Todos hablan de basura. Pero casi nadie hablaba de gestión integral de residuos sólidos hasta que llegó la factura. La ley 98-25 —que reforma y amplía la Ley General de Coprocesamiento y Gestión de Residuos Sólidos (225-20)— puso sobre la mesa una carga tributaria que sacude al empresariado dominicano y enciende un debate que, según especialistas, debió haberse dado hace años.
La ingeniera química Merilisy Lara, docente de Ingeniería Ambiental en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y consultora en gestión ambiental y economía circular, lo dice sin rodeos: "Hoy todos han escuchado de residuos sólidos por la parte tributaria, pero falta esa comunicación a nivel nacional de qué es una gestión de residuos sólidos, qué se está haciendo en el país y cuáles son las necesidades".
¿Qué es exactamente la ley 98-25 y por qué genera tanta controversia?
La ley 98-25 es la reforma más reciente al marco normativo de residuos sólidos en República Dominicana. Aprobada en diciembre de 2025, actualiza la Ley 225-20 e introduce un esquema financiero y de costos que obliga a empresas —incluso a aquellas con facturación cero— a asumir cargas tributarias vinculadas a la generación y gestión de residuos. El marco legal completo se sostiene sobre tres pilares:
| Ley | ¿Qué regula? |
|---|---|
| Ley 64-00 | Marco general de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Ley 225-20 | Gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos |
| Ley 98-25 | Estructura financiera, costos y responsabilidad extendida del productor |
"Si hablamos de instrumentos regulatorios a nivel de ley, estamos cubiertos", afirma Lara. El problema, insiste, no es la norma: "Lo que falta son los instrumentos de implementación. Al día de hoy todavía faltan guías específicas para decirle tanto al sector privado como a la sociedad cómo lo vamos a hacer".
¿Cuánta basura produce cada dominicano al día?
Más de lo que se imagina. Según datos citados por Lara, cada habitante de República Dominicana genera aproximadamente 1.2 kilogramos de residuos sólidos por día, la cifra más alta del Caribe.
Pero el problema va más allá del volumen. El país tiene una huella material de 9.11, cuando organismos multilaterales como la OCDE establecen que debería estar en 5.9. Y lo más preocupante: esos datos son estimados, porque República Dominicana no tiene una línea base oficial que mida con precisión cuántos recursos consume y cuántos residuos genera.
"Para poder tomar decisiones y saber por dónde irnos, hay que medir. Estamos en un hueco a nivel de implementación, empezando por la información".Merilisy Lara, ingeniera química y docente de la PUCMM
Además, el país cuenta con más de 300 botaderos o vertederos a cielo abierto. No rellenos sanitarios. No plantas de valorización. Vertederos abiertos, en su mayoría sin control técnico ni ambiental.
¿Qué significa realmente "gestión integral de residuos sólidos"?
No es solo recoger la basura. La gestión integral de residuos sólidos —o economía circular, como se conoce en el debate global— implica pensar en el ciclo completo de un material: desde que se diseña o importa, hasta que se descarta o se reintroduce en la economía.
Lara lo explica con un ejemplo concreto:
"Supongamos que tengo una compañía que produce cartón duro. Yo como compañía tengo que responsabilizarme de que ese cartón llegue hasta lo último de la cadena, pero que sea reusable. La idea es que desde que entra al mercado se sepa toda la cadena de valor que va a tener hasta su descarte".Merilisy Lara, ingeniera química y docente de la PUCMM
Esto es precisamente lo que regula el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), incluido en la ley 98-25: quien introduce un material al mercado debe hacerse cargo de su destino final, ya sea a través de reciclaje, co-procesamiento o tratamiento como materia secundaria.
¿Por qué el sector privado dice que no sabe cómo cumplir con la ley 98-25?
Paradójicamente, el sector privado dominicano ha mostrado mayor disposición a cumplir que el propio Estado en materia de fiscalización. Pero hay un obstáculo concreto: no existen guías oficiales de implementación.
"Hemos visto diferentes espacios de organismos que representan al sector privado requiriendo más claridad para poder cumplir", señala Lara. "Desde el sector privado sí se ha visto ese empoderamiento, pero a nivel general necesitamos más claridad para poder entender cómo llevar esta hoja de ruta".
Merilisy Lara, ingeniera química y docente de la PUCMM
El caso de Colombia sirve de referencia: ese país lleva 14 años implementando su sistema de Responsabilidad Extendida del Productor y aún enfrenta retos. República Dominicana apenas empieza, y lo hace sin los manuales operativos que deberían acompañar la ley.
