"La prueba de la democracia no es que el pueblo vote, sino que gobierne."
G. K. Chesterton
La paradoja latinoamericana
Hay preguntas que se vuelven más incómodas cuanto más tiempo permanecen sin respuesta.
Una de ellas recorre América Latina, por no hablar aquí del mundo, desde hace décadas: ¿cómo es posible que una región que celebra elecciones de manera regular siga atrapada entre la corrupción, la fragilidad institucional, la desconfianza ciudadana y la inestabilidad política?
Las urnas abundan.
La democracia escasea.
Sobre el papel, la región parece haber resuelto el problema democrático.
Constituciones modernas, elecciones competitivas, alternancia en el poder, congresos representativos, tribunales constitucionales y sistemas multipartidistas conforman un paisaje institucional comparable al de muchas democracias consolidadas.
No obstante, la realidad se obstina en desmentir la apariencia.
Detrás de la arquitectura formal persisten Estados débiles, violentados por cualquier fenómeno de tráfico, narco u otros, sistemas judiciales vulnerables, corrupción estructural y una ciudadanía cada vez más desencantada y menos ciudadana.
La distancia entre lo que las instituciones prometen y lo que efectivamente producen se ha convertido en una de las características centrales de la experiencia latinoamericana.
La paradoja es tan evidente como persistente: las formas democráticas prosperan mientras su contenido se debilita y se pierde.
Francis Fukuyama sostiene que toda democracia estable descansa sobre tres pilares fundamentales: un Estado competente, un imperio efectivo de la ley y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.
Cuando esos tres elementos convergen, la democracia deja de ser un simple procedimiento electoral y se convierte en un orden político legítimo y previsible.
En gran parte de América Latina ocurre exactamente lo contrario.
El Estado suele ser incapaz de aplicar las normas que proclama. La ley se ejerce de manera desigual. La rendición de cuentas se diluye entre clientelas, pactos de impunidad y redes de intereses que sobreviven a los cambios de gobierno.
El problema no es la ausencia de democracia.
El problema es su formalismo caricaturesco y vacío.
Durante décadas se creyó que la celebración periódica de elecciones bastaría para consolidar instituciones republicanas. La experiencia demuestra lo contrario. Las elecciones son una condición necesaria de la democracia, pero están lejos de ser una condición suficiente.
Una sociedad puede votar regularmente y seguir siendo políticamente precaria.
Puede cambiar de gobernantes sin cambiar de prácticas.
Puede celebrar elecciones impecables y continuar gobernada por mecanismos abstrusos e informales.
La democracia puede existir como procedimiento mientras fracasa como proyecto de autogobierno, independientemente de que esta sea republicano o de otra índole.
Ahí reside una de las grandes contrariedades latinoamericanas.
Instituciones sin ciudadanía
Las instituciones no flotan en el vacío.
Douglass North explicó que las reglas formales solo funcionan cuando encuentran respaldo en hábitos, valores y expectativas compartidas. Cuando las normas escritas y las prácticas reales se contradicen, surge una situación peculiar: existe legalidad, pero no legitimidad; existen instituciones, pero no institucionalidad.
Eso ha ocurrido reiteradamente en América Latina.
Buena parte de las instituciones republicanas fueron adoptadas antes de que existieran las condiciones sociales necesarias para sostenerlas.
Se copiaron constituciones.
Se importaron modelos administrativos.
Se reprodujeron estructuras jurídicas.
Lo que nunca pudo importarse fue la experiencia histórica que permitió su consolidación en otros lugares.
La consecuencia ha sido una abismal brecha permanente entre la ley y la realidad.
Mientras en América del Norte el desarrollo del Estado estuvo acompañado por tradiciones de autogobierno local, asociacionismo cívico y control social del poder —fenómenos observados por Alexis de Tocqueville y otros—, en América Latina predominó una herencia colonial centralizada, jerárquica y extractiva.
Dicho de manera más descarnada: aquí nació primero el poder. El ciudadano llegó después.
La relación entre gobernantes y gobernados se estructuró durante siglos alrededor del favor, la dependencia y el padrinazgo. El acceso a derechos quedó subordinado al acceso a influencias.
Max Weber describió ese fenómeno como dominación patrimonial: una forma de organización política donde el Estado termina confundido con los intereses particulares de quienes lo administran.
Cuando eso ocurre, la ley y sus sanciones dejan de actuar como norma, como límite.
Se convierten en instrumentos. “A según…”
Los cargos públicos se distribuyen como recompensas.
Las instituciones sirven a grupos antes que a ciudadanos.
La corrupción deja de ser una desviación excepcional para transformarse en un mecanismo habitual de funcionamiento.
Las democracias sobreviven.
La república se debilita.
Steven Levitsky ha advertido que los sistemas democráticos contemporáneos rara vez colapsan mediante golpes militares. Su deterioro suele ser mucho más gradual.
Las normas son burladas y se erosionan.
Los contrapesos se debilitan.
Las excepciones se vuelven costumbre.
Lo intolerable termina siendo aceptado y usual.
Las democracias ya no suelen ser asesinadas.
Se pudren lentamente.
Y esa descomposición avanza con mayor rapidez allí donde las instituciones son frágiles y donde los ciudadanos dejan de confiar en ellas.
El combustible del populismo
La fragilidad institucional explica mucho, pero no lo explica todo.
La expansión contemporánea del populismo también tiene raíces económicas profundas.
Las sociedades toleran sacrificios cuando perciben progreso. Lo que rara vez toleran es el estancamiento.
Durante décadas, amplios sectores latinoamericanos escucharon promesas de desarrollo, movilidad social y prosperidad que nunca terminaron de materializarse.
