de un cambio.
En ese sentido, Bolsonaro cumplió: su presidencia no se parecía en nada a ningún gobierno brasileño desde el retorno de la democracia en la década de 1980.
Presidencia
Bolsonaro logró convertir a la derecha brasileña en un movimiento de masas por primera vez en la historia. Sin embargo, convertir ese movimiento en gobierno fue otra historia.
Elegido en octubre de 2018 por un partido pequeño, formó un gabinete compuesto mayoritariamente por personas con poca experiencia en la administración federal y se apoyó fuertemente en oficiales militares para ocupar puestos clave.
Desde el principio el gobierno de Bolsonaro adoptó una postura proempresarial, se alineó diplomáticamente con el gobierno de Donald Trump —un presidente al que elogió abiertamente como una inspiración— y con otros gobiernos conservadores como los de Hungría e Israel, e impulsó una agenda ambiental que debilitó la supervisión y relajó las protecciones en favor de la agroindustria.
El resultado fue un aumento repentino de la deforestación en la Amazonia y otros biomas brasileños, lo que desató el furor internacional.
Pero los verdaderos desafíos llegaron con la pandemia en 2020. Desde el principio, Bolsonaro se opuso al distanciamiento social, argumentando que perjudicaría la economía brasileña.
En varias ocasiones, se unió a sus simpatizantes en manifestaciones masivas donde se desafió abiertamente el uso de mascarillas y el distanciamiento.
En marzo de 2020, comparó la covid-19 con una "gripecita". Y al mes siguiente, cuando se le preguntó sobre el creciente número de muertos, respondió simplemente: "No soy un sepulturero", un comentario del que luego admitió haberse arrepentido.
Bolsonaro también era escéptico respecto a las vacunas, resistiéndose a las primeras ofertas de comprar vacunas para la población brasileña y negándose a vacunarse él mismo.
Desafiando a sus propias autoridades sanitarias, promovió tratamientos no probados como la hidroxicloroquina.
Finalmente, las vacunas estuvieron disponibles pero, para muchos especialistas, miles de vidas podrían haberse salvado si el gobierno hubiera adoptado medidas de distanciamiento social y hubiera comenzado la inmunización antes.
En total, más de 700.000 brasileños murieron por la covid-19 entre 2020 y marzo de 2023.
Alexandre de Moraes
Más que cualquier partido de la oposición, el mayor enemigo de Bolsonaro durante su administración resultó ser el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que anuló sus intentos de bloquear el distanciamiento social y el uso de mascarillas durante la pandemia, y también rechazó las políticas que habrían facilitado la adquisición de armas de fuego por parte de los brasileños.
Un miembro del STF en particular se convertiría en una especie de némesis para Bolsonaro: Alexandre de Moraes.
Fiscal de carrera y profesor de derecho, había trabajado en gobiernos conservadores en São Paulo antes de unirse al STF tras ser nombrado por el presidente Michel Temer, el político de centroderecha que sucedió a Rousseff tras su juicio político.
En 2020, Moraes fue designado por el presidente del STF para dirigir una investigación en torno a la propagación de desinformación sobre el organismo en redes sociales.
Dicha investigación posteriormente se ramificó en otros casos, incluyendo uno centrado en amenazas a la democracia por parte de simpatizantes de Bolsonaro, todos bajo la supervisión de Moraes.
Tal concentración de poder se convirtió en objeto de críticas, no solo por parte de los bolsonaristas sino también de algunos abogados y políticos centristas.
Sin embargo, el papel de Moraes se basaba en la legislación brasileña y la mayoría de sus decisiones fueron posteriormente ratificadas por el resto del Tribunal.
Para algunos analistas y comentaristas, confiarle esta tarea se consideraba la única manera de salvaguardar la democracia brasileña.
Sin embargo, el descontento de Bolsonaro con el Supremo Tribunal no hizo más que crecer, y en numerosas ocasiones declaró que no acataría sus fallos.
En las manifestaciones masivas de septiembre de 2021 en Brasilia y São Paulo, intensificó sus ataques, calificando al juez Alexandre de Moraes de "canalla" y declarando que solo abandonaría la presidencia "arrestado, muerto o victorioso", y añadió que "quería decirles a los traidores que nunca seré arrestado".
El discurso fue ampliamente visto como una amenaza directa a las instituciones democráticas brasileñas.
Derrota electoral
En 2021, en uno de esos giros importantes que se han vuelto tan comunes en la política brasileña, Lula —quien había salido de prisión en noviembre de 2019 y cuyos cargos en su contra fueron anulados por el Supremo Tribunal— fue autorizado a presentarse a las elecciones de 2022.
Bolsonaro y sus aliados intensificaron su campaña contra el sistema electoral brasileño, alegando —sin presentar prueba alguna— que las máquinas de votación electrónica podían ser pirateadas.
El presidente insistió en el uso de papeletas para las elecciones de 2022, sugiriendo que rechazaría cualquier resultado sin ellas.
La campaña fue vista ampliamente como un intento de desacreditar el sistema de votación electrónica brasileño y sentar las bases para negar cualquier resultado que no fuera su propia victoria.
