Las centrales obreras, trabajadores de compañías bananeras e indígenas han salido a las calles de Panamá para rechazar los cambios en el sistema pensional, el acuerdo de seguridad firmado con EE. UU. y contra la minería. Luego de más de 20 días de protestas, el Gobierno del derechista José Raúl Mulino condena el bloqueo de cientos de vías del país y advierte que no permitirá que se paralice la economía.
Persisten las protestas en Panamá en contra de una polémica reforma del Sistema de Seguridad y contra un pacto suscrito con el Gobierno de Donald Trump que permite ampliar la presencia militar estadounidense en el país centroamericano.
Los manifestantes denuncian que las futuras generaciones se exponen a pensiones "de hambre", dado que, entre otros puntos, la reforma elimina el concepto de solidaridad intergeneracional y establece un esquema de cuentas individuales.
Las autoridades panameñas informaron, a través del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, que las marchas en todo el país han provocado al menos 480 cierres de vías. Además, según cifras oficiales, casi 200 personas han sido detenidas.
Desde el 23 de abril, los sindicatos de los maestros del sector público se declararon en cese de actividades como medida para exigir que se derogue la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social.
El Sindicato de la Construcción (Suntracs), empleados de fincas bananeras y miembros de comunidades indígenas se han unido paulatinamente al paro.
Los manifestantes también rechazan los planes de reactivar una explotación minera de la empresa canadiense First Quantum, que fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.
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Manifestantes denuncian represión y el Gobierno rechaza bloqueos
El presidente del país, el derechista José Raúl Mulino, expresó que "al costo que sea" no permitirá que los grupos sindicales continúen bloqueando carreteras. "Yo no voy a permitir que este país quede secuestrado otra vez por el Suntracs", afirmó el jefe de Estado durante una conferencia de prensa.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que las fuerzas de seguridad intentan activamente restablecer el paso en las principales vías de Panamá:
“Hace tres semanas que en la Policía Nacional ningún funcionario sale libre, precisamente para mantener la presencia en todas las comunidades donde el servicio normal se sigue prestando y para poder reforzar y garantizar el libre tránsito a través de toda la República.”
Sin embargo, varios líderes sociales han denunciado que el Gobierno de Mulino ha reprimido de forma violenta las protestas.
Y el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, denunció que varios dirigentes de su gremio han sido detenidos por su participación en las manifestaciones.
El opositor y excandidato a la Vicepresidencia Richard Morales aseguró que ha habido disparos en contra de civiles.
Por su parte, la dirigencia del pueblo indígena Ngöbe Buglé denunció haber sido “atacada fuertemente” por las fuerzas de seguridad en medio de las protestas que se realizan en contra de la Ley 462.
“Los estamentos de seguridad, fuertemente armados, no solo han atacado brutalmente a comunidades y dirigentes en Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí, El Prado y otras regiones de la comarca, sino que se han dado a la tarea de ir de casa por casa, intimidando a la población con armas de grueso calibre, tirando bombas lacrimógenas, deteniendo a dirigentes sin medir las consecuencias y afectado a la población", afirmaron miembros de la comunidad a la prensa local.
La reforma pensional: la semilla del descontento
En marzo de 2025, el Congreso de Panamá aprobó la Reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), por medio de la Ley orgánica 462. La nueva norma cambia varios aspectos fundamentales del sistema pensional del país.
Según la consultora BDO, la legislación contempla un aumento progresivo de la cuota patronal para las jubilaciones, es decir el dinero que la empresas destinan todos los meses para que en un futuro sus empleados logren pensionarse. La contribución irá aumentando progresivamente hasta ubicarse en el 15,25% del salario en 2029.
En las movilizaciones también se denuncia que la reforma también afecta el concepto de solidaridad intergeneracional y establece un esquema de cuentas individuales, lo que expone a un futuro con "pensiones de hambre"
“Fue impuesta y no se consultó con el pueblo”, se quejó Traslación Acosta, quien participó en uno de los bloqueos. “La reforma afectará más a los jóvenes que recibirán pensiones de hambre, muy bajas”, agregó a la agencia AP.
