Han pasado 84 años de alcanzar el voto femenino, y si ciertamente la República Dominicana tiene hoy una de las mayores representaciones femeninas legislativas de su historia democrática reciente, persisten los desafíos. Las elecciones de 2024 dejaron un aumento notable de mujeres en el Congreso Nacional, con avances importantes en la Cámara de Diputados, y el país escaló 21 posiciones en el Global Gender Gap Report 2025 del Foro Económico Mundial, ubicándose en el puesto 61 de 148 naciones evaluadas.
Los números, a primera vista, son motivo de celebración. Pero hay otro número que lo opaca todo: menos del 30 %.
Esa es la proporción de mujeres en instancias internas de poder de los partidos políticos dominicanos, según reveló en marzo de 2026 la magistrada Dolores Fernández Sánchez, miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Género de la Junta Central Electoral (JCE).
La cifra, expuesta durante el panel “Mujeres en Política: desafíos y transformación democrática”, celebrado en el IESPEC como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer, condensa una paradoja que el sistema político dominicano lleva décadas sin resolver: las mujeres pueden ganar escaños, pero rara vez controlan las estructuras que deciden quién los gana.
El techo de cristal está dentro del partido
La brecha no es nueva, pero el diagnóstico de la JCE le da una dimensión institucional que antes no tenía.
Mientras algunos reportes periodísticos señalan un crecimiento de la participación femenina en espacios de gestión pública, desde alrededor del 20 % durante el gobierno de Hipólito Mejía hasta cerca del 28 % en la actual administración de Luis Abinader, la presencia de mujeres en órganos internos de decisión partidaria sigue siendo limitada.
El contraste es más agudo cuando se observa el Congreso Nacional. Según datos del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), en las elecciones de 2024 fueron escogidas 74 mujeres de 222 legisladores, equivalente al 33.3 %, la mayor cantidad de mujeres legisladoras en la historia dominicana.
Sin embargo, en la comisión especial bicameral que estudia la reforma al Código Penal, una pieza que toca directamente la vida de las mujeres, con capítulos sobre feminicidio, violaciones, agresiones sexuales y las tres causales para interrumpir embarazos, solo siete de los 32 legisladores que la integran son mujeres.
Los hombres llevan la voz cantante en los temas que más las afectan.
La paradoja tiene una explicación estructural: las mujeres llegan al Congreso, en muchos casos, porque los partidos las colocan en las listas. No porque controlen las listas.
El método D’Hondt, que en las elecciones de 2024 benefició a 22 legisladores por voto partidario, dejó entre sus beneficiarias a 13 mujeres, el 59 % de ese grupo.
Es decir, una parte significativa de la representación femenina en el Congreso depende de decisiones tomadas en cúpulas donde las mujeres siguen siendo minoría.
De la cuota al principio: el llamado de la JCE
El 27 de marzo de 2026, la JCE dio un paso que va más allá del diagnóstico. En el panel del IESPEC, la magistrada Fernández Sánchez lanzó un llamado explícito a los partidos políticos: abandonar el lenguaje de cuotas y asumir la paridad como principio estructural de la democracia.
Una cuota es un piso mínimo, una concesión. La paridad es una arquitectura: implica que la mitad del poder, en todos los niveles, corresponde a las mujeres por derecho propio, no por tolerancia. Significa que no alcanza con que el 33 % o el 40 % de las candidaturas sean femeninas si las mujeres no están en los comités ejecutivos, en las secretarías generales y en los consejos políticos que deciden las alianzas, los candidatos y los recursos.
Para operacionalizar ese principio, la Comisión de Género de la JCE propuso la creación de una Mesa Técnica de Asesoría Permanente, articulada con el Ministerio de la Mujer (MMujer) y la sociedad civil, que funcione como espacio de monitoreo y propuesta desde el Congreso.
La iniciativa reconoce algo que los datos confirman: la ley electoral puede exigir cuotas en las candidaturas, pero no puede obligar a un partido a elegir a una mujer presidenta de su comité ejecutivo. Para eso hace falta voluntad política, y la voluntad política se construye con presión institucional sostenida.
El capital educativo que no se convierte en poder
El informe “Día Internacional de la Mujer 2026: avances y brechas estructurales en la República Dominicana”, publicado por el OPD-FUNGLODE en marzo de este año, ofrece el contexto más amplio de esta paradoja.
Las mujeres dominicanas representan, en promedio, el 63.7 % de la matrícula estudiantil superior. Son mayoría en las aulas, pero minoría en los espacios de poder.
La investigación, coordinada por Flor Esmirna Batista Polo, Anacely Gómez y María Teresa Morales Nolasco, concluye que el capital educativo acumulado por las mujeres dominicanas no logra traducirse plenamente en autonomía económica ni en acceso al poder real.
El informe también advierte que la desocupación afecta especialmente a las mujeres con mayor nivel educativo: el 89 % de las mujeres desocupadas tiene preparación académica media o superior.
Y en política, la ecuación es similar: más formación, más candidaturas, pero menos control sobre las estructuras que deciden.
Lo que los partidos hacen, y lo que no hacen
La respuesta de los partidos al desafío de la paridad es desigual. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que prepara una convención interna para el segundo semestre de 2026, tiene en Carolina Mejía, actual secretaria general, a una de las figuras femeninas de mayor peso en la política dominicana, con aspiraciones presidenciales de cara al 2028.
Pero la proyección interna apunta a que Abinader asumiría la presidencia del partido, y la renovación de la dirigencia no garantiza, por sí sola, mayor paridad en los órganos de conducción.
El partido Dominicanos por el Cambio (DXC) realizó en marzo un encuentro nacional de mujeres con el lema “Liderazgo y derechos político-electorales femeninos”, en el que participaron dirigentes de todo el país.
Son señales de movimiento, pero que todavía no se traducen en datos estructurales.
La pregunta que la JCE dejó instalada en marzo sigue sin respuesta concreta: ¿cuándo los partidos dominicanos van a modificar sus estatutos para garantizar paridad no solo en las candidaturas, sino en sus propias cúpulas?
Una deuda que la ley no alcanza a saldar
La Ley 20-23 del Régimen Electoral establece mecanismos de financiamiento y regulación para los partidos, pero su alcance sobre la democracia interna de esas organizaciones es limitado.
La JCE puede fiscalizar candidaturas; no puede obligar a un partido a elegir a una mujer para presidir su consejo político.
Esa es, precisamente, la razón por la que el llamado a la paridad como principio estructural tiene más peso que cualquier reforma puntual a los porcentajes de cuota.
Si la paridad se incorpora como valor fundante, en los estatutos, en la cultura organizacional y en los criterios de financiamiento, deja de depender de la buena voluntad de quienes ya tienen el poder.
La paradoja dominicana no es una anomalía. Es el resultado predecible de un sistema que abrió la puerta de las candidaturas sin abrir la de las decisiones. Más escaños no equivalen a más poder si el poder sigue concentrado donde las mujeres no llegan.
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