Hay un momento —siempre llega— en que una nación deja de discutir consigo misma y empieza a discutir con la Humanidad.
No porque haya resuelto sus conflictos internos, sino precisamente porque no lo ha hecho.
Entonces convierte sus batallas domésticas en cruzadas universales, sus miedos en valores, sus obsesiones en principios, y su desorden en doctrina exportable. Eso es lo que hoy ocurre en Estados Unidos.
Lo que se vive allí ya no es una simple polarización política. Es una fragmentación moral profunda, donde cada extremo se siente depositario de la verdad última y, por tanto, autorizado a imponerla.
No basta con ganar elecciones, tribunales o titulares: hay que ganar el relato del mundo. Y quien no lo acepte, queda marcado. No como disidente, sino como culpable.
En ese clima, la política deja de ser negociación y se convierte en teología. Cada bando se arroga el derecho de definir el bien y el mal, no solo para su país, sino para todos.
El desacuerdo deja de ser legítimo y pasa a ser sospechoso; luego, inmoral; finalmente, intolerable. Así, lo que comenzó como debate interno termina convertido en presión global.
Estados Unidos ha tenido siempre una vocación universalista. No es nueva. Antes habló en nombre de la libertad, luego del mundo libre, más tarde de la democracia, ahora de valores morales en permanente redefinición.
El problema no es esa aspiración —toda gran potencia la ha tenido—, sino pretender universalizar una guerra cultural no resuelta, como si el resto del planeta estuviera obligado a vivir las mismas angustias, usar el mismo lenguaje y asumir las mismas prioridades.
El mundo, sin embargo, no funciona así. Tiene memoria. Y la memoria recuerda que cada vez que alguien habló en nombre de la Humanidad, terminó decidiendo por ella.
De ahí nace la reacción de China y Rusia. No como modelos morales alternativos —sería ingenuo afirmarlo—, sino como potencias que rechazan la imposición moral ajena. No discuten solo intereses estratégicos; discuten algo más profundo: el derecho de una civilización a no ser tutelada culturalmente por otra.
China observa el caos discursivo occidental como advertencia. No propone libertades universales ni cruzadas ideológicas; propone orden, continuidad y soberanía narrativa. Su mensaje, casi silencioso, es que cada sociedad debe resolver sus conflictos sin importar guerras culturales externas. No quiere salvar al mundo; quiere que no se lo desorganicen desde afuera.
Rusia, por su parte, reacciona desde la herida histórica. Recuerda demasiado bien los años en que se le exigía adoptar valores ajenos mientras se desmantelaba su Estado y se la trataba como alumno atrasado de una clase impartida desde el exterior. Su respuesta actual es áspera, a veces brutal, pero tiene una raíz clara: nunca más aceptar sermones de quienes no logran ponerse de acuerdo consigo mismos.
Occidente —y en especial Estados Unidos— cometió un error clásico de los imperios en su fase tardía: confundió liderazgo con homogeneización. Creyó que su modelo no solo era exitoso, sino inevitable; y que sus conflictos internos eran, en realidad, el laboratorio moral del mundo. Al hacerlo, provocó exactamente lo contrario de lo que pretendía: alianzas defensivas, búsquedas de autonomía y un cansancio global frente a la predicación constante.
El mundo multipolar no nace del amor ni de la admiración. Nace del hartazgo. Hartazgo frente a sanciones morales selectivas, frente a indignaciones que se activan y se apagan según convenga, frente a la pretensión de certificar quién es aceptable y quién no.
Muchos países no quieren elegir entre extremos ajenos. Quieren margen, tiempo, silencio.
La paradoja es evidente: cuanto más se intenta imponer una verdad universal desde una crisis moral interna, más se acelera el debilitamiento de la hegemonía que la sostiene. No porque surja un modelo superior, sino porque crece la resistencia a la tutela.
