Código Penal será promulgado el 3 de agosto tras culminar su largo proceso

Luego de más de dos décadas de debates, observaciones y modificaciones, el nuevo Código Penal dominicano será promulgado el próximo 3 de agosto, marcando un hito en el proceso de reforma de la legislación penal del país.

El Código Penal vigente data de 1884 y está basado en el Código Penal francés de 1810.

Los primeros esfuerzos para actualizarlo comenzaron entre 1997 y 2000, con el objetivo de adaptar la normativa a las nuevas realidades sociales, jurídicas y tecnológicas.

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Desde entonces, el proyecto ha sido sometido en varias ocasiones al Congreso Nacional.

2014

Fue aprobado, pero posteriormente observado por el entonces presidente Danilo Medina debido a las diferencias sobre las tres causales del aborto.

2016 y 2024

La iniciativa fue retomada por distintas legislaturas sin lograr una promulgación definitiva.

Finalmente, el Congreso aprobó una nueva versión del Código Penal, compuesta por más de 400 artículos que incorporan nuevos tipos penales y endurecen las sanciones para diversos delitos.

Con su promulgación prevista para el 3 de agosto, el país iniciará una nueva etapa en la aplicación de su legislación penal, tras un proceso de reformas que se prolongó por más de veinte años.

Legisladores impulsan cambios antes de que la nueva normativa comience a aplicarse

A pocas semanas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto de 2026, el Congreso Nacional ya inició el debate para introducir modificaciones a la legislación. La iniciativa surge en medio de las críticas que han recibido tanto el Poder Legislativo como el Gobierno por algunos artículos de la nueva normativa, especialmente aquellos relacionados con la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio de la medicina.

La Cámara de Diputados anunció el martes 7 de julio de 2026 que acordó modificar aspectos "puntuales" del Código Penal antes de su entrada en vigor. La decisión fue adoptada por la comisión coordinadora del órgano legislativo, encabezada por su presidente, Alfredo Pacheco, junto a los voceros de todos los partidos con representación en la cámara.

Como parte de la estrategia, los legisladores abrirán de inmediato una ronda de diálogos con los sectores involucrados para consensuar los cambios que consideren necesarios antes de que la nueva legislación comience a aplicarse.

La medida se produce cuando restan menos de 30 días para la entrada en vigencia del Código Penal y continúan las objeciones de diversos sectores de la sociedad.

Un código controversial

Entre los aspectos que han generado mayor controversia se encuentran las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y la difamación, las cuales han sido cuestionadas por periodistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que podrían restringir el ejercicio del periodismo y el derecho a la opinión.

Asimismo, gremios médicos han expresado preocupación por las disposiciones sobre el ejercicio de la medicina, al entender que contemplan sanciones penales que consideran desproporcionadas para los profesionales de la salud.

Los legisladores han señalado que las modificaciones se concentrarán en estos puntos específicos, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita corregir las disposiciones más cuestionadas sin alterar el resto del texto aprobado.

Gremios de salud exigen la revisión de artículos

Los principales gremios médicos del país convocaron un paro nacional en protesta por varias disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal.

Los profesionales de la salud sostienen que algunos artículos establecen sanciones penales que podrían afectar el ejercicio de la medicina y aumentar la inseguridad jurídica para quienes prestan servicios de salud.

Los representantes del sector afirmaron que la medida busca llamar la atención de las autoridades y del Congreso Nacional para que revisen los aspectos más cuestionados de la legislación antes de que entre en vigor. Asimismo, reiteraron su disposición al diálogo, siempre que se escuchen las propuestas presentadas por los gremios.

La convocatoria al paro se produce en medio del proceso de consultas anunciado por la Cámara de Diputados para modificar aspectos puntuales del nuevo Código Penal.

Entre los temas que generan mayor preocupación figuran las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de los profesionales de la salud, las cuales, según los gremios médicos, podrían tener consecuencias negativas para la práctica médica y la atención a los pacientes.

Los médicos insistieron en que respaldan la modernización de la legislación penal, pero consideran indispensable que las normas garanticen un equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de quienes ejercen la medicina.