El debate sobre el Código Penal nuevo fue intenso, cuando se retomó la discusión, y el tema que tuvo siempre con pasos cortos el proceso de aprobación estaba vinculado con las tres causales y la interrupción voluntaria del embarazo.
Era tan tensa la situación que se presentaron propuestas para excluir el tema y dejarlo a una ley especial.
No se puede olvidar que el Congreso Nacional encabezado por el PLD, en la administración de Danilo Medina, aprobó el Código Penal con la inclusión de las tres causales para interrupción del embarazo. Las dos cámaras dieron su aprobación, y el presidente promulgó la ley, pero el Tribunal Constitucional lo declaró irregular, porque el procedimiento utilizado por el Congreso evitó que una de las cámaras conociera las modificaciones de otra y lo aprobara. Así volvimos al viejo Código Penal.
Con la llegada del Partido Revolucionario Moderno al poder se retomó el debate. El PRM prometía en su programa de gobierno aprobar las tres causales en el Código, y las mujeres del PRM fueron explícita en el cumplimiento de ese reclamo.
El presidente Luis Abinader se declaró partidario de las causales, igual que sus hijas, pero los legisladores tenían otro propósito, en particular por la presión de la oposición de Fuerza del Pueblo, de las iglesias católica y evangélica y de grupos de derecha.
Los legisladores del PRM aprobaron el Código Penal sin las tres causales y endureciendo las penas para determinados crímenes, incluyendo un aumento de la sanción para médicos que salvaran a mujeres que llegaban con abortos iniciados a los centros de salud.
Las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico Dominicano fueron muy explícitos en la solicitud de aprobar las tres causales. Partidos de izquierda, movimientos de la sociedad civil, y organismos internacionales favorecieron también la aprobación de las tres causales. No fueron escuchadas esas voces y el Código Penal se aprobó a finales de julio del pasado año y fue promulgado cuatro días después, el 3 de agosto, por el presidente de la República, Luis Abinader.
Muy tardíamente medios vinculados con las redes sociales, y personalidades conocidas como influencers han detectado, de acuerdo a su criterio, que unos días antes de la entrada en vigencia del Código Penal, existen sanciones muy duras al libertinajes en la opinión y manejo de información, al chantaje y la extorsión, y en protección de la privacidad de funcionarios públicos y gentes del ámbito privado.
Se han movilizado y han presentado cuestionamientos políticos al Código y al gobierno que lo ha auspiciado. El presidente Luis Abinader ha sido directamente impugnado y se ha reunido por los principales quejosos. Y ha aceptado y se ha elaborado una modificación del Código Penal, antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto próximo.
Los mensajes son múltiples. Se ha desvalorado a muchas instituciones, asociaciones, colegios médicos y sociedades especializadas, y entidades de la sociedad civil y universidades, que pidieron incluir las tres causales en el Código Penal.
Se ha mostrado la debilidad, o el temor, oficial y del partido de gobierno, legisladores, a grupos de presión que han salido a plazas a movilizarse. El derecho a la protesta es libre y se ejerce, lo que obliga a las autoridades a cambiar una legislación ni un código en proceso de entrar en vigencia.
El tema se ha tratado como si fuese una crisis política. Y nos parece que no lo es, aunque unas 200 personas se hayan reunido en la Plaza de la Bandera y hayan hecho reclamos y proclamado insultos contra funcionarios y contra el gobierno.
Al revisar las propuestas dadas a conocer que se entregaron al Congreso, y compararlas con el Código Penal convertido en ley, no se perciben grandes diferencias. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto un juego o una prestidigitación política? ¿Alguien podría explicar las razones por las que el Poder Ejecutivo ha movido a su principal ficha política para negociar directamente con personas que no parecieran sus interlocutores?
Tratamos de entender lo que está ocurriendo, y sinceramente pareciera que estamos ante una presión muy grande, que nadie ha podido percibir, y que luce invisible, y que solo el gobierno está atendiendo.
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