La Humanidad no necesita nuevos predicadores armados de consignas. Necesita menos gritos universales y más humildad histórica. Necesita recordar que ninguna nación —por poderosa que sea— tiene derecho a convertir su conflicto interno en mandato global.
China y Rusia no están ofreciendo un paraíso. Están ofreciendo resistencia. Y en tiempos de saturación ideológica, la resistencia se vuelve atractiva, no por virtud, sino por cansancio.
Ese es el verdadero cambio de época. No un choque de civilizaciones, sino una fatiga moral del mundo frente a quienes, creyéndose portadores del bien absoluto, olvidaron algo elemental: que la Humanidad no necesita ser salvada a gritos, sino comprendida con respeto.
Y la Crisis del Federalismo que comenzó con el Demócrata Franklin Delano Roosevelt está muy presente.
Cada vez que estalla un conflicto entre un estado y Washington, la tentación inmediata es personalizarlo. Buscar un rostro. Un nombre.
Hoy ese nombre es Donald Trump. Ayer fue otro. Pero el error analítico —y político— consiste en creer que el problema es coyuntural, reciente o ideológico. No lo es.
La crisis del federalismo estadounidense no nació en Minnesota ni en 2026.
Tampoco nació con Trump.
Nació con Franklin D. Roosevelt y con una transformación profunda —y duradera— del Estado federal durante el New Deal.
Hasta los años treinta, Estados Unidos funcionó razonablemente cerca del ideal de James Madison: un gobierno nacional de poderes “pocos y definidos”, y unos estados con competencias amplias sobre la vida cotidiana, la policía, la justicia y el orden público. Ese equilibrio no era perfecto, pero era reconocible.
Todo cambió con Franklin D. Roosevelt.
Ante la Gran Depresión, Roosevelt no solo salvó la economía; refundó el poder federal. El New Deal creó agencias, normas, programas y capacidades ejecutivas que nunca fueron desmontadas.
El gobierno federal dejó de ser árbitro lejano y pasó a ser actor directo, regulador omnipresente y —con el tiempo— fuerza operativa en casi todos los ámbitos.
Desde entonces, ocurrió algo decisivo: el federalismo dejó de ser un equilibrio entre soberanías y se convirtió en una relación asimétrica.
Los tribunales acompañaron el proceso. La Corte Suprema, tras resistirse inicialmente, terminó validando una interpretación expansiva de la Cláusula de Comercio y de la Cláusula de Supremacía.
El resultado fue claro: cuando hay conflicto, gana Washington. Casi siempre.
Durante décadas, esa concentración de poder tuvo un rostro moralmente aceptable —incluso necesario—. Fue el poder federal el que rompió la segregación, protegió derechos civiles y forzó a estados renuentes a cumplir la Constitución.
En ese contexto, la expansión federal parecía no solo legítima, sino virtuosa.
Pero el problema de las estructuras de poder es que no distinguen quién las usa.
El mismo aparato que sirvió para defender a James Meredith en Misisipi, sirve hoy para blindar a agencias federales frente a investigaciones estatales.
El mismo Estado fuerte que persiguió a sheriffs racistas, puede ahora impedir que un estado investigue la muerte de sus propios ciudadanos.
Minnesota no está chocando con Trump:está chocando con un Leviatán construido desde los años treinta, fortalecido por guerras, crisis, terrorismo y emergencias sucesivas.
Trump no inventó ese poder. Lo heredó. Y ahí está el verdadero drama del momento: cuando el gobierno federal deja de ser el corrector de abusos locales y pasa a ser el poder que nadie puede investigar plenamente, el federalismo deja de funcionar como sistema de frenos y contrapesos.
Madison perdió la batalla histórica no porque sus ideas fueran erróneas, sino porque el siglo XX necesitó un Estado fuerte. El problema es que el siglo XXI empieza a mostrar el precio de esa fortaleza sin contrapesos efectivos.
Minnesota no es una anomalía.
Es una advertencia tardía.
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