Los ultranacionalistas tienen un problema con la inteligencia artificial

En una guerra del siglo XXI, una decisión tomada a miles de kilómetros del campo de batalla puede tener el mismo peso que una orden militar.

Un soldado puede estar en una trinchera. Un dron puede estar sobrevolando un objetivo. Un comandante puede estar esperando información. Pero detrás de todos ellos puede existir una infraestructura invisible cuya continuidad depende de una decisión tomada lejos del territorio donde ocurre el conflicto.

Esa es una de las imágenes más reveladoras de nuestro tiempo.

Durante siglos, el poder estuvo asociado a aquello que un Estado podía controlar físicamente: territorio, población, recursos, industria y fuerza militar. La soberanía tenía una geografía. Estaba en las fronteras, en las capitales y en los ejércitos que protegían una línea trazada sobre un mapa.

La inteligencia artificial está cambiando esa relación entre poder y territorio.

No porque los Estados estén desapareciendo.

No porque las fronteras hayan dejado de importar.

Sino porque algunas de las capacidades que definirán la independencia de un país ya no estarán únicamente dentro de sus fronteras.

Estarán en los datos.

En los algoritmos.

En la infraestructura tecnológica.

En los sistemas que organizan las decisiones.

Y ahí aparece una paradoja que debería inquietar a quienes han convertido la soberanía nacional en el centro de su discurso político: los ultranacionalistas tienen un problema con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial está redefiniendo aquello que dicen defender.

La soberanía no desaparece.

Cambia de escenario.

El blanco conviene precisarlo desde ahora. El problema no es el amor a la nación, que este artículo comparte; es una concepción del poder que pertenece a otra época, la que confunde soberanía con nostalgia y símbolos con capacidad real de decidir.

La soberanía nunca fue, además, lo que la consigna imagina. Jean Bodin, su gran formulador, no la concibió como fuerza arbitraria sino como potestad jurídica, atada a la ley y al deber de proteger a la comunidad: la soberanía nació como responsabilidad antes que como músculo. Y siempre tuvo una dimensión práctica: no era tener una bandera, era tener capacidad efectiva de decidir. Por eso la pregunta central de este siglo no es si los Estados seguirán existiendo. Es cuánto margen real de decisión conservarán cuando las tecnologías fundamentales para gobernar, producir, comunicar y defenderse dependan de sistemas que no controlan.

La historia del poder es la historia de sus mudanzas. Primero fue la tierra. Después, la industria. Más tarde, la información. Ahora comienza otra etapa: la capacidad de convertir información en decisiones. Yuval Noah Harari sostiene que la inteligencia artificial es una ruptura histórica porque toca el instrumento con el que los seres humanos construimos civilización: el lenguaje. Las leyes son palabras. Los tratados son palabras. Los contratos, las constituciones y los sistemas financieros son palabras organizadas en estructuras complejas. Durante miles de años tuvimos el monopolio de esos sistemas simbólicos; hoy existe una tecnología capaz de operar dentro de ellos con una velocidad y una escala que ningún ser humano iguala. Harari llama a estos sistemas burócratas nativos, y la expresión es exacta. La gran transformación no será militar sino administrativa. El poder del futuro no estará únicamente en quien tenga más soldados: estará en quien controle la infraestructura donde se toman las decisiones.

Los imperios del pasado necesitaban ocupar. Pero existían límites físicos a la concentración del mando: Roma no podía trasladar los trigales de Egipto a Italia, y Londres no podía mudar los pozos petroleros de Irak a Yorkshire. El poder dejaba siempre un residuo en las provincias. La inteligencia artificial disuelve esos límites. Los datos, los modelos y el cómputo pueden concentrarse en pocos centros, y hoy esa concentración tiene nombre y apellido: la carrera la corren Estados Unidos y China, con un puñado de empresas en el corazón de ambos sistemas, mientras el resto del mundo decide, a veces sin saberlo, de cuál de las dos arquitecturas dependerá.

La diferencia con todas las tecnologías anteriores cabe en una imagen. Cuando Roma vendía una espada a un pueblo extranjero, perdía el control de la espada; el godo podía volverla contra las legiones y ningún emperador podía apagarla desde el foro. La infraestructura digital permanece conectada, se actualiza desde lejos, obedece a decisiones tomadas fuera del territorio donde opera. La venta ya no transfiere el control; lo alquila. No es un imperio construido mediante ocupación. Es un poder construido mediante dependencia.

Aquí aparece el punto ciego del ultranacionalismo contemporáneo. Su intuición de partida es legítima: las sociedades quieren conservar capacidad de decidir sobre su destino. El problema es que busca la soberanía donde históricamente estuvo, mientras el poder se concentra en otros espacios. Habla constantemente de soberanía, pero rara vez pregunta quién controla los sistemas de información que moldean la opinión pública, las plataformas donde circulan sus propios mensajes, las tecnologías que sostienen la economía, las infraestructuras de las que depende la seguridad nacional. Defiende la independencia territorial sin examinar la dependencia tecnológica. Protege el símbolo y descuida la capacidad. El movimiento que promete recuperar el control opera dentro de sistemas que escapan a su control.

Es declarar la independencia desde una habitación cuya llave pertenece a otro.