La desigualdad persistió.
La informalidad creció.
La inequidad social se propagó y de facto se institucionalizó por doquier.
La productividad permaneció rezagada.
Los servicios públicos siguieron siendo insuficientes y mal servidos.
En ese contexto, la frustración se convierte en combustible político.
Cuando la democracia no mejora las condiciones materiales de vida, aumenta la tentación de buscar soluciones providenciales.
Aparecen los redentores. Los caudillos. Los intérpretes exclusivos de la voluntad popular. Al igual que los trepadores y los aprovechados.
La historia latinoamericana está llena de ellos.
El fenómeno no es nuevo.
Lo nuevo es la capacidad tecnológica para amplificarlo.
La inteligencia artificial, la segmentación algorítmica y las redes sociales permiten fabricar emociones políticas a una escala sin precedentes.
Nunca fue tan fácil manipular percepciones.
Nunca fue tan sencillo transformar la indignación en adhesión automática.
La política deja de persuadir.
Empieza a programar reflejos.
En semejante escenario, la deliberación pública pierde terreno frente a la propaganda emocional.
Y donde la emoción sustituye al razonamiento, el populismo encuentra su ambiente natural.
(¡Ah! Aclárese entre paréntesis que el populismo no es plaga exclusiva en estos tiempos de la América democrática.)
La democracia delegada
Guillermo O’Donnell describió con precisión una de las patologías más persistentes de la región: la democracia delegativa.
Los ciudadanos votan. Luego desaparecen. O los hacen desaparecer.
La elección se transforma en una autorización prácticamente ilimitada para gobernar, de forma arbitraria, es decir, inconsulta e irrestringida.
Los controles institucionales se debilitan.
Los congresos se subordinan.
Los organismos de supervisión se politizan.
La justicia se vuelve objeto de disputa partidaria.
El resultado es una paradoja inquietante.
La legitimidad electoral termina utilizándose para erosionar las propias instituciones que hacen posible la democracia.
La soberanía popular se reduce entonces a un acto episódico de marionetas.
Un día de participación.
Cuatro años de alejamiento, de vigilancia y de coacción.
El caso peruano ilustra de manera extrema esa dinámica. Presidentes elegidos ‘democráticamente’, crisis permanentes, destituciones sucesivas, enfrentamientos institucionales y una incapacidad crónica para construir gobernabilidad estable.
No se trata únicamente de dirigentes fallidos.
Se trata de instituciones incapaces de resistir a quienes intentan capturarlas.
Con diferentes intensidades, el mismo patrón aparece una y otra vez en distintos países de la región.
La política termina pareciéndose más a un espectáculo que a un mecanismo de gobierno.
Más a una disputa de identidades que a una construcción de acuerdos.
Más a un melodrama que a una república de ciudadanos verdaderos.
La fragilidad del sujeto democrático
La explicación final es más profunda que cualquier problema administrativo.
La democracia no depende únicamente de leyes, tribunales o elecciones.
Depende de ciudadanos.
Depende de una cultura política capaz de sostener límites, aceptar reglas, respetar procedimientos y comprender que la libertad implica también obligaciones, responsabilidades.
Ese aprendizaje continúa siendo incompleto en buena parte de la América latina.
Los derechos se reclaman con intensidad.
Los deberes permanecen soslayados en silencio.
La política se vive como confrontación permanente.
El único régimen legítimo es el del ‘quítate tú que me pongo yo’.
La ciudadanía se ejerce con frecuencia como demanda antes que como compromiso.
Por eso la crisis democrática latinoamericana es, en última instancia, una crisis de eticidad pública en el más estricto sentido hegeliano del término.
No basta con tener instituciones.
Hay que habitarlas.
No basta con exigir derechos.
Hay que asumir responsabilidades.
No basta con votar.
Hay que gobernarse.
No hay libertad y libre elección sin obediencia y necesidades objetivas que superar.
La urna y el vacío
La debilidad democrática latinoamericana no puede explicarse por una sola causa.
Es el resultado de una larga combinación de desigualdad estructural, fragilidad estatal, herencias patrimoniales, instituciones incompletas, élites extractivas y culturas políticas insuficientemente republicanas.
Reducir el problema a la corrupción sería ingenuo.
Reducirlo a la cultura sería injusto.
Reducirlo a la economía sería simplista.
Todas esas dimensiones se entrelazan.
Existen, desde luego, excepciones.
Uruguay, Costa Rica y, en determinados períodos, Chile han demostrado que es posible construir instituciones más robustas, burocracias más profesionales y mayores niveles de confianza pública.
Nada está predeterminado.
Pero tampoco nada ocurre por accidente.
La cuestión decisiva sigue siendo la misma que formuló Chesterton hace más de un siglo. No importa solamente quién vota. Importa quién gobierna.
Y, por tanto, cuánto poder conserva el ciudadano después de depositar su voto.
Ahí reside la gran pregunta latinoamericana.
Porque en demasiados rincones de nuestra América, la criolla, la democracia continúa funcionando menos como gobierno de ciudadanos que como una franquicia periódica para administrar privilegios, reciclar élites y distribuir impunidad e inequidad.
Entre tanto, dominan las consignas renovadas por los patrones y celebradas con el alboroto propio de sus clientes.
En lo que la urna permanece,
La soberanía se relaja.
Y, allí donde la objetividad institucional se esfuma —sin dejar rastros de equidad ni de justicia social— la democracia corre el riesgo de convertirse en una elegante administración de la impotencia colectiva de cuantos otrora fueron intrépidos pueblos soberanos.
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