El desarme de Hezbolá se ha convertido en una condición clave para la reconstrucción de Líbano. Presionado por Estados Unidos y la comunidad internacional, el Gobierno libanés enfrenta el dilema de integrar o desmantelar el brazo armado del partido chiita, mientras las reformas exigidas se estancan y el país sigue atrapado en una crisis sin salida.
El reciente bombardeo aéreo israelí sobre el sur de Beirut rompió el frágil alto el fuego vigente desde noviembre y marcó un giro estratégico: no fue una reacción directa a un ataque desde territorio libanés, sino una señal clara de que Israel pretende seguir dictando las reglas del conflicto.
Tel Aviv justificó la ofensiva como respuesta a una supuesta “violación flagrante” del cese de hostilidades, pero el momento y el objetivo indican una lectura más amplia: para Israel y sus aliados, el desarme de Hezbolá debe extenderse a todo el territorio libanés, más allá del sur del río Litani.
Esa posición se apoya en una cláusula poco clara del acuerdo con Washington que permite intervenir ante cualquier amenaza “percibida”.
El ataque coincidió con la llegada a Beirut de la enviada estadounidense Morgan Ortagus, cuyo objetivo declarado es presionar por el desarme del grupo chiita y avanzar hacia la retirada israelí de los cinco puntos fronterizos aún en disputa.
Hezbolá, sin embargo, no da señales de ceder. “El alto el fuego solo cubre el sur del Litani”, recordó el secretario general adjunto del partido, Naim Qassem. “Cualquier intento de modificar ese equilibrio será respondido con firmeza”, advirtió.
Aunque debilitado militarmente tras años de ofensiva israelí, el grupo mantiene su influencia territorial y política, y su arsenal —aunque reducido— sigue siendo una herramienta de disuasión.
Un incierto plan de reconstrucción
En este contexto, la reconstrucción del país se ha convertido en una carta de presión. Para Occidente, cualquier ayuda económica está condicionada al desarme.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, ha dejado claro que no financiará la reconstrucción sin reformas estructurales y un compromiso real para reducir el poder de los grupos armados fuera del control estatal.
Pero en el discurso de Hezbolá, el retraso en la reconstrucción es una forma de marginar a la comunidad chiita.
El pasado lunes, Naim Qassem pidió al Estado usar “recursos internos” para iniciar las obras. La propuesta, sin embargo, parece inviable: se estima que la reconstrucción requiere al menos 11.000 millones de dólares, una suma imposible de cubrir sin apoyo externo.
Para algunos analistas, el partido busca evitar que el desgaste social se traduzca en pérdida de apoyo.
“La estrategia de Hezbolá es colocar la responsabilidad sobre el Estado para no pagar el precio político”, explica Michael Young, editor jefe de 'Diwan'. El riesgo para el grupo es evidente: su base social, afectada por la crisis económica y la destrucción de infraestructura, podría volverse más crítica si percibe inacción.
Los obstáculos del desarme
Desde el poder, la respuesta ha sido cautelosa. El presidente Joseph Aoun propuso una estrategia gradual: comenzar con el sur, avanzar en los campos de refugiados palestinos y culminar con una política nacional de defensa que incorpore a Hezbolá al Ejército.
Sin embargo, esta hoja de ruta enfrenta múltiples obstáculos. La posible incorporación de miles de combatientes formados bajo la doctrina de la Wilayat al-Faqih —que otorga poder político y religioso a los clérigos iraníes— genera inquietud entre los sectores laicos del país.
“El Ejército libanés es una institución secular. Alguien que obedece por deber religioso difícilmente puede integrarse en un marco democrático”, advierte Khaled Hamade, militar retirado y analista.
Aunque la cifra de 100.000 combatientes que proclama Hezbolá parece inflada, incluso una integración parcial podría alterar el frágil equilibrio confesional del Ejército.
“Si entran más de 10.000, el Estado deberá compensar con nuevos ingresos de otras confesiones”, señala Hamade.
La posición del Parlamento refleja estas tensiones. El presidente de la cámara, Nabih Berri, aliado histórico de Hezbollah, ha sugerido que el arsenal del grupo podría negociarse, pero solo si Israel se retira de los territorios en disputa. “Mientras haya ocupación, las armas son una línea roja”, afirmó el dirigente del movimiento Amal.
A nivel regional, el papel de Irán sigue siendo central. El embajador iraní en Beirut, Mojtaba Amani, calificó el debate sobre el desarme como una “conspiración contra el Estado libanés”.
Teherán parece jugar en dos tiempos: negocia con Europa y EE. UU. un posible retorno al acuerdo nuclear, mientras defiende a sus aliados en la región.
Según Joe Macaron, investigador en política de Medio Oriente, “los iraníes saben que limitar el papel de sus aliados es una condición para retomar las negociaciones. Pero eso no implica ordenar su desarme total”.
"Todo lo demás son detalles"
En este contexto, Hezbollah adopta un perfil más bajo. Según fuentes diplomáticas, más del 90% de su arsenal avanzado ha sido destruido en ataques israelíes.
Aunque conserva capacidad de fuego, el grupo evita acciones que puedan escalar el conflicto y prefiere esperar el desenlace de las negociaciones entre Teherán y Washington.
Pero mientras los actores regionales mueven sus fichas, Líbano sigue estancado. La reconstrucción depende de una ayuda internacional que no llega, y esa ayuda está atada a reformas que el sistema político actual —con Hezbollah como actor clave— bloquea de forma persistente.
En este laberinto, las reservas de oro del Banco Central, estimadas en 28.000 millones de dólares, aparecen como solución provisional. Algunos sectores —incluido Hezbollah— proponen su uso para financiar la reconstrucción.
“Se habla de activos como el oro o empresas públicas como Middle East Airlines o el Casino”, explica el abogado financiero Karim Daher. Pero advierte: “Esto es un intento de esquivar el acuerdo con el FMI y las reformas estructurales”.
Más aún, el sistema bancario paralelo de Hezbolá, Qard el-Hassan, quedaría en la mira de cualquier plan de reforma. Para el grupo chiita, eso sería más peligroso que perder parte de su arsenal. “Privarlo de fondos es peor que privarlo de armas”, resume Daher.
Mientras tanto, Estados Unidos acelera la presión. La enviada Morgan Ortagus declaró que el desarme debe concretarse “lo antes posible”, pero los obstáculos persisten. La fragilidad del Ejército, la desconfianza entre facciones y la crisis económica dificultan cualquier avance.
En este tablero, la pregunta de fondo sigue sin respuesta. Como advierte el investigador Nicholas Blanford: “¿Aceptarán Hezbollah —e Irán detrás de él— desarmarse? Todo lo demás son detalles”.
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