La Constitución como brújula de la transformación educativa

En el debate actual sobre la transformación educativa hablamos con frecuencia de aprendizajes, currículo, profesión docente, evaluación, gobernanza, tecnología, inteligencia artificial, educación superior y organización institucional. Todos estos temas son importantes y, en muchos casos, requieren cambios profundos. Sin embargo, existe una pregunta previa que condiciona el sentido de todas las demás: ¿qué sociedad queremos construir mediante la educación?

Esta no es una pregunta retórica; la forma en que la respondamos condicionará profundamente la manera de entender la calidad educativa, el currículo que necesitamos, el ciudadano que queremos formar, las capacidades que debemos desarrollar y, finalmente, la arquitectura institucional que habrá de sostener todo el sistema.

Si pensamos la educación como un medio para satisfacer las necesidades inmediatas del mercado de trabajo, sus implicaciones serán distintas de las de otras concepciones orientadas a desarrollar integralmente a la persona; de igual manera, un sistema orientado fundamentalmente a producir credenciales tendrá prioridades diferentes de las de uno organizado en torno al derecho efectivo a aprender y.  una educación concebida para una sociedad democrática, equitativa y basada en el conocimiento exigirá instituciones, prácticas y capacidades diferentes de aquellas requeridas por un modelo centrado únicamente en la escolarización y la administración de servicios.

En estos momentos, en los que el país se plantea asumir el reto de transformar profundamente la educación, es oportuno preguntarnos hacia dónde queremos orientarla. Pero no debemos sucumbir, al emprender la búsqueda de una respuesta, a la tentación de partir de cero. No debemos olvidar que, como sociedad organizada democráticamente, el país cuenta con referencias de gran importancia que deben servir de base para encontrar la respuesta esperada. Nuestra Constitución, que fue recientemente reformulada, debe ser la primera fuente donde debemos buscar para orientar una respuesta apropiada, tomando en consideración que su legitimidad política, jurídica y social, está por encima de cualquier plan sectorial, programa gubernamental o propuesta elaborada por especialistas: la Constitución de la República.

Nuestra Constitución no solo organiza los poderes públicos, sino que también reconoce derechos. Leída en conjunto, contiene también una concepción determinada de la persona, de la sociedad, del Estado y del desarrollo. Puede entenderse, en ese sentido, como un pacto jurídico, político y moral sobre el país que hemos decidido construir.

Cuando define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, la Constitución está diciendo mucho más que el poder público debe someterse a la ley. Está vinculando nuestro proyecto de sociedad con la democracia, la dignidad humana, la protección efectiva de los derechos, la libertad, la igualdad y la justicia social.

Esa orientación se vuelve aún más explícita cuando tomamos en cuenta la función esencial del Estado, establecida en la Constitución, de proteger efectivamente los derechos de las personas, respetar su dignidad y procurar los medios que les permitan perfeccionarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social.

Si analizamos en profundidad estas disposiciones de la Constitución y las integramos en una visión sistémica, comienza a delinearse una imagen bastante definida de la sociedad que queremos; tornándose claro que, para el constituyente, no  se trata únicamente de una economía capaz de crecer ni de un Estado que administre adecuadamente sus instituciones. La aspiración constitucional apunta a una sociedad en la cual el desarrollo de cada persona importe, en la que la libertad conviva con la responsabilidad colectiva, la igualdad formal avance hacia condiciones reales de igualdad y el progreso económico se encuentre al servicio del desarrollo humano.

Esta visión constitucional debería ser el punto de partida de nuestra reflexión educativa; el fundamento de esta concepción radica en  la dignidad humana. Este principio tiene consecuencias profundas para la educación, porque impide concebir a la persona exclusivamente como un recurso productivo o como futuro trabajador. La persona ciertamente necesita desarrollar competencias que le permitan trabajar, producir y participar activamente en la economía, pero es mucho más que eso. Es ciudadano, sujeto moral, miembro de una comunidad, creador, portador de derechos y protagonista de su propio proyecto de vida. Esta visión del ser humano está estrechamente vinculada con el reconocimiento y los mandatos establecidos en la constitución del derecho a una educación integral, de calidad y permanente que, además, debe garantizarse a lo largo de toda la vida.