La democracia enfrenta su propia versión del problema. Las democracias no funcionan solamente mediante elecciones: funcionan mediante ciudadanos que reciben información, deliberan y deciden. La democracia es, en esencia, una conversación, y cada revolución de las comunicaciones la alteró: la imprenta amplió el espacio político, la radio y la televisión crearon democracias de masas, internet multiplicó las voces. La inteligencia artificial puede modificar la arquitectura misma. Harari recuerda que los editores más poderosos del mundo ya no tienen nombre, porque son algoritmos. Y la dificultad más honda no será la información falsa, sino distinguir una conversación humana de una diseñada artificialmente para persuadir. La cuestión ya no es únicamente quién gobierna: es quién organiza la información con la cual una sociedad decide quién debe gobernar.

Para los Estados pequeños, la transformación pesa doble. El Derecho Internacional nació precisamente para que Estados con capacidades distintas convivieran bajo reglas comunes: la igualdad soberana reconoce a todos la misma dignidad jurídica aunque sus recursos materiales sean abismalmente distintos. Pero la era digital fabrica una asimetría nueva que las categorías clásicas no alcanzan. El principio de no intervención, como ha mostrado Marco Roscini, protege la libertad de los Estados para decidir sobre sus propios asuntos, pero exige un elemento constitutivo, la coerción: ejércitos, presiones económicas, subversiones financiadas. La dependencia estructural no es coerción. Nadie obliga a un Estado a montar su banca, su seguridad y su administración sobre infraestructura ajena; lo hace voluntariamente, contrato por contrato, hasta descubrir que su libertad de acción quedó hipotecada sin que ninguna norma fuera violada. La soberanía jurídica permanece intacta. La autonomía estratégica se reduce en silencio.

Hay una ironía particularmente dominicana en esta discusión.

Mientras las grandes potencias disputan quién controlará la inteligencia artificial, los semiconductores, los centros de datos y las plataformas que organizarán buena parte del poder económico y político del futuro, una parte de nuestro debate nacional continúa utilizando un lenguaje diseñado para otro momento histórico.

Algunos discursos parecen necesitar una actualización de software.

Siguen funcionando con un sistema operativo político del siglo XIX en un mundo que ya comienza a operar con inteligencia artificial.

Pero la ironía no está en mirar hacia 1844.

Toda nación necesita recordar el momento en que nació. Los pueblos sin memoria pierden la capacidad de entender quiénes son.

La ironía está en creer que la memoria puede sustituir a la estrategia.

La independencia dominicana fue una respuesta extraordinaria a una pregunta fundamental: ¿puede un pueblo gobernarse a sí mismo y decidir su propio destino?

Esa pregunta sigue vigente.

Lo que cambió es el escenario.

En 1844, la soberanía significaba construir un Estado propio, defender un territorio y afirmar una identidad nacional.

Hoy significa también tener capacidad para comprender, negociar y participar en los sistemas que organizan la economía, la información, la seguridad y el conocimiento.

Duarte no defendió solamente un territorio.

Defendió la posibilidad de que una comunidad política tuviera voluntad propia.

Ese principio sigue siendo la mejor guía.

Los verdaderos herederos de una tradición independentista no son quienes repiten las respuestas de otro tiempo.

Son quienes tienen la imaginación para formular las preguntas de su tiempo.

Porque el problema de una nación pequeña no es que dependa del mundo; siempre ha dependido del mundo. El problema es depender del mundo sin capacidad para negociar esa dependencia. Esa diferencia separa la vulnerabilidad de la autonomía. República Dominicana no necesita producir todo lo que producirá la inteligencia artificial del futuro; ningún país pequeño puede. Pero sí necesita evitar convertirse en un simple consumidor de tecnologías, reglas y decisiones diseñadas por otros. La soberanía tecnológica no significa aislamiento. Significa capacidad: para formar talento, para proteger la información estratégica, para exigir condiciones en cada acuerdo, para sentarse, junto al resto del Caribe, en las mesas donde se escriban las reglas del nuevo orden tecnológico. La independencia contemporánea no consiste en no necesitar a nadie. Consiste en que nadie sea indispensable.

Los ultranacionalistas tienen un problema con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial les plantea una pregunta que ningún discurso basado únicamente en la nostalgia puede responder: ¿cómo se conserva la independencia cuando el poder deja de estar solamente en la tierra que se pisa y comienza a estar en los sistemas que organizan la vida sobre esa tierra?

La soberanía nunca fue una reliquia.

Nunca fue solamente una bandera.

Nunca fue únicamente una frontera.

Siempre fue una capacidad.

La capacidad de decidir.

Durante siglos esa capacidad se defendió con ejércitos.

Después con industrias.

Más tarde con información.

Ahora también dependerá de ciencia, conocimiento y tecnología.

Una nación puede conservar su bandera.

Puede conservar su himno.

Puede conservar sus fronteras.

Puede conservar la memoria de sus héroes.

Pero si otros diseñan las infraestructuras que determinan sus decisiones fundamentales, habrá conservado los símbolos de la soberanía mientras pierde parte de su ejercicio.

La próxima batalla por la independencia no ocurrirá únicamente en los territorios.

Ocurrirá en los laboratorios.

En las universidades.

En las redes.

En los centros de datos.

En las mesas donde se escriban las reglas de la inteligencia artificial.

Porque la última frontera de la soberanía ya no estará solamente sobre la tierra.

Estará en la capacidad de comprender.

En la capacidad de decidir.

Y esa capacidad, en el siglo XXI, estará escrita en código.