Señales que no deben pasarse por alto.
Para una buena gestión de riesgos, necesitamos prestar atención a ciertos comportamientos:
- Resistencia profunda a declarar relaciones personales o económicas. Urgencia injustificada para aprobar ciertas operaciones.
- Archivos incompletos preferidos.
- El mismo proveedor.
- División contractual innecesaria para eludir niveles de aprobación más altos.
- Condiciones de crédito excepcionales sin respaldo documentado.
- Demasiada intervención directiva en decisiones operativas individuales.
- Recomendaciones de auditoría repetidamente incumplidas.
- Toma de decisiones concentrada en un grupo particular o único.
- Represalias contra aquellos que hacen preguntas o expresan preocupaciones.
Los conflictos de intereses no se manifiestan solamente mediante operaciones abiertamente irregulares. Con frecuencia aparecen primero como comportamientos, silencios, presiones y excepciones que la organización termina considerando normales. Por eso, estas señales de alerta permiten evaluar no solo la conducta individual, sino también la fortaleza o debilidad de la cultura de integridad de la cooperativa.
Una cultura de integridad existe cuando las personas:
- declaran sus intereses sin temor.
- justifican y documentan las decisiones.
- aceptan controles y revisiones independientes.
- cumplen las recomendaciones de auditoría.
- separan adecuadamente las funciones.
- permiten preguntas y opiniones contrarias.
- someten a todos a las mismas reglas.
- anteponen el interés colectivo al personal o grupal.
Una alerta puede justificar una investigación adicional incluso si no necesariamente significa una irregularidad específica, y si ignoramos tales señales, entonces problemas relativamente menores pueden convertirse en crisis de grandes dimensiones, incluyendo los de relevancias financieras, legales y reputacionales.
Una política eficaz no será suficiente si se permite la tolerancia hacia individuos con un gran poder de decisión. La integridad debe ser prioritaria: cuando los líderes revelan sus intereses, se abstienen cuando es necesario y aceptan el escrutinio externo. Además, cuando el tono se expresa en un mensaje inequívoco al resto del equipo sobre el estándar ético que se espera de todos.
Si las normas solo se aplican a niveles jerárquicos inferiores, las violaciones éticas son inevitables y los miembros comienzan a percibir los valores cooperativos como una mera retórica sin una aplicación real.
El conflicto de interés representa esencialmente un riesgo en la gobernanza que puede resultar en la pérdida de objetividad en la toma de decisiones, el agotamiento de recursos comunes y la erosión de la confianza, la cual es fundamental para el funcionamiento de la cooperativa.
Una cooperativa responsable debe identificar conflictos reales, potenciales y aparentes; exigir declaraciones periódicas; regular operaciones relacionadas; documentar abstenciones; fortalecer auditorías; proteger a quienes denuncian irregularidades y sancionar ocultaciones intencionadas.
Es importante destacar que la solidaridad cooperativa nunca debe confundirse con favoritismo. Ser solidario implica proteger colectivamente los intereses de la comunidad. Cuando las decisiones se toman con transparencia, no habrá necesidad de recurrir a relaciones personales para obtener lo que es justo. Aplicando las mismas reglas equitativamente a miembros, empleados y líderes cooperativos, se reducen riesgos, se fortalece la identidad, se preserva la credibilidad y se puede convertir la ética en un verdadero principio de buena gestión.
La solidaridad es un camino hacia el bien común, pero debe recorrerse con integridad, transparencia y responsabilidad. Sin estos límites, puede desviarse y convertirse en favoritismo o privilegio. En el cooperativismo, la solidaridad es el camino; la integridad es la brújula que evita que ese camino se desvíe hacia el favoritismo, el conflicto de intereses o el privilegio.
En definida, la solidaridad nos muestra el camino; la integridad garantiza que lo recorramos sin dejar atrás la justicia, la equidad y el bien común.
Necesitan independencia, recursos suficientes y acceso a los órganos de supervisión. Las auditorías externas proporcionan evaluaciones adicionales, pero no garantizan que no haya fraude.
La dirección y el gobierno tienen la responsabilidad de producir informes precisos y hacer recomendaciones que sean necesarias tanto para el gobierno como para la organización, para tener recursos suficientes y una forma confidencial de reportar violaciones. Los miembros y empleados a menudo ven los primeros signos, pero pueden permanecer en silencio por temor a represalias o dudar de la respuesta institucional.
Un canal apropiado debe preservar la confidencialidad, prevenir represalias, documentar casos y asegurar investigaciones justas. También debe prevenir usos maliciosos y acusaciones falsas.
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