Esta concepción del ser humano y de la sociedad, desarrollada por nuestra Constitución, nos debe servir de base para entender que la Constitución no define la educación de esa manera por casualidad; la define así porque responde a la visión de persona y de sociedad que ella misma propone.

Si nuestro orden constitucional tiene  a la dignidad humana como fundamento, la educación tiene necesariamente que contribuir al desarrollo pleno de la persona. Si aspiramos a una sociedad democrática, debe formar ciudadanía; si proclamamos igualdad de oportunidades, el sistema educativo debe combatir las desigualdades que impiden ejercerlas; si pretendemos desarrollarnos económica y socialmente, la educación debe desarrollar capacidades para el trabajo, la producción, el conocimiento y la innovación; y si aspiramos a preservar nuestra identidad mientras participamos plenamente en un mundo abierto, debe formar personas capaces de comprender su cultura, dialogar con otras y recrearla.

En nuestra constitución la visión  de educación está inextricablemente unida a la  visión  de sociedad; son, por tanto, inseparables; por eso, un segundo rasgo esencial de la visión de sociedad que tiene nuestra constitución es su carácter democrático; como una democracia no se sostiene exclusivamente mediante elecciones periódicas, instituciones representativas y normas jurídicas, sino que requiere  ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, asumir responsabilidades, deliberar, respetar diferencias, resolver conflictos sin violencia y comprometerse con el bien común, la constitución vincula la educación con la formación social y cívica, el conocimiento de los derechos fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica.

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana forma parte de la razón misma por la que educamos y debe considerarse un componente esencial del currículo.

La igualdad, por otro lado, constituye otra dimensión fundamental de la visión de sociedad de la Constitución dominicana; ésta no se limita a declarar que todos somos iguales ante la ley. Exige que se creen condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, y que se combatan la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. Esta diferencia entre igualdad formal e igualdad efectiva tiene enormes consecuencias para la política educativa.

En este sentido, dos niños pueden tener jurídicamente el mismo derecho a la educación y, sin embargo, uno puede asistir a un centro con liderazgo sólido, buenos docentes, recursos suficientes, infraestructura adecuada, apoyo familiar y condiciones sociales favorables, mientras que otro estudia en una institución con capacidades mucho más débiles y rodeada de condiciones de vulnerabilidad.

Tratar a ambos exactamente de la misma manera no necesariamente produce igualdad; con frecuencia no hay nada menos equitativo que tratar a todos con la misma vara. Una educación coherente con el mandato de igualdad que la Constitución establece debe avanzar necesariamente hacia una visión de equidad que reconozca las diferencias para impedir que estas se conviertan en desigualdades permanentes. Significa concentrar mayores capacidades donde existen mayores necesidades, fortalecer los centros y territorios más vulnerables y juzgar la calidad del sistema no solamente por sus promedios, sino también por su capacidad para reducir las brechas.

Una sociedad cohesionada no puede resignarse a que el lugar donde una persona nace determine las oportunidades educativas que tendrá y, con ellas, buena parte de sus posibilidades futuras.

La Constitución también contiene una determinada concepción del desarrollo. Reconoce el trabajo, la actividad económica, la iniciativa, la ciencia, la tecnología y la innovación, pero inserta todos estos elementos dentro de una concepción más amplia del bienestar humano y social.

Esto plantea otro equilibrio que la educación debe preservar. Naturalmente, el sistema educativo debe preparar para el trabajo, responder a las transformaciones productivas, desarrollar competencias profesionales y contribuir a mejorar la productividad y la competitividad del país. Sería irresponsable desvincular la educación de esas necesidades.