¿Qué dicen las principales entidades empresariales?
| Entidad | Postura principal | Demanda concreta |
|---|---|---|
| CONEP (Consejo Nacional de la Empresa Privada) | Rechazo a la carga tributaria sin hoja de ruta clara | Suspensión o revisión de los impuestos hasta que existan guías de implementación |
| AIRD (Asociación de Industrias de la RD) | Disposición a cumplir, pero exige claridad técnica | Mesas de diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente y reglamentos operativos |
| ANJE (Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios) | Preocupación por el impacto en empresas pequeñas y medianas | Diferenciación de la carga según tamaño y capacidad de facturación |
| ACOPROVI (Constructores y Promotores de Vivienda) | Señala vacíos en el manejo de residuos de construcción | Reglamentación específica para residuos de demolición y construcción |
| ADOZONA (Zonas Francas) | Alerta sobre doble tributación en empresas exportadoras | Exención o compensación para empresas que ya gestionan residuos bajo normas internacionales |
¿Qué pasa con los residuos hospitalarios y electrónicos?
Son dos de las categorías más críticas y menos visibles del debate. Los residuos hospitalarios entran en la categoría de residuos peligrosos y cuentan con normativas específicas. Según Lara, el sector privado de salud es, en general, el que mejor cumple: "Las empresas sí lo manejan con gestores autorizados. Incluso tenemos tecnologías de recuperación energética por incineración, que es una de las más avanzadas".
El punto débil sigue siendo la fiscalización: el Ministerio de Medio Ambiente debe robustecer su capacidad de monitoreo para garantizar que el cumplimiento sea real y no solo formal.
En cuanto a los residuos electrónicos —celulares, computadoras, electrodomésticos—, Lara advierte que es un sector en crecimiento acelerado. "Justo acabamos de terminar una consultoría de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo primero es la estructura de esos planes de manejo. ¿Cómo lo voy a hacer?"
¿Por qué la gente desconfía de las plantas de valorización?
El caso del vertedero de Duquesa —y el conflicto por el espacio que se propone para reemplazarlo— ilustra perfectamente el problema de fondo: la falta de comunicación y de procesos participativos.
Cuando las autoridades anuncian una "planta de valorización", las comunidades responden con escepticismo. Y no es irracional: han visto cómo promesas similares terminaron siendo vertederos convencionales con otro nombre.
"Tenemos diferentes vertientes de información. Bien se ha dicho que es una planta de valorización, pero la población local dice: 'No, va a ser lo mismo de antes'", reconoce Lara. "Debemos ver cómo desenredamos el tema, porque si no tomamos una decisión como país conectando los grupos de interés, vamos a seguir estancados."
La solución, según la experta, pasa por tres ejes inseparables:
- Mesas de diálogo con todos los actores clave
- Transparencia en el uso de presupuestos y apoyos internacionales
- Participación de la academia y el sector privado en el diseño de la estrategia
¿Es la basura un negocio? Sí, y eso es parte del problema
¿Quién se beneficia del desorden? Los residuos sólidos generan recursos. Los materiales son valorizables. Y en ese espacio, la opacidad ha permitido que contratistas, intermediarios y actores políticos construyan negocios alrededor de la recolección municipal sin que la ciudadanía sepa exactamente qué pasa con su dinero ni con su basura.
"A nivel de residuos sólidos es una gestión que genera recursos porque son materiales muy valorizables y necesitamos más transparencia. Es algo que se necesita, se exige desde la sociedad civil, la academia y también el sector privado".Merilisy Lara, ingeniera química y docente de la PUCMM
La ley 98-25 puede ser una oportunidad para ordenar ese ecosistema. Pero solo si va acompañada de lo que hasta ahora ha faltado: información, guías claras, fiscalización real y rendición de cuentas.
¿Puede República Dominicana ponerse al día?
Lara es cautelosamente optimista. Señala que el marco regulatorio dominicano es, en realidad, relativamente nuevo y que países como Colombia —que sirvió de modelo para la Ley 64-00— tardaron décadas en construir sistemas funcionales.
"Lo que está pasando a nivel nacional de alguna manera es bueno porque llama a que necesitamos cambiar, hay que tomar decisión. Pero sí debemos poner la vista en los ejes esenciales: mesa de diálogo, una estructura clara de transparencia y e involucrar la parte académica y el sector privado para realmente armar una estrategia sólida."
El país tiene las leyes. Tiene el apoyo internacional. Tiene especialistas. Lo que falta —y lo que la ley 98-25 ha puesto brutalmente en evidencia— es la voluntad política de convertir el papel en acción concreta, medible y transparente.
Porque al final, la basura no desaparece sola. Y el costo de ignorarla siempre lo termina pagando quien menos puede.
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