En el aspecto social, la convivencia entre dominicanos y españoles se hizo más que imposible e insoportable, en virtud del elevado racismo que exhibían los peninsulares frente a los negros y mulatos criollos, a quienes trataban como si fuesen esclavos, ya que una gran parte de ellos provenían directamente de España, Cuba y Puerto Rico, donde todavía prevalecía la esclavitud o había una gran proclividad hacia su ejercicio. Los funcionarios civiles y militares, así como una parte de la población española que residía en el país o iba de paso, se dirigían a los negros y mulatos dominicanos con términos peyorativos, despectivos y discriminatorios. Esto motivó numerosos y fuertes encontronazos, al tiempo que se generaba un rechazo cada vez mayor de los españoles en la población. A las mujeres dominicanas, muchos de ellos las trataban como si fueran prostitutas, desconociendo de esa manera los enormes valores morales y patrióticos que les caracterizaban, lo que contribuyó a que muchas de ellas se integraran a la lucha para expulsar a los peninsulares del territorio dominicano.
La anexión de la República Dominicana a España respondió a un estado de conciencia del grupo dirigente, orientado a preservar sus privilegios, sin importarle en lo más mínimo la salvaguarda de la soberanía nacional ni el desarrollo integral autónomo de los/as dominicanos/as.
Santana hizo circular, entre los sectores dominantes, los motivos que le llevaban a efectuar la anexión, ocultándolos cuidadosamente a las masas populares, lo que revelaba la gran inseguridad en que se debatía ese grupo para mantener su supervivencia y alcanzar niveles jerárquicos superiores de poder en la administración del Estado Dominicano.
La anexión a España fue la consumación vil de la actitud entreguista que los hateros-terratenientes habían mostrado en todo el trayecto de la Primera República, en alianza con las fuerzas políticas más conservadoras del país, como freno a los impulsos patrióticos, nacionalistas y libertarios de las masas populares dominicanas. De esa manera, Pedro Santana entregó la soberanía política del país a una potencia extranjera esclavista y decadente, que había perdido casi todo su dominio en el continente americano y sólo le quedaban Cuba y Puerto Rico en el Caribe, con el único propósito de garantizar sus intereses y privilegios, junto a los del grupo gobernante que le rodeaba. Con este hecho nefasto se confirmó de forma inequívoca la existencia de un grupo minoritario que nunca creyó en la viabilidad de la Nación Dominicana como Estado libre e independiente en lo económico, social, político e ideológico-cultural.
Con ese crimen de lesa patria, Pedro Santana y los sectores dominantes locales pretendían buscarle salida a la crisis económica y social que desde hacía varias décadas atrás venía padeciendo el país, al tiempo que garantizaban su perpetuación en el poder para evitar que los grandes comerciantes exportadores de madera preciosa del Sur que encabezaba Buenaventura Báez o los sectores liberales del Cibao, retornaran al poder, al tiempo de evitar su desaparición del escenario político, dado los profundos cambios que se venían operando en las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológico-culturales de la República Dominicana durante la segunda mitad del siglo XIX.
Si bien es cierto que una vez se produjo la anexión a España, esos sectores pasaron a ocupar posiciones claves en la administración pública -incluyendo los cargos de Capitán General, Gobernador, Marqués de Las Carreras y Senador Vitalicio que les fueron otorgados al general Pedro Santana-, no es menos cierto que las medidas políticas, económicas, sociales e ideológico-culturales adoptadas por los colonialistas afectaron profundamente a los productores nacionales y a la población dominicana en general. Estas medidas, en lugar de mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, profundizaron el deterioro económico del país y generalizaron el descontento popular existente en diferentes estratos de la sociedad dominicana.
