Los riesgos de vivir bajo una débil institucionalidad

El pasado 6 de noviembre celebramos el Día de la Constitución, en recuerdo de la primera, firmada hace 182 años en San Cristóbal. La invocamos cada vez que sentimos amenazados nuestros derechos, porque es su mejor garantía y, a la vez, la medida de nuestros deberes. Pero una Constitución solo protege si se respeta, y lo mismo vale para las demás reglas que ordenan nuestra vida cotidiana. Ella es el referente supremo, pero no el único: cada esfera, de la familia a la escuela, del trabajo a la política, de la fe al mundo digital, tiene sus propias normas, que rigen en su ámbito y dentro de la ley.

Esas normas toman forma en instituciones: las leyes del Estado, los estatutos de una empresa o de un partido, el reglamento de una universidad o del edificio donde vivimos. Cambia la escala, no el propósito: que personas distintas puedan confiar unas en otras y construir juntas algo que las sobreviva. Cuando eso ocurre efectivamente, hablamos de institucionalidad. Gracias a ella, un condómino paga la cuota convencido de que los demás harán lo mismo, un estudiante se esfuerza porque la nota dependerá de lo aprendido y quien carece de contactos encuentra amparo en la norma. Douglass North, Nobel de Economía, describió las instituciones como las reglas del juego, junto con los mecanismos para hacerlas valer. Sin cumplimiento, la regla es solo papel.

Esa confianza tarda años en construirse y puede comenzar a erosionarse con una sola excepción. Las instituciones rara vez se derrumban de golpe: se desgastan con decisiones que lucen inofensivas, como saltarse el concurso porque urge llenar la plaza o nombrar a alguien sin el perfil requerido por ser de confianza, aunque en el fondo se trate de favorecer a un amigo o allegado. Montesquieu advirtió que todo el que tiene poder tiende a abusar de él hasta que encuentra límites. Las instituciones son esos límites. Por eso, quien decide no aplicar la regla cuando le conviene no solo favorece una excepción: debilita la barrera que nos protege a todos.

Lo vemos a toda escala. En un condominio, la junta tolera que algunos propietarios se atrasen en sus cuotas sin consecuencias. Otros siguen su ejemplo y, cuando surgen imprevistos, faltan los fondos para afrontarlos. Cuando la cúpula de un partido viola sus estatutos para imponer una candidatura, pone en duda su compromiso con las reglas que deberá respetar al gobernar. Hostos pedía que el deber se hiciera costumbre; entre nosotros, con demasiada frecuencia, la costumbre ha sido la excepción.

Toda organización debe respetar sus normas y procedimientos; ignorarlos abre la puerta a la arbitrariedad. También debe explicar a su comunidad las decisiones de mayor trascendencia. El caso de INTEC, cuyo rector renunció antes de completar el primer año de un período de tres, sin que se explicaran públicamente las razones, ilustra esa necesidad: la confidencialidad no debe excluir una rendición de cuentas razonable.

En la banca, las consecuencias las paga toda la sociedad. Esta semana pasada, el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank por insolvencia, y casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas. Antes de la crisis, se habían flexibilizado las reglas que limitaban la colocación de fondos previsionales en un mismo banco. Las responsabilidades están por determinarse. Los dominicanos conocemos el costo: el fraude de Baninter, oculto mediante una doble contabilidad y sancionado judicialmente, dejó un faltante superior a 55 mil millones de pesos.

El deterioro suele avanzar por etapas, como lo muestran la crisis griega o el caso de City College of San Francisco, que estuvo a punto de perder su acreditación por fallas de gestión. Los reúno, con la evidencia, en una reflexión más amplia.

Cuanto más alto el cargo, mayor la responsabilidad, porque el respeto a las reglas se aprende desde arriba. Incumplirlas no siempre es por descuido: a menudo responde al abuso de poder, a la falta de consecuencias o a responsabilidades mal definidas. Cuando quien dirige ignora las normas o evita rendir cuentas, transmite que cumplirlas es cosa de ingenuos.

Por eso, antes de tomar una decisión, conviene hacerse tres preguntas: ¿decidiría lo mismo si la persona no fuera de mi entorno? ¿Podría justificarlo públicamente? ¿Aceptaría aplicar ese criterio a todos? Si alguna respuesta es negativa, probablemente estamos ante un privilegio disfrazado de excepción.

La mejor manera de honrar la Constitución no es recordarla una vez al año, sino cumplirla cada día: que las reglas sigan en pie sin importar quiénes gobiernen. Esa tarea no es solo del Estado. Empieza en cada institución donde convivimos.