Pero sería igualmente equivocado reducir su misión a preparar trabajadores.

Una sociedad productiva necesita personas competentes para desempeñarse laboralmente; una sociedad verdaderamente desarrollada necesita además ciudadanos libres, científicos, investigadores, emprendedores, artistas, profesionales éticos, pensadores y comunidades capaces de convivir y cooperar.

El mensaje que podemos deducir, de manera inequívoca, de nuestra constitución es de que el  desarrollo económico constituye una condición importante del bienestar, pero no agota el desarrollo humano. La educación tiene que servir a ambos y ayudar a que se relacionen.

En un mundo como el que vivimos, signado por cambios tecnológicos acelerados, que permean todo el tejido social, esta reflexión adquiere aún mayor relevancia cuando incorporamos otro componente fundamental de la visión constitucional: el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Vivimos un momento histórico en el que la inteligencia artificial, la automatización y la aceleración en la producción del conocimiento están modificando el trabajo, la economía, las relaciones sociales e incluso la manera en que aprendemos y pensamos. Frente a esas transformaciones, la República Dominicana no puede aspirar simplemente a convertirse en consumidora de tecnologías desarrolladas en otros lugares.

Una sociedad que pretende construir soberanamente su futuro necesita capacidades para producir conocimiento, comprender críticamente la tecnología, innovar, investigar y convertir ese conocimiento en bienestar social y desarrollo productivo.

Esto exige reconsiderar también la tradicional separación entre educación, ciencia, tecnología e innovación. Si la educación ocurre a lo largo de toda la vida y el conocimiento se transforma permanentemente, esas dimensiones deben relacionarse mucho más estrechamente de lo que lo han hecho hasta ahora.

La sociedad que queremos construir necesita preservar su memoria, su identidad y su patrimonio, pero debe hacerlo sin convertirlos en realidades inmóviles, de aquí la importancia que debe tener la dimensión cultural; por eso no es suficiente conservar aquello que recibió, es fundamental, además, interpretarlo, cuestionarlo, recrearlo y desarrollar la capacidad de transmitirlo bajo circunstancias diversas.

La educación tiene que permitir simultáneamente el desarrollo del sentido del ser humano de pertenencia y de reflexión crítica a una comunidad y cultura, de conservación y transformación, del sentido de identidad y apertura hacia el mundo. Necesitamos ciudadanos suficientemente arraigados para reconocer de dónde vienen y suficientemente abiertos para convivir, aprender y construir junto a otros.

Cuando reunimos estos elementos aparece una imagen bastante coherente de la sociedad hacia la cual apunta nuestra Constitución. Podríamos sintetizar la visión que emerge de la constitución como la visión de una República Dominicana democrática y socialmente cohesionada, fundada en la dignidad de todas las personas; comprometida con la libertad, la justicia social y la igualdad efectiva de oportunidades; formada por ciudadanos libres, responsables y participativos; productiva pero orientada al desarrollo humano; respetuosa de su identidad y abierta al mundo; y capaz de generar conocimiento, ciencia, tecnología e innovación para construir sosteniblemente su futuro.

Naturalmente, esta formulación no pretende agotar el contenido constitucional ni cerrar la conversación sobre el país que queremos. Toda generación está llamada a reinterpretar estos principios frente a circunstancias nuevas. La sociedad dominicana enfrenta hoy desafíos que adquieren características inéditas como consecuencia de la inteligencia artificial, las transformaciones del empleo, los cambios demográficos, las nuevas desigualdades, los problemas ambientales y las nuevas maneras de aprender, producir y relacionarnos.

La pregunta sobre la sociedad que queremos sigue, por tanto, abierta, pero no es una pregunta sin referencias ni respuestas iniciales. Tenemos una brújula constitucional que establece los grandes valores y aspiraciones desde los cuales debemos continuar la deliberación.