El anuncio de la anexión de la República Dominicana a España, en calidad de provincia ultramarina, se efectuó el 18 de marzo de 1861, después de una larga tentativa de 17 años que involucró a los generales de división Ramón Matías Mella y Felipe Benicio Alfau Bustamante y a un conjunto de diplomáticos de carrera, entre los que resaltan Manuel de Jesús Galván y el Dr. Álvarez de Peralta, quien era Secretario de la Legación Dominicana en Madrid. El texto del discurso donde el general Pedro Santana anunció al país el crimen de lesa patria cometido por ante la metrópolis España, y que fue leído por uno de sus ayudantes desde el Balcón Presidencial, es el siguiente:
El anuncio de la anexión de la República Dominicana a España, en calidad de provincia ultramarina, se efectuó el 18 de marzo de 1861, después de una larga tentativa de 17 años que involucró a los generales de división Ramón Matías Mella y Felipe Benicio Alfau Bustamante y a un conjunto de diplomáticos de carrera, entre los que resaltan Manuel de Jesús Galván y el Dr. Álvarez de Peralta, quien era Secretario de la Legación Dominicana en Madrid.
El texto del discurso donde el general Pedro Santana anunció al país el crimen de lesa patria cometido por ante la metrópolis España, y que fue leído por uno de sus ayudantes desde el Balcón Presidencial, es el siguiente:
“Dominicanos! No hace muchos años que os recordó mi voz, siempre leal y siempre consecuente, y al presentaros la reforma de nuestra constitución política, nuestras glorias nacionales, heredadas de la grande y noble estirpe a que debemos nuestro origen.
Al hacer entonces tan viva manifestación de mis sentimientos, creía interpretar fielmente los vuestros, y no me engañé, estaba marcada para siempre mi conducta, más la vuestra ha sobrepujado a mis esperanzas.
Numerosas y espontáneas manifestaciones populares han llegado a mis manos y si ayer me habéis investido de facultades extraordinarias, hoy vosotros mismos anheláis que sea una verdad lo que vuestra lealtad siempre deseó.
Religión, idioma, creencias y costumbres, todo aún conservamos con pureza, no sin que haya faltado quien tratara de arrancarnos dones tan preciosos; y la nación que tanto nos legara es la misma que hoy nos abre sus brazos, cual amorosa madre que recobra su hijo perdido en el naufragio en que se ve perecer a sus hermanos.
Dominicanos! Sólo la ambición y el resentimiento de un hombre nos separó de la madre patria; días después, el haitiano dominó nuestro territorio; de él los arrojó nuestro valor. Los años que desde entonces han pasado, muy elocuentes han sido para todos!
¿Dejaremos perder los elementos con que hoy contamos, tan caros para nosotros, pero no tan fuertes como para asegurar nuestro porvenir y el de nuestros hijos? Antes que tal suceda, antes que vernos cual hoy se ven otras desgraciadas repúblicas, envueltas incesantemente en la guerra civil, sacrificando en ella valientes generales, hombres de Estado, familias numerosas, fortunas considerables y multitud de infelices ciudadanos sin hallar modo alguno de constituirse sólida y fuertemente; antes que llegue semejante día, yo, que velé siempre por vuestra seguridad; yo, que ayudado por vuestro valor he defendido palmo a palmo la tierra que pisamos; yo, que conozco lo imperioso de vuestras necesidades, ved lo que os muestro en la nación española, ved lo que ella nos concede.
Ella nos da la libertad civil de que gozan sus pueblos, nos garantiza la libertad natural, y aleja para siempre la posibilidad de perderla; ella nos asegura nuestra propiedad, reconociendo válidos todos los actos de la República; ofrece atender y premiar el mérito, y tendrá presente los servicios prestados al país; ella, en fin, trae la paz a este suelo tan combatido, y con la paz sus benéficas consecuencias.
Sí, dominicanos: de hoy más descansaréis de la fatiga de la guerra, y os ocuparéis con incesante afán en labrar el porvenir de vuestros hijos.
La España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños; reconoce nuestras libertades y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia como siempre lo fuimos; juntos nos prosternaremos ante los altares que esa nación erigiera; ante esos altares que hoy hallará cual los dejó, intactos, incólumes, y coronados aún con el escudo de sus armas, sus castillos y leones, primer estandarte que al lado de la cruz clavó Colón en estas desconocidas tierras en nombre de Isabel I, la grande, la Católica: nombre augusto que al heredar la actual Soberana de Castilla, heredó el amor de los pobladores de la isla Española; enarbolemos el pendón de su monarquía y proclamémosla por nuestra reina y soberana.
