En la primera entrega planteábamos que el país requiere una reforma fiscal integral orientada a la producción, la formalización y la ampliación de la base tributaria. Sin embargo, ninguna reforma será sostenible si el Estado no transforma simultáneamente la calidad, eficiencia y orientación del gasto público. La legitimidad tributaria depende de la confianza ciudadana: los contribuyentes están más dispuestos a cumplir cuando perciben que los recursos públicos se administran con responsabilidad, transparencia y sentido de propósito nacional.
Ello obliga a enfrentar el clientelismo político, la excesiva expansión del gasto corriente y la baja proporción presupuestaria dedicada a la inversión productiva. La protección social es necesaria y constituye una obligación moral del Estado, pero debe ser un instrumento de dignidad, inclusión y movilidad económica, no un mecanismo permanente de dependencia electoral. Las tarjetas de ayuda y los subsidios deben concentrarse estrictamente en los hogares en condición de pobreza extrema mediante auditorías técnicas, registros actualizados y mecanismos de evaluación permanentes. Del mismo modo, los repartos masivos en fechas especiales no pueden seguir utilizándose como herramientas de marketing político financiadas por los contribuyentes.
Es impostergable revertir la reducción de la inversión pública. Ninguna nación se desarrolla consumiendo la mayor parte de su presupuesto en gastos cotidianos. Necesitamos establecer límites claros al crecimiento del gasto corriente y fijar una proporción mínima del presupuesto destinada a la inversión de capital en infraestructura, agua, transporte, energía, agroindustria, tecnología y transformación productiva. La inversión pública no debe verse como un gasto, sino como la construcción de la capacidad futura de la economía.
Pero invertir no significa únicamente construir nuevas obras. También implica preservar adecuadamente las ya existentes. El mantenimiento oportuno de carreteras, puentes, sistemas de riego, acueductos, escuelas, hospitales, redes eléctricas e infraestructuras urbanas suele generar retornos económicos y sociales superiores a los costos de reconstrucción derivados del abandono. Un país que descuida sus activos públicos termina pagando varias veces por las mismas obras. La cultura del mantenimiento debe convertirse en una política de Estado.
En materia estructural, el cumplimiento efectivo del Pacto Eléctrico es vital. Durante décadas, el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad ha sido uno de los mayores drenajes de recursos públicos. Miles de millones de pesos que pudieron destinarse a educación, salud, infraestructura o seguridad terminan cubriendo pérdidas operativas, fraudes, ineficiencias y subsidios mal focalizados. No seremos plenamente competitivos mientras mantengamos este lastre estructural. Reducir el déficit eléctrico fortalece las finanzas públicas, disminuye los costos de producción, mejora la competitividad nacional y reduce presiones sobre futuras reformas tributarias.
En el ámbito educativo, el compromiso del 4% del PIB debe preservarse. Sin embargo, la discusión ya no puede limitarse a cuánto invertimos, sino a qué resultados obtenemos. Es indispensable alinear el sistema educativo con las necesidades de una economía moderna, priorizando la formación técnica, el bilingüismo, las matemáticas, las ciencias, la programación, la inteligencia artificial y las competencias digitales. Ningún país logra altos niveles de desarrollo sin un capital humano altamente capacitado y productivo.
Asimismo, el crecimiento de las pensiones solidarias y especiales debe evaluarse bajo criterios estrictos de vulnerabilidad, sostenibilidad y transparencia, evitando que se conviertan en mecanismos de discrecionalidad política. En cuanto a la publicidad estatal, aunque la comunicación gubernamental es necesaria, esta debe operar bajo parámetros razonables de eficiencia y utilidad pública, orientándose prioritariamente hacia campañas de educación ciudadana, seguridad vial, salud preventiva, cultura tributaria, protección ambiental y otros objetivos de interés nacional, dejando atrás el personalismo y la promoción política financiada con recursos públicos.
Finalmente, el endeudamiento público debe analizarse con pragmatismo y responsabilidad. La deuda no es negativa en sí misma cuando financia proyectos de alta rentabilidad económica y social, infraestructura estratégica o inversiones capaces de elevar la productividad nacional. El problema surge cuando se utiliza para cubrir gasto corriente o compromisos operativos ordinarios, una práctica que debería limitarse exclusivamente a situaciones extraordinarias de emergencia nacional. Ninguna familia progresa endeudándose para sostener indefinidamente sus gastos cotidianos; los Estados tampoco.
La República Dominicana necesita avanzar hacia reglas fiscales modernas, presupuestos plurianuales vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo, sistemas rigurosos de evaluación del gasto público y revisiones periódicas de los incentivos fiscales para garantizar que continúen generando beneficios reales para la sociedad.
La Ley 01-12 nunca concibió la política fiscal como un simple mecanismo de recaudación. La concibió como una herramienta para construir una economía más competitiva, una sociedad más inclusiva y un Estado más eficiente. Por eso, el verdadero pacto fiscal que el país necesita no puede limitarse a discutir impuestos. Debe incluir la formalización de las MIPYMES, la ampliación de la base tributaria, la racionalización del gasto, la reducción del déficit eléctrico, la inversión productiva, el mantenimiento de las infraestructuras existentes y la formación del capital humano.
La verdadera discusión fiscal no es cuánto dinero recauda el Estado. La verdadera discusión es qué nación estamos construyendo con esos recursos. El verdadero pacto fiscal es aquel que permite recaudar mejor, gastar mejor e invertir mejor para alcanzar los objetivos de desarrollo que la República Dominicana consensuó hace más de una década y que todavía sigue esperando convertir en realidad.
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