Bolsonaro a menudo afirmó que la única forma en que Lula podía ganar era mediante fraude. Sin embargo, las autoridades electorales rechazaron la propuesta.
Los brasileños finalmente acudieron a las urnas en octubre de 2022 para un enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula.
Las elecciones en sí no estuvieron exentas de controversia. El día de la segunda vuelta, la policía federal de carreteras de Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, realizó bloqueos de carreteras en zonas donde Lula contaba con un fuerte apoyo.
El gobierno afirmó que era para prevenir el fraude, pero se interpretó ampliamente como un intento de impedir que los partidarios de Lula acudieran a las urnas.
Ese día, el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes ordenó el levantamiento de los bloqueos y amenazó con encarcelar al jefe de policía si continuaban.
Al final, como pronosticaban la mayoría de las encuestas, Lula ganó, pero por un margen muy estrecho, inferior a dos puntos porcentuales.
Violencia
Inmediatamente después de las elecciones, Bolsonaro permaneció en silencio y fuera de la vista pública.
Cuando finalmente habló en una breve declaración, no reconoció la derrota —algo que jamás haría— pero autorizó el inicio de la transición.
Al mismo tiempo, instigados por el presidente, sus partidarios utilizaban camiones para bloquear carreteras en todo Brasil, mientras cientos de bolsonaristas acampaban frente a los cuarteles del ejército exigiendo la anulación de las elecciones y la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la investidura de Lula.
Investigaciones posteriores demostraron que, durante este período, Bolsonaro se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas para discutir la imposición del estado de emergencia y anular las elecciones.
El plan no prosperó porque dos de los tres líderes militares se negaron a participar, según sus declaraciones ante el tribunal.
La policía descubrió posteriormente que incluso un plan para asesinar a Lula y Moraes había sido impreso por uno de los asesores del presidente dentro del palacio presidencial.
Bolsonaro niega tener conocimiento del plan para asesinar a las autoridades y argumenta que durante la reunión con los jefes militares solo abordaron medidas establecidas en la constitución, aunque la ley brasileña no permite declarar el estado de emergencia para anular un resultado electoral.
En los últimos días de 2022, siendo aún presidente, Bolsonaro voló a Florida para evitar asistir a la toma de posesión de Lula el 1 de enero.
Apenas unos días después, el 8 de enero de 2023, Brasil presenció algo sin precedentes: miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial en Brasilia, en lo que parecía una versión tropical del ataque al Capitolio estadounidense.
Lula no estaba en el palacio y las fuerzas de seguridad controlaron los disturbios al final del día.
Bolsonaro, aún en Estados Unidos, negó cualquier implicación, aunque la mayoría de los jueces del STF interpretaron posteriormente el asalto como parte de un plan más amplio para destituir a Lula.
…¿y la caída?
Bolsonaro finalmente regresó a Brasil y se dedicó a reagrupar a sus aliados con la mira puesta no solo en la carrera presidencial de 2026, sino también en otras esferas de poder.
En las elecciones locales de 2024, su partido ganó más de 500 alcaldías en todo Brasil.
Al mismo tiempo, las investigaciones en su contra lideradas por la Policía Federal bajo la supervisión de Alexandre de Moraes cobraban impulso y, en abril de 2025, el STF programó su juicio.
Pero más que contratar abogados, él y sus aliados adoptaron estrategias alternativas para enfrentarlo.
Al denunciar la demanda como persecución política, uno de los hijos de Bolsonaro, el congresista Eduardo Bolsonaro, se trasladó a Estados Unidos para presionar a la administración Trump y a la base del MAGA para que se tomaran medidas contra Brasil.
En julio, Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, alegando lo que describió como una cacería de brujas contra Bolsonaro.
Poco después, Eduardo y el propio Bolsonaro comenzaron a ser investigados por presunta interferencia en el proceso judicial debido a su trato con el gobierno estadounidense.
En agosto Bolsonaro fue puesto bajo arresto domiciliario.
El expresidente fue finalmente condenado por el STF por liderar una conspiración fallida. Como resultado, se le inhabilitó para postularse a cualquier cargo público hasta 2060.
Sin embargo, el resultado podría no ser un callejón sin salida para Bolsonaro.
Incluso antes de que finalizara el juicio, sus aliados en el Congreso comenzaron a negociar una propuesta de amnistía por sus crímenes que podría votarse en las próximas semanas.
Al mismo tiempo, los políticos que buscan su respaldo para sus candidaturas presidenciales ya están prometiendo indultar a Bolsonaro en caso de ganar.
Un secretario del gobierno de Lula, quien habló conmigo bajo condición de anonimato, advirtió que cualquier amnistía aprobada por el Congreso sería declarada inconstitucional por el STF, un escenario que podría desencadenar una crisis constitucional si los aliados de Bolsonaro logran elegir a un gran número de senadores y diputados que incluso podrían intentar destituir a los jueces del Tribunal.
Como dijo un abogado durante el juicio de este mes: "Todo el mundo sabe que cualquier decisión será revisada. Nada será permanente".
La declaración suena como un presagio y una definición de la historia reciente de Brasil.
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