Viva Doña Isabel II!
Viva la libertad!
Viva la religión!
Viva el pueblo dominicano!
Viva la nación española!”[1]
Este discurso, con el que se quiso justificar la alevosa anexión de la República Dominicana a España, era a todas luces inaceptable para un pueblo que había luchado sistemáticamente por la consolidación de la soberanía nacional durante 17 largos y fatigosos años contra las ambiciones desmedidas de varios presidentes haitianos, que no querían reconocer la decisión del pueblo dominicano de proclamarse libre e independiente de toda potencia extranjera. En esa alocución aviesa se habla de numerosas y espontáneas manifestaciones populares en favor de la anexión de nuestro país a España, cuando lo que verdaderamente ocurrió fue una manipulación burda del general Pedro Santana y sus acólitos para mostrar a la población dominicana de una forma totalmente diferente a como realmente era y sigue siendo.
De igual manera, se habla de la conservación de la religión católica, del idioma español, de las creencias y las costumbres españolas en estado de pureza en Santo Domingo, cuando en realidad la cultura, las tradiciones, las costumbres, las creencias, la religiosidad popular, la identidad histórica y el idioma de la República Dominicana distaban mucho de los que se practicaban en la España de entonces, ya que el ser dominicano y su desarrollo cultural han sido el resultado de un complejo proceso sincrético que integra los aportes de los troncos aborigen, español y africano, así como los de otros grupos étnicos que con el discurrir del tiempo se han integrado a la Nación Dominicana.
Por tal razón, consideramos un eufemismo ridículo que el general Pedro Santana le atribuya a España el calificativo de madre amorosa y a la República Dominicana el de hija pródiga, que, después de haber equivocado su rumbo, vuelve a los brazos tiernos de su progenitora. De esa manera, intentaba obviar que el proceso de construcción identitaria del ser dominicano es multicausal, multigenético, multiétnico y multicultural.
El general Santana demostró en ese discurso un desconocimiento total de la historia dominicana, al pretender denostar al ilustre forjador de la primera independencia nacional, licenciado José Núñez de Cáceres, al calificarlo de hombre ambicioso y resentido, por no entender que el signo de los tiempos hacia el año 1821 era la lucha por la liberación nacional frente al anacrónico, esclavista y decadente imperio español.
De igual manera, sugiere aviesamente que la dominación haitiana en la parte oriental de la isla de Santo Domingo durante veintidós años se debió a la decisión de Núñez de Cáceres de separar al país de la “madre patria”. Nada más falso. La dominación haitiana a nuestro país se debió a procesos internos y externos que no dependían exclusivamente de la voluntad de un hombre, sino de múltiples factores, entre los que resaltan la unificación de la parte Sur y Norte de Haití hacia el año 1820 y la necesidad que tenía el vecino país de expandirse hacia la parte oriental de la Isla de Santo Domingo para poder satisfacer la demanda de tierra de su población y para evitar futuras pretensiones de España o Francia de restablecer sus antiguos dominios para esclavizarles posteriormente.
En su discurso justificativo de la anexión de la República Dominicana a España, el general Santana arremete contra todos los procesos independentistas latinoamericanos, atribuyéndoles acciones que en los hechos fueron cometidas por él y otros caudillos ambiciosos del continente contra sus compañeros de armas y ciudadanos indefensos en función de sus espurios intereses particulares y de grupos, como fueron la prisión, el destierro o el fusilamiento de los fundadores de las diferentes naciones latinoamericanas o de sus patriotas más destacados.
