Desde la teoría del Estado, tres elementos lo constituyen: pueblo, territorio y gobierno. Haití conserva los dos primeros, pero el tercero se ha desvanecido. No hablo de un gobierno débil, sino de la ausencia de instituciones democráticas que ejerzan el poder público a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No hay Parlamento electo, la justicia apenas funciona y las autoridades de transición carecen de mandato popular y de control efectivo del territorio. En términos de organización gubernamental, el país está acéfalo.
Ese vacío lo ocupan las pandillas. Llamarlas bandas es quedarse corto: con armas y violencia sistemática controlan territorios, desplazan comunidades y mantienen a la población civil en un estado de terror. Donde no hay gobierno que monopolice legítimamente la fuerza, el poder lo ejerce el crimen.
Esto no habilita a nadie a intervenir a su antojo. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas obliga a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Es la piedra angular que prohíbe el uso de fuerzas armadas en territorio extranjero sin consentimiento explícito. Al ser norma imperativa (jus cogens), ningún tratado puede anularla.
Un ejército extranjero solo puede entrar legalmente en dos supuestos: la legítima defensa frente a un ataque armado en curso (artículo 51) o la autorización del Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII. A ellos se suma el consentimiento del Estado territorial.
La presencia de El Salvador cumple esos parámetros. Las misiones de ambos países ante la OEA firmaron el 3 de octubre de 2024 el acuerdo sobre la protección de la condición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que la Asamblea salvadoreña aprobó el 30 de octubre de ese año. Hubo, por tanto, invitación y consentimiento del Estado haitiano.
El sustento decisivo es, sin embargo, el Consejo de Seguridad. La misión multinacional fue aprobada en 2023 bajo el Capítulo VII y, mediante la resolución 2793, adoptada el 30 de septiembre de 2025, se autorizó su transformación en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). La resolución 2829 (2026) extendió su mandato hasta el 31 de marzo de 2027. Esa base independiente pesa especialmente cuando el consentimiento proviene de autoridades de transición.
El despliegue reciente se inscribe en ese marco. Tras el ataque de pandillas del domingo en Croix-des-Bouquets, cuatro militares salvadoreños fueron secuestrados, según el gobierno haitiano, y El Salvador envió 100 efectivos de fuerzas especiales. La propia GSF anunció la llegada del contingente para apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad. No hay agresión ni violación de la soberanía, sino una fuerza autorizada por el Consejo, con consentimiento del Estado anfitrión, actuando para proteger a su personal.
Reducir la crisis a las pandillas sería un error. Debe investigarse a las élites económicas y políticas que se benefician de la desestabilización permanente y del negocio ilícito del tráfico de drogas, armas y personas, y de la migración ilegal. Las pandillas no fabrican las armas y municiones que usan: llegan por corredores como Florida, Jamaica, Bahamas y Turcas y Caicos. Alguien las vende y alguien las deja pasar.
Para la República Dominicana no es un asunto lejano: compartimos 390 kilómetros de frontera con un territorio sin gobierno efectivo. Por eso el mayor esfuerzo de la comunidad internacional es restablecer la institucionalidad. La fuerza puede recuperar territorio, pero solo las instituciones, las elecciones, los tribunales y el parlamento pueden reconstruir un Estado.
Compartir esta nota