Adquirir un vehículo nuevo en la República Dominicana se ha convertido en una carrera de obstáculos financieros que golpea directamente la planificación de la clase media. Si tomamos como base un automóvil con un costo de fábrica de 30,000 dólares, el precio final que paga el consumidor no refleja la realidad del mercado internacional, sino una carga impositiva voraz. Entre el flete, el seguro y el valor del bien, se constituye el CIF, una base que apenas marca el inicio de una escalada de costos que parece no tener un techo razonable para el ciudadano común.
La verdadera indignación surge al observar la metodología de cálculo que aplica el Estado, la cual se percibe como una doble tributación encubierta y abusiva. No se limitan a cobrar el 10% de arancel sobre el valor real del vehículo, sino que utilizan ese monto ya inflado para seguir sumando porcentajes. Es un diseño fiscal donde el ciudadano termina pagando impuestos sobre otros impuestos ya liquidados, creando una espiral de costos que distorsiona el valor real del activo y castiga el esfuerzo del ahorro personal de los dominicanos.
Resulta incomprensible y carece de lógica económica que el 18 % del ITBIS y el 17 % del impuesto por la primera placa se apliquen después de haber sumado el CIF y el arancel. Lo justo y transparente sería que estos gravámenes se calcularan exclusivamente sobre el valor de factura del vehículo, es decir, sobre esos 30,000 dólares iniciales del ejemplo. Al hacerlo sobre el acumulado, el Estado extrae una renta extra que no corresponde a la riqueza generada, sino a una penalización por el simple hecho de importar un bien necesario.
A esta carga impositiva debemos añadir los costos operativos de los concesionarios, los márgenes de beneficio, los salarios de empleados y los gastos logísticos locales que son inevitables. Cuando se suma todo el ecosistema de pagos, el consumidor dominicano termina pagando casi dos veces el valor del vehículo original en comparación con otros mercados menos restrictivos. Esta estructura no solo limita el acceso a bienes de calidad, sino que fomenta que el parque vehicular nacional se mantenga envejecido por la imposibilidad de renovarlo a precios justos.
Mi crítica constructiva se centra en la falta de sensibilidad hacia el consumidor, quien es el último eslabón y el más afectado en esta cadena de recaudación agresiva. No es posible que para tener un transporte digno y seguro, una familia deba hipotecar su futuro debido a un esquema arancelario que prioriza el llenado de las arcas públicas sobre el bienestar social. El sistema actual es una barrera al desarrollo y una confiscación indirecta del patrimonio de quienes buscan mejorar su calidad de vida con un vehículo moderno.
La solución que propongo para proteger al consumidor es una reforma inmediata a la base imponible de los impuestos internos aplicados a la importación de vehículos. El ITBIS y el impuesto de primera placa deben ser fijos y calculados sobre el valor FOB (el costo de fábrica) y no sobre el valor ya gravado por Aduanas. De esta manera, se eliminaría el efecto cascada, permitiendo que el precio final bajara significativamente sin que el Estado deje de percibir ingresos, pero esta vez de forma mucho más equitativa y transparente.
Además de transparentar la base imponible, es vital establecer techos máximos de recaudación según el tipo de vehículo, incentivando la entrada de unidades más seguras y eficientes. Proteger al consumidor implica crear un entorno donde el precio que se paga sea proporcional a la utilidad del bien y no una penalidad por el progreso. Solo con una voluntad política real para revisar estos porcentajes acumulativos, podremos garantizar que comprar un carro en nuestro país deje de ser un sueño amargo para convertirse en un derecho alcanzable.
Finanzas para no financieros.
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