El propio Santana en República Dominicana declaró traidores a la patria, luego los redujo a prisión y posteriormente los envió a destierros múltiples a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, José María Serra y a otros destacados trinitarios entre julio y agosto de 1844 (Hamburgo -Alemania-, Londres -Inglaterra-, así como Curazao, Puerto Rico y Saint Thomas, en el Caribe), verdaderos fundadores de la Nación dominicana. También procedió al destierro de la familia Duarte y Díez en marzo de 1845, tras acusarle de urdir una trama conspirativa; así como el asedio, golpe de Estado y posterior exilio del eximio general y presidente de la República, Manuel Jimenes, por haber dispuesto una amnistía general en favor de todos los exiliados políticos.
De igual manera, procedió a realizar juicios sumarios y autorizó el fusilamiento de los patriotas María Trinidad Sánchez, Andrés Sánchez, Nicolás de Barias y José del Carmen Figueroa, al cumplirse un año de la Independencia Nacional en 1845; así como el fusilamiento de sus antiguos compañeros de armas y destacadísimos generales y oficiales de las campañas de independencia Antonio Duvergé, José Joaquín Puello, Gabino Puello, José Contreras y Francisco del Rosario Sánchez, entre otros, al acusarlos de conspiradores contra sus diferentes gobiernos.
Por otro lado, el general Santana cifraba falsas esperanzas en que la Nación española resolvería las imperiosas necesidades del pueblo dominicano; que otorgaría la libertad civil, la libertad natural, el derecho de propiedad, que reconociera la validez de los actos ejecutados por la República Dominicana a partir de su Independencia, así como los méritos obtenidos por los oficiales, clases y soldados por los servicios prestados a la Patria, y que alcanzaría la paz con resultados benéficos. Muchas de estas supuestas aspiraciones las habían alcanzado los dominicanos mediante su lucha intransigente por la libertad, la independencia y la reafirmación de la soberanía nacional.
Por último, el general Santana tenía la vana ilusión de que con la dominación de España en Santo Domingo, se acabaría la fatiga de la guerra, la población labraría un futuro luminoso y los dominicanos estarían protegidos de incursiones extrañas en virtud del poder de las fuerzas de las armas españolas, con el cobijo de su pabellón y su escudo de armas orlado de castillos y leones, formando de esa manera un solo pueblo y una sola familia. El caudillo y militar entreguista evoca que así era antes, cuando Colón clavó la cruz en estas tierras en nombre de la reina Isabel La Católica, antecesora de la reina Isabel II, quien al tiempo de heredar los dominios de aquella, también heredaba el amor de los pobladores de La Española.
Nada más falso, porque cuando España adquirió de nuevo estas tierras, estaba adquiriendo al mismo tiempo una guerra prevenida, una guerra sin cuartel, que llevarían a cabo los sectores más numerosos de la sociedad dominicana, los campesinos, los intelectuales, la pequeña burguesía urbana, los militares con sentimientos nacionalistas y la fracción liberal de la burguesía comercial dominicana.
En el curso de la dominación española en República Dominicana, las cosas no le salieron al general Santana como esperaba. Esto se evidenció en el hecho que a menos de un año de que se produjese la anexión, en enero de 1862, Santana ya estaba renunciando como Gobernador y Capitán General de Santo Domingo, cediéndole el poder a Felipe Rivero y Lemoine, al haber comprendido que era un simple títere del Primer Ministro de España, Leopoldo O’Donnell, y del Capitán General de Cuba, Francisco Serrano y Domínguez, sin posibilidad alguna de hacer lo que entendiera más conveniente para el país y sus intereses particulares y de grupo.