Desde esta perspectiva puede entenderse mejor también el momento que atraviesa la transformación educativa dominicana. Las conclusiones de la reciente Consulta Nacional por la Educación —el derecho efectivo a aprender, la formación integral, el fortalecimiento de la profesión docente y el liderazgo, un currículo pertinente, la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación, las trayectorias educativas a lo largo de la vida, una gobernanza efectiva, la territorialización y la continuidad de las políticas— no aparecen desligadas de ese horizonte. Por el contrario, pueden leerse como intentos de traducirlo a los desafíos concretos que enfrenta hoy el sistema.

Comienza así a configurarse una secuencia que puede resultar útil para orientar la transformación: la constitución nos proporciona una visión de la sociedad que deseamos, de esa visión se desprende la persona y la ciudadanía que aspiramos formar, lo que nos sirve de base para definir y desarrollar la educación que necesitamos y el sistema educativo debe ser organizado de forma que sea capaz de garantizarlo.

Esta secuencia no debe ser percibida como una cadena lineal, es un movimiento de ida y vuelta, porque si bien la sociedad define y construye su educación, la educación a su vez contribuye a transformar, no solo a reproducir, esa misma sociedad. Por esto es importante definir con claridad el sentido de la transformación que deseamos antes de concentrarnos en sus instrumentos.

En estos momentos en que se intenta definir una nueva legislación esto adquiere un importancia particular; si la ley pretende realmente transformar, no debe comenzar definiendo cuántos ministerio debemos tener, qué competencias corresponderá a cada organismo o donde deberían ubicarse determinadas funciones; antes de todo esto debe responder a la pregunta ¿qué capacidades necesite el sistema educativo para contribuir a hacer posible la sociedad que nuestra Constitución propone? .

A partir de esa pregunta, la arquitectura institucional adquiere verdadero sentido. Necesitamos educación de calidad porque la dignidad de la persona exige oportunidades reales de desarrollo; necesitamos equidad porque la igualdad constitucional debe hacerse efectiva; necesitamos docentes altamente profesionales porque no existe derecho a aprender sin quienes puedan hacerlo posible; necesitamos educación a lo largo de toda la vida porque el desarrollo humano no termina con la escolarización; necesitamos ciencia, tecnología e innovación porque una sociedad que quiere construir su futuro debe ser capaz de producir conocimiento; y necesitamos participación, autonomía responsable y rendición de cuentas porque aspiramos a formar ciudadanos democráticos dentro de instituciones que practiquen los mismos principios que enseñan.

También necesitamos un verdadero sistema educativo, y no simplemente un conjunto de instituciones yuxtapuestas, porque ninguno de esos propósitos puede realizarse adecuadamente cuando cada componente actúa de manera aislada.

De todo esto se desprende que en la nueva ley orgánica de educación la Constitución no debe aparecer sólo en los considerandos o en los primeros artículos, sino que la constitución debe convertirse en el eje transversal que le da vida y sentido a toda la ley y convertirse en el criterio fundamental para decidir qué sistema queremos construir y, sobre todo, para que queremos construirlo.

Desde esta perspectiva adquiere pleno sentido de que antes de preguntarnos qué educación queremos transformar, es necesario que tengamos claro qué sociedad queremos que nuestra educación haga posible. Y quizás el mejor lugar para iniciar esa reflexión sea precisamente aquel donde la sociedad dominicana ya dejó consignadas sus aspiraciones fundamentales: la Constitución de la República.

Si bien es cierto que la Constitución no contiene todas las respuestas que necesitamos, esto no debe constituir una excusa para que no sigamos indagando y dialogando sobre el futuro que deseamos construir; ella nos proporciona, sin embargo, algo muy importante: una primera visión compartida del país y del ser humano que aspiramos a construir.

La gran tarea de la transformación educativa consiste en convertir progresivamente esa aspiración constitucional en una experiencia real para cada dominicano y dominicana.