"En el caso de los sistemas de pensiones como la CSS, la solidaridad intergeneracional significa que las personas que están trabajando activamente (generación actual) contribuyen con sus cotizaciones para financiar las pensiones de quienes ya se han jubilado (generación anterior)", explica en una columna Jorge Luis Prosperi Ramírez, médico y exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La ley no establece cambios en la edad de pensión, pero sí prevé la realización de estudios para evaluar la posibilidad de mantener o ajustar estas edades en un futuro cercano. Por otra parte, se dictamina un requisito mínimo de 240 cuotas (equivalentes a 20 años de cotización) para acceder al beneficio.
Sin embargo, el articulado ha sido criticado por los sindicatos desde su paso por el Legislativo. Según un pliego de peticiones publicado en octubre de 2024, para las centrales obreras la jubilación obtenida a través del Sistema Solidario de Pensiones debería ser calculada con el último salario devengado.
A su vez, los manifestantes argumentan que la norma afecta a los trabajadores y sus familiares, privatiza los servicios de la CSS, entrega sus fondos a los bancos y augura pensiones por debajo del promedio regional.
El Gobierno afirma que no cederá ante las presiones de los manifestantes. El presidente panameño sostuvo este jueves que la reforma a la seguridad social "no se va a derogar", pues, según él, no solo "mejora el sistema pensional sino que de ella depende también la salud de las finanzas del país y su acceso a los mercados internacionales de crédito".
¿Qué hacer con la Caja del Seguro Social? Una pelea de vieja data
La reforma a las jubilaciones en Panamá ha sido un punto de discordia entre los principales sindicatos del país y varias administraciones.
En 2010, miles de personas salieron a las calles, como respuesta a una iniciativa del entonces mandatario, Ricardo Martinelli, para reformar el Seguro Social y el sistema educativo. Las protestas dejaron varios muertos y decenas de heridos.
En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado panameño no reprimir de forma violenta a las movilizaciones masivas.
Posteriormente, en 2021 las centrales obreras convocaron a manifestaciones en contra de lo que denominaron como "la privatización de la Caja del Seguro Social (CSS)", la entidad encargada de controlar y administrar los dineros estatales para las pensiones.
Ahora, con la puesta en vigor de la Ley 462, La CSS podrá destinar hasta un 10% de su fondo de inversiones a administradoras privadas. Por lo que, las centrales obreras persisten en su pedido de que el sistema de jubilaciones de Panamá sea netamente público.
Los desacuerdos sobre la relación de Panamá con el Gobierno Trump
Otro punto de discordia radica en el más reciente pacto de seguridad suscrito por el Gobierno de Panamá con Estados Unidos. El documento firmado con la Administración del presidente Donald Trump contempla la ampliación de la presencia militar estadounidense en el país centroamericano.
Según el Ministerio de Exteriores de Panamá, el documento "permite la presencia temporal de personal y contratistas estadounidenses para actividades como entrenamiento, ejercicios y cooperación en seguridad, pero no contempla la instalación de bases militares permanentes".
Pero para quienes protestan el acuerdo es un perjuicio para la soberanía nacional panameña.
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Advertencias del impacto económico de la industria bananera
Una de las zonas más afectadas por las protestas es la provincia de Bocas del Toro, ubicada al occidente del país, cerca a la frontera con Costa Rica.
Según las autoridades locales, todas las vías que conectan a la región con el resto del país permanecen bloqueadas. Una situación que tiene en riesgo las actividades del gremio del banano, el principal producto de exportación del país hacia el extranjero.
La multinacional bananera Chiquita Brands anunció pérdidas por más de 10 millones de dólares, luego de que los trabajadores de una sucursal de la empresa en la localidad de Changuinola se adhirieran al paro laboral promovido por las centrales obreras. La compañía también informó por medio de un comunicado que "procederá a la suspensión definitiva de la producción en una finca completa" y en otras plantaciones "como consecuencia de la huelga".
Actualmente, una mesa de negociación se ha entablado entre los sindicatos de los trabajadores y la dirigencia de la empresa luego de que la compañía amenazara con cerrar sus operaciones en el país si las actividades no regresan a su curso normal en el corto plazo.
En este contexto, el presidente Mulino dejó claro este jueves que no ha ordenado a la fuerza pública reabrir las fincas bananeras de Changuinola con el objetivo de "rescatar los diálogos" y salvar las 7.300 plazas de trabajo, que produce la empresa estadounidense en la región.
Con EFE y AFP
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