En el orden económico, los españoles implementaron medidas que se oponían radicalmente a los intereses y a las expectativas de los sectores productivos del país, de la pequeña burguesía y de los sectores populares dominicanos, destacándose entre ellas las siguientes:
-Establecimiento de altas tasas impositivas a los artículos de consumo masivo y tasas mayores para todas aquellas mercancías que no eran importadas desde España o no eran transportadas en embarcaciones españolas. De igual manera, se aplicaron gravámenes a los beneficios obtenidos por los pequeños, medianos y grandes productores en sus haciendas y propiedades, al tiempo que se creó el impuesto sobre la renta a los sueldos y salarios de los trabajadores y empleados públicos y privados. El pueblo dominicano no estaba acostumbrado a este festival de gravámenes, ya que, tal como nos revela el general Gregorio Luperón, hasta entonces en el país “no se conocían más impuestos que los del papel moneda y la contribución aduanera, cuya intangibilidad no se sentía.”[2]
-Prohibición de retirar mercancías de las aduanas o comprar todo tipo de producto en los establecimientos comerciales con los billetes inorgánicos y vales con que los anexionistas habían inundado anteriormente el mercado interno. Esto significaba que todos los sectores del país estaban obligados a cambiar sus billetes y vales en metálico para poder retirar sus mercancías de aduana y comprar aquellas mercancías que requerían. Esto implicaba una pérdida de tiempo y dinero enorme para los comerciantes y la población dominicana en general, ya que los responsables de ejecutar las amortizaciones rechazaban la mayor parte del papel moneda en circulación, al considerarlo falso o muy deteriorado. Gregorio Luperón dice que esto se hacía con el único propósito de “exasperar a los portadores que, viendo la injusticia, destruían, unos sus papeletas, y otros las vendían a ínfimo precio, a esos mismos funcionarios que la cambiaban a la par.”[3] Todo esto revela la gran felonía e inmoralidad con que actuaban los funcionarios y empleados públicos españoles y pro hispánicos, lo que contribuyó a exacerbar los ánimos del bien intencionado pueblo dominicano, al darse cuenta de la mala fe y de la búsqueda de ventajas en que incurría una gran parte de los agentes de cambio peninsulares.
En el ámbito administrativo del aparato estatal, el gobierno español procedió a la creación de un abultado tren burocrático, nombrando en los puestos de dirección a una cantidad exagerada de personas provenientes de España. Además de una nómina supernumeraria para un país en crisis, la burocracia española procedió a elevarse los sueldos a expensas de aumentar exageradamente los impuestos al pueblo. Tan grande era la brecha salarial que había al interior del aparato burocrático estatal, puesto que un español que ocupaba un puesto similar al desempeñado por un dominicano ganaba hasta cinco veces más por el mismo trabajo. En ese orden, el general José de la Gándara, quien fue el último gobernador español de la anexión española en Santo Domingo, nos ofrece unas ilustrativas palabras que le dan más fuerza a lo que acabamos de decir:
“Sobre todo el furor de enviar excesivo número de empleados a Santo Domingo, dotados de grandes sueldos, ponía de relieve la falta de cálculo en beneficio del Tesoro español. Baste decir que los hijos de la isla incorporada a España vinieron a cambiar una administración compuesta de un personal poco numeroso y barato, atendidas sus módicas asignaciones, por una administración lujosa, que necesitaba tres millones y medio de pesos para sostenerse, aunque apenas se confesase la mitad, cuando el presupuesto de ingresos de la República no llegaba a medio millón. De aquí el atraso de los pagos, primero, y más tarde la falta de pago en absoluto para las reservas, suministros y varias atenciones que debían satisfacerse. Tal era, según estas ligeras indicaciones, el sistema de Haciendas y Administración en Santo Domingo, que infundía general disgusto, produciendo un palpable desengaño para aquellos habitantes que, al unirse a nuestra nación para formar parte de ella, esperaban ventajas que se habían hecho ilusorias.”[4]
En el aspecto social, la convivencia entre dominicanos y españoles se hizo más que imposible e insoportable, en virtud del elevado racismo que exhibían los peninsulares frente a los negros y mulatos criollos, a quienes trataban como si fuesen esclavos, ya que una gran parte de ellos provenían directamente de España, Cuba y Puerto Rico, donde todavía prevalecía la esclavitud o había una gran proclividad hacia su ejercicio. Los funcionarios civiles y militares, así como una parte de la población española que residía en el país o iba de paso, se dirigían a los negros y mulatos dominicanos con términos peyorativos, despectivos y discriminatorios. Esto motivó numerosos y fuertes encontronazos, al tiempo que se generaba un rechazo cada vez mayor de los españoles en la población. A las mujeres dominicanas, muchos de ellos las trataban como si fueran prostitutas, desconociendo de esa manera los enormes valores morales y patrióticos que les caracterizaban, lo que contribuyó a que muchas de ellas se integraran a la lucha para expulsar a los peninsulares del territorio dominicano.
Los dominicanos de piel negra y mulata fueron acosados y discriminados por los peninsulares españoles
A estas situaciones, se agrega el conjunto de disposiciones odiosas implementadas por la Iglesia Católica -tras consumarse la anexión de la República Dominicana a España-, a través del arzobispo español Bienvenido Monzón, quien, de acuerdo con lo expuesto por el general José de la Gándara, tomó un conjunto de medidas que predispusieron a la población, a los miembros de las logias masónicas, a los feligreses de las iglesias protestantes y a los propios curas católicos dominicanos contra de la dominación española en el país, ya que contrariaban la forma de vida libre y sin sujeción a dogmas rígidos a que estaba acostumbrado el pueblo dominicano. Veamos lo que dice De la Gándara sobre el asunto:
“En resumen, y para dar cabal idea de los resultados de nuestra política en lo que toca a estas cuestiones de carácter religioso o de un orden mixto diré:
Que la persecución a los masones y la orden en que se mandaban a disolver y a cerrar las logias, en mal hora dictada, fue una medida por todo extremo impopular que se acogió con unánime disgusto, porque los dominicanos, a semejanza de otros pueblos de América, donde la masonería está considerablemente extendida y donde era y es más apreciada que ahora en Europa, juzgaban esa institución como una de las más sólidas garantías de su libertad política. Para ellos el derecho de asociación casi estaba reducido al que conservaban de formar logias y de llevar a sus tenidas la expresión de los deseos y la defensa de los intereses populares.
Análogos o más sensibles efectos causó aún la orden que prohibía ejercer el culto protestante a los dominicanos, con la antigua y acostumbrada publicidad. Sobre todo en Samaná y Puerto Plata, donde existían núcleos considerables de población reformada, aquella medida fue origen de protestas legítimas y ardientes, que disminuyendo las simpatías del país hacia los españoles, acrecentaban los elementos de una futura revolución.
Pues, ¿y las prescripciones arzobispales sobre la organización y constitución de las familias? Que un clérigo de fe profunda y arraigadas convicciones persiga aquí análogo fin y emplee en lograrlo todo su celo, no nos sorprende. En nuestra atmósfera, por fortuna, vagan estas ideas moralizadoras y cristianas que inspiraron la pastoral del arzobispo Monzón. Pero en Santo Domingo sucedía todo lo contrario… Allí las jóvenes hijas de familia gozaban de una gran libertad para salirse de la casa paterna –lo que sería en España inconcebible-, yéndose con quien mejor quieran y cuándo y cómo le pareciese más oportuno, y estos actos no alteraban siempre y en absoluto sus relaciones de intimidad amistosa ni las de sus preferidos con sus padres. Las mujeres solteras que no tributaban al pudor ferviente culto, no se avergonzaban de vivir maritalmente con un hombre, ni de demostrar a la faz de todos las señales que eran natural consecuencia de aquel género de vida. La palabra infanticidio no tenía aplicación en Santo Domingo, ni los móviles que caracterizan la especialidad de ese delito podían ser conocidos en un pueblo como el dominicano. El Estado nunca mantuvo asilos de niños expósitos, ni era conocido este tipo de hijos, que para horror de las almas bien nacidas sus propios padres rechazan y despiden, condenándolos a la más cruel orfandad. Por último: los hombres que vivían maritalmente con una mujer eran los menos; la generalidad, bien hallados con la práctica de la poligamia, tenían dos o más, según su fortuna, manteniendo en la casa a los hijos de todas, que en muchos casos, muerto el padre, se distribuían su herencia, adjudicándose partes iguales a los hijos de matrimonio que a las uniones adulterinas, reprobadas por la moral. Dados estos hechos, y supuesta la situación que determinan y caracterizan, júzguese el efecto que produciría la pastoral del arzobispo en aquella grey tan relajada y pervertida. Y si para consolidar conquistas y fortalecer o estrechar anexiones ha sido regla política observada siempre la de no contrariar de un modo violento y sistemático las creencias, los usos y las costumbres de los pueblos anexionados o conquistados, calcúlese el juicio que esas resoluciones han de merecer a quien, sobre todo, estime el interés de España y hable en su nombre.
Y último. Ya he dicho que daño hicieron a nuestra causa las medidas adoptadas contra clérigos del país y la preferencia, irritante muchas veces, concedidas sobre los presbíteros dominicanos a los que fueron de España al hacerse la anexión. A esto hay que añadir que allí el clero católico cobraba los derechos parroquiales sin sujeción a arancel, lo cual era causa de que percibiese abundantísimas y pingües utilidades. Los ingresos del cura de Sabaneta, parroquia que no era ni de las mayores ni de las más opulentas, ascendían a 30,000 pesetas anuales, según se pudo averiguar por documentos hallados en su casa después de la insurrección de Febrero de 1863. Pues bien; nuestro gobierno, queriendo poner término a ese abuso, sujetó al clero a dotación fija, dando a los curas la de 250 pesetas mensuales (3,000 al año), con lo cual aquellos clérigos dominicanos, que habían sido tan fervorosos partidarios de España, se convirtieron en nuestros más ardientes enemigos. Su sola oposición habría bastado a levantar contra nosotros el país. Su oposición, unida a las demás causas que vamos enumerando, produjo el estado de cosas que más adelante se referirá y las violentas revoluciones que nos costaron tanta sangre y tanta riqueza.
Para concluir: en todo lo que afecta al orden político-religioso, habiendo podido conservar las simpatías del clero y del pueblo, nos conquistamos su enemistad y su implacable animadversión. A muchas de las reformas que en esa esfera llevamos a cabo debimos renunciar. Otras habría sido más prudente plantearlas de una manera gradual y lenta, tendiendo a la mejora de las costumbres, pero sin herir los sentimientos y los intereses de nuestros administrados, como los herimos, escribiendo, por lo que se refiere a estos asuntos, la página más triste de nuestra dominación en Santo Domingo, pues es la que más a las claras revela ineptitud del Gobierno de España para dirigir los asuntos de su nueva colonia.”[5]
Aunque no suscribo muchos términos despectivos y desconsiderados usados por el general José de la Gándara hacia nuestras mujeres y hacia el pueblo dominicano en general, sus palabras muestran de forma absolutamente clara que el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno español en República Dominicana, contravenían significativamente las costumbres, las tradiciones, la paz y la tranquilidad de que disfrutaban los dominicanos en todos sus estamentos sociales, antes de consumarse la anexión, quienes estaban acostumbrados a una vida más sosegada, sin grandes compromisos fiscales y al ejercicio cotidiano de una moral sin dogmas.
La puesta en ejecución de ese cuerpo rígido de medidas económicas, administrativas, sociales, culturales e ideológicas, constituyeron los factores desencadenantes de los principales focos de rebeliones cívicas y militares en diferentes puntos del país, tanto a nivel individual, a nivel grupal como en el conjunto de la colectividad nacional, los cuales fueron generalizándose progresivamente hasta llegar a asumir las características de una guerra popular de liberación nacional contra el imperio colonial español y sus representantes locales.
[1] Gral. José de la Gándara. Anexión y Guerra en Santo Domingo (Tomo 1), Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1975, pp. 171-173.
[2] Gral. Gregorio Luperón. Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos (3 tomos), Santo Domingo: Central de Libros C. por A., 1992, p. 80.
[3] Ibidem, p. 82.
[4] Gral. José de la Gándara. Anexión y Guerra en Santo Domingo (Tomo 1), Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1975, p. 245.
[5] Ibidem, pp. 229-231.
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