La presidenta del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), Marianela Pinales, afirmó que la prevención de la violencia de género continúa siendo una deuda del Estado y de toda la sociedad, al advertir que el país sigue actuando cuando el daño ya está hecho y no antes de que ocurran los feminicidios.
Pinales sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en las estadísticas, sino en el valor de la vida de cada mujer.
"¿Cuánto vale la vida de una mujer? Los periodistas me preguntan las cifras, pero no me respondan con discursos, respondan la pregunta pensando en una hija, una amiga o una compañera de trabajo. Cuando una mujer es asesinada no pierde solo ella; pierde el país, pierde la justicia y pierde la democracia", expresó.
La activista señaló que mientras una niña crezca con miedo, el país seguirá evidenciando un fracaso colectivo en la protección de los derechos de las mujeres.
"Cuando una niña crece con miedo estamos ante el fracaso de un país que todavía no ha aprendido a cuidar la vida de la mujer. La violencia no es una fatalidad ni un problema privado; es una violación sistemática de los derechos humanos y una amenaza para la democracia. Mientras una mujer viva con miedo, nuestra democracia será una promesa incumplida", manifestó.
Pinales aseguró que la indiferencia y la impunidad continúan alimentando la violencia machista.
"La indiferencia mata y la impunidad mata. Las estadísticas nos duelen porque representan una realidad en la que decenas de mujeres fueron víctimas de violencia y muchas acudieron a la justicia a presentar denuncias", indicó.
Pinales insistió en que el país debe dejar de analizar los feminicidios únicamente desde una perspectiva estadística y reconocer que detrás de cada caso existe una persona con derechos.
"No queremos solamente trabajar cifras, porque nosotras no somos cifras, somos personas con derechos. Y esos derechos, como establece la Constitución, tienen que ser garantizados por el Estado dominicano", expresó.
Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reflejan la magnitud del problema. En 2023, República Dominicana ocupó el segundo lugar de la región en tasa de feminicidios, con 2.4 casos por cada 100,000 mujeres, y el sexto lugar en cantidad de víctimas, solo por detrás de Brasil (1,437 casos), México (976), Honduras (309), Argentina (232) y Colombia (215).
No obstante, enfatizó que las cifras no reflejan toda la dimensión del problema, ya que muchas víctimas nunca denuncian.
"Las estadísticas no cuentan la historia. Hay mujeres que no denunciaron porque dependían económicamente del agresor, porque tenían miedo o porque fueron revictimizadas. Esa realidad nos obliga a preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario y la respuesta es evidente: todavía no. Llegamos cuando ya hubo golpes, cuando los hijos presenciaron la violencia, cuando desapareció la autonomía económica, cuando la violencia digital destruyó reputaciones y, en muchas ocasiones, llegamos cuando ya no hay vida que proteger", lamentó.
El organismo también advierte que más del 60 % de los feminicidios en América Latina son cometidos por la pareja o expareja de la víctima, por lo que considera urgente fortalecer las políticas públicas de prevención y eliminar las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la protección del Estado.
Asimismo, estima que entre el 63 % y el 76 % de las mujeres experimentan algún episodio de violencia basada en género a lo largo de sus vidas, sin distinción de edad, condición económica, nivel educativo o religión.
Cuestiona el nuevo Código Penal y recuerda iniciativas que no avanzaron
Pinales también cuestionó que el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el 13 de agosto, no incorpore propuestas planteadas por las organizaciones de mujeres.
A su juicio, el texto desconoce iniciativas que buscaban fortalecer la autonomía de las mujeres en situaciones extremas, como las relacionadas con las tres causales para la interrupción del embarazo.
"Definitivamente no. Como está aprobado, ese Código Penal no va a generar los cambios que necesitamos, porque desconoce propuestas que permitirían a las mujeres tener mayor autonomía sobre su cuerpo en casos extremos", afirmó.
Agregó que parte del Congreso ha ignorado los planteamientos presentados por las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres.
Aunque reconoció que el país cuenta con un marco jurídico importante, consideró que las normas existentes no se están aplicando plenamente.
"Hemos logrado un marco legal importante y también existen compromisos internacionales. Sin embargo, ese marco normativo no se está aplicando en su justa dimensión. Hoy queremos analizarlo y repensarlo para construir nuevas estrategias que sí den resultados", afirmó.
En ese contexto, en octubre de 2025 varias legisladoras depositaron en la Cámara de Diputados el proyecto "Déjala Ir", una iniciativa orientada a erradicar los feminicidios en un período de diez años mediante políticas públicas de prevención, protección y atención integral a las víctimas.
Aunque al momento de su presentación el liderazgo congresual calificó la propuesta como una prioridad por el incremento de los feminicidios y la violencia de género, la iniciativa perimió al concluir la legislatura sin superar la fase de estudio en comisión.
De igual forma, el Ministerio de la Mujer puso en marcha la Consulta Nacional dirigida a hombres "Voces que aportan soluciones desde la población masculina", con la meta de consultar a 5,000 hombres en todo el país para promover masculinidades constructivas y fortalecer las estrategias de prevención de la violencia de género.
La prevención debe comenzar antes del primer golpe
La presidenta de CE-MUJER afirmó que prevenir la violencia implica actuar antes de que la víctima llegue al hospital, a los tribunales o al cementerio.
"La prevención representa el acto político más importante: intervenir antes del golpe, antes del hospital, antes del tribunal y antes del cementerio. El feminicidio es el fracaso colectivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. No basta con condenar al agresor cuando el crimen ya ocurrió", sostuvo.
Agregó que la violencia de género no se limita al ámbito doméstico, sino que está presente en distintos espacios de la sociedad.
"La violencia aparece en el hogar, en la política, en las universidades, en los lugares de trabajo, en las redes sociales y en los espacios públicos. No basta con proteger; hay que transformar, porque la violencia comienza mucho antes del primer golpe", afirmó.
Para CE-MUJER, la prevención requiere educación, respeto, empatía, acciones concretas y un compromiso permanente con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos.
Plantea trabajar con los hombres desde edades tempranas
Al referirse a las acciones preventivas dirigidas a la población masculina, Pinales respaldó la necesidad de impulsar una nueva visión de las masculinidades.
Explicó que los hombres deben comprender que las mujeres tienen los mismos derechos y que las responsabilidades familiares deben compartirse.
"Hay que trabajar una nueva masculinidad. Un hombre que entienda que es corresponsable del hogar, que respete que las mujeres pueden estudiar, trabajar, desarrollarse profesionalmente, participar en política y ocupar espacios de toma de decisiones", indicó.
Subrayó que ese cambio cultural debe comenzar desde la infancia mediante el sistema educativo.
"Hay que trabajar esa masculinidad desde la temprana edad. Por eso insistimos en la educación y en el sistema educativo", sostuvo.
Asimismo, consideró que el machismo continúa siendo predominante en la sociedad dominicana.
"Claro que el hombre dominicano sigue siendo machista. Hay hombres que están cambiando esa mirada y una muestra es que participan en espacios como este seminario, pero en su mayoría los hombres dominicanos siguen siendo altamente machistas. No estoy diciendo que sean malas personas; han sido construidos así y justamente eso es lo que tenemos que desmontar para formar otro tipo de hombre", expresó.
Pinales concluyó que enfrentar la violencia de género exige revisar las estrategias implementadas hasta ahora y asumir un compromiso colectivo que involucre al Estado, las instituciones educativas, las familias, las iglesias, los medios de comunicación y la sociedad en general, con el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia antes de que ocurra un nuevo feminicidio.
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