El terror que producen las ideas

Hace unos días, una denuncia anónima provocó el cierre temporal de una de mis cuentas de Instagram; apelé la decisión y la cuenta fue restituida, de modo que el incidente no tuvo consecuencias mayores. Sin embargo, durante esas horas y mientras agotaba el proceso de apelación, pensé en la facilidad con que hoy puede intentarse borrar una voz sin discutir una sola de sus ideas; basta un formulario, una acusación sin rostro y un sistema automatizado que ejecuta primero y revisa a posteriori. Lo ocurrido conmigo es apenas una anécdota menor, pero me hizo reflexionar sobre una historia mucho más antigua: el terror que las ideas han producido siempre en quienes aspiran a imponer las suyas como verdades absolutas.

Sería frívolo comparar la suspensión de una cuenta con la prisión, el exilio, la tortura o la muerte; no hay equivalencia posible. Sí existe, en cambio, una pulsión común que atraviesa épocas y métodos: cuando una idea produce urticaria, cuestiona privilegios o descubre la fragilidad de una verdad impuesta, aparece la tentación de retirar de circulación a quien la expresa. En un tiempo la acusación fue la de hereje; en otros ha sido la de traidor, inmoral, subversivo o enemigo del orden. La acusación cambia según la época, pero suele perseguir el mismo resultado: evitar que las palabras encuentren lectores, oyentes o continuadores.

La cultura ha sido tratada con frecuencia como un lujo, una distracción o un refugio de soñadores sin importancia práctica. En una sociedad donde casi todo se mide por su rendimiento económico, ser poeta puede parecer una extravagancia; ser filósofo, una manera refinada de perder el juicio; no obstante, la historia cuenta algo muy distinto. Si la literatura, la música, la filosofía y el arte fueran tan inofensivos como se pretende, nadie habría prohibido libros, destruido bibliotecas, perseguido autores ni convertido la creación en delito. Nadie quema aquello que considera incapaz de producir consecuencias.

Durante siglos, el poder político y religioso encontró en la herejía una acusación útil para castigar el pensamiento disidente. Muchas veces no se perseguía solamente una creencia distinta, sino la posibilidad de que alguien se atreviera a formular una pregunta fuera de los límites permitidos. Los libros fueron incluidos en índices, confiscados o arrojados al fuego; bibliotecas enteras desaparecieron bajo ejércitos, fanatismos y proyectos empeñados en borrar la memoria. Cada página destruida era, en realidad, una confesión: alguien temía que esas palabras sobrevivieran a quienes pretendían prohibirlas. Así fueron sometidos a la censura del poder obras teatrales, guiones de cine y espectáculos culturales considerados contrarios al orden impuesto.

Muchos artistas han pagado con su vida. Federico García Lorca fue asesinado en los primeros días de la Guerra Civil española; Miguel Hernández murió en prisión después de padecer la persecución del franquismo. Víctor Jara fue detenido, torturado y asesinado luego del golpe militar en Chile; sus manos fueron destrozadas antes de matarlo, como si al castigar el cuerpo del cantor pudieran impedir que su música continuara diciendo. No se trataba solo de eliminar a un hombre, sino de convertir su sufrimiento en advertencia para quienes aún conservaran una guitarra, un poema o una voz.

La República Dominicana conoce demasiado bien esos mecanismos del terror. Gregorio García Castro y Orlando Martínez fueron asesinados en una época en la que la palabra crítica podía convertir a un periodista en blanco de vigilancia, persecución y muerte. Sus crímenes no buscaban únicamente silenciar dos voces; pretendían disciplinar a muchas otras. El mensaje era sencillo y brutal: quien escribiera más allá de ciertos límites debía saber lo que podía ocurrirle. El terror político siempre ha entendido que una víctima puede producir numerosos silencios.

A los asesinatos se sumaron la clausura de medios, la intimidación, el exilio y la censura ejercida desde instituciones que confundían la estabilidad del gobierno con el derecho a no ser cuestionado. Todavía hoy reaparece la tentación de crear leyes mordaza, redactadas con conceptos vagos y sanciones capaces de convertir la protección del honor, la moral o el orden público en herramientas contra la crítica. La censura suele buscar una apariencia respetable; rara vez se presenta con su verdadero nombre. Prefiere llamarse regulación, protección, responsabilidad o convivencia, aunque debajo de esas palabras pueda esconderse la vieja pretensión de decidir quién tiene derecho a hablar y hasta dónde puede hacerlo.

Las redes sociales han añadido otra forma de silenciamiento; ya no es necesario quemar un libro ni enviar un censor a la redacción de un periódico. Una denuncia anónima puede lograr que una publicación desaparezca o que una cuenta sea suspendida antes de que nadie examine seriamente lo ocurrido. Quien denuncia no está obligado a responder públicamente, sostener un debate ni hacerse responsable de la acusación. El algoritmo se convierte en un censor sin conciencia del contexto; la persona afectada debe demostrar después que no hizo aquello que una sombra le atribuyó.

No conviene exagerar la novedad de este fenómeno; el anonimato ha servido muchas veces para proteger a quienes denuncian abusos reales, pero también puede convertirse en refugio de la cobardía cuando se utiliza para retirar del espacio público una opinión que no se quiere enfrentar. La tecnología no inventó la intolerancia; apenas le ofreció instrumentos más rápidos y menos visibles. Antes, el poder debía firmar una orden, enviar agentes o asumir públicamente la prohibición; hoy puede bastar con pulsar un botón y confiar en que una máquina haga el resto.

Vivimos otra contradicción importante: nunca se ha hablado tanto de libertad de expresión y, al mismo tiempo, pocas épocas parecen soportar tan mal el desacuerdo. Muchos defienden el derecho a decir mientras lo dicho confirme sus propias certezas; cuando una palabra incomoda o exige revisar una convicción, la libertad deja de parecerles un principio y comienza a resultarles una amenaza; pero la libertad de expresión no se prueba ante las palabras que celebramos, sino ante aquellas que nos disgustan y que, aun así, debemos responder con argumentos.

Mi cuenta fue restituida, sin llegar a saber quién la denunció ni qué pretendía obtener con ello. El episodio terminó, pero dejó una pregunta abierta sobre la fragilidad de los espacios donde hoy circula el pensamiento y sobre la persistencia de quienes prefieren borrar una idea antes que discutirla. Frente a esa tentación, no queda otra respuesta digna que continuar leyendo, pensando y escribiendo. Por respeto a quienes nos leen y a la confianza que este medio ha depositado en mí durante unos quince años, seguiremos defendiendo el derecho a decir de la mejor